La propuesta del Poder Ejecutivo: Descarta Alfaro incidir en la designación de magistrados

Por Mario Ávila //

Propone el gobernador erradicar la reelección de magistrados, que la mitad de los candidatos sean mujeres y que el nombramiento será solo por 10 años; en tanto que se obliga a realizar a jueces y magistrados, electos y en funciones, los exámenes de control de confianza.

Pese a que son ya 23 las entidades del país en donde el titular del Poder Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez toma la determinación de marginarse de participar en este proceso y mantener a la entidad como uno de los 9 estados que no tienen injerencia en la designación de jueces y magistrados.

Al dar a conocer un resumen del contenido de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de Jalisco y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que presentó al Congreso del Estado con la intención de que se efectúe una “limpia” en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, Alfaro Ramírez expuso que lo que sí contiene su propuesta es la eliminación de la reelección para magistrados y la aplicación de pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.

Así mismo plantea que la mitad de los nuevos nombramientos recaiga en mujeres; sentenció que se les habrá de despojar a jueces y magistrados del beneficio de recibir un “haber de retiro” y se realizaría una evaluación preliminar, para que lleguen los mejores perfiles a la designación final que seguirá haciendo el Poder Legislativo, de acuerdo a la propuesta del gobernador.

Vale la pena mencionar que junto con Jalisco, las entidades en donde el Ejecutivo no participa en la designación de altos funcionaros del Poder Judicial, son: Baja California, Ciudad de México, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa.

Mientras que los estados en donde el Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

TRAS UNA EVALUACIÓN, LOS EXPEDIENTES VAN AL CPS

Lo primero que se tendría que hacer, según la propuesta de reforma constitucional del gobernador, será el registro de aspirantes y un proceso de evaluación en el que participarán entidades académicas y ya con los resultados de la evaluación técnica, los expedientes de los aspirantes que la aprueben se remitirán al Comité de Participación Social Anticorrupción (CPS) para que realice evaluaciones curriculares, de aptitudes y elabore un informe con sus opiniones técnicas de cada uno de los perfiles.

Posteriormente el CPS turnará al Congreso sus informes y los legisladores tendrían plazo máximo de un mes para aprobar el nombramiento, en donde se deberán elegir de entre los tres aspirantes mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días. En caso de que ninguno alcance el voto calificado de las dos terceras partes de la asamblea (26 legisladores) se procederá a la insaculación (sorteo) del cargo.

En la presentación de su iniciativa, el gobernador apunta que espera que haya voluntad de los integrantes del Poder Judicial de sumarse a las medidas, entre las que reiteró la intención de aplicar pruebas de control de confianza a los juzgadores, suprimir el pago de haber de retiro, eliminar la posibilidad de que se reelijan y fijar un solo periodo por diez años.

En concreto a los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los jueces de primera instancia en funciones o designados; se les da plazo de seis meses para aprobar las evaluaciones de control de confianza, de lo contrario se advierte que serán retirados del cargo.

El mandatario jalisciense explicó que si bien “no tengo interés de ganar espacios de control político; sí tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste; no vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado”.

Para elegir magistrados se detalla que será el Congreso Estatal quien emita la convocatoria, luego se deberá solicitar a una institución de educación superior, la elaboración, aplicación y revisión de un examen, se integraría un comité de vigilancia, conformado por representantes de las universidades públicas y privadas del estado, para acompañar este trámite.

En el caso del nombramiento de jueces se mantiene que serán designados por el Consejo de la Judicatura, por periodos de cuatro años, pero se añade que además de una prueba técnica tendrán que someterse a las pruebas de control de confianza. Para aspirar a ser ratificados cada cuatro años deberán volver a evaluarse.

RECHAZA STJJ LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA

En una reacción inmediata a la propuesta formal del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Estéves, manifestó su abierta oposición a que se les realice a jueces y magistrados las pruebas de control de confianza.

Como ya lo ha explicado con anterioridad, dice que se trata de una determinación ilegal que ya ha sido sentenciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero recalcó que de nueva cuenta estarán en condiciones de recurrir de nueva cuenta a un amparo o bien podrían interponer nuevamente una controversia constitucional.

“Podemos presumir que en Jalisco hay un respeto entre los tres poderes. Podemos coincidir en muchas cosas, otras no, en lo personal no coincido con los exámenes de control y confianza. No coincido en la idea de que un Poder analice a otro Poder, en la cuestión de los exámenes. Habrá que ver las adecuaciones que se puedan hacer eventualmente a una legislación”, indicó el titular del Poder Judicial.

En contraste, los diputados coordinadores de las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PAN, Salvador Caro Cabrera y Gustavo Macías Zambrano, sentenciaron que apoyarán la propuesta de aplicar pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.

Establecer en la Constitución estatal como requisito que magistrados y jueces acrediten pruebas de control y confianza implicaría una reforma para crear un centro de evaluación en el Poder Judicial y no incumplir una resolución de la Suprema Corte al respecto, señaló Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado.

Recordó que en el 2012 la Suprema Corte emitió una resolución donde confirma que no es constitucional que una entidad ajena al Poder Judicial aplique controles de confianza sobre los magistrados, pero con una enmienda constitucional se podría resarcir este escollo.

Un trámite que podría correr la misma suerte, sería la propuesta de cancelar el bono de “haber de retiro” para jueces y magistrados cuando dejan el cargo, toda vez que en el pasado también la SCJN ya resolvió una controversia en la que avaló la legalidad de la prestación.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Gustavo Macías Zambrano, adelantó que están de acuerdo en el planteamiento de aplicar las pruebas de control de confianza a jueces y magistrados, pero a la vez planteó que su propuesta consiste en que la evaluación venga directamente del CPS “y que nos llegue al Congreso y de ahí saquemos las propuestas a designar”.

MORENA PROPONE CREAR EL OBSERVATORIO JUDICIAL DEL PUEBLO

Por su parte la fracción parlamentaria de Morena en la LXII Legislatura, planteó en su iniciativa para transformar el Poder Judicial en Jalisco tres asuntos medulares: 1.- Incrementar el presupuesto del Poder Judicial, 2.- Eliminar el haber de retiro y 3.- Establecer candados que garanticen una impartición de justicia clara y eficiente en Jalisco.

La iniciativa, explicada en voz de la diputada María Esther López Chávez, propone una nueva ley orgánica para ese Poder, que establece principios de celeridad, competencia, austeridad y transparencia, dentro de un sistema que incluye la evaluación permanente para jueces y magistrados.

Entre los principales aspectos que prevé la iniciativa, destaca la eliminación del haber de retiro para jueces y magistrados; programas de capacitación permanente; un sistema claro y transparente de ingreso y promoción dentro de la carrera judicial, y un incremento presupuestal anual para este Poder, que garantice la correcta operación de juzgados.

Se establece además la obligatoriedad de presentar exámenes de honestidad e integridad para magistrados y jueces, así como de someterse a evaluaciones periódicas de desempeño por parte del Consejo de la Judicatura, donde se analice la celeridad en su trabajo judicial, estado de salud, y calidad de atención a usuarios, entre otros aspectos.

«Queremos que Jalisco se renueve y transforme, y empezamos desde las entrañas del Poder Judicial, necesitamos que el Poder Judicial tenga rostro humano, que deje de ser rehén de intereses políticos o públicos, lleno de arbitrariedades e injusticias», explicó López Chávez.

«Morena abre la puerta del diálogo y consenso, para crear una iniciativa que elimine la impunidad», señaló la legisladora, al tiempo que refrendó la invitación a todas las fuerzas políticas a sumarse a este proyecto, en beneficio de Jalisco.

Sobre las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados de manera indebida, la diputada morenista, señaló que parte de la iniciativa alberga la intención de que las víctimas de una mala sentencia, sean indemnizadas.

Finalmente se establece también la creación del Observatorio Judicial del Pueblo, el cual será integrado por representantes ciudadanos y funcionarios de Gobierno, y cuya misión será la realización de diagnósticos y propuestas para mejorar el cumplimiento de los valores que rigen la función judicial.

Expone Alfaro el “caso Jalisco” ante la Suprema Corte

Como parte de la agenda de trabajo que realizó en la Ciudad de México, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió el pasado jueves 9 de mayo con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, a quienes presentó su propuesta para exponer casos de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, así como un método para erradicar esta problemática en el sistema de justicia local y que podría ser de utilidad para otros estados.

Cierran la pinza con el Senado de la República

En la lucha para que el Poder Judicial de Jalisco y de todos los estados del país transiten hacia una cultura de transparencia, rendición de cuentas y se vuelvan eficientes, el gobernador Enrique Alfaro cierra la pinza y recordó que el senador, Clemente Castañeda Hoeflitch, presentó una iniciativa para que todas las sentencias que dicten jueces y magistrados sean información pública y así, la sociedad pueda saber, vigilar y tener la confianza de que ningún proceso ni delincuente, quedarán impunes o serán liberados por “debajo del agua”.

Entidades donde interviene el gobernador en la designación de magistrados:

–      Aguascalientes

–      Baja California Sur

–      Campeche

–      Chiapas

–      Chihuahua

–      Coahuila

–      Colima

–      Durango

–      Guanajuato

–      Guerrero

–      Hidalgo

–      Nayarit

–      Oaxaca

–      Puebla

–      Quintana Roo

–      San Luis Potosí

–      Sonora

–      Tabasco

–      Tamaulipas

–      Tlaxcala

–      Veracruz

–      Yucatán

–      Zacatecas. 

Entidades donde no interviene el gobernador en la designación de magistrados:

–      Jalisco

–      Baja California

–      Ciudad de México

–      México

–      Michoacán

–      Morelos

–      Nuevo León

–      Querétaro

–      Sinaloa.