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REPORTAJES

A prueba el imperio de la ley en Jalisco: Ordenan a la Secretaría del Transporte indemnizar a dueños de camiones urbanos

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Por Raúl Cantú //

  • Los daños son por tener detenidas durante 416 días unidades del transporte urbano.
  • La facultad de tránsito es municipal, no estatal, esto significa que los agentes viales violan la ley de manera sistemática al cobrar multas e infracciones a los automovilistas, quienes simplemente deben ampararse
  • Los auto transportistas se dijeron confiados en una respuesta positiva de la Secretaría de Transporte, luego de que el pasado jueves 23 de mayo el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en entrevista con los medios de comunicación afirmó que “en este Estado lo que hay, es la vigencia de la Ley ”.

En una determinación judicial con carácter inapelable, la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco, debe indemnizar con poco más de 40 millones de pesos a los dueños de 16 camiones del transporte urbano, por concepto de Responsabilidad Patrimonial.

Luego de que apenas el pasado 5 de abril del 2019 el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió el amparo y protección de la justicia federal para que el Fiscal General del Estado determinara respecto de los delitos que se imputaban de invasión a las vías generales de comunicación y dicha dependencia resolvió archivar el expediente en forma definitiva por falta de testimonios y pruebas; la instancia judicial de la Federación antes mencionada también resolvió archivar definitivamente la Averiguación Previa número 896/2018 y sus acumuladas.

Así lo dio a conocer la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (FTCEJ) a través de su presidente Enrique Galván Vargas y directivos de diversas empresas del transporte como las rutas, 626, 358, 645, 24, 625, 624, 636-A , 619-A , y 701.

El 14 de agosto del 2009 un grupo de subrogatarios del transporte urbano realizó una manifestación a las afueras del Congreso del Estado, en donde entre otras cosas se quejaban del acoso que enfrentaban por parte del entonces Secretario de Vialidad.

Dicha dependencia, ordenó un operativo el cual resultó en la emisión de diversos folios por tener los vehículos estacionados en línea amarilla y prosiguieron a detenerlos y mandarlos a un depósito del entonces Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)

Casualmente el Secretario de Movilidad en esa época era el actual titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, quien se caracteriza por ordenar la detención sistemática de unidades del transporte urbano, sin tomar en cuenta los daños patrimoniales al erario público.

Al tratarse de simples folios, los subrogatarios presentaron un amparo indirecto el cual fue turnado para su estudio al ahora denominado Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco. En este juicio de garantías se otorgó a favor de los suscritos la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las unidades les fueran devueltas.

La suspensión no se pudo ejecutar ya que personal de la Secretaria de Vialidad, ahora Secretaria de Transporte, en colusión con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) presentaron varias denuncias por ataques a las vías generales de comunicación y daño a las cosas, estas denuncias se radicaron en la agencia 20C de la PGJEJ con números de averiguación previa 10967/2009 al 10981/2009 (Todas acumuladas a la averiguación 10966/2009-B) con lo que lograron que el agente del Ministerio Público número 20C asegurara los vehículos, mismos que estuvieron a su disposición desde el 14 de agosto del 2009 hasta el 25 de Octubre del año 2010, lo que significa que los automotores estuvieron encerrados 416 días.

Por este motivo, fue declarada la existencia de Responsabilidad Patrimonial a la Secretaría de Transporte, en atención a la causas productoras del daño generado, a razón de $2´551,014.00 (Dos millones quinientos cincuenta y un mil catorce pesos 00/100) por cada uno de los camiones que estuvieron irregularmente detenidos, lo que nos da un gran total por los 16 camiones de $40´816,224.00 (Cuarenta millones ochocientos dieciséis mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) por los dieciséis camiones que dejaron de producir en atención a la conducta irregular de esta autoridad.

El presidente de la FTCEJ aclaró que desde hace muchos años las autoridades estatales violan la ley de manera sistemática, pues la facultad de tránsito es municipal, no estatal, lo que significa que los agentes de la Secretaria de Vialidad, hoy de Transporte actúan fuera de la ley al cobrar multas e infracciones a los automovilistas, quienes simplemente deben ampararse Los auto transportistas aclararon que de no cumplir con lo que la ley manda y negarse a pagar las autoridades estatales, se presentará el procedimiento judicial correspondiente.

Aunque se dijeron confiados en una respuesta positiva de la Secretaría de Transporte, luego de que el pasado jueves 23 de mayo el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en entrevista con los medios de comunicación afirmó que “en este Estado lo que hay, es la vigencia de la Ley”.

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JALISCO

Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU

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– Por Francisco Junco

El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.

Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.

La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.

El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.

Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.

La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.

La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.

A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.

Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.

Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.

El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.

En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.

Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.

Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.

El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.

Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.

La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.

El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.

El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.

La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.

Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.

Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.

Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.

Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.

 

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JALISCO

Mensaje del gobernador en el Informe de Quirino: «Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro»

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– Por Redacción Conciencia Pública

Mensaje del Gobernador Pablo Lemus en el Informe del Presidente Municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez.

Agradezco la oportunidad de estar aquí en Tlajomulco, un municipio que ha vivido una transformación notable gracias al trabajo de varias administraciones.

Quiero reconocer especialmente al presidente municipal, Quirino Velázquez, por su compromiso, capacidad de coordinación y respeto hacia lo que se ha construido en el pasado, proyectándolo hacia el futuro. Esto me llena de orgullo.

APOYO ANTE CONTINGENCIAS

Ayer enfrentamos fuertes lluvias en la región, similares a las que afectaron previamente a Tlajomulco. Gracias al trabajo preventivo de Protección Civil estatal y municipal, así como de las fuerzas de seguridad, logramos mitigar los daños.

Hasta esta mañana, se reportan 50 viviendas afectadas. He instruido al secretario general de gobierno, Salvador Zamora, un conocido y querido tlajomulquense, para que, a través del fondo estatal, se atienda a las familias afectadas con el apoyo necesario para superar esta inundación. No están solas.

Seguridad y coordinación intermunicipal

Hoy viajaré a la Ciudad de México para reunirme con la presidenta, el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad Pública. Invitaremos a Tlajomulco y Zapopan a participar en la mesa de seguridad nacional, junto con otros municipios clave como San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Esta coordinación nos permitirá seguir mejorando los índices de seguridad en Jalisco.

INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

En materia de infraestructura, destaco los siguientes proyectos:

  1. Educación y universidad: Me entusiasma la propuesta de la Universidad de la Ciénega, presentada por la rectora. Este proyecto, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Tlajomulco, será una universidad técnica especializada. El terreno será donado por el ejido de El Zapote, y trabajaremos de la mano con la universidad para hacerlo realidad. Este es un compromiso claro para fortalecer la educación en el municipio.
  2. Transporte público y conectividad: Estamos avanzando en un sistema de transporte público intermunicipal. La carretera a Chapala se integrará al sistema de transporte masivo con un puente elevado que conectará con el Macrobús y permitirá llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, al centro histórico de la ciudad y a otros puntos clave. Este sistema incluirá 12 líneas de transporte público continuo, con estaciones estratégicas para facilitar la movilidad. Iniciaremos pruebas en agosto de 2026, con recursos federales de aproximadamente 3 mil millones de pesos, para conectar desde el aeropuerto hasta El Salto y otros municipios.
  3. Línea 4 del Tren Ligero: La construcción de la Línea 4, que conectará Tlajomulco con Guadalajara, está en marcha. Aunque hubo retrasos por la aportación federal y la renegociación de la concesión de la carretera, trabajamos con el Instituto Nacional de Movilidad para que esté operativa entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Inicialmente, funcionará con bandereros para regular el tráfico, pero estará al 100% de su capacidad para septiembre de 2026. Este es un compromiso firme.
  4. Carretera a Chapala y Camino Real a Colima: Estamos rehabilitando la carretera a Chapala con tres carriles por sentido, banquetas, ciclovías, luminarias y arbolado, para convertirla en una vía de primer mundo. De igual forma, el Camino Real a Colima recibirá una inversión de 200 millones de pesos para mejorar banquetas, alumbrado y vegetación, descongestionando el tráfico y mejorando la calidad de vida.
  5. Acceso al nuevo hospital del IMSS: Facilitaremos la conectividad al nuevo hospital regional del IMSS en Tlajomulco, con accesos viales y transporte público desde la Línea 4, para que los pacientes de cinco estados puedan llegar cómodamente.
  6. Aeropuerto Internacional de Guadalajara: Estamos trabajando con el presidente municipal de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional para crear un nuevo ingreso desde Arroyo Seco hasta Las Pintas, mejorando la conectividad y reduciendo la saturación en la carretera a Chapala.

COMPROMISO CON TLAJOMULCO

Quirino, reconozco tu trabajo y el de tu equipo. Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro. Agradezco también a tu familia y a la comunidad por su apoyo. Seguiremos trabajando juntos para que Tlajomulco siga creciendo con infraestructura, seguridad y oportunidades para todos.

Muchas gracias.

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