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REPORTAJE

Emilio González intentó imponerlas: Hace 7 años la Suprema Corte declaró inválidas las pruebas de control de confianza

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Por Cayetano Frías Frías //

Emilio González Márquez, como gobernador de Jalisco, ya había intentado hace siete años, imponer las pruebas de control de confianza a los servidores públicos del Poder Judicial y fracasó, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró como inconstitucional a la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, y declaró inválidos sus efectos en ese tema.

Si el actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, insiste en la reforma para obligar a los servidores públicos del Poder Judicial a someterse a estos exámenes, seguramente sufrirá un revés similar.

Esta sentencia fue acordada por el voto unánime de los once ministros durante la sesión de pleno de la SCJN del 31 de marzo de 2014, en la cual se asienta que el Gobierno de Jalisco incurría en la transgresión de los Artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116 fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, se declaró la invalidez de los Artículos 1º, 11, 12, 17 y Transitorio Tercero, en los contenidos que aluden al Poder Judicial, quedando sin efecto lo que se consideró una intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en detrimento de la independencia del Poder Judicial.

Este antecedente aprobado por el más alto tribunal del país, o es ignorado por Enrique Alfaro Ramírez y sus asesores, o pretende imponer con su iniciativa de reforma a la Ley de Control y Confianza, un mecanismo de evaluación que ya ha sido desnudado como violatorio de algunos preceptos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES

El 21 de julio de 2012 se publicó en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco», la Ley de Control y Confianza en base al Decreto 24035/LIX/12 aprobado por el Congreso del Estado, la cual en su Artículo 1º ordenaba someter a los servidores públicos de la administración de justicia, a los exámenes de control y confianza.

El Poder Judicial de Jalisco promovió una controversia constitucional (86/2012) ante la Suprema Corte de Justicia por lo que consideró intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al pretender imponer exámenes que se aplicarían a sus empleados por otro poder.

El Poder Judicial de Jalisco alegó que la norma general cuya invalidez demandaba, resultaba transgresora de los artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo esencial, el Poder Judicial de Jalisco precisa que la reforma al Artículo 21 de la Constitución, especifica que los exámenes de control y confianza incluyen a las instituciones de seguridad pública, pero no contemplan a los servidores encargados de la impartición de justicia; por lo tanto el Artículo 1º de la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios es contraria a la Ley Rectora.

Entre los agravios, señalan que la citada Ley pretendía obligar al Poder Judicial a crear su Unidad de Control y Confianza, la cual estaría supeditada al Centro Estatal y al Centro Nacional, ambos de Evaluación y Control de Confianza, lo cual es atentatorio del principio de la división de poderes plasmada en la Constitución General.

En las conclusiones se establece que los servidores públicos del Poder Judicial local ya cuentan con un esquema legal que regula su ingreso, permanencia, promoción y separación del cargo, por lo que de observar lo consignado en la Ley de Control y Confianza promovida por el gobernador Emilio González, se cambiarán las condiciones laborales que imperaban al acceder al cargo, además de romper con los principios de autonomía e independencia.

El documento también incluye la opinión de la Procuraduría General de la República, que precisa:

«En consecuencia, al incluir a los servidores públicos del Poder Judicial en los procesos de evaluación de control de confianza se vulneran los principios o garantías establecidos en el numeral 116, fracción III, de la Constitución Federal.

«Esto se estima así, porque la norma impugnada, nace a la luz de los principios de la seguridad pública y los poderes judiciales locales están previstos en el artículo 116, párrafo III, de la Constitución Federal, lo cual es de naturaleza distinta».

En consecuencia, los ministros de la SCJN declararon la invalidez de los preceptos de la Ley de Control de Confianza y ordenan tachar en el Artículo 1º, la referencia al Poder Judicial, para quedar de la forma siguiente:

«Artículo 1.

  1. Esta ley tiene por objeto establecer los procesos de evaluación de control de confianza aplicables a los mandos operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública y a los servidores públicos de la administración de justicia y defensores de oficio». 

Esta sentencia fue publicada el 18 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente, se hizo lo mismo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, aunque sus efectos ya estaban vigentes desde que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Jalisco recibieron la notificación oficial.

Así el gobernador Emilio González Márquez ordenó que se publicara una fe de erratas, la cual aparece en el documento oficial de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, advirtiendo que el subrayado en el Artículo 1º invalida la obligación para someter a los exámenes «a los servidores públicos de la administración de justicia».

La iniciativa de Alfaro

Con las advertencias de que no tiene intención de imponer magistrados ni jueces y tampoco de intervenir en el Poder Judicial, el gobernador Enrique Alfaro lanza la amenaza:

«…tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste. No vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado¨.

Con esa convicción, Alfaro Ramírez señala que en su iniciativa enviada al Congreso del Estado, va a insistir en aplicar exámenes de control y confianza a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a jueces, quienes de no aprobarlos en un plazo de seis meses, serán retirados del cargo.

 Otras modificaciones que propone, son eliminar el pago por «haber de retiro», cambiar el periodo de los nombramientos de magistrados por diez años sin posibilidad de reelección y someter a los aspirantes a exámenes de control y confianza durante los procesos de elección.

En los procesos de selección propone involucrar a representantes de universidades públicas y privadas para las evaluaciones técnicas, las cuales serían turnadas al Comité de Participación Social de donde se enviarán fichas de los mejores perfiles al Congreso del Estado, para que se elija de entre los tres mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días.

En adelante, la selección de magistrados se haría en base a la equidad de género, en tanto que los jueces seguirán siendo electos por el Consejo de la Judicatura, pero serían sometidos a los exámenes de control y confianza como aspirantes y cuando busquen la reelección.

Por lo que toca a la aplicación de exámenes de control de confianza en el Poder Judicial, la iniciativa de Enrique Alfaro no parece tener viabilidad, dado el antecedente de la sentencia emitida por la SCJN, ya que primero tendría que modificarse la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; el mismo resultado sería para cancelar el «haber de retiro».

De aprobarse como la envió el Ejecutivo, lo más probable es que se repita el camino de la controversia constitucional.

LA SENTENCIA DE LA CORTE

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

«SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 3o., fracción II, 7o., 8o. y transitorio cuarto de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» el día veintiuno de julio de dos mil doce, así como de los preceptos de la referida ley que a continuación se indican, en las porciones normativas siguientes: 1o., «servidores públicos de la administración de justicia y«; 11, numeral 1, fracción II, «integrantes del Poder Judicial y«; 12, numeral 1, párrafo segundo, «servidores públicos de la administración de justicia; 17, numeral 1, fracción XI, «al Poder Judicial,», y transitorio tercero, «el Poder Judicial». La declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco».

REPORTAJE

Padecen jubilados de Ipejal el peor inicio de administraciones: Nuevos directivos llegaron y se aumentaron sueldos

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Por Mario Ávila //

Para los casi 800 miembros de la Unión de Jubilados y Pensionados de Ipejal, hoy se padece el peor inicio de las administraciones de los últimos sexenios, toda vez que en los ya casi 7 meses que llevan en el cargo, las nuevas autoridades lo único que han hecho es aumentarse el sueldo, pero no atinan a resolver el grave problema de la prestación de servicios de salud.

El servicio médico está, no en crisis, sino que está paralizado, alrededor de 3 mil cirugías pendientes y para las áreas de trauma, cáncer, hemodiálisis e hipertensión, los medicamentos no existen, los que pueden los compran, pero los que no, se agravan y quizá algunos se mueren.

Obvio, las peores consecuencias son para el grueso de los 35 mil jubilados y pensionados de Ipejal, entre los que destacan los más de 2 mil trabajadores que perciben pensiones que no rebasan un salario mínimo, situación muy diferente al grupo de los 70 jubilados que perciben más de 100 mil pesos mensuales, “a los que seguramente no les duele ni un callo”.

La inconformidad fue expuesta en voz de su secretaria general, Martha Elba Castellanos Razo, quien después de tres lustros al frente de esta agrupación, lamenta: “Es la primera vez que pido un favor y no se hace, porque en las otras administraciones llegaban un lunes y si el miércoles se me ofrecía algún problema de mis compañeros, inmediatamente me atendían y me resolvían los problemas”.

No teníamos el problema de desabasto de medicamentos -dijo-, lo hubo en la administración pasada, pero después se regularizó y ahorita que entraron estos y no se ve que puedan solucionarlo”.

Y a mí me tienen atada de manos -abundó, no puedo hacer nada. La única oportunidad que tuve de platicar con Iván Argüelles fue antes de que tomara posesión, aquí vinieron y su respuesta fue muy positiva, pero ya después de que tomaron posesión, solo nos citó una vez a una junta donde nos dieron cátedra de matemáticas y de literatura, porque en realidad no sirvió para solucionar ningún problema con las personas que nos iban a atender, él llegó y no estuvo ni 5 minutos y se retiró porque tenía muchas cosas más importantes que hacer”.

NO HAY NINGUNA ATENCIÓN PARA NOSOTROS”

A los jubilados les preocupa que no se hayan podido recuperar tantos millones de pesos mal invertidos y hacen esta reflexión: “Cuando pregunté, me dijeron que ese era problema de la Fiscalía, por lo que yo les dije que entonces para que teníamos una oficina de Dirección Jurídica, si ya tienen localizados a todos los que se llevaron el dinero y lo digo sin miedo de equivocarme, hasta los gobernadores han sacado dinero de aquí”, comentó sin tapujos la dirigente de la Unión de Jubilados, Martha Elba Castellanos Razo.

Espero que nuestras autoridades abran su corazón y su mente para que puedan atender a todo aquel que necesita de los servicios que presta Ipejal; que con el mismo entusiasmo con el que llegaron y se aumentaron el sueldo, con ese mismo entusiasmo trabajen y sirvan al jubilado”, planteó la jubilada, entrevista en la sede del Cadip.

Sobre lo que espera como reacción de las autoridades de Ipejal, Castellanos Razo expuso: “Soluciones, y sobre todo en los servicios médicos, como yo les he dicho a ellos, a los funcionarios por whatsaap que en 7 meses están solucionando apenas uno que otro problemita en servicios médicos y yo creo que si ellos aceptaron ese puesto de ser servidores públicos están obligados a servir no a servirse, como hicieron luego luego, aumentándose el sueldo; vienes a ayudarnos, a resolver las deficiencias que dejaron los anteriores y no están solucionado nada”.

La Unión de Jubilados es una agrupación establecida desde 1974 a iniciativa de Isabel Sendis y Delia Guadalupe Rodríguez Ramírez, con registro en la notaría 4, agrupa a casi 800 trabajadores jubilados y pensionados que habitan en la Zona Metropolitana de Guadalajara preferentemente.

Hoy nos han hecho a un lado, no nos permiten trabajar. Editábamos un boletín bimestral para informar a los jubilados, incluso hasta los detalles de la mutualidad, donde se registran las defunciones y aportamos un peso por cada compañero muerto. En esta administración ya se suspendió el boletín, tres números debimos haber tenido en lo que va de este gobierno, y nada”, denunció la dirigente de los jubilados.

JUBILADOS PROMEDIO DE 1,500 PESOS MENSUALES

Todo lo que ve usted aquí son regalos para Navidad, nos adelantamos con compras y obsequios”, dijo Martha Castellanos señalando a su alrededor, una gran sala que más parecía una bodega, con un escritorio arrinconado.

Nuestro principal servicio es que somos un enlace entre el jubilado, Ipejal, Cadip y servicios médicos, ahorita me tienen atada de manos, pido algo para los jubilados y no me atienden, no me escuchan, no tengo las puertas abiertas en Ipejal”.

Cada mes vamos a darle la bienvenida a los nuevos jubilados y ahí les decimos que todo esto que ve usted aquí, tanto la casa hogar como el Cadip, es gracias a la unión que gestionó desde hace 18 años, se trabajó para que todos los desamparados tuvieran donde vivir y hubiera también una zona con talleres recreativos, deportivos, culturales, artísticos, para quienes tener una actividad durante el día”.

En la casa hogar hay casi 60 jubilados, pero por desgracia en el servicio médico sobre todo en trauma, cáncer, hemodiálisis e hipertensión, los medicamentos no hay, los que pueden los compran, los que no, se mueren.

Me tienen atada, no me escuchan en servicios médicos de Ipejal, solicité para un jubilado con piedras en la vejiga y está programado para cirugía desde febrero y nada. Simplemente los de trauma, que necesitan cirugías urgentes y no se ha hecho nada”.

Las nuevas autoridades van a cumplir 7 meses y no se ha hecho nada, no puede ser que todo el gremio de los jubilados esté desamparado, es un servicio por el que ya pagamos, trabajamos más de 30 años, todos los que estuvimos en activo manteníamos a los jubilados de antes, por eso los que están activos hoy, son los que deben aportar para nosotros”.

A los jubilados que tienen pensiones muy altas, a esos no les duele ni un callo, pero a todos los demás, ahí sí. El promedio de las pensiones para los jubilados aquí, es de 1,500 pesos, pero hay hasta de 200 mil pesos, claro que todo mundo estudiamos para obtener algo, pero aquí en esta área en la Unión de Jubilados es lo mismo el que barrió las calles, el jardinero, el de aseo hasta el más alto funcionario porque aquí se pierden jerarquías, aquí somos todos jubilados”, dijo Martha Elba Castellanos Razo, secretaria general de la Unión de Jubilados y Pensionados de Ipejal.

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JALISCO

Juan José Hernández se apunta para relevar a Juan Pelayo en Ipejal: El tope de pensiones podría ser de 70 mil pesos

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Por Mario Ávila //

Con un trabajo efectivo de apenas 48 días, Juan José Hernández Rodríguez, líder de la Federación de Sindicatos Independientes de Jalisco (Fesijal), levanta la mano y pide al Congreso del Estado modificar la ley para que se de un relevo en la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado y lo designe a él en sustitución de Juan Pelayo Ruelas, quien desde el año 2000 ha representado a los servidores públicos al servicio del Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados.

Esta federación -dijo-, tiene 48 días de vida, nos tardamos más de dos años en hacer que esto sucediera, pero legalmente nosotros tomamos protesta el 30 de abril de este año y ya somos la federación mayoritaria en Jalisco.

Y abundó. “Hemos platicado con diputados de todos los colores, esta federación por eso se caracteriza por entrarle al diálogo y así le entraremos a las mesas de trabajo y le entraríamos hasta con recurso económico para hacer un estudio actuarial y que sean las personas que tengan el expertiz las que entren al tema y definan cuál debe ser el tope de las pensiones, aunque nosotros creemos que el límite máximo podrían ser los 70 mil pesos mensuales”.

Una enmienda que además sugirió a los legisladores el también líder de los trabajadores de los hospitales civiles, fue en el sentido de que se modifique el artículo 151 fracción tercera, “en donde se pone con nombre y apellido a la federación que encabeza Juan Pelayo, para que diga que sea la federación mayoritaria la que tome decisiones, para sacar a Pelayo de Pensiones del Estado y llegue una federación que sí abogue por los servidores públicos”.

Expuso Juan José Hernández que fue justamente el hecho de que no se sentían representados por Juan Pelayo, el motivo por el que tomaron la determinación de crear la nueva Federación y detalla: “La Fesijal empieza a gestarse hace más de dos años, iniciamos con el doctor Carlos Ortiz, representante en el Hospitalito de Zapopan, platicamos también con Ángel Rodríguez y Arturo Cruz Lara en el Siapa, con Larios en los bomberos de Guadalajara, porque no nos sentíamos representados”.

Y abundó. “Recientemente se dio la reestructuración de Ipejal en las cuatro modalidades de préstamo, con el aval de los representantes de los trabajadores, uno de ellos el hipotecario en donde baja el 23.8% en el alcance, si antes del 3 de junio por ejemplo pedías 500 mil pesos, hoy solo te prestan 380 mil por la reestructuración en el Ipejal”.

“La lectura que nosotros le damos es que Pensiones del Estado, ante las malas inversiones con dinero de los trabajadores como Chalacatepec, es que no hay un representante de los trabajadores que se oponga o que al menos diga que no es correcto lo que se está haciendo. Hoy con la Fesijal se les habrá de decir que no estamos de acuerdo, al menos tendremos voz, aunque sabemos que solo somos un voto digno que represente a los 117 mil trabajadores que cotizamos en el Instituto.

“Es decir, la federación nace porque no nos sentimos representados, porque así como autorizó y fue omiso en decirle a los trabajadores lo que estaba ocurriendo, también fue omiso con las Villas Panamericanas, Chalacatepec, Abengoa, TMM y con las pensiones VIP, todos esos temas son los que nos han venido afectando a los trabajadores”, expuso Juan José Hernández Rodríguez, mejor conocido como “El Choco”, en entrevista realizada en el programa radiofónico “Tela de Juicio”.

TOPE DE 70 MIL PESOS A LAS PENSIONES VIP

Sobre el tema de las 70 pensiones que otorga mensualmente el IPEJAL y que rebasan los 100 mil pesos, Juan José Hernández garantizó: “Hoy el talento sindical se organiza y a través de la Fesijal no seremos omisos a lo que está pasando en el Estado. El ser omiso también es ser corrupto, si tú no lo dices o lo señalas, te vuelve parte de”.

Puso como ejemplo el caso de Leonel Sandoval, el papá del exgobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, que se retira con una pensión cercana a los 200 mil pesos, cuando lo que él aporta a Pensiones en toda su vida laboral, se lo va a terminar en 2 años como jubilado “y lo vamos a tener que mantener en los años siguientes y se le pagará con las aportaciones de entre 20 y 30 trabajadores en activo”.

Para topar las pensiones -dijo-, se debe hacer un estudio actuarial en donde le entren los expertos a revisar con lupa sobre lo que se debe hacer. Incluso anticipó que como Federación, la propuesta sería en un límite máximo de los 70 mil pesos.

Comentó que del 2009 hacia atrás las aportaciones de los trabajadores era de 5% y con la reforma llega al 11.5% más una parte similar como aportación del patrón.

SUS ORÍGENES EN EL SINDICALISMO

Juan José Hernández nació a la lucha sindical en esta misma década y así recuerda sus orígenes en las disputas presupuestales con la Secretaría de Salud: “Cuando creíamos que con Carranza habíamos tocado fondo, llega Antonio Cruces Mada y nos obliga a salir a la calle 6 veces, porque él le tenía una fobia a los hospitales civiles, desconozco si fue porque nunca tuvo el intelecto para estar dentro de nuestra casa de estudios, pero por ahí va el tema”.

“Nosotros nos manifestamos y presentamos las denuncias, ya quedó el seguimiento en manos de la autoridad; como sindicato y como ciudadanos hicimos lo que nos correspondía, no nos pagaba, había un contrato por 846 millones de pesos y salía con cada señalamiento infundado hasta que las batas blancas, las cofias y los estetos salimos a las calles para informarle a la ciudadanía de que no había ni siquiera isodine ni guantes para obstetricia”.

“Fue el Jurídico del Hospital Civil quien le da seguimiento a la denuncia, aunque vemos tristemente que muy probablemente no va a pasar nada, creemos que en México todo es permisible, pero tenemos que cambiar eso”.

“Yo vengo de ser afanador en el Hospital Civil, mi papá fue pintor de brocha gorda durante 41 años también en el Hospital Civil. Soy ingeniero biomédico por la Universidad de Guadalajara, tengo una maestría en gerencia en salud y quiero ser doctor en salud ocupacional”.

“Lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar nuestra fuente de empleo, porque sin empleo no hay trabajadores y sin trabajadores no hay sindicato. Fortalecer las instituciones lo primero que tenemos que hacer”.

“Competí en el 2010 por primera vez por la dirigencia del sindicato y perdí por 154 votos; en el 2014 los trabajadores me buscan de nuevo, competí y gané con una diferencia de más de 1,300 votos, después de lo cual me quería retirar a mis negocios, porque tengo una empresa de venta de equipo médico y doy servicio a equipo de ventilación de anestesia”.

“Pero se hace un balance de la gestión y detectan que tuvimos 684 bases en el período, conseguimos con las movilizaciones 294 millones de pesos, el 10.2% en capítulo 1000 al irreductible para el Hospital Civil de Guadalajara; hubo 277 procesos escalafonarios durante cuatro años donde más de mil trabajadores cambiaron de categoría y lo más interesante fue el acercamiento con IPEJAL para que aceptara a todos los trabajadores que no son de base, hicimos un buen acuerdo y desde el 1 de noviembre del 2017 las personas que entran al hospital Civil tienen garantizada su seguridad social aportando al IPEJAL”. En estos párrafos se resumen las acciones más relevantes del líder sindical, Juan José Hernández Rodríguez, alias “El Choco”.

 

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REPORTAJE

Reforma alfarista al Poder Judicial, libra aduana del legislativo, pero es impugnable

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Por Mario Ávila //

Ya sea por la vía de los amparos o incluso de una controversia constitucional, jueces y magistrados del Poder Judicial podrán combatir e impugnar la reforma que recientemente hizo el Congreso del Estado, sin el aval de la fracción parlamentaria de Morena.

Entre los temas más polémicos, que no contaron con el apoyo total de jueces y magistrados, fue la eliminación del bono que perciben al separarse del cargo por concepto de “haber de retiro”, las evaluaciones de control de confianza sobre la que ya se ha pronunciado previamente la SCJN y el período único de 12 años sin la opción de la reelección para los magistrados.

El Congreso del Estado aprobó la semana pasada las reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco que modifican las atribuciones del Poder Judicial y la forma en que este Poder Legislativo elige a jueces y magistrados.

La reforma se deriva de diversas iniciativas: una de ellas presentada por el Titular del Poder Ejecutivo y otras con autoría de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Morena y del legislador Salvador Caro Cabrera, así como la realización de foros de consulta realizados por el perredista, Enrique Velázquez.

El dictamen se aprobó con los votos en contra de los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, quienes manifestaron a través de la diputada María Esther López Chávez, que era una reforma “inconstitucional” y que no contribuía a la independencia y eficiencia del Poder Judicial.

En contraparte, los legisladores Enrique Velázquez González del PRD; Mariana Fernández Ramírez del PRI; Irma de Anda Licea del PAN; Héctor Pizano Ramos de Movimiento Ciudadano y José de Jesús Hurtado Torres, también de Acción Nacional, elogiaron el proceso y los acuerdos alcanzados.

La reforma considera un procedimiento con mecanismos novedosos y que elimina las designaciones políticas o de grupo, dando prioridad a perfiles técnicos y probos contribuyendo a garantizar a elegir a los mejores aspirantes, así como la eliminación del haber de retiro.

Se robustece el servicio civil de carrera y la estabilidad judicial con periodos certeros en las designaciones, que incluyen evaluaciones de control de confianza; participará activamente el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, realizando evaluaciones curriculares, de aptitud e idoneidad de los aspirantes, además de aplicarles entrevistas para conocerlos más a fondo.

Las valoraciones de control y confianza que se realizarán a los jueces y magistrados habrán de aplicarse cada cuatro años, señala el Artículo 61, mismas que deberán ser incluidas en su expediente laboral, que será de carácter reservado, a excepción de la evaluación patrimonial.

Los jueces de primera instancia, menores y de paz, será electos por el Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatro años, al vencimiento del cual podrán ser reelectos previa acreditación de las evaluaciones de control de confianza, y en dichas selecciones prevalecerá el principio de paridad de género.

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en el ejercicio de su encargo 12 años improrrogables, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de ley. Sin embargo, lo anterior no será aplicable a aquellos que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del presente decreto.

Se establece como causa de retiro forzoso no aprobar las evaluaciones de control de confianza. Cabe destacar que el Tribunal de Justicia Administrativa contará con un sistema de evaluación de control de confianza el cual se regirá conforme a los lineamientos que establezca la ley.

El Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa dispondrán de un plazo de noventa días naturales a partir de la aprobación de las adecuaciones en sus respectivas leyes orgánicas, para crear el sistema de evaluación de control de confianza al que se refieren respectivamente los artículos 56 y 65 de esta Constitución.

ES REFORMA INCONSTITUCIONAL, SEÑALA MORENA

Tras anticipar su rechazo y el voto en contra de su fracción, la diputada de Morena, María Esther López Chávez, lamentó “la obstinación de un gobernador por someter al Poder Judicial a sus caprichos y que viola la Constitución Federal, así como lo mencionamos en todos los foros en donde estuvimos presentes”.

Recordó que la SCJN declaró inconstitucional los procesos de evaluación y control de confianza aplicables a los servidores públicos de la administración de justicia, por lo que Morena propuso un nombre diferente, con otros elementos diferentes y una autoridad evaluadora distinta para evitar judicializar esta reforma.

Sugerimos -dijo-, evaluar a los aspirantes a magistrados, mediante exámenes teóricos y prácticos, entrevista, evaluación de curriculum y probidad pública, entre otros aspectos, sin embargo, por segunda ocasión el PAN vende su cariñito.

Son tan burdos -abundó-, que proponen aplicar los exámenes de control de confianza de manera retroactiva a los actuales funcionarios judiciales, qué cinismo o qué ignorantes, sólo las purgas estalinistas fueron tan soeces y absurdas.

Ante ello López Chávez advirtió que lo que se puede esperar, es que el examen sea un instrumento de manipulación del Poder Ejecutivo, para echar a la calle al buen juzgador que actúe con rectitud pero en contra de intereses mezquinos del todopoderoso, que impedirá el acceso social a la justicia.

Insistió en que la reforma no sólo es inconstitucional, es aberrante y para ello estableció que se niega el derecho de ratificación o reelección de magistrados cuando existen criterios judiciales clarísimos, tan claros como el texto del artículo 116 de la Constitución Federal.

Propusimos el respeto a la autonomía del Poder Judicial, mediante el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura y la manera de elección de los magistrados, “hoy nos alarma ver que sus cómplices chicos y grandes, le entregan sin miramiento y sin vergüenza el control absoluto del Poder Judicial”.

En síntesis -planteó la legisladora-, el grupo parlamentario de Morena, preocupado por fortalecer al Poder Judicial, presentó oportunamente dos iniciativas para reformarlo de fondo con el propósito de recuperar la paz y seguridad de Jalisco. Basta de “los tableros” en el poder judicial, basta del avasallamiento del gobernador sobre el Poder Judicial, basta de la simulación y el engaño, basta ya de pasar factura al pueblo.

Los temas que se pueden ir a amparo o controversia:

  • El haber de retiro

  • Los exámenes de control de confianza

  • El período único de 12 años a magistrados

 

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Tendencias

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