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Vida Urbana: La justificación histórica: Fuero constitucional y acción penal

Vida Urbana: La justificación histórica: Fuero constitucional y acción penal

May 20, 2017

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Por Benjamín Mora

En México, por mandato constitucional, gozan de fuero, es decir, de inmunidad penal procesal mientras se encuentran en su cargo, el presidente de la República así como los gobernadores, los diputados y senadores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Estado, el procurador General de Justica y los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

De tiempo atrás, en México se han esgrimido argumentos –infundados- para eliminar el fuero constitucional desde la idea equivocada de que aquel es detonante de la comisión de actos delictivos. Nada más equivocado. Esto es un simple y llano sofisma, y es muestra de olvido de nuestra historia patria en casos como el de Belisario Domínguez, pro hombre de altura universal al que quisieron condenar al olvido cuando se tuvo la ocurrencia de cambiar de nombre a la avenida que en Guadalajara le honra para llamarla Vicente Fernández.

Quienes nada conocen de leyes, equivocadamente creen que quienes forman parte de cualquiera de los tres poderes de la Unión pueden hacer lo que les venga en gana sin sufrir consecuencias; nada más falso aunque –reconozco- la realidad nos muestre algo distinto como consecuencia de un sistema corrupto e impune de gobierno. El fuero constitucional tiene límites como todo lo que nace de la propia Constitución General de la República y no contiene la posibilidad de una patente de Corso que permita a nadie cometer delitos o ser sujetos de una situación especial frente a la ley que les impida ser procesados por actos ilícitos atribuibles a cualquiera de los servidores públicos arriba señalados, incluso, siendo dichos actos no graves.

Debe quedar claro que en nuestro sistema gubernamental, las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les ordena y no pueden hacer más pero tampoco menos.

Quienes se oponen al fuero en México simplemente demuestran su ignorancia sobre lo que sucede en las democracias más consolidadas en todas las latitudes del mundo. La funcionalidad de las democracias más consolidadas inicia en el debate parlamentario en torno de las normas sobre las que se regula la relación entre las autoridades y el pueblo, que se respeta y protege. Oponerse al fuero es sumamente peligroso.

El problema del imaginario colectivo en torno del fuero es que éste no obsequia nada a la confianza ciudadana hacia las instituciones judiciales y ello es “falso de toda falsedad” como dicen mis amigos abogados. Se dice que los daños que nos han ocasionado quienes han abusado del fuero tienen un costo imposible de resarcir; quizá porque no se le persigue en tiempo y forma permitiéndoles escapar de las acción judicial; además, porque nos quedamos con la duda de si se recuperará o no lo defraudado, y en caso de recuperarse, en manos de quién queda. Lo que se afirma es que “quien tiene fuero nada teme”.

En Jalisco se cayó en la trampa populista anti fuero, eliminándolo, pero, curiosamente, pareciera que nadie trabaja a fondo para lograr la necesaria independencia judicial o garantizar procesos penales confiables o inhibir detenciones arbitrarias y abusivas o acusar y perseguir, en tiempo y forma, a quienes hoy tenemos en sospecha de probidad y honradez, por dar solo algunos ejemplos. En Jalisco se debió preservar el fuero pero dotando de pesos y contrapesos jurídicos a todo aquello que está detrás de las impunidades en el poder público por intereses político partidistas.

Los males del fuero constitucional en México son, principalmente, insisto, de origen político-partidista que confunden principios éticos y valores morales con lealtades que podrían considerarse como cuasi criminales, permitiendo abusos de poder e impunidades –véanse los casos de los exgobernadores de Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y el de los hijastros de Vicente Fox- que nos impiden consolidar nuestra democracia, lograr eficacia al Estado, crecer a dos dígitos y acordar un Proyecto de Nación y Patria. Los males reales que dañan al fuero constitucional en México no se resolvieron.

¿Ante ello qué hacer?

Primero.- Que la prescripción de un delito cometido antes de tomar posesión de un cargo público con fuero quede en suspenso mientras el cargo esté vigente y, en caso de que el posible imputado buscare manipular u ocultar el delito, el tiempo de prescripción se duplique igual que la posible pena o castigo y si, quien lo hubiese “ayudado con la candidatura” se demuestre que conocía de tal delito, sea considerado como parte de una posible delincuencia organizada.

Segundo.- Que si el delito se cometiera durante la vigencia del cargo, la pena se triplique y se vuelva imprescriptible, pudiendo perseguirse, detenerse, juzgarse y castigarse en todo momento futuro. En caso de que el delito fuese patrimonial al erario público en materia de desarrollo social y humano, no podrán fijarse fianza para llevar el proceso judicial en libertad.

Tercero.- Al igual que sucede en Colombia, Chile o Guatemala, los juicios de procedencia deberán conferirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no quedarse en los congresos, alejándolos del debate y protecciones político partidistas. Más aún, en los casos en contra de servidores públicos, los juicios de procedencia no deberán ser necesarios.

Cuarto.- Que el fuero no inhiba la continuidad de investigaciones judiciales ni de juicios penales previos a la toma de posesión de los cargos.

Quinto.- En todos los casos que involucre a la delincuencia organizada, no será necesaria la procedencia del juicio y podrá obsequiarse orden de aprensión para evitar la fuga del inculpado.

Con dichos cambios, el fuero recuperaría su sentido y evitaríamos los sofismas políticos. Por otra parte, deberá incluirse al presidente de la República entre quienes podrán enjuiciarse por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Esta es realidad en toda democracia consolidada y exigencia ciudadana que debe atenderse. Las excepciones no caben en las democracias. De aprobarse, se aplicaría a partir del próximo presidente de la República.


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