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REPORTAJE

Emilio González intentó imponerlas: Hace 7 años la Suprema Corte declaró inválidas las pruebas de control de confianza

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Por Cayetano Frías Frías //

Emilio González Márquez, como gobernador de Jalisco, ya había intentado hace siete años, imponer las pruebas de control de confianza a los servidores públicos del Poder Judicial y fracasó, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró como inconstitucional a la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, y declaró inválidos sus efectos en ese tema.

Si el actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, insiste en la reforma para obligar a los servidores públicos del Poder Judicial a someterse a estos exámenes, seguramente sufrirá un revés similar.

Esta sentencia fue acordada por el voto unánime de los once ministros durante la sesión de pleno de la SCJN del 31 de marzo de 2014, en la cual se asienta que el Gobierno de Jalisco incurría en la transgresión de los Artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116 fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, se declaró la invalidez de los Artículos 1º, 11, 12, 17 y Transitorio Tercero, en los contenidos que aluden al Poder Judicial, quedando sin efecto lo que se consideró una intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en detrimento de la independencia del Poder Judicial.

Este antecedente aprobado por el más alto tribunal del país, o es ignorado por Enrique Alfaro Ramírez y sus asesores, o pretende imponer con su iniciativa de reforma a la Ley de Control y Confianza, un mecanismo de evaluación que ya ha sido desnudado como violatorio de algunos preceptos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES

El 21 de julio de 2012 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, la Ley de Control y Confianza en base al Decreto 24035/LIX/12 aprobado por el Congreso del Estado, la cual en su Artículo 1º ordenaba someter a los servidores públicos de la administración de justicia, a los exámenes de control y confianza.

El Poder Judicial de Jalisco promovió una controversia constitucional (86/2012) ante la Suprema Corte de Justicia por lo que consideró intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al pretender imponer exámenes que se aplicarían a sus empleados por otro poder.

El Poder Judicial de Jalisco alegó que la norma general cuya invalidez demandaba, resultaba transgresora de los artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo esencial, el Poder Judicial de Jalisco precisa que la reforma al Artículo 21 de la Constitución, especifica que los exámenes de control y confianza incluyen a las instituciones de seguridad pública, pero no contemplan a los servidores encargados de la impartición de justicia; por lo tanto el Artículo 1º de la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios es contraria a la Ley Rectora.

Entre los agravios, señalan que la citada Ley pretendía obligar al Poder Judicial a crear su Unidad de Control y Confianza, la cual estaría supeditada al Centro Estatal y al Centro Nacional, ambos de Evaluación y Control de Confianza, lo cual es atentatorio del principio de la división de poderes plasmada en la Constitución General.

En las conclusiones se establece que los servidores públicos del Poder Judicial local ya cuentan con un esquema legal que regula su ingreso, permanencia, promoción y separación del cargo, por lo que de observar lo consignado en la Ley de Control y Confianza promovida por el gobernador Emilio González, se cambiarán las condiciones laborales que imperaban al acceder al cargo, además de romper con los principios de autonomía e independencia.

El documento también incluye la opinión de la Procuraduría General de la República, que precisa:

“En consecuencia, al incluir a los servidores públicos del Poder Judicial en los procesos de evaluación de control de confianza se vulneran los principios o garantías establecidos en el numeral 116, fracción III, de la Constitución Federal.

“Esto se estima así, porque la norma impugnada, nace a la luz de los principios de la seguridad pública y los poderes judiciales locales están previstos en el artículo 116, párrafo III, de la Constitución Federal, lo cual es de naturaleza distinta”.

En consecuencia, los ministros de la SCJN declararon la invalidez de los preceptos de la Ley de Control de Confianza y ordenan tachar en el Artículo 1º, la referencia al Poder Judicial, para quedar de la forma siguiente:

“Artículo 1.

  1. Esta ley tiene por objeto establecer los procesos de evaluación de control de confianza aplicables a los mandos operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública y a los servidores públicos de la administración de justicia y defensores de oficio”. 

Esta sentencia fue publicada el 18 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente, se hizo lo mismo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, aunque sus efectos ya estaban vigentes desde que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Jalisco recibieron la notificación oficial.

Así el gobernador Emilio González Márquez ordenó que se publicara una fe de erratas, la cual aparece en el documento oficial de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, advirtiendo que el subrayado en el Artículo 1º invalida la obligación para someter a los exámenes “a los servidores públicos de la administración de justicia”.

La iniciativa de Alfaro

Con las advertencias de que no tiene intención de imponer magistrados ni jueces y tampoco de intervenir en el Poder Judicial, el gobernador Enrique Alfaro lanza la amenaza:

“…tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste. No vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado¨.

Con esa convicción, Alfaro Ramírez señala que en su iniciativa enviada al Congreso del Estado, va a insistir en aplicar exámenes de control y confianza a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a jueces, quienes de no aprobarlos en un plazo de seis meses, serán retirados del cargo.

 Otras modificaciones que propone, son eliminar el pago por “haber de retiro”, cambiar el periodo de los nombramientos de magistrados por diez años sin posibilidad de reelección y someter a los aspirantes a exámenes de control y confianza durante los procesos de elección.

En los procesos de selección propone involucrar a representantes de universidades públicas y privadas para las evaluaciones técnicas, las cuales serían turnadas al Comité de Participación Social de donde se enviarán fichas de los mejores perfiles al Congreso del Estado, para que se elija de entre los tres mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días.

En adelante, la selección de magistrados se haría en base a la equidad de género, en tanto que los jueces seguirán siendo electos por el Consejo de la Judicatura, pero serían sometidos a los exámenes de control y confianza como aspirantes y cuando busquen la reelección.

Por lo que toca a la aplicación de exámenes de control de confianza en el Poder Judicial, la iniciativa de Enrique Alfaro no parece tener viabilidad, dado el antecedente de la sentencia emitida por la SCJN, ya que primero tendría que modificarse la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; el mismo resultado sería para cancelar el “haber de retiro”.

De aprobarse como la envió el Ejecutivo, lo más probable es que se repita el camino de la controversia constitucional.

LA SENTENCIA DE LA CORTE

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

“SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 3o., fracción II, 7o., 8o. y transitorio cuarto de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día veintiuno de julio de dos mil doce, así como de los preceptos de la referida ley que a continuación se indican, en las porciones normativas siguientes: 1o., “servidores públicos de la administración de justicia y“; 11, numeral 1, fracción II, “integrantes del Poder Judicial y“; 12, numeral 1, párrafo segundo, “servidores públicos de la administración de justicia y”; 17, numeral 1, fracción XI, “al Poder Judicial,”, y transitorio tercero, “el Poder Judicial”. La declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco”.

REPORTAJE

La opinión científica de Miguel Magaña sobre las Villas Panamericanas: Que hable el gobierno federal

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Por Mario Ávila //

Por una sencilla razón, ser el responsable del control y el manejo de los mantos acuíferos como el que existe en la zona de El Bajío, el Gobierno Federal, debe intervenir de manera inmediata en el tema de Las Villas Panamericanas, según opinión del experto en temas ambientales, Miguel Magaña Virgen.

En su opinión, el aval o no para la habitabilidad de la zona no se trata solo de un asunto entre dos, esto es mucho más que una simple discusión en la que se tengan que ponerse de acuerdo entre Enrique Alfaro y Pablo Lemus, uno que ya decidió y otro que quiere vender cara la derrota, “por supuesto, las decisiones políticas deben tomarse en función del conocimiento, de los datos duros, de la realidad, de la información que aportan la ciencia y la tecnología”.

Explicó que hay más de 25 concesiones de extracción privadas en El Bajío en donde no se sabe a dónde se va el agua y tiene que intervenir de manera decidida la Federación, según lo planteó el investigador de la Universidad de Guadalajara.

El Gobierno Federal –dijo-, tiene la obligación de proteger los acuíferos, tiene la obligación la Comisión Nacional del Agua de ver el funcionamiento del acuífero y en este caso es un acuífero semicombinado, tiene movilidad y no es lo mismo que la cuenca de El Bajío que es una cuenca cerrada. Este asunto de las villas fue hace tres sexenios, hace tres gobernadores al Zapotillo igual, estamos regresando a aquellas cosa que fueron reprobadas totalmente por la sociedad, no entiendo entonces esa situación.

Además –abundó-, la sociedad tiene el derecho a la seguridad ambiental y la sociedad es poseedora de los derechos de los servicios ecosistémicos de toda la región, no son propiedad del gobernador, no son propiedad de los presidentes municipales, ni son propiedad de los funcionarios del Tribunal Administrativo, hay muchas voces que se deben escuchar además de las de ellos, se debe hablar con los ambientalistas, con los geólogos, ellos tienen su propia expresión y hay propuestas, nosotros siempre estamos haciendo propuestas desde la Universidad de Guadalajara.

Porqué llega un señor a tomar sus propias decisiones en acoso permanente a los criterios de sustentabilidad, lo vemos en la cuestión del Dean, del parque San Rafael, en el caso de El Zapotillo comprometiendo el agua para León y ahora en el caso de El Bajío”, se pregunta Magaña Virgen.

El académico de la UdeG sentenció que la importancia que tiene El Bajío, el lugar en donde están ubicadas las Villas Panamericanas, mejor conocido como El Bajío de la Arena, es un sitio que se encuentra enclavado entre el Periférico y el bosque de La Primavera en donde concurren 7 micro cuencas, esto es desde la parte de arriba están alimentando permanentemente agua hacia la parte baja.

El Bajío –planteó-, es una de las zonas más importantes de recarga de agua, en concreto para el acuífero de Atemajac que se encuentra debajo de toda la Zona Metropolitana de Guadalajara y la pendiente que cae desde La Primavera hasta La Barranca y consta de dos acuíferos, unos superficial y otro profundo, en donde el primero alimenta luego al segundo. Lamentablemente toda la zona de La Primavera ha sido asediada y rodeada por fraccionamientos, por desarrollos urbanos, buscando una economía formal ficticia y empobreciendo el ambiente, lo que nos lleva a que El Bajío sea una de las pocas partes que son capaces de captar agua.

Hay una cantidad aproximada –abundó-, de 139 millones de metros cúbicos que se infiltran al subsuelo anualmente, sin embargo sacan 159 millones de litros, esto es, están sacando más agua de la que se infiltra y esto lo hace mayormente Zapopan, pero también le toca a Guadalajara, no olvidemos que entre el 28 y el 30 por ciento del agua que consume la ZMG viene de los pozos, sobre todo los que están en la zona Oeste de Guadalajara, el otro 70% viene del lago de Chapala.

Miguel Magaña Virgen, hizo una precisión: “Y esos pozos tienen agua de este acuífero que se llama Atemajac y de ahí se surte una gran cantidad de agua, de tal manera que si tapamos El Bajío, lo cubrimos con cemento pues nos estamos disparando en el pie, porque en vez de estar gastando miles de millones de pesos y estar tratando de regalar el agua a Guanajuato en un área que tanto necesita como Los Altos y de ahí el gran conflicto de El Zapotillo, aquí tenemos el agua y no la estamos cuidando!”.

Hay un gran riesgo de que el acuífero conforme vaya bajando se va acercando áreas críticas, hay mucho arsénico en el subsuelo de El Bajío porque es una zona volcánica, entonces aparte de ello, se han dedicado lo gobiernos en los últimos tres sexenios, yo creo que La Primavera es la que ha tenido más acosos y más violaciones que cualquier otra ciudad, porque lo que están tratando es de hacer desarrollo que impactan el medio ambiente y en contra de la economía ambiental también”.

Por supuesto que las Villas Panamericanas no debieron construirse, tampoco el Estadio de Chivas y todas las obras que están en El Bajío, pero lamentablemente la corrupción, la incapacidad, el desconocimiento, la ambición de la gente que toma decisiones lo ha hecho”, planteó.

Y expuso con contundencia: “En otros países, en otras latitudes y en otra cultura, seguramente ya hubieran derribado las Villas, sin embargo lamentablemente aquí no va a ser posible, justifican la venta porque disque hay que recuperar el dinero que se empleó para esto. Y yo me pregunto, ¿qué culpa tiene la ciudad, que culpa tiene la Zona Metropolitana de los malos y pésimos negocios que hayan hecho algunos cuántos? y además, esa recuperación económica ¿cuánto nos va a costar, justamente por el daño de dónde vamos a traer agua?”

El investigador señaló que según datos de la Conagua, los pozos en la ZMG que eran de 2 o 3 metros, ahora son de hasta 20 o 40 metros de acuerdo a los niveles de infiltración del agua.

 

LES REGRESA LA FRASE QUE USAN PARA JUSTIFICAR EL ZAPOTILLO: “EL BIEN COMÚN”

En el caso de Las Villas Panamericanas, el doctor Miguel Magaña, por la importancia que tiene el acuífero de El Bajío, les regresó el comentario a los industriales y empresarios que pidieron que se sacrificara a Temacapulín “por el bien común”, porque hay que traer agua para la Zona Metropolitana, decían… “pues ahora se las regresamos, que se sacrifiquen los inversionistas y los urbanistas, por el bien común y que dejen en paz de una vez por todas a El Bajío”.

Lo que proponemos –dijo Magaña Virgen-, es que sea un área natural protegida, no a través de los planes de desarrollo urbano municipal que cambian cada tres años o cada vez que el alcalde se levanta en turno con los ojos hinchados; no con una declaración temporal, debe ser una declaratoria de área natural protegida que vaya más allá de trienios y de sexenios y ahí debe intervenir una comisión estatal especial”.

Una declaración –especificó-, de área natural protegida consiste en una declaratoria de protección de área de recarga del acuífero, por la importancia que tiene Guadalajara y Zapopan sobre todo en este caso y en esa declaratoria debería prohibirse ni un metro cuadrado más de pavimento, ni un metro cuadrado más de cemento; la gente que tiene fotografías antiguas de El Bajío, podría haber pensado que se trataba de una laguna, con toda el agua que inmediatamente se infiltra mediante una alimentación directa.

Y con cierto grado de desaliento también comentó: “En el caso de las Villas, ya que no las van a derribar y lo que quieren es venderlas o hacer negocio, lo que yo creo es que tendrían que destinarse a actividades de medio tiempo, es decir no puede ser habitacional, no puede ser una zona que esté ocupada por vivienda por varias razones, entre ellas porque realmente no se permite en esa zona de acuerdo al Ordenamiento Ecológico del Territorio, más de 20 personas por hectárea y entendemos que en la Villa si sumamos las personas que habitarían ahí, estaríamos hablando de alrededor de 3 mil 600 personas, algo así como 400 personas por hectárea, porque son 8 hectáreas en la Villa, pero ya viviendo la gente ahí, la gente adquiere derechos y derechos humanos, la gente requiere de templos, requiere de mercados, requiere escuelas y al rato seguirán otros fraccionamientos y después van los súper y luego las plazas. En cambio pueden destinarse a ser oficinas, museo, u otro tipo de actividades en donde no viva la gente ahí, de uso, de servicio, podría ser destinada a eso pero a la vez tendría que ser declarada un área natural protegida de recarga acuífera”.

Y sin necesidad de remontarse más de 8 años atrás, Miguel Magaña dijo: “Recordarán que durante los Juegos Panamericanos del 2011 las Villas fueron habitadas por importantes atletas, pero se les olvidó que a los atletas también les urge el uso de los baños y todos recordamos esas escenas de las escez fecales flotando ahí en un vaso regulador y causando una gran vergüenza internacional; aproximadamente en 68 días eso puede llegar al acuífero, por lo que tendrían que bombear y hacer una serie de cárcamos para sacar el drenaje de la Villa y el ejemplo que te doy es que hay ya una preparatoria enfrente de las Villas y luego a veces me pregunto qué clase de educación ambiental les darán en esa escuela a los alumnos”, lamentó.

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REPORTAJE

Compra de la Villa Panamericana no puede darse; caerían en desacato: Abogado de vecinos de Rancho Contento

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Por Gerardo Rico //

Estamos presenciando verdaderos actos de impunidad y de una flagrante violación al Estado de Derecho. Estamos ante un caso donde se aplica la Ley de Herodes y donde se está ignorando la presencia del Poder Judicial en Jalisco, señala el abogado Carlos Aldana Ortiz (abogado de los habitantes del fraccionamiento Rancho Contento) al hablar sobre la pretendida venta de la Villa Panamericana en mil 500 millones de pesos.

Es una evidente simulación jurídica, pues la empresa Green Life Capital, sociedad anónima de promotores de inversión que pretende comprar el inmueble está solicitando un crédito que respaldarán con la propia villa y con ese dinero van a remodelar y hacer las adecuaciones para estar en posibilidades de vender departamentos, sostuvo.

Va por delante el pago de cuando menos 500 millones de pesos, precisó, a quienes construyeron esa instalaciones y una vez cubierto este adeudo se procederá a indemnizar al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).

La pretendida protección del dinero de los trabajadores y de Pensiones del Estado, será después de que se cobren los socios de la empresa que construyó el edificio en 2010, es decir Grupo Corey, agrupados ahora en la empresa Green Life Capital, Sociedad Anónima de Promotores de Inversión y que fue creada en el mes de mayo de este año para tal fin, “es toda una trama de simulación jurídica y estrategias ilegales contrarias al Estado de Derecho, ya que se pretende comprar todo lo que está prohibido por que hay juicio de por medio”.

Lo anterior luego de que el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez justificó la compra-venta al afirmar que se trata de “rescatar” el dinero de los trabajadores invertido en el inmueble.

Abogado Carlos Aldana

 

RECURSOS LEGALES

El representante legal de los vecinos de Rancho Contento, quienes desde abril de 2011 se ampararon ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) contra la construcción de cualquier obra en la Villa Panamericana ubicada en la zona de El Bajío en Zapopan, recordó que en el juicio de nulidad 82/2011 les concedieron una medida cautelar que implica la suspensión de cualquier venta de alguna parte del inmueble, además de abstenerse del otorgamiento de certificados de habilitación y registros catastrales a favor de alguna persona o institución.

También quedaron suspendidos dictámenes de trazos, usos y destinos específicos originados en el expediente dict/09/1611, además de la licencia de urbanización Villa Panamericana número 11214/2009/2-1836, del expediente 490, así como la licencia de edificación hs/d-3731-09-D del 22 de diciembre del año 2009.

Aldana Ortiz explicó que a través del Juicio de Nulidad 381/2013, les fue concedida otra medida cautelar “para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir para que no se realicen operaciones de compra-venta y enajenación de las unidades habitacionales que conforman el proyecto denominado Villa Bosque ó Villa Panamericana”.

El abogado reiteró que el pasado 26 de agosto interpusieron un incidente de violación a la medida cautelar con relación a los actos antes mencionados. No descartó acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar la pretendida compra-venta de la Villa Panamericana.

SIN BAJÍO NO HAY COLOMOS

Investigadores y ecologistas coinciden en la importancia que tiene El Bajío como zona de recarga hidrológica, de donde se obtiene un metro cúbico por segundo en la dotación diaria de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Anualmente caen en esta área 10.8 millones de metros cúbicos de agua y ante la falta de infraestructura y del interés de las autoridades se evapora el 30 por ciento.

De urbanizarse El Bajío, donde se encuentra la Villa Panamericana, cada año se dejarían de infiltrar 3.8 millones de metros cúbicos de agua, lo que originaría falta de escurrimientos que regularmente van a dar al Bosque de los Colomos en donde se encuentran pozos de abastecimiento del vital líquido y manantiales que surten de agua a toda el área conurbada de nuestra ciudad.

Al respecto el Presidente del Parlamento de Colonia, Alejandro Cárdenas, lamentó la noticia dada a conocer por el Diario NTR sobre la venta de la Villa Panamericana.

En principio El Bajío es una cuenca endorreíca es decir que no tiene salida fluvial y el agua sale únicamente por infiltración o evaporación, es una zona de recarga hidrológica y consta de mil 200 hectáreas, catalogada como área de transición en los Planes de Desarrollo Urbano y con una densidad de población de entre diez y 20 habitantes por héctarea, por lo que no es conveniente el desarrollo de un proyecto que implica un promedio de 420 habitantes por héctarea, por las dimensiones de la Villa Panamericana”.

Adicional a esto, se tiene el riesgo de depredación del Bosque de La Primavera con la llegada de miles de personas a esta zona, dijo.

Alejandro Cárdenas consideró que la compra-venta de la Villa Panamericana no puede darse, porque hay suspensiones por los juicios que se llevan y las autoridades caerían en desacato.

Calificó como incongruente al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez:

Aquí lo que hemos puesto sobre la mesa es cómo se quiere inundar Temacapulín para traer agua a la zona metropolitana de Guadalajara y las zonas de recarga hidrológica de la zona metropolitana las quiere urbanizar para hacer el negocio inmobiliario”.

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REPORTAJE

La batalla que viene: El reordenamiento de rutas en la ZMG

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Por Mario Ávila //

Luego de haber ganado la batalla en el alza a la tarifa del transporte público en un 35%, casi por default, gracias al apoyo de la FEU, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se apresta para librar esta semana otro gran dilema, que podría ser la reestructuración de las rutas del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se trata de un cambio radical a los trazos que han sido la norma en los últimos años, las 250 rutas del transporte público cambiarán atendiendo a dos criterios fundamentales: la entrada en operación en año entrante de la Línea 3 del Tren Ligero y la implementación de 18 rutas troncales, que serían la base de este nuevo sistema de transportación colectiva en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Hace más de tres décadas el entonces gobernador Enrique Álvarez del Castillo, pretendió reestructurar el transporte con el proyecto de rutas ortogonales elaborado por el ingeniero Jorge Matute Remus, pero la puesta en operación de la propuesta duró únicamente dos días y al tercero tuvo que ser retirado ante las protestas de los usuarios y el paro de los transportistas, por lo que se tuvo que dar marcha atrás.

EL TRAZO LO HIZO EL GOBIERNO DE ARISTÓTELES

Vale la pena recordar que el sistema lo trazó en el papel y en el escritorio el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y en la administración de Enrique Alfaro han optado por respetar todos los acuerdos hechos ya con algunas empresas que habían resultado favorecidas con la asignación, algunas por la vía de concurso y otras de manera directa, de trazos preferenciales sobre las avenidas más importantes en la ciudad, de norte a sur y de oriente a poniente.

Le correspondió al actual gobierno la adjudicación de trazos a las rutas complementarias, que alimentarán a las 18 troncales y a la Línea 3 del Tren Ligero y la designación de las rutas adicionales que son las que llegarán hasta los últimos rincones de los municipios integrados a la mancha urbana.

Insistió Alfaro Ramírez en que “ya tenemos lista la reestructuración de rutas de transporte, es un trabajo ya terminado, estamos haciendo una revisión final con algunas observaciones y analizando tomas como el costo que representa el transporte público para los que viven en Tlajomulco, Zapotlanejo y Juanacatlán, eso es parte de lo que se habrá de platear en la reestructuración de rutas”, expuso el jefe del Ejecutivo.

Admite Alfaro Ramírez que se trata de algo que nunca se había podido hacer en los últimos años. “Lo que se está haciendo es un replanteamiento para que los camiones lleguen a donde la gente los necesita y no solamente a donde hay negocio”, dijo.

Es un trabajo muy complejo técnicamente -insistió-, pero ya está terminado y se presentará como la siguiente etapa del compromiso que asumí para el primer año de mi gobierno en materia de transporte público y que fue: regularización de concesiones, que ya se puede ver desde hoy y es pública la información; reordenamiento de rutas del transporte, que se anuncia en esta semana y la instalación de los sistemas de pago electrónico en todas las unidades.

A partir de eso el modelo tendrá condiciones para mejorar de manera sustantiva su calidad y poder brindar un servicio como la gente se merece y poder incorporado el tema social en la definición de la tarifa, para que este tema no vuelva a ser nunca más materia de jaloneo político”, planteó Enrique Alfaro.

SE AVIZORAN DILEMAS

Sin embargo, este proceso de reordenamiento de rutas en el transporte público estará lejos de ser un proceso de terciopelo, ya que ahí sí hay intereses económicos grandes de los transportistas, que seguramente habrán de defender en las calles y en los tribunales si es que se sienten agredidos.

La mejor muestra de que no todos los transportistas habrán de emigrar tranquilamente al nuevo modelo de reestructuración de rutas, es que para emigrar del concepto hombre-camión al de ruta-empresa como se les ha exigido para beneficiarse con la nueva tarifa de 9.50, solo han podido integrar a 28 rutas y quedan 95 sin integrarse a este nuevo proceso, aún con estímulos como el de 80 mil pesos por unidad que regala el Gobierno del Estado, para sortear los costos de cumplir con las exigencias de la norma técnica.

Y como muestras ahí está la ruta 62, que siempre estuvo en contra de la implementación del Macrobús porque se sentían los dueños de los pisos de la Calzada Independencia y mediante un recurso legal han conseguido que no se les mueva ni se les impida transitar por la Calzada Independencia.

También está el caso de las rutas 626, 629 y 24, transportistas que simpatizan con el líder camionero Enrique Galván Vargas, que les ha conseguido por la vía jurídica, mucho más derechos que los que la autoridad les puede dar, al grado de que ellos tienen ya más de medio año cobrando “legalmente” la tarifa de 9 pesos.

Seguramente ellos no permitirán que les encimen nuevas rutas, por los derroteros que tienen asignados y en donde prestan el servicio, en especial el trazo Américas-López Mateos desde Zapopan hasta Tlajomulco por donde transita la ruta 24.

LAS 4 DECISIONES DE ENRIQUE ALFARO

Por lo que toca a las reacciones por el alza del 35% al pasaje del transporte público y en especial al transporte colectivo como el Tren Ligero y el Macrobús, el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro ha tomado algunas determinaciones para mitigar los efectos, entre ellos:

1.- Los transbordos.- De inicio, las 13 rutas alimentadoras del Macrobús, a partir del pasado lunes 12 de septiembre no tienen costo con el uso de la tarjeta de pago electrónico y así van a quedarse hasta que se renueven las unidades.

Además, se refrenda el precio de cero pesos en el transbordo entre las dos líneas del Tren Ligero y lo mismo para las que siguen y los transbordos del Macrobús al Tren Ligero y de este al SiTren seguirán costando la mitad.

2.- Meten reversa a la tarifa para 2 rutas incumplidas.- En una primera revisión hecha a las unidades que ya operan con el modelo Ruta-Empresa y atendiendo a los reportes de los usuarios, las rutas 368 y 51 C, que hoy se conocen como Complementaria 98 y Complementaria 54, ya no podrán cobrar 9.50 pesos porque no cumplieron con las normas de calidad para ser parte del modelo #MiTransporte. “Se los dijimos, va en serio, cero tolerancia al incumplimiento”, advirtió el gobernador.

Por cierto las anomalías registradas en ambas rutas fue la falta de flota, es decir presentaban menos de la mitad de las unidades que se necesitan para dar el servicio y la acumulación de quejas de la ciudadanía.

Vale la pena mencionar que se le ha asignado a la Universidad de Guadalajara y en especial a la FEU, la tarea de encabezar lo que será una Contraloría Social para revisar a fondo y de manera permanente cada ruta del modelo Mi Transporte, para garantizar que el servicio cumpla con las normas. Eso incluye que no existan unidades con más de diez años de antigüedad.

3.- No se robarán más los 50 centavos.- Un compromiso asumido también por Alfaro Ramírez fue entrarle para que la falta de cambio al pagar el pasaje deje de afectar a tu bolsillo y que aplique legalmente la tarifa de 9.50 pesos.

En una primera etapa, regaron 25 mil tarjetas de pago electrónico en las filas Univiaje de las líneas 1 y 2 del Tren Ligero y posteriormente se podrá hacer la recarga a bordo de las 600 unidades que ya forman parte del modelo Mi Transporte, las que cobran 9.50 pesos, mientras no se habilite el sistema de recarga en tiendas de conveniencia por toda la ciudad.

4.- Revelan nombres de permisionarios.- Y la cuarta acción fue en el sentido de que las relaciones entre concesiones y concesionarios de Mi Transporte serán públicas. “El gobierno anterior se gastó 40 millones de pesos y no hizo nada, nosotros no gastamos ni un quinto y a partir de este martes 6 de agosto queda la lista publicada en la página de la Secretaría de Transporte”, dijo el gobernador Enrique Alfaro.

Estos son los siguientes pasos para garantizar un servicio digno y un pago justo mientras nos trasladamos por la ciudad, pero aquí no termina esta agenda, las mejoras seguirán y, contra viento y marea, la movilidad de este estado cambiará como nunca antes. No vamos a fallar.

Todas las rutas empresa que estén en proceso, tendrán que esperar a que opera la Contraloría Social para acceder a la tarifa,

Toda la política de transbordos va a ser analizada en su momento con la UdeG y deba integrarse a la Contraloría Social que vigilará en tres ángulos, documental que vigilará la información que darán los que dicen ya estar listos para migrar a los 9.50; en campo, acompañándonos a hacer supervisiones en campo de manera directa y en las bases de cada ruta haciendo un check list de todos los requisitos que deben cumplir”.

Habrá además una reunión con ayuntamientos y con sindicatos para supervisar el pago del apoyo de los 10 pesos.

536 MILLONES DE PESOS DE SUBSIDIO, EL MENSAJE DEL GOBIERNO 

Este es un mensaje muy importante para quienes usan el transporte público de la ciudad en cualquiera de sus modalidades:

La tarifa del transporte que se autorizó para el Tren Eléctrico y el Macrobús es una tarifa social, no técnica. Si fuera técnica, calculada con la norma técnica, la tarifa tendría que ser de 13 pesos, lo que signifca que hay un déficit de 536 millones de pesos anuales que van a ser subsidiados por el Estado, ya con la tarifa de 9.50 pesos.

Ya con la operación de la Línea 3 la tarifa podría tener un incremento hasta del 45% ya que tendría que subir hasta los 17 pesos. Pero nadie está diciendo que subirá a 13 o a 17. Hasta 670 millones de pesos aumentará el subsidio cuando la Línea 3 del Tren Ligero se encuentre operando.

Con el tema de transporte público la tarifa técnica que arrojaría un ejercicio de esta naturaleza es de 11.36 pesos por pasaje, es decir casi 20% menos con los 9.50 en el pasaje de los camiones.

Esto se hace con hojas de cálculo con normas técnicas que definen como se define la tarifa técnica, esta información se le entregará a la UdeG para que haga una verificación y validación de lo que se está diciendo.

En tanto que la tarifa social se seguirá manteniendo en los sistemas que vayan acreditando su condición de ruta empresa.

El modelo de trabajo sigue su ruta, hemos apretado tuercas en los últimos días, hemos reforzado el esquema de vigilancia y de supervisión del transporte público, vamos avanzando bien y todo lo que hemos visto es parte de un proceso que sabíamos así sería, complicado, difícil, pero que va a permitirnos tener el transporte que todos queremos para Guadalajara.

Continuaremos con la agenda que nos habíamos trazado para tener en un plazo tentativamente de 3 a 4 meses máximo todos los sistemas de pago electrónico en todas las unidades del transporte público en nuestra ciudad y esperamos apretar el ritmo para terminar el año emigrando a ruta empresa todo el transporte de la ciudad.

Agradecemos la solidaridad de los tapatíos que más allá de las protestas con tintes políticos y partidistas, han entendido la medida y nos ha permitido operar con toda normalidad el sistema del tren eléctrico urbano. Hay 25 mil tarjetas disponibles para su entrega gratuita y están en proceso de adquisición otras 100 mil.  No hay ninguna definición formal de cómo se calcula una tarifa social, lo que sabemos es cuánto cuesta la tarifa técnica.

El Tren Ligero durante 29 años se había mantenido en números negros, gracias a sus eficiencias y economías tenía la capacidad propia de mantenerse, no necesitaba de un subsidio ni pedirle dinero al Estado, excepto mantenimiento mayor e infraestructura nueva.

Ya no pudo más el tren, el año pasado cerró con un déficit de 160 millones de pesos en número rojos y este año en el primer semestre ya recibió del Estado un apoyo de 55 millones de pesos y vienen más apoyos que estaremos anunciando próximamente, y hoy el Tren Ligero no está en las condiciones en las que estaba hace una década.

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