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El caso Pablo Mora, justicia burlada

Algún día tenía que suceder: el que el hijo de alguien con dinero, poder o influencia matara a otra persona por conducir en estado de ebriedad después de la aprobación de las reformas de lo que hoy conocemos Ley Salvavidas y que pondría a prueba al sistema judicial de nuestro Estado.

Desafortunadamente le tocó a Andrea Vaca ser la víctima de la conducta irresponsable de Juan Pablo Mora. Esa mañana del sábado 12 de marzo me entero de la tragedia por Diego Monraz: coincidimos en el aeropuerto, él iba a ver a sus hijos a Dallas, yo a Washington DC a participar en el Encuentro Mundial de Organismos de la Sociedad Civil de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

El tema que trataría en la asamblea sería, precisamente, la Ley Salvavidas como ejemplo mundial de que juntos, Congreso, Gobierno y sociedad civil podemos trabajar para que nuestras calles sean más seguras. De que a pesar de nuestras diferencias ideológicas podemos sentarnos y dialogar para construir, de que juntos podemos salvar más vidas que separados.

No me gustó el comentario que le salió del corazón al secretario Monraz: “Están presionado para ayudar a Pablo”, se veía agotado. Mi respuesta inmediata fue: “Por ningún motivo lo permitas”. Platicamos un rato más sobre cómo reforzar las volantas y nos despedimos.

En Washington, a través de las redes sociales me entero de lo que aquí estaba pasando en torno a este penoso accidente: sobre el supuesto trato preferente que se le dio a Pablo Mora por parte de personal de Vialidad y de la Procuraduría en lo referente a que no se le habían aplicado las pruebas de aire espirado y de sangre para determinar su nivel de intoxicación etílica y entonces pensé: “las presiones para ayudarlo son ciertas”.

Empecé a sentir mucha indignación y rabia por lo que estaba pasando, aunado a una terrible pena por la familia de Andrea, sobre todo por su madre a quien le estaban fincando responsabilidad compartida porque supuestamente iba en sentido contrario y Andrea no tenía su cinturón de seguridad puesto.

¿Cómo era posible que le estuvieran haciendo eso a la familia de la víctima cuando estaba pasando el peor momento de su vida? Me desagradó sobremanera el operativo que se desarrolló en redes sociales para hacernos creer a todos esa versión: de que la madre era corresponsable de la muerte de su hija, estrategia –obvio– estructurada por gente cercana a Pablo Mora.

El silencio de la Secretaría de Vialidad no me gustaba en lo absoluto, el secretario fuera del país me confirmaba el dicho de que el que calla otorga. ¿Era posible que una vez más una víctima de violencia vial fuera doblemente víctima? Familia víctima por la pérdida de una hija y además víctima de un sistema de justicia que favorece al victimario cuando éste tiene dinero, poder o influencia.

Regreso de Washington con la intención de dejarles a todos bien clara la postura de Víctimas de Violencia Vial AC. En Lagos de Moreno, el gobernador Emilio González Márquez me entrega un reconocimiento en el evento de Jalisco a las Mujeres. La dinámica del mismo es muy coloquial y nos permite expresar libremente algo sobre nuestras luchas e inquietudes.

Hablamos de accidentes y le comento que debe sentirse orgulloso de que Jalisco tenga una ley reconocida a nivel mundial pero le pido que por favor su gobierno apoye en combatir la corrupción en la aplicación de la misma. Pero la polémica seguía en los medios y en las redes sociales. ¿Libraría Pablo la cárcel por la falta de aplicación de las pruebas de aire espirado y de sangre? Él ya estaba siendo juzgado en el Facebook, la mayoría de los comentarios sobre el tema mostraban indignación contra las autoridades por no haberlo obligado a realizarse los exámenes que marcaba la ley como válidos para demostrar si era inocente o culpable.

El jueves 17 por la tarde recibo una llamada del secretario Monraz, lo primero que le pregunto es sobre la supuesta corrupción de sus peritos. Su respuesta fue: “Pablo Mora estaba bien asesorado y sabía que no podía ser obligado a soplar en el alcoholímetro ni a que se le sacara sangre”. Algo muy interesante y digno de analizarse fue la puntual presencia de Derechos Humanos lo que quizá inhibió la presión de la autoridad para realizar dicha prueba (en las volantas donde participamos los ciudadanos como observadores, los agentes y los peritos son muy firmes con el infractor, por lo que no se me hacía lógico el que habiendo una persona muerta, el trato para el presunto culpable fuera tan delicado).

Sin embargo, revisando la reforma al artículo 125 del Código de Procedimientos Penales, la valoración médica es suficiente para demostrar el estado etílico de una persona: …“Cuando el indiciado se niegue a otorgar muestra de sangre o de aire espirado y previa certificación de dicha negativa que realice el Agente del Ministerio Público en presencia de su respectivo secretario o de dos testigos de asistencia, se le practicará un examen pericial clínico médico, cuyo resultado será considerado para determinar si el indiciado tiene condiciones físicas que afectan la capacidad para la conducción del vehículo”.

Diego Monraz sabía que la valoración médica que había realizado puntualmente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que había arrojado como resultado entre 250 a 300 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre era suficiente para incriminarlo por matar a Andrea. Además, Diego tenía en su poder el peritaje de Vialidad que determinaba que la madre de Andrea circulaba en sentido correcto y que Pablo Mora en un auto compacto a gran velocidad y sin respetar el alto había impactado la camioneta donde viajaba Andrea.

Pero el hermetismo para puntualizar estos hechos era sospechoso, a sabiendas de que esto podría perjudicarlo políticamente. Monraz no aclaraba públicamente su postura. ¿Quién lo estaba presionando? Algo bueno salió de nuestra charla del jueves, el comunicado de Vialidad aclarando varias cosas es una luz para la justicia en nuestro estado en el caso de las Víctimas de Accidentes, desde este espacio le doy las gracias al secretario Monraz por eso.

Escribo esto la noche previa a que se venza el plazo que pidieron los abogados de Pablo Mora para demostrar que éste no iba alcoholizado.

La presión sobre el juez debe ser terrible. Independientemente de lo que pase, la vida para las familias de Andrea Vaca y de Pablo Mora no van a ser las mismas. Hay algo que creo pertinente aclarar con respecto a muchos comentarios que he recibido sobre que la familia de Pablo está sufriendo y que también es víctima. Existe una línea transparente entre víctima y victimario: Pablo es el victimario, Andrea la víctima. Pablo está vivo, Andrea está muerta.

Entendemos que Pablo no quiso matarla pero una mala decisión como lo es beber y conducir, provocó este homicidio. Entendemos el infierno que está viviendo la familia de Pablo pero que nunca se comparará con el infierno que vive la familia de Andrea.

Si le damos a escoger a las familias involucradas que qué prefieren: un hijo muerto o un hijo en prisión, la respuesta es obvia. En el peor de los escenarios, si el juez considera a Pablo culpable, pasaría un tiempo en prisión, y al salir podría retomar su vida. Andrea ya no tiene esa posibilidad, a ella le robaron todo su futuro y a su familia la alegría. Qué terrible que pasen este tipo de tragedias, que malo que en esta primera prueba la Ley Salvavidas quede debilitada en su efectividad gracias a supuestas presiones para quitarle culpa al victimario.

Lo que decida el juez va a ser decisivo en la credibilidad de estas reformas y de las instituciones. Qué pena que le tocó ser a Pablo Mora el malo de la película y a Andrea finalizar su vida en la tierra de esta manera. Pero Pablo o Andrea pudimos haber sido cualquiera de nosotros, nadie está exento de equivocarse y pensar que manejas mejor habiendo bebido, nadie tiene la certeza de llegar vivo a casa. Todos podemos ser víctimas o victimarios.

(*) Alma Chávez Guth, es presidenta de Víctimas de Violencia Vial AC


One comment

  1. Cuauhtémoc Cisneros Madrid /

    Uff! Alma, esta descripción de los hechos y sus resultados rebaza con creces la peor de las pesadillas.

    Efectivamente,ambas familias deberán de estar sufriendo, el caso es ¿Qué nos deja a nosotros? a todos los que nos hemos enterado de estas desgracias y de los desgraciados que se prestan para no tener que aplicar la Ley.

    ¿Actuarían de igual manera si fueran los padres de Juan Pablo o de Andre?, con hechos como este es cuando podemos demostrar si realmente tenemos el valor o nos vale.

    Mi más sentido pésame para ambas familias y para la sociedad jalisciense, que tiene que aprender con hechos tan lamentables.