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Zonas de exclusión

Cuando los autócratas temen una crisis, a lo primero que atinan es a maniatar a medios de comunicación y periodistas; pero estos premeditados apagones informativos suelen desencadenar mayores conflictos, con desenlaces no deseados.

La caída de los presidentes de Túnez y Egipto, y la suerte del régimen libio de Moamar el Kadafi, son la evidencia. Censurar a los medios y al Internet o crear zonas de exclusión para prohibir el trabajo de los periodistas extranjeros, no les garantiza a los gobiernos que puedan continuar indefinidamente con sus políticas autoritarias.

La censura es una medida a corto plazo, porque la información siempre termina por filtrarse e imponerse. Por más que las noticias sean negativas, cuando fluyen, como ocurre en Libia, pueden incluso beneficiar al régimen. En este caso, Estados Unidos, la OTAN y la Comunidad Europea no intervienen militarmente no porque no puedan o Rusia y China se opongan, sino porque están midiendo las posibles reacciones negativas de una opinión pública internacional informada y vigilante.

De todos modos, los gobiernos despóticos creen en la salvaguarda de la censura y que los corresponsales extranjeros son su mayor amenaza. Por eso les prohíben cubrir informaciones que consideran sensibles o los agreden, encarcelan, vigilan, les niegan las acreditaciones, retiran sus visas de trabajo o los expulsan.

A veces las agresiones son brutales y desmedidas. Esta semana, soldados del régimen libio simularon un fusilamiento contra corresponsales de la BBC de Londres en castigo por violar una zona de exclusión periodística, un hecho tan cercano a la tortura como el caso de Laura Logan, de la cadena estadounidense CBS, que fue violada por las turbas egipcias cuando cubría la caída de Hosni Mubarak.

Libia no es el único país donde los corresponsales sufren restricciones. En China, el Gobierno impuso nuevas prohibiciones para que los periodistas no merodeen una plaza en Shangai y un barrio de Beijing adonde los internautas habían convocado a las “protestas de jazmín”, para reclamar todos los domingos por menos corrupción, más reformas y democracia.

En estos días, el Gobierno chino, decidido a impedir protestas similares a las del mundo árabe, detuvo, vigiló y agredió a una treintena de miembros de la prensa extranjera, con la misma bestialidad que usa contra sus disidentes políticos. Una violencia que fue usual en el régimen de Irán en 2009, cuando se les prohibió a los corresponsales salir de sus hoteles para cubrir las protestas por el fraude electoral que llevó al poder al presidente Mahmud Ahmadineyad.

En Irán, los periodistas sólo tienen permitido cubrir marchas progubernamentales. Por eso esta semana fue expulsado el jefe de la agencia noticiosa francesa AFP y se les revocó la visa a otros 10 reporteros foráneos por cubrir una protesta de la oposición. Y en una forma muy creativa, como en China, se acusa a los periodistas ya sea de entrenar a hackers para que interfieran sitios oficiales de Internet o de fabricar noticias. Muchas veces el argumento, como ocurrió a principios de mes en Panamá, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli expulsó a dos cronistas españoles, es que los periodistas instigan al delito o arengan a las turbas para crear noticias.

Estas estrategias son usuales en el Gobierno de Cuba, que sigue practicando una efectiva presión contra los corresponsales a través del Centro Internacional de Prensa, encargado de emitir acreditaciones. Si bien, Cuba no ha expulsado corresponsales desde que en 2007 echó a los de El Universal de México, Chicago Tribune y la BBC, limita la cantidad de reporteros que pueden acreditar los medios extranjeros. Además, estos sólo tienen que movilizarse con choferes y ayudantes que provee el Gobierno, con la intención de que se delate cualquier conducta impropia de los reporteros.

Pero más allá de la censura a medios tradicionales y corresponsales, los regímenes autoritarios no contaban con la alianza estratégica que el periodismo viene tejiendo con los activos ciudadanos, con una comunicación más horizontal a través de internet, redes sociales y telefonía celular.

Así, como se observa en las crisis actuales, los déspotas no saben bien cómo lidiar con las nuevas tecnologías de la comunicación y el poder ciudadano.

Advierten que la censura y las zonas de exclusión ya no les son suficientes para mantener su poder.

 

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