JALISCO
Abusos millonarios en Ipejal: Esfuerzos vanos por sanear las compras de medicamentos
Por Mario Ávila //
De poco sirven las buenas intenciones de la nueva administración del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y de los miembros de la Comisión de Adquisiciones, cuando no se actúa con rigor y se sanciona con determinación a los laboratorios y las empresas comercializadoras que se coluden para imponer los precios y condiciones en cada proceso de licitación.
Es decir, las fallas y la tibieza de la Contraloría interna del Ipejal, de la Contraloría del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, queda en evidencia cuando no hay sanciones severas en contra de los proveedores de medicamentos que se unen en un evidente acto de colusión o contubernio, para compartir contratos de compra de medicamentos.
O lo que podría ser peor, ni siquiera hay un seguimiento serio a las empresas sancionadas o investigadas, para determinar si los nexos que saltan a la vista en los términos administrativos, van más allá y podría darse el caso de que existiera una liga que los una, al extremo de que podría haber ciertas sociedades o incluso una sola bolsa final a la que va a parar el dinero de varias a empresas que aparentan ser competencia leal en el padrón de proveedores del Ipejal.
Por ejemplo, hay evidencias que ligan a la empresa Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., que perjudicó con fraudes millonarios al Instituto de Pensiones del Estado, en contubernio con ex empleados del organismo público descentralizado, con empresas que hoy siguen vigentes en el Padrón de Proveedores del Ipejal y realizando negocios, como Fármacos Aguilar S.A. de C.V. y farmacias de Jalisco, S.A. de C.V.
Esto significa que muy probablemente Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V. sigue beneficiándose de las compras del Instituto de Pensiones del Estado, a través de otras empresas con las que tienen nexos que para algunos miembros de la Comisión de Adquisiciones han resultado evidentes y las han descalificado de algunos concursos de compras, pero no ha habido mayor sanción para ellos y se mantienen con su actividad intacta en calidad de proveedores de Ipejal.
ZEUS CON NEGRO HISTORIAL
Para la Contraloría del Estado es un hecho que desde el 2016 Zeus, propiedad de Jaime Becerra, tiene un negro historial como proveedor de Pensiones del Estado y pese a los antecedentes en el 2018 se le adjudicaron compras por más de 80 millones de pesos, de las cuales casi 60 millones de pesos se le asignaron de manera directa y sin licitación, pero de manera fraccionada para no incurrir en ilegalidades.
No conformes con ello se detectaron compras por casi 30 millones de pesos, en las que solo aparecieron finalmente los pagos y la mercancía nunca entró a las bodegas de la dependencia pública y no se encontró ninguna huella de su paradero, de lo que dio constancia la hoy diputada Mirza Flores, de acuerdo a la denuncia que en su momento había presentado la contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano desde el 27 de febrero de 2018 por el presunto delito de daño patrimonial.
El Diario NTR por ejemplo do cuenta en su edición del 7 de marzo del 2017 que el entonces diputado local Hugo Rodríguez, hoy presidente de Morena en Jalisco, denunció la colusión de la ex Directora Administrativa, Adriana Gabriela Ceja Palacios, para formalizar compras a Zeus por 81 millones de pesos.
En las investigaciones de la Contraloría del Estado, se detectó que las anomalías en las que está involucrada Zeus, datan del ejercicio 2016, cuando también se le adjudicaron compras fraccionadas de manera directa hasta por 14.5 millones de pesos.
PROVEEDORES VIGENTES, CON NEGROS ANTECEDENTES
Pero lo malo del caso y la prueba de que el dueño de Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V podría seguir operando como proveedor del Ipejal, es que hay al menos un par de empresas con las que se ha comprobado los actos de colusión, que siguen teniendo su registro vigente como proveedores, y siguen participando y ganado algunas de las licitaciones para la compra de medicamentos.
Una de ellas es la que aparece vigente en el Padrón de Proveedores del Ipejal con el siguiente registro: PRO 3412, empresa: Fármacos Aguilar, S.A. de C.V.; giro: farmacéuticos; domicilio: Juan Tablada 1278 CP 44270 teléfono 3315935720.
Fármacos Aguilar salió a relucir en una licitación del 7 de agosto del 2018, en la que tomó parte Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V. y que fue descalificada como licitante, porque entre la documentación oficial presentó copia de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la clave de registro RFC DMZ120508FJA con número de folio 18NB3932651 de fecha 07 de agosto del 2018, mediante la cual se emite una opinión positiva a nombre de Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V..
Sin embargo se observó que la opinión de cumplimiento de obligaciones presentada, se verificó acorde al QR plasmado en el documento, sin embargo este no coincide, ya que la opinión que arroja la verificación refiere clave RFC FAG1604221L7, número de folio 18NB3932331 de fecha 9 de agosto del 2018 mediante la cual se emite una opinión en sentido positivo, pero da la causalidad de que la clave de RFC FAG1604221L7 corresponde a otro licitante, es decir a la empresa Fármacos Aguilar, S.A. de C.V. De ahí que se decretó la descalificación de ambos licitantes.
En otro proceso paralelo de licitación, de acuerdo a la observación hecha por Bricio Rivera Orozco, en su calidad de representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, “se señala la probable colusión entre el licitante Fármacos Aguilar S.A. de C.V. y el licitante Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., en virtud de que la documentación de la propuesta técnica del licitante, Fármacos Aguilar, S.A. de C.V. se encuentra que la carta de apoyo expedida por el licenciado Edgar Oswaldo Puebla Flores, de fecha 10 de agosto del 2018, refiere a Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., que es otro de los licitantes en el mismo proceso.
El segundo caso es el de la empresa Almedic Distribuidora Médica, S.A. de C.V. que también fue descalificada en un proceso de licitación en agosto del 2018, ya que presentó copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el SAT a la clave de RFC ADM170227A53 con número de folio 18 NB3918255 de fecha 8 de agosto del 2018, mediante la cual se emite una opinión positiva a nombre de Almedic Distribuidora Médica, S.A. de C.V.
Sin embargo dentro de las observaciones destaca que la opinión de cumplimiento de obligaciones presentada, se verificó acorde al código QR plasmado en el documento, sin embargo éste no coincide, ya que la opinión que arroja la verificación refiere a la clave RFC DMZ120508FJA, número de folio 17NA5725061, de fecha 12 de abril del 2017 mediante la cual se emite una opinión en sentido negativo y la clave corresponde al licitante Distribuidora Médica Zeus, S.A. de C.V., situación que afecta la solvencia de la propuesta y da certidumbre a la convocante al descalificar a los licitantes.
Una tercera empresa que ha incurrido en anomalías y que aparece hoy con registro de proveedor vigente en Ipejal es: PRO 1499; nombre: Farmacias de Jalisco, S.A. de C.V.; producto: medicamentos; domicilio: Pedro Espinoza 1401 CP 44220 teléfono 38248686.
Farmacias de Jalisco, S.A. de C.V. también participó en una licitación el 15 de septiembre del 2018 y fue descalificada ya que no acreditó la personalidad de su representante legal conforme a lo que establece la norma en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, “situación que afecta la solvencia de la propuesta y da incertidumbre a la convocante”, según se expresa en la conclusión.
HOY LOS PROCESOS DE LICITACIÓN EN IPEJAL SON EJEMPLARES, DICEN
Y pese a que está probada la colusión ilegal de algunas empresas en procesos de compra el año pasado, pero que siguen participando en este 2019, desde el seno del propio Ipejal se dice que hoy los procesos de licitación son ejemplares.
Un funcionario de Instituto de Pensiones del Estado que manifestó a este semanario, su inconformidad por el contenido de la nota publicada la semana pasada que se titulaba “En IPEJAL, laboratorios y distribuidores mandan”, también pidió el anonimato para externar su defensa al método en el que hoy día se efectúa el proceso de compra de medicamentos.
Hoy, de 26 empresas que concursaron -dijo-, a 19 se les asignó la compra de algún medicamento, estamos hablando de un 70% que resultaron favorecidos, pero no sé porque esas cosas no se escriben, o no te lo dijeron a ti, o quien te lo dijo tiene una tendencia, no sé, mil cosas pueden suceder ahí. Pero sí es de llamar la atención y puntualizar, de 26, 19 es el 70% y eso no se había visto”.
“Y no es tanto así que lo hubieran comprado por Mercado Libre -expuso-, porque para todo hay reglas y una de las reglas es que deben de tener certificaciones las empresas que te vendan. Certificaciones que sean del gobierno como Secretaría de Salud, Cofepris, etcétera. Son una serie de lineamientos. Es muy vago que tú compares con Mercado Libre, porque ahí también se venden cosas chinas, cosas robadas, cosas caducas. Comprar en Mercado Libre medicinas es como ir a comprar al barrio de El Santuario, es la misma cosa, es exactamente igual”.
El funcionario que demandó desde el anonimato el derecho de réplica, planteó. “Por ejemplo, es la primera vez que se hace un proceso medicamento por medicamento, no fue en una sola partida, sino que fueron más de 500 medicamentos licitados de uno por uno, en el mismo proceso, pero en donde las empresas podían participar medicamento por medicamento, no era necesario cotizar todos”.
“Creo que ahí hace falta complementar la información, no todo es así como te lo dan. Por ejemplo, se hacen estudios de mercado y en base a esos estudios de mercado es como se compran las cosas, cómo anda en el mercado y cómo vamos a comprar que no exceda en un porcentaje. Nos tardamos cuatro meses en hacer un proceso de esos, para que salgan y diga ‘pues compren en Mercado Libre y te sale más barato’, pues no, las empresas licitantes necesitan desde una licencia municipal de operación, necesitan estar dados de alta en Hacienda, estar al corriente con el pago de sus impuestos en Hacienda, estar al corriente con sus contribuciones al Seguro Social, estar con certificaciones de Cofepris, Secretaría de Salud, avisos de funcionamientos, son muchísimas cosas que van alrededor del tema de los medicamentos. De hecho, ya vamos a sacar el proceso de compra del 2020 y lo vamos a sacar de la misma forma, el proceso más limpio y transparente que ha habido en el Estado de Jalisco en muchos años”, expuso.
Y a la pregunta de cómo se explica que Mercado Libre venda de menudeo un medicamento mucho más barato que un laboratorio vendiendo de mayoreo, el inconforme planteó: “No es lo mismo, pero te pongo un ejemplo, se compra un carro en Jalisco y se lo llevan a Tamaulipas y allá lo van a ofertar en 50 mil pesos cuando el carro valía 150 mil pesos, pero no tiene papeles o los papeles que tiene no son los originales o los legales”.
Sobre el método que había resultado tradicional en el Ipejal en el sentido de privilegiar a una sola empresa con contratos millonarios, el quejoso afirmó que en el 2019 los montos de compra fueron muy repartidos y aclaró: “Si lo que están buscando, porque me imagino que eso es lo que están buscando, que se beneficie a alguna empresa grandota como fue Lomedic o algunas otras, eso no sucedió, porque precisamente eso fue lo que cuidamos”.
“Te puedo decir que PISA es uno grandote y se le asignaron compras de 12 millones de pesos, de los 350 millones de pesos que se adquirieron. Tú dime si hicimos mal las cosas, yo creo que las hicimos muy bien. El techo presupuestal de este año fue de 350 millones de pesos”, reveló.
Sobre la compra desmedida de la Betametazona, haciendo un pedido por 16 mil unidades cuando al año se gastan cuando mucho 3 mil unidades, el representante del Ipejal respondió: “El problema es quién dice, hay que checar quién lo dice, no sé si se ocupan o no, lo que sí sé es que cada unidad médico familiar te manda un requerimiento porque es lo que ellos necesitan, y no pueden comprarlo justo porque luego nos quedamos en un desabasto y se viene peor el asunto.
“Por eso debemos de tener un stock, quién te lo dice, si el asunto es de un chisme, es de un tema sindical donde hay otro tipo de interés o ese tipo de situaciones se vuelve complicado, donde el asunto es formal y es serio como el que yo te estoy diciendo, nosotros en el comité revisamos de pies a cabeza cada tema, lo revisamos como no tienes una idea… y tú lo puedes constatar si te vas a los medios, ni Mural, ni NTR, ni Milenio, ni El Informador sacó una nota negativa en la compra de medicamentos en Pensiones cuando nosotros fuimos los primeros en hacerlo exponencial, nosotros grabamos todos los comités en vivo, todos”, sentenció.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
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Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
