Portal informativo de análisis político y social

LOS CAMINOS DE JALISCO: MUCHOS SEÑALAMIENTOS, POCAS DENUNCIAS, MENOS RESULTADOS EN COMBATE A CORRUPCIÓN

LOS CAMINOS DE JALISCO: MUCHOS SEÑALAMIENTOS, POCAS DENUNCIAS, MENOS RESULTADOS EN COMBATE A CORRUPCIÓN

Ene 11, 2014

Por José María Pulido —-

El gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, mandó durante la pasada semana la advertencia a los funcionarios de su gabinete: “Se acabaron los pretextos y es hora de entregar resultados”.

Y esa entrega de resultados, en todas las áreas luego de nueve meses desde que asumieron el poder, pasa por el combate a la corrupción, característica que deberá permear en los diferentes órdenes de gobierno.

El antecedente es que el primer año muchos fueron los señalamientos, pocas las denuncias y menos los resultados. La detención del primer y único panista en Jalisco que tocó la cárcel, Rodolfo Ocampo Velázquez, se convirtió más en un evento mediático que en una estrategia de investigación en contra de sus antecesores.

Si bien es cierto que existían las presunciones y argumentos suficientes para proceder en su contra, la detención del ex director del SIAPA por el presunto desvío de mil 200 millones de pesos de un préstamo solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa “Todos con agua”, terminó salpicada de motivos políticos.

Si tuvieron los elementos o no, luego de muchas declaraciones del contralor del Estado, Juan José Bañuelos Guardado; o del subsecretario de Finanzas, Héctor Pérez Partida, sobre presuntos desvíos de la pasada administración, ahora la lucha también deberá incluir también a los de casa.

En total, de la pasada administración de habló de cantidades que rondaban los siete mil millones de pesos de posibles desvíos, pero el tiempo se les ha ido en argumentar que las denuncias deben estar bien armadas para evitar que los responsables queden libres un día después.

Entre los personajes se manejó a Carlos Andrade Garín, Álvaro García Chávez o Salvador Uribe Avín, titulares del CODE, de Desarrollo Rural y de CAPECE, respectivamente.

Entre las denuncias estaban desvío de recursos de los juegos Panamericanos, compra de maquinaria china a sobreprecio o adjudicaciones directas en beneficio de familiares cercanos, pero en la práctica, al menos hasta el momento, fueron únicamente amagos y cada día que pasa es un día menos para cumplir con las promesas de campaña.

El llamado a terminar con los pretextos incluía también a los funcionarios encargados de la procuración de justicia para sancionar a quienes actúen con “mano blanda” o que “solapen” a criminales.

“Si encontramos a quien deba procurar e impartir justicia solapando, o no actuando de acuerdo a sus atribuciones, va a ser castigado severamente. No vamos a tolerar la irresponsabilidad ni la mano blanda de quienes deben procurar justicia en beneficio de las víctimas y no de los victimarios, sea quien sea”, reiteró en días pasados el gobernador Aristóteles Sandoval.

Durante la colocación de la primera piedra de lo que será la delegación regional de justicia, invitó a denunciar y “que me digan en dónde, en qué agencia, en qué lugar no está haciendo bien su trabajo el Ministerio Público, porque le vamos a dar seguimiento, le vamos a poner el dedo en la llaga y vamos a ir por él hasta donde estén, para que entiendan que hay un cambio de cultura y que la lucha contra la impunidad, contra la corrupción es lo que nuestros hijos nos están exigiendo”.

Fue un tema que se manejó desde su campaña y una oferta que reiteró durante la toma de posesión el primero de marzo: Combatir la impunidad y la corrupción, promesa que cada vez se ve más lejana, al menos para la pasada administración.

Fue al momento de anunciar su programa de Gobierno en el Instituto Cabañas, donde advirtió de “un gran esfuerzo por terminar con la corrupción del sector público, en especial en las policías y en la administración de la justicia”, así como fuertes sanciones a los servidores públicos “que entiendan que están para servir al pueblo y no servirse de su puesto”.

Pero cuando de casa se trata tampoco ha existido una respuesta inmediata: El caso de la regidora priísta Elisa Ayón sigue con un sinfín de señalamientos de corrupción en la administración de panteones de Guadalajara, donde se habla de incineraciones clandestinas, sobreventa de fosas y compra de puestos.

A pesar de ello, la respuesta de las autoridades ha sido muy corta, concretamente de la fiscalía general, encargada de las investigaciones y que incluso en los primeros días del escándalo negó que hubiera denuncias en su contra. Al gobierno en turno todavía le queda tiempo para demostrar que en este caso puede ser distinto a sus antecesores, aunque se les vean pocas ganas.