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Justicia alternativa va: Rafael Castellanos

No fue fortuita su llegada al frente del Instituto de Justicia Alternativa, pero a pesar de eso su intención no es ser protagonista, sino la de propiciar la mediación y disminuir los conflictos que llegan a los tribunales a través de acuerdos que cumplan las partes, ese es el reto que se fijó el nuevo titular de ese organismo autónomo, Rafael Castellanos.

 

“No me sorprendió mi nombramiento porque lo busqué, lo que me sorprendió fue la votación por unanimidad de los diputados del Congreso. Uno en la vida profesional y en la vida misma vas sumando conocimiento y esfuerzos y les das una dirección, cuando se presenta una coyuntura pues vas a poder servir”, expresa.

 

Todavía con la satisfacción en el rostro de haber sido elegido ese 28 de febrero y tras varias “negociaciones” entre los coordinadores parlamentarios como el primer presidente del instituto reconoce en entrevista para Conciencia Pública que se enfrentará con un reto. “No hay nada hecho y si lo hacemos bien dejaremos los cimientos para que dentro de cuatro años que lleguen otros sigan con la labor. Aquí el reto es cambiarnos el paradigma de que necesariamente tenemos que ir al órgano jurisdiccional, esto es al tribunal; que podemos cambiar, resolver muchos asuntos si lo hacemos de manera diferente”.

 

Al hacer la referencia de la poca confianza que le tiene la sociedad a las instituciones impartidoras de justicia reconoció que la mediación es una forma nueva de adoptar resoluciones que le resuelvan los problemas a las personas. “El que estos acuerdos se vuelvan sentencias ejecutorias da la posibilidad de que luego del acuerdo, alguna de las partes no quiere cumplirlo, puede acudir al Tribunal a que se cumpla, que yo espero que no suceda eso, porque quiere decir que si alguna de las partes no estuvo conforme, fue porque no se hizo bien el trabajo, que la mediación no fue la adecuada.

 

Tenemos que entrenar y capacitar muchachos, jóvenes que deben ser los mediadores, sin demerito de nadie y no es privativo sólo de abogados”, asienta. Explica que los jueces deberán ser especialistas en temas, por la cantidad y diversidad de asuntos que se van a tratar. “Los diferendos se dan en todos los aspectos de la vida y luego queremos que los jueces sepan de todo”, señala.

 

Otro punto con el que se enfrentará quién fuera además consejero representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es dar el paso a la sociedad, que les tengan confianza y quieran hacer uso de este modelo. “En principio acercarnos a las universidades, a colegios de profesionistas, cámaras y el Poder Judicial mismo para hacer convenios y compromisos para difundir el tema y arrancar una campaña de difusión. Lo más importante es lograr la confianza de la gente y para eso tenemos que presentar un producto que los convenza, un satisfactor que les sea atractivo”, hace notar.

 

MODELO GUANAJUATO

 

La forma de operar del Instituto será similar al del estado de Guanajuato, en donde los quejosos al presentar una denuncia o una demanda se les conmina primero a que acudan a la mediación y en caso de que no acuerden, entonces llegar a los tribunales. “Tendremos que convencer al Ejecutivo de las bondades de la mediación para que aporte recursos, Guanajuato ha logrado que el 5 por ciento de los asuntos que iban para tribunales se resuelvan antes de llegar”.


Conciencia Pública. ¿Quiere decir que su tarea es reducir el trabajo de los Juzgados?

Rafael Castellanos. Esa es una de las pretensiones, atacar ese frente, reducir la carga de trabajo de los Juzgados porque los jueces y el personal de los jueces hacen labores sobrehumanas en condiciones infrahumanas donde los expedientes están en el piso; la otra es irnos a las cárceles de todo el Estado y ver aquellos expedientes donde existan delitos de infractores primarios que admitan robos menores, los graves o dolosos no se pueden mediar.

 

Por ejemplo, los robos famélicos, cuando una gente roba por hambre y se puede estar en la cárcel por 10 meses y esos asuntos se pueden atacar para ver si es posible disminuir la sobrepoblación en los Centros Penitenciarios.


FUNCIONAMIENTO

A fin de que la ciudadanía pueda utilizar esta novedosa forma de hacer justicia se requiere que los afectados se presenten con la denuncia penal o demanda mercantil en mano, y hacer una solicitud ante el instituto; de esa forma el agente del ministerio público localiza a la parte acusada, una vez plenamente identificada como tal y se le conmina a presentarse a la mesa de conciliación.


EVITAR SUPLANTACIÓN

Hace énfasis en la parte privada de su nueva actividad donde al capacitar a los abogados y sus despachos para certificarlos como jueces mediadores, y su despacho acreditarlo como Centro de Mediación, tengan el poder de hacer acuerdos con valor legal como los notarios y esos acuerdos los puedan homologar.

 

“Hay que tener mucho cuidado con la suplantación de personas que está en la realidad, si de un acuerdo de mediación resulta que una de las partes resultó en menoscabo de su patrimonio podrá irse a los tribunales a demandar por daños y prejuicios a los mediadores, porque no sólo por ser mediadores podemos certificar, tenemos la obligación de cerciorarnos de quien vende es realmente quién vende y si llega un señor y dice ésta es mi esposa y venimos a vender, tenemos que verificar que así sea, porque se dan los casos de suplantación. Los mediadores vamos a ser rehenes de daños y perjuicios”. Consigna que será independiente del Poder Judicial salvo para integrar el proyecto de su presupuesto anual que deberá estar aprobado en el mes de abril.


SIN ESPACIOS

Sobre la ubicación de las instalaciones no se tiene un lugar destinado, el camino a seguir es pedir al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, un espacio con dos oficinas y una sala de juntas para poder arrancar los trabajos.

 

“Se le destinó un presupuesto de 17 millones de pesos desde el 2009, igual para el 2010 y 2011 y hay que hacer todo el trabajo; primero ir con el gobernador para que nombre a dos representantes del poder Ejecutivo, con el Judicial igualmente y dos del Legislativo, seis personas que forman el Consejo General y quienes decidirán pedir los recursos al mandatario estatal. Estimo que una vez que se conforme el Consejo General y se nombres a los cuatro directores y conformar los 125 módulos municipales y los 12 regionales se podrá iniciar”. “En unos 90 días podemos tomar los primeros casos y los mediadores que se contraten serán sin sueldo porque no tenemos presupuesto. Trabajaremos de oficio”.


AUTONÓMO

La discusión y elección del presidente del Instituto por parte de las cuatro fracciones parlamentarias y la repartición de las cuatro direcciones que lo integrarán deja en tela de juicio la legalidad o credibilidad como un organismo autónomo de colores partidistas, a este respecto Castellanos acepta que no se pueden cobrar favores porque la voluntad de las partes no se puede llevar de un lado a otro.

 

“Yo respeto si se hicieron o no negociaciones entre las partes, yo no participé en ellas y finalmente quien va a decidir sobre la integración del personal será el Consejo General y quienes lleguen los convenceré de que a quien lleven sea gente con el perfil adecuado. “Lo importante de todo esto es que en el resultado no haya ni ganadores ni perdedores”, dijo finalmente.

One comment

  1. Aldo soto amezcua /

    Completamente de acuerdo