Portal informativo de análisis político y social

Denuncia Secretaría de Movilidad denuncia protección federal a las ERT´S

Denuncia Secretaría de Movilidad denuncia protección federal a las ERT´S

Sep 23, 2017

Por Mario Ávila //

Para Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, resulta extraño que un juicio de amparo interpuesto por las empresas de redes de transporte, en contra de la Ley que regula a las Empresas de Redes de Transporte en Jalisco, se dirima en tribunales del Distrito Federal y no en los partidos judiciales que corresponden a esta entidad.

Por ello ve cierta protección desde el ámbito judicial federal a las ERT’s, al grado de que al concederles un juicio de amparo, se tiene maniatada a la Secretaría de Movilidad y al mismo Gobierno del Estado, lo que les ha impedido realizar todo tipo de actos administrativos en contra de las plataformas, de los vehículos, e incluso de los choferes.

Explica el funcionario de la SEMOV que ve con mucha extrañeza que cuando se trata de un asunto que tiene que ver con una legislación estatal, no se esté dirimiendo en los partidos judiciales que le corresponden a Jalisco, sino que está tratándose en el centro del país. “Lo que se nos hace de entrada una situación totalmente anómala, porque no es una acción que normalmente se lleve a cabo y eso complica nuestra defensa”.

El amparo que las ERT’s presentaron –reveló-, está radicado en la Ciudad de México, en un tribunal de competencia económica y cuenta con una suspensión respeto a temas de competencia económica; después interpusieron una queja pretendiendo ampliar ese amparo en contra de la legislación del Estado de Jalisco”.

Nosotros creemos –dijo-, que no debe ser factible, pero no hemos podido dirimir el litigio, porque la audiencia constitucional que es donde se revisa ese punto se ha diferido en cinco ocasiones por causas diversas que han argumentado ellos frente al Tribunal en la Ciudad de México, y de hecho nosotros ni siquiera hemos sido notificados respecto del amparo”.

Por lo mismo de que no se celebraba la audiencia constitucional –abundó-, nada más nos notificaron lo que corresponde a la suspensión, no hemos podido presentar formalmente los alegatos conducentes. Esa es la situación tal cual, con ese amparo que los protege ahorita que no podamos hacer nada, ejecutar algún recurso administrativo en contra de la plataforma o en contra de los vehículos, o incluso en contra de los operadores, no podemos llevar a cabo ningún acto administrativo”.

Insistió Gustavo Flores, director de Transporte Público de la SEMOV, que se han interpuesto distintos alegatos por la parte demandante, “pero creemos que más bien el Tribunal ha sido muy complaciente con ellos y con cualquier argumento difieren las audiencias”. Sin embargo confía el funcionario en que la tragedia que se suscitó en Puebla y en el que estuvo involucrado un chofer de la empresa Cabify, acelerará el juicio para poder ordenar el servicio en Jalisco.

ERT’S Y SUS PROMESAS INCUMPLIDAS

Del tema habló el ex diputado Martín López Cedillo, quien recordó que desde el surgimiento, las Empresas de Redes de Transporte que utilizan plataformas e innovaciones tecnológicas para ofrecer el servicio, presumían que contarían con las garantías de seguridad e integridad física, sexual y de vida, para quienes utilizaran el servicio del transporte público.

Y detalló que ofrecieron: 1. Conocimiento previo de la identidad del conductor, así como los datos del vehículo a abordar; 2.- Planificación de rutas de traslado a partir de mapas y geolocalización; 3.- Conocimiento de la tarifa (rango) previo al uso del servicio; 4.- Planeación de viaje a partir del conocimiento de los tiempos de espera y disponibilidad del servicio y 5.- Evaluación y seguimiento del servicio a partir de la misma plataforma tecnológica.

Sin embargo –dijo-, a casi 29 meses de conocerse la primera iniciativa para regular su uso, nos damos cuenta en forma por demás alarmante que no se hizo nada por respetar los principios rectores de la movilidad, tales como la accesibilidad, como el derecho de las personas a desplazarse por la vía pública sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición.

Tampoco se cumple con el ordenamiento de las vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de personas y se desdeña la perspectiva de género, a partir de políticas públicas que garanticen la seguridad e integridad física y sexual, así como la vida misma, de quienes utilicen el servicio del transporte público.

Además se desatiende el desarrollo económico, determinando derechos y cargas fiscales, tendiente a asegurar la sana competencia entre los diversos sectores que actualmente ofrecen el servicio de transporte de pasajeros.

Nada, o casi nada se ha cumplido… y no sólo eso, tras conocerse la tan cacareada reforma a la Ley de Movilidad, sobre la regulación de las empresas de redes de transporte, estas en lugar de cumplir con la Ley, buscaron y siguen buscando a toda costa evitar sus obligaciones, valiéndose de toda clase de artilugios legaloides”, expuso López Cedillo, quien fuera diputado y presidente de la Comisión de Vialidad y transporte en la LX Legislatura local.

Aseguró que gran parte el incumplimiento de las ERT así como la anarquía en las plataformas con las consecuencias fatales y en este caso ya, muertes de inocentes como la joven Mara en el Estado de Puebla, se deben a la confusión y contradicción del Estado.

Es decir que, por una parte, reconoce que el uso de dichas tecnologías en el sector de servicios de transporte es una actividad que requiere ser regulada por el Estado, pero al mismo tiempo, indica que la operación y todo lo que conlleva el uso de dichas tecnologías para el transporte público, es de orden privado. Lo que resulta ilógico porque en nuestro sistema jurídico, la premisa para regular una actividad que incluye sólo intereses privados, descansa en los ordenamientos del derecho común. Tal es el caso, por ejemplo, del contrato de transporte que contempla el artículo 2304 del Código Civil del Estado de Jalisco”, puntualizó López Cedillo.

Esto significa –dijo-, que el pretendido carácter de privado y público al mismo tiempo, no obedece ni al uso de las tecnologías cuando se destinen a prestar servicios de transporte, ni a que éste se oferte al público, sino que deriva del destino al cual se encuentran afectos y, por disposición de la Ley de la materia, se trata de un servicio público y, en consecuencia, su naturaleza es pública, por lo que todos los elementos que ahí se describen (la empresa de redes de transporte, el derrotero, sistema y condiciones del pago electrónico, así como los sistemas de afiliación y ejecución de las plataformas móviles), necesariamente deben ser reguladas por el Estado. De esto resulta que el Estado debe asumir la prestación del servicio, directa o indirectamente a través de las figuras jurídicas que para tal caso reconoce la propia ley, por lo que se coincide en general, en la necesidad de regular éste servicio de transporte público, pero no de manera limitada. Ya que parece que el propósito es excluir la rectoría estatal sobre el otorgamiento, control, supervisión y vigilancia de la modalidad de transporte público y seguir prestando el servicio en total anarquía y al margen de la Ley”.

 

EL DOBLE DISCURSO DEL DIPUTADO HERMOSILLO

Para evidenciar la ligereza con la que el Estado ha tratado a las ERT’s, basta echar un vistazo a la doble postura que ha asumido un solo personaje de la política jalisciense, el joven diputado Alejandro Hermosillo González, quien participa con entusiasmo como vocal de la Comisión de Movilidad y Transporte en la LXI Legislatura local, pero que como dice una cosa, dice otra.

En los primeros meses de la legislatura, la postura del diputado naranja ha sido en favor de las libertades absolutas apara las ERT’s y en particular para Uber y entre otras posturas radicales, denunció que la Secretaría de Movilidad se había extralimitado en la publicación del reglamento de la llamada Ley UBER, ya que a su juicio contradecía las reformas legales para poder realizar cobros en efectivo y el tipo de licencia que se solicitaba a los choferes.

Vino después la polémica por la introducción del sistema de Uber Pool y mientras el Gobierno del Estado anunciaba la implementación de sanciones y multas en contra de UBER porque ese servicio no estaba dentro del Reglamento de las ERT’s, el diputado Alejandro Hermosillo saltó en su defensa y aseguró que aunque no quedó establecido en la ley, la propuesta fue de que el servicio se pudiera brindar hasta un número de 8 pasajeros al mismo tiempo y argumentó que lo que no está prohibido en la ley, está permitido.

Hoy, después de la tragedia ocurrida en Puebla con el asesinato de Mara, quien presumiblemente fue asesinada por un chofer de Cabify que tenía antecedentes penales al haber sido acusado de actuar como “guachicolero” y quien había sido despedido de la plataforma de Uber por mala conducta, la postura del diputado Alejandro Hermosillo cambió radicalmente y hoy sí exige todo tipo de controles para las empresas para las que ayer exigió manga ancha en el servicio que brindan.

Hoy, Alejandro Hermosillo busca obligar a las Empresas de Redes de Transporte (ERT) a protocolos de seguridad; condiciones específicas para contratación de choferes, implementar botones de pánico y que se hagan responsables del trayecto de todos los conductores.

Hoy propone el diputado Hermosillo González una iniciativa de reforma a la Ley Uber mediante la que se obligará a que haya un Padrón Estatal de Choferes para todas las modalidades de transporte.

Hoy el joven legislador plantea que se finquen sanciones de tipo civil, administrativas y económicas a las ERT’s como ya lo están haciendo ciudades de Estados Unidos, para pegarles en donde les duele, en sus bolsillos.

Hoy el diputado naranja exige que las ERT’s tienen que hacerse responsables del trayecto y falta de seguridad de los usuarios.

Hoy el diputado por el distrito 8 propone que haya por parte de las empresas, monitoreos de viajes especialmente cuando se trate de mujeres.

QUE SE SIENTEN CON NOSOTROS ANTES QUE SE TERMINE LA PACIENCIA: ARISTÓTELES

El Gobernador del Estado de Jalisco fue claro y contundente con Uber, ya no hay pretextos para no regularizar su servicio y así poder brindar mayor seguridad tanto a usuarios como a operadores.

Estas plataformas, las que cooperaron, qué bueno, y los que no desde ahorita les digo: más vale que se sienten con nosotros antes de que se me acabe la paciencia, porque no vamos a tolerar ni vamos a permitir que bajo argucias legaloides quede la incertidumbre, la falta de certeza, calidad en el servicio y, sobre todo, seguridad para los usuarios. Necesitamos abordar el tema a la brevedad, que tengamos transparencia, información, de cuántos y dónde están, quiénes son”, advirtió el mandatario estatal durante la sesión de trabajo realizado en Casa Jalisco.

Sandoval hizo el llamado a Uber a sostener una audiencia con la autoridad cuanto antes, sobre todo, para beneficiar a los choferes que prestan el servicio diariamente.

 “Porque no es posible que sean los dueños de la plataforma los que se están enriqueciendo a costa de los propios choferes, a costa de la propia gente que está teniendo un vehículo y ellos no sean responsables absolutamente de nada”, explicó el Gobernador.

Eso no lo vamos a tolerar en Jalisco, creo que ya fue mucho, más de ocho ocasiones que se ha diferido la audiencia”, en relación al amparo que interpuso Uber.

Recientemente terminó el registro de las plataformas de los denominados taxis ejecutivos, y sólo cuatro empresas completaron el trámite: CityDrive, Cabify, Easy Taxi y SiggoDrive; Uber recurrió al amparo para operar sin cumplir la regulación e intentar introducir el servicio en Puerto Vallarta.

 Aristóteles hizo el anuncio durante la sesión de la Comisión de Transparencia para el Registro de Taxis y Empresas de Redes de Transporte (ERT), en la que también se entregaron los resultados del empadronamiento de taxis tradicionales en el Área Metropolitana de Guadalajara.