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VISOR INTERNACIONAL: SEÑUELOS ELECTORALES EN EU (2ª. PARTE)

VISOR INTERNACIONAL: SEÑUELOS ELECTORALES EN EU (2ª. PARTE)

Abr 14, 2012

La libertad de expresión está protegida por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Consiste en el derecho de expresarse, de prensa, de agruparse, y el derecho de obtener una audiencia para presentar una demanda al Gobierno. Además se entiende que también incluye el derecho de creencia y asociación. La posibilidad de poder expresar las ideas o pensamientos, se ha vuelto esencial en el gobierno de Estados Unidos, no sólo como forma de conocer diferentes puntos de vista de las personas, sino también como parte del proceso democrático.

 

El derecho a la libertad de prensa facilita la expresión mediante la distribución de artículos, periódicos u otras publicaciones. Sin embargo, los miembros de la prensa tienen los mismos derechos que el público en general. En cuanto a la libertad de asociarse, el Gobierno puede prohibir los grupos que promuevan actos ilegales, pero no puede requerir que alguna asociación dé a conocer la identidad de sus miembros. El pueblo tiene además el derecho de demandar al Gobierno por daños mediante los tribunales o algún otro proceso gubernamental.

 

La Corte Suprema de Estados Unidos necesita bastante justificación para poder regular el contenido de algún acto de expresión y, pero por otra parte, sí puede censurar la expresión cuando se trata de alguna acción que incita la violencia o cause daños a los demás. Los actos obscenos también tienen menos protección en este respecto.

 

Hay ciertas restricciones que el Gobierno puede establecer para limitar algunas formas de expresión de las personas. El Gobierno puede exigir permisos para manifestaciones, asambleas o protestas, y no puede negarlos con base al mensaje que lleven. Durante las protestas, los manifestantes tienen el derecho de llevar pancartas y tratar de comunicar su mensaje a los presentes, pero no puede acosar a los demás ni bloquear entradas a edificios. Cuando una protesta deja de ser un discurso y se convierte en algún tipo de movilización, el Gobierno sí puede intervenir con más fuerza.

 

Al margen de las leyes constitucionales al respecto de las libertades individuales –incluyendo la libertad de expresión– se han venido modificando algunas de ellas, como la reforma H.R. 347 que criminaliza las protestas, bajo el pretexto de las leyes de seguridad implementadas desde el 2001 a raíz de los supuestos ataques terroristas a las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Esta modificación restringe a las personas el paso o bloqueo de áreas que hayan sido cerradas por el Servicio Secreto por el tránsito o estancia de algún personaje protegido por éste. La ley incluye eventos públicos masivos, como inauguraciones o campañas presidenciales.

 

Esta modificación, apenas aprobada hace algunas semanas, parece ser la respuesta –entre otras no tan evidentes– al movimiento de protesta Ocuppy Wall Street contra el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos promedio y la impunidad de quienes los tienen sumidos en tan deplorables condiciones económicas desde finales del 2008.

 

Este movimiento, que cada vez cobra mayor fuerza en todos los estados del país, ha puesto a temblar al establishment que busca ahora, mediante sus lacayos en el Gobierno, la legitimación de la represión a las expresiones de inconformidad ya que, como es conocido, la más fehaciente prueba de un buen gobierno son sus resultados y el grado de paz social que exista, y en su ausencia, se comienza a manifestar el pueblo para expresar tales fallas. En el caso de Estados Unidos esto dejó de cumplirse hace ya algunos años y se evidenció, primero, de manera aislada en algunos estados como Louisiana, Mississippi y Florida en 2005 tras el paso del fatídico huracán Katrina, que devastó dichas regiones y provocó miles de muertes además de daños materiales por arriba de los 75 mil millones de dólares –según cifras muy conservadoras–.

 

La respuesta del Gobierno –bajo la batuta de George “Baby” Bush– fue prácticamente nula durante los primeros días posteriores al azote de Katrina, así como la negligencia en controles de prevención que podían haber evitado la catástrofe. Desde entonces, la inconformidad y enojo hacia los gobiernos estatales y federal se comenzó a gestar en el sureste norteamericano y poco a poco se ha ido extendiendo a todo el país, acrecentándose aceleradamente a raíz de la grave crisis económico-financiera iniciada en 2008.

 

Es así que, como medida de contención a las crecientes manifestaciones de inconformidad del pueblo estadounidense, se han venido implementando modificaciones a sus leyes, enfatizando su carácter coercitivo a fin de evitar probables levantamientos civiles… Mientras los ciudadanos están entretenidos buscando otros medios de subsistencia para completar su ingreso y sus gastos cotidianos, o distraídos mediante las herramientas favoritas de la clase dominante –los mass media–, se siguen llevando a cabo, en cuasi secrecía, modificaciones a las leyes civiles y militares para tener un mayor control sobre la población. En días pasados, la administración del presidente de Barack Obama promulgó nuevas reglas que amplían la capacidad para retener información personal.

 

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos ahora podrán almacenar hasta por cinco años información sobre ciudadanos que no tengan lazos con terrorismo, bajo los nuevos lineamientos de la actual presidencia del país. Con esto, el Gobierno puede retener cualquier tipo de información personal de la población civil, sin que necesariamente hayan participado o participen en algún tipo de actividad “terrorista”; o sea que es la autorización tácita gubernamental para ejercer una mayor vigilancia sobre la población civil, no sólo a través de sus cientos de miles de cámaras de video en calles, comercios, hospitales, oficinas gubernamentales, etcétera, sino que además pueden hacer uso de cualquier información generada por los habitantes del país para conformar una base de datos altamente detallada de cada uno, si así lo desean.

 

La información aparentemente inocente que la gente publica, por ejemplo a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, etcétera) –la verdadera intención en la creación de estas– puede ser parte de los expedientes que las agencias de información están autorizadas a almacenar durante años. Suena fantasioso y conspiranoico, ¿cierto? Pero de fantasía no tiene nada, es una cruda realidad. El avance en el desarrollo e implementación de tecnologías para la seguridad y la vigilancia se ha convertido en un rica veta de oro para sus fabricantes, operadores y sus cabilderos, lo que ha provocado que los políticos ahora estén interesados en participar de manera personal como inversionistas o meramente comisionistas en tales empresas para disfrutar de sus excelsos dividendos.

 

Tal es el caso –a propósito de los tiempos electorales estadounidenses– del millonario ex gobernador de Massachusetts y actual precandidato republicano a la presidencia del país, Mitt Romney, cuya empresa de inversiones privadas, Bain Capital, ha adquirido hace unos meses la división de videovigilancia de una compañía china que asegura ser el proveedor más grande del programa Ciudades Seguras, del Gobierno, un avanzado sistema de monitoreo que permite a las autoridades vigilar campus universitarios, hospitales, mezquitas y salas de cine desde puestos de comandos centralizados.

 

Uniview Technologies, la compañía propiedad de Bain Capital, produce lo que llama cámaras “antidisturbios infrarrojas” y un software que permite que los oficiales de policía en diferentes jurisdicciones compartan imágenes en tiempo real a través de Internet (The New York Times, 25/3/2012).

 

Arendt (1970) afirmó que: la ordenación de la represión emergida en tales circunstancias, su actuar sincronizado y en las condiciones favorables citadas, indica la existencia de un dominio efectivo y actuante como fortaleza máxima de la oligarquía, de mayor entidad incluso que la propia panoplia policial por sofisticada que sea; la ventaja sobre la masa radica esencialmente en una organización superior del poder, esto es la solidaridad organizada y constante de los amos. (p.47)

 

En el presente y futuro mediato, las leyes y medidas restrictivas se incrementarán exponencialmente en la medida en la que los gobiernos dejen a un lado la función del poder que les fue otorgada: servir a los intereses y beneficio del pueblo.

 

* Analista geopolítico y consultor en Mercadotecnia Política y Opinión Pública

albertogomez.consultor@gmail.com