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REPORTAJE

Tres ex secretarios de Aristóteles: Se dicen perseguidos políticos; ven mano negra de Hugo Luna

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Por Mario Ávila //

Para el ex titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) del Gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, Salvador Rizo Castelo, es Hugo Luna, jefe de gabinete del actual mandatario Enrique Alfaro Ramírez, el autor de la campaña de persecución en contra de él y los otros dos ex secretarios de la Sedis, querella en la que se involucra también a Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, a quienes se les sigue un proceso a través del que se les endilgaron medidas precautorias de arraigo domiciliario y que tendrá un receso de tres meses.

El argumento que se esgrime para dar pie a la persecución política en su contra, para Rizo Castelo es el haber iniciado un proceso de impugnación en contra de la primera y la más cuantiosa licitación que ha hecho Alfaro Ramírez en los 10 meses que van de su administración, el programa “A Toda Máquina”, en el que se invirtieron 3 mil 600 millones de pesos.

Hugo Luna, jefe de gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco

El pasado lunes 14 de octubre, al reanudarse la audiencia de vinculación a proceso para los ex titulares de la Sedis, por presuntas ilegalidades en 60 convenios para dotar de recursos a asociaciones civiles, que involucran más de 14 millones de pesos, Salvador Rizo transmitió un mensaje a través de sus redes sociales, dirigido de manera directa a Hugo Luna, Jefe de Gabinete.

En el video se aprecia a Rizo Castelo a bordo de su automóvil y explicando: “Hola buen día, voy a declarar a la Fiscalía, porque pues yo le avisé a Hugo Luna que iba a iniciar una impugnación contra una licitación y me hizo el favor de denunciarme con una sarta de mentiras en un programa de organizaciones de la sociedad civil de cuando fui secretario de Sedis”.

Miguel Castro Reynoso, ex titular de la Sedis

Estoy muy tranquilo, y las organizaciones de la sociedad civil saben que nos condujimos con absoluta transparencia, el que nada debe, nada teme; pero Hugo, si quieres recuperar esos 14 millones de pesos que dices, pues mejor echa para atrás la licitación “A toda Máquina” y vas a tener para resolver lo de las Villas, una campaña contra el dengue y todos los demás problemas como el de seguridad que tiene el Estado”.

Por cierto, ya te ví con los de Cabsa. Quieres metropolizar el tema de la basura. Oye, primero habla con los presidentes municipales y no con la empresa que te interesa coordine la metropolización. Saludos”, expone el ex secretario de la Sedis denunciado, Salvador Rizo Castelo.

La misma frase utilizada por Rizo Castelo en el sentido de que “El que nada debe, nada teme”, fue un recurso utilizado por el también ex secretario de la Sedis, Miguel Castro Reynoso, quien fuera candidato del PRI al Gobierno del Estado en la elección del pasado 1 de julio del 2018 y quien dijo estar seguro de que saldrá delante de este proceso judicial, “con la frente en alto y la dignidad intacta”.

Tengan la certeza -dijo-, de que me he desempeñado con rectitud en los cargos públicos. Tengo mi conciencia tranquila. Por increíble que parezca, estoy siendo acusado por cumplir con mi deber. Se me acusa de apoyar a Organismos de la Sociedad Civil, de hacer efectiva la decisión de un Comité integrado por universidades, instituciones y expertos del sector social”.

Me he formado -abundó-, en la cultura del esfuerzo y del trabajo. Jamás he actuado en forma indebida, por el contrario, me he empeñado en proteger y cuidar los recursos públicos de quienes ven a la corrupción como parte de sus planes. Hoy soy acusado, no por violar la ley, sino por mi manera de señalar y actuar frente a las injusticias y las equivocaciones del gobierno. Enfrento este proceso con integridad y decencia, porque lo que más valoro es la honestidad y seré breve: “El que nada debe, nada teme”.

Vale la pena mencionar que justamente Miguel Castro Reynoso es el tercer ex candidato a gobernador de Jalisco por el PRI, que habiendo competido el pasado 1 de julio del 2018 en contra del mandatario Enrique Alfaro Ramírez, hoy se ve denunciado penalmente y con riesgo de pisar la cárcel. Lo mismo ha ocurrido con Carlos Lomelí Bolaños de Morena y Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista de México.

Daviel Trujillo, ex titular de la Sedis

SALE EL PRI EN DEFENSA DE SUS MILITANTES INVESTIGADOS

La dirigencia de PRI Jalisco también salió en defensa de los tres acusados que ocuparon la titularidad de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y de manera oficial se manifestó su respaldo a sus compañeros Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas.

Mediante un comunicado oficial, el CDE del PRI Jalisco advierte: “La rendición de cuentas, la transparencia y el cumplimiento de la ley, son condiciones irreductibles para la función pública. En el PRI estamos convencidos de que nuestro sistema político tiene una gran deuda con la sociedad: erradicar la impunidad y la corrupción”.

Con relación al proceso que se sigue en contra de nuestros compañeros Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, queremos manifestar que tenemos plena certeza y confianza en su honorabilidad y honestidad, de la que queda constancia en los actos de su vida privada y a lo largo de su trabajo en los diferentes cargos públicos que han desempeñado”.

No quisiéramos pensar que se trata de una acción de revanchismo o de persecución política. Es por ello que demandamos de la autoridad que, tanto en éste como en todos los casos, se actúe con estricto apego a la legalidad y que no se incurra en el uso faccioso de las instituciones responsables de la impartición de justicia”.

No estamos a favor de proteger a quienes abusan de sus cargos. Estamos convencidos de que: ¡quien la hace, la pague! Lo que no se vale es que quienes no la deben, sean los que la paguen”, se planteó en el comunicado oficial.

SI ACASO HAY SANCIÓN ADMINISTRATIVA, ADVIERTE EL EXPERTO ABOGADO HÉCTOR ROMERO FIERRO

Para conocer algunos detalles con propiedad, sobre el delito del que se les acusa y de las posibilidades de éxito de la defensa de los ex secretarios de la Sedis, hablamos con el abogado, Héctor Romero Fierro, quien aseguró que en estricto derecho ellos no solo no deberían pisar la cárcel, ni siquiera deberían haberlos citado a declarar.

Romero Fierro es Corredor Público y por tano le está impedido litigar, sin embargo, es amigo de dos de ellos y por ese hecho está coadyuvando con la defensa del caso, con algunas ideas y con su experiencia profesional.

Y detalla: “Un secretario no puede atender todo el proceso de una Secretaría y mucho menos del tamaño de la Sedis, por eso hay tramos de control y para eso hay responsables en cada área; además la ley es muy clara al señalar que las organizaciones que se acerquen a pedir recursos, deben hacerlo de buena fe y deben acreditar que no tienen a funcionarios públicos como empleados, situación que olímpicamente ignoró la Fiscalía y por eso ahora pide plazo de tres meses para probar eso y ahora ya va ir al Registro Público de la Propiedad, cuando se les abrieron los ojos”.

Ellos pretenden aclarar que los socios son funcionarios al momento de la entrega de recursos, pero solo con las actas constitutivas y algunas de ellas de 10 años antes, eso no prueba que tengan socios al momento en el que recibieron los recursos, simplemente prueba que se constituyó en aquella época con esos socios, pero pueden cambiar”, planteó.

Sobre si hechos de esta naturaleza logran que se pierda la confianza en la Fiscalía Anticorrupción, Romero Fierro explicó: “Mira yo creo que cuando el gobernador o un alto funcionario del Gobierno del Estado te pide determinada conducta y no te queda otra, pues no es un tema de la Fiscalía, de los que perdemos la confianza de haber actuado así es del Gobierno del Estado.

Peor aún, cuando en asuntos tan graves como el de ‘A Toda Máquina’, no vemos que avancen en nada, no vemos ningún responsable, no vemos nada y en un asunto en donde insisto que ni delito hay, te avientan toda la carga desde la Fiscalía y mandan a sus mejores gentes a los juicios y demás… aquí es donde estamos parados en Jalisco”, expuso.

Sobre la posibilidad de que se trate de una reacción desde el poder Ejecutivo en contra del PRI por haber votado toda la fracción en el Congreso del Estado, en contra de la creación del nuevo Constituyente, el Corredor Público, Héctor Romero, reflexionó: “Estas denuncias son más viejas, no es coincidente, pero definitivamente sí hay una persecución contra funcionarios de la administración anterior. En este caso me queda claro que es una persecución política, pero en otros casos de funcionarios de la pasada administración, si hay delito, pues que los claven hasta el último rincón y qué lástima que cerraron las Islas Marías porque se merecían estar allá, pero todavía contra ellos no vemos ninguna consignación también”.

No necesita uno ser brujo -dijo-, para entender que esto es una persecución contra tres gentes que en realidad no tienen delito alguno, eso no es querer precisamente cumplir con la Ley Anticorrupción; hay los elementos para presumir que es un tema político, tan es así que los delincuentes entran y salen de la cárcel y acá se pretendía por una cosa que ni siquiera es delito y que en todo caso pudiera consistir en una sanción administrativa, detenerlos y hasta aplicarles la prisión preventiva oficiosa”.

Y lamentablemente -abundó-, los someten a unas medidas cautelares que para mi son exageradas, entonces tendrán ellos que interponer un medio de defensa y lo más seguro es que al primer amparo que interpongan les darán la razón, porque ni siquiera por el tipo de acusación que se les hace, deben ser sujetos a una medida precautoria”.

Finalmente se le cuestionó si este caso podría correr la misma suerte que el del panista Antonio Gloria Morales y la respuesta fue contundente: “Sin duda alguna… nada más que el caso de Antonio Gloria fue más grave porque acuérdate que era un delito viejo, entonces le aplicaron las reglas del proceso penal antiguo; en este caso afortunadamente la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez, y aquí sí lo tengo que decir abiertamente, entendió que no podía aplicarles la prisión preventiva oficiosa y entonces los dejaron con estas medidas, pero la petición de las gentes del Gobierno del Estado, era la prisión preventiva oficiosa”.

CARTÓN POLÍTICO

Edición 811: Jalisco ante el desafío judicial: ¿Diálogo o revanchismo político?

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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/

Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/

Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/reforma-judicial-en-jalisco-alertan-de-riesgo-con-proceso-acelerado-plantea-pablo-lemus-un-parlamento-publico/

Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/

La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/

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JALISCO

Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público

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– Por Francisco Junco

La reciente sesión extraordinaria del Congreso del Estado para abordar la Reforma Judicial en Jalisco ha puesto bajo la lupa a los legisladores, donde universidades, organismos académicos y actores sociales y los propios representantes legislativos coinciden en la necesidad de un debate abierto, transparente y técnicamente sólido.

Académicos, periodistas e instituciones coinciden en que cualquier cambio al Poder Judicial en Jalisco debe construirse con participación amplia y con respeto al pluralismo que define al estado.

Las universidades han subrayado que la reforma judicial no puede limitarse a una maniobra legislativa, por ejemplo la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) expresó su preocupación por la falta de un debate público y amplio, y exhortó a que los legisladores escuchen a la sociedad civil y a expertos académicos antes de aprobar cambios transcendentes.

Por su parte, académicos de la Universidad Panamericana (UP) señalaron que varias recomendaciones técnicas quedaron fuera del dictamen, y enfatizaron que los procesos de selección de jueces deben incluir criterios de transparencia, profesionalización y participación ciudadana.

Para profundizar en estas apreciaciones, el periodista y académico Gabriel Torres aseguró que lo ocurrido en el Congreso del Estado, no es sólo un episodio legislativo, sino un reflejo de un modo de gobernar que ha renunciado a la política como arte de la negociación.

Desde su visión, el Ejecutivo ha asumido que “el Congreso es un accesorio irrelevante, un espacio al que basta con convocar para solamente levantar la mano y convalidar lo ya decidido”.

Gabriel Torres subrayó que la reforma “retrata la ausencia de interlocutores políticos capaces de leer el contexto de pluralismo expresado en las pasadas elecciones, y construir los puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”.

El periodista observó que, paradójicamente, la falta de operación política del oficialismo propició la convergencia de rivales históricos. “Cuando al fin voltearon a buscar a la oposición, descubrieron que no llegaba… porque ya estaba ahí, hecho bloque, aguardando en silencio su turno en la reforma”, señaló, describiendo la estrategia pasiva de la oposición como respuesta al desdén del partido en el poder.

Para él, la torpeza en la operación política fue “el pegamento de esa alianza inédita” entre PAN, PRI y Morena, además sostuvo que el resultado de la sesión fue contrario a lo esperado por el oficialismo.

“Frente a la imposición, la oposición decidió ejercer lo que la Constitución les confiere, retomar su condición de legisladores de Jalisco, su función de contrapeso constitucional del poder”.

En su análisis, la reforma judicial no solo es un asunto técnico, sino una prueba de la salud de la democracia local y de la capacidad de diálogo entre poderes.

Y es que el pasado 7 de octubre los legisladores fueron convocados para la sesión extraordinaria, convocada para la primera lectura del dictamen previamente aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.

El Pleno recibió las siete iniciativas relacionadas con la reforma, entre ellas la presentada por el gobernador, los grupos parlamentarios y el propio Poder Judicial. La sesión permitió que todos los legisladores conocieran el contenido del dictamen y remitieran sus comentarios a la Comisión de Seguridad y Justicia.

Durante la sesión, Movimiento Ciudadano denunció un “madruguete”, cuestionando la rapidez del trámite y la supuesta falta de parlamento abierto.

Por su parte, las fracciones de Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro defendieron que el procedimiento cumplía con la normativa interna, y destacaron que Jalisco llevaba un retraso significativo en la armonización de su reforma judicial respecto a otras entidades federativas.

El bloque opositor hizo notar la importancia de la negociación y la construcción de consensos, recordando que la mayoría relativa no garantiza hegemonía política.

Las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, pero marcaron distancia respecto al modo en que se había gestionado la convocatoria y el debate.

Un elemento destacado fue el documento conjunto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, donde los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, subrayaron la necesidad de diálogo directo y respetuoso con todas las fuerzas políticas.

En el texto, se precisa que los presidentes de los Grupos Parlamentarios suscribientes “manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un Poder Judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del Estado de derecho”.

El documento recuerda que el Congreso recibió siete iniciativas y que el dictamen se encuentra en la etapa final del proceso legislativo, por lo que cualquier discusión sobre su contenido debe canalizarse entre la primera y segunda lectura, respetando la división de poderes y el conducto formal de la Jucopo.

Durante los días posteriores, los partidos mantuvieron posiciones diferenciadas. Movimiento Ciudadano insistió en que la reforma no podía aprobarse sin un parlamento abierto y sin consultas técnicas adicionales. PAN, PRI, PT, Morena, Hagamos y Futuro defendieron que el dictamen es resultado de consensos previos en comisiones y que el procedimiento cumple con los plazos legales, aunque admitieron que la discusión pública sigue siendo relevante para legitimar el proceso.

Las universidades continuaron con sus llamados. La UP enfatizó que ciertos mecanismos como la “3 de 3” para jueces no estaban contemplados, mientras que la UNIVA reiteró la importancia de foros académicos que permitan debatir las reformas en términos de transparencia y participación ciudadana.

La UdeG aportó análisis comparativos con buenas prácticas nacionales e internacionales, insistiendo en la profesionalización y evaluación de quienes imparten justicia.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus respondió formalmente a los coordinadores de Jucopo, señalando que el Congreso es el conducto del diálogo y que cualquier propuesta será analizada entre la primera y segunda lectura.

En su comunicación, subrayó que Jalisco debe contar con un Poder Judicial que atienda demandas sociales y refuerce el Estado de derecho, y se muestra dispuesto a acudir al Palacio Legislativo para continuar las conversaciones.

“Quiero lanzar un mensaje muy claro a todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Abrir una mesa de diálogo con su servidor…e iniciar una especie de parlamento público de discusión en torno al Poder Judicial…que no solamente estén incluidos el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, sino también la sociedad en general, las universidades y los colegios de abogados”, señaló el mandatario.

Y agregó que una de sus propuestas es que “las universidades públicas y privadas de nuestro estado puedan evaluar y aplicar el examen a las y los candidatos, y que obtengan una calificación mínima de ocho”.

Organismos como Coparmex Jalisco y Jalisco Cómo Vamos han insistido en que el debate debe ser transparente, técnico y participativo. Han señalado que la reforma debe fortalecer la independencia judicial y la profesionalización, evitando tintes políticos que puedan minar la confianza ciudadana.

Lo cierto es que la reforma judicial en Jalisco enfrenta una encrucijada, avanzar con rapidez en un escenario político plural, o retrasar el trámite para garantizar la legitimidad y la participación de todos los actores. La convergencia inédita de partidos históricos refleja que la política de oposición puede emerger como contrapeso cuando la operación política oficial falla.

La soberbia del partido en el gobierno, señaló Gabriel Torres, de los operadores que no le ayudan en absoluto al gobernador, “terminó por revitalizar a sus adversarios. Y que, al final, un Congreso tratado como accesorio decidió, saludablemente, recordarle al Ejecutivo que sigue siendo un poder constitucional independiente y con la facultad de resolver, sin tutelas externas, una reforma que ya acusa atraso importante en Jalisco”.

Las universidades, los organismos civiles y los partidos esperan que la discusión no se limite a maniobras políticas, sino que sea un ejercicio de construcción colectiva de justicia.

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MUNDO

Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez

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– Por Raúl Cantú

Oaxaca, Oaxaca. Octubre 12. En el marco del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras, Alma Chávez Guth, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y de Víctimas de Violencia Vial AC, lanzó un emotivo llamado a la acción contra lo que describió como una «pandemia» silenciosa que azota a miles de familias en México y la región.

Fundadora de varias organizaciones clave en movilidad segura, Chávez Guth enfatizó el costo humano de los siniestros viales, recordando que detrás de las cifras hay vidas irreparables y un dolor que une a víctimas de todo el continente.

Alma Chávez Guth, quien asumió la presidencia de FICVI en mayo de 2023, es una figura central en el activismo vial mexicano. Miembro fundador de los Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Transporte de Jalisco, presidenta de Reacción por la Vida y parte de la Coalición Movilidad Segura –que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial–, ha dedicado su labor a visibilizar a las víctimas.

«La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren cada año miles de familias en nuestro país y en este estado. Es una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo de las instituciones», afirmó ante autoridades, especialistas y familias afectadas reunidas en Oaxaca.

Fundada en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, FICVI agrupa a organizaciones de toda Iberoamérica unidas por el dolor compartido. Chávez Guth destacó la presencia virtual y presencial de aliados como PIDO Urgente (Brasil), Fundación de Miles (Chile), A Convivir (Costa Rica), ESTOS Accidentes (España), Pacífico Guatemala, Fundación Mónica Nicola y Reconocer (Panamá), RED de Unión (Uruguay), Mano Vive (Perú), Gabi Bici Blanca (Oaxaca), Víctimas de Violencia Vial (Jalisco), y nuevas incorporaciones como Gabi (Paraguay), Ángel Río (Colombia), Karina Winfield y Alejandro (Argentina), entre otros.

«En distancia estamos unidos, pero estos eventos son importantísimos», expresó, rindiendo homenaje a Jean Picard, fundadora española que, tras perder a su hijo Santiago, «quiso abrazarnos hace 15 años y formarnos esa guía de esperanza: si bien nuestros seres queridos no regresan, sí podemos evitar el sufrimiento en otras familias».

El impacto de los siniestros viales es devastador, según datos citados por la presidenta: más de 110,000 muertes anuales en América Latina y el Caribe, cinco millones de lesionados –muchos con discapacidades permanentes–, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y segunda en jóvenes adultos. En México, representa el 2.6% del PIB.

«Cada número en la estadística representa una vida, una historia, un ser humano querido. Detrás de la cifra están las personas, nuestra memoria. Las familias quedan rotas y con los brazos vacíos; no podemos abrazar más a nuestros hijos, padres o hermanos», lamentó, reconociendo la labor de colaboradores como Héctor de Agostina (consultor y padre víctima) y su equipo técnico.

«En medio de la adversidad hay una fuerza inquebrantable que nos impulsa a buscar soluciones y luchar por un cambio real», concluyó Chávez Guth, invitando a convivir en el dolor y el amor colectivo. «Nadie sufre en paz lo que hemos vivido.

Los abrazamos desde el FICVI del corazón». Su mensaje resuena como un urgente recordatorio para instituciones y gobiernos: la movilidad segura no es opcional, sino un derecho humano que exige solidaridad inmediata para prevenir más tragedias.

En el mismo evento, Esther Soto, vicepresidenta de FICVI y coordinadora del Colectivo Gabi Bici Blanca –víctima directa tras perder a su hermana Gabriela en 2020–, agradeció el apoyo de Fundación Mapfre, Semovi Oaxaca y la Fiscalía local, enfatizando la invisibilización histórica de las víctimas y el compromiso cívico para redesignar ciudades más humanas.

El foro, organizado por Gabi Bici Blanca, busca propuestas concretas hacia una «Visión Cero» en muertes viales, alineada con agendas globales de sostenibilidad.

PATRICIA MERCADO

En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en los últimos siete años le ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil por la movilidad segura, y como parte de ellas, con víctimas de siniestros viales.

Con un modelo de diálogo permanente con autoridades, grupos parlamentarios, organismos expertos, logramos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahora ese modelo ayuda a ir por nuevos objetivos, como quedó claro en el 8vo Foro iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial, realizado en Oaxaca”, publicó Patricia Mercado en sus redes.

UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN

En la apertura del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial hacia Ciudades mas Seguras y Humanas organizado por el colectivo Gabi Bici Blanca, miembro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, se abrió el foro internacional con un llamado a reflexionar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y justicia para víctimas de siniestros.

Autoridades, especialistas y familias se reunieron para proponer acciones que salven vidas y humanicen las calles.

EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN MAPFRE EN MÉXICO

La moderadora presentó a Mónica Aguirre, representante de Fundación Mapfre en México –licenciada en administración de empresas, con 13 años en la institución y experta en iniciativas sociales– quien enfatizó el compromiso compartido.

En su mensaje destacado, Mónica Aguirre expresó: «Es un honor representar a Fundación Mapfre, donde compartimos el objetivo de una movilidad más segura, justa y sostenible. Hemos trabajado con firme compromiso social para prevenir siniestros viales mediante programas educativos, campañas de concienciación y herramientas innovadoras”.

Nuestro labor se centra en formación, comunicación, cooperación e innovación. Creemos que la educación vial debe iniciar en la infancia con propuestas didácticas sencillas que simulen situaciones reales, formando ciudadanos seguros y responsables desde temprana edad. Gracias por incluirnos en este foro.»

LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN OAXACA

Jesenia Nolasco Ramírez, titular de Semovi Oaxaca, saludó en el foro a aliados como Patricia Mercado y Fundación Gabi Bici Blanca, agradeciendo la invitación y reconociendo el espacio para reflexionar sobre movilidad sustentable y ciudades seguras.

Desde el gobierno de Salomón Jara Cruz, enfatizó la movilidad multimodal como sistema integrador (peatonal, ciclista, público y motorizado) seguro y accesible. En Oaxaca, impulsan el Sistema Integrado de Transporte BinniBus (7 rutas operativas de 35, beneficiando 24,000 usuarios, culminando en enero); Senderos de Paz (manual para 570 municipios); Oaxaca Camina (calles peatonales en centro histórico); y Calles para la Paz, fomentando vialidades humanas.

«Que este encuentro promueva diálogo iberoamericano y provecho para todos; disfruten Oaxaca», puntualizó.

MENSAJE DE ESTHER SOTO: LA VIOLENCIA VIAL ES EVITABLE, NO ES UN ACCIDENTE”

Esther Soto, creadora del Colectivo Gabi Bici Blanca, presentó un mensaje muy emotivo al iniciar los trabajos del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras.

En la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y en Gabi Bici Blanca, trabajamos desde la experiencia más dura: la pérdida. Yo estoy segura que cada persona que hoy nos acompaña de alguna manera ha conocido de cerca el dolor de ver una vida apagada en segundos, y sé también de la lucha diaria para que esa historia no se repita.

Hoy estamos aquí porque compartimos una certeza: la violencia vial es evitable. No es un “accidente”, no es una casualidad. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— que se toman cada día en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, en las oficinas donde se diseñan las calles… y también en nuestras manos, como sociedad.

Este foro nace inspirado en la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que este año se celebró del 12 al 18 de mayo de 2025 bajo el lema «#CaminaSeguramente #CiclismoSeguro», centrándose en la creación de calles seguras para peatones y ciclistas.

Hoy damos continuidad a esa semana, no solo con un nombre, sino con un compromiso: que nuestras calles sean más seguras, más justas y más humanas.

Y antes de comenzar con la jornada de trabajo, quiero que nos detengamos un momento para recordar por qué estamos aquí: Estamos aquí por cada hijo, hija, hermana, madre, padre, amigo o amiga que salió de su casa y nunca regresó a causa de la violencia vial. Sus vidas importaron, y siguen importando. Su alegría, sus sueños, sus luchas, hoy son también nuestras.

Y porque la memoria no debe ser silencio, sino fuerza y energía, les invito a que honremos a todas las víctimas con lo que ellas mismas nos dieron en vida: alegría, amor y esperanza.

Les pido ponernos de pie y regalarles un fuerte aplauso, para que el eco de sus nombres siga vivo en este foro, y para que nunca olvidemos que su ausencia es nuestro mayor motivo de acción.

(— Minuto de aplausos —)

Gracias.

Comencemos la jornada de trabajo que nos convoca a todas y todos: víctimas, familiares, activistas, académicos, autoridades y ciudadanía. Aquí no hay jerarquías más importantes que la vida misma. Aquí, lo que nos une es una sola convicción: ninguna muerte vial es aceptable, ninguna familia debería pasar por este dolor. Por eso este foro es un llamado urgente a la acción. Queremos calles que no sean trampas mortales, queremos gobiernos que pongan la vida en el centro de cada decisión, queremos una sociedad que entienda que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano.

Con esa fuerza, con esa esperanza y con esa memoria que se hace acción, queda inaugurado el 8º Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial.

 

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NACIONALES

La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto

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– Por Raúl Cantú

Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.

La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.

Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.

El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.

La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.

UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL

La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.

“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.

El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.

Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.

Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.

En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.

El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.

Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.

Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.

HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO

La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.

Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.

Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.

Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.

La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.

MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”

La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.

Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.

A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.

A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.

Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.

Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.

Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia

A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.

A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.

A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.

A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.

A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.

A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho

A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.

Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.

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