REPORTAJES
Después de una manifestación llenan de promesas a jubilados del IPEJAL

Por Mario Ávila //
Mejor no habían podido ser los resultados para los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), después de la manifestación que efectuaron en el centro de la ciudad el pasado martes 16 de julio, ya que iban con un pliego petitorio de 14 puntos y se regresaron con decenas de promesas.
Les pagarán un bono, les bajarán las tasas de interés, les aumentarán los montos en los préstamos, les bajarán el pago de las mensualidades, invertirán 200 millones de pesos en medicamentos, construirán, clínicas y hospitales, se abatirá el rezago de 1 mil 300 cirugías, meterán a la cárcel a los defraudadores y ya no harán malas inversiones, ni se pondrán en riesgo los recursos de los trabajadores afiliados al IPEJAL.
Pero también les prometieron que crecerán sus pensiones por arriba de la inflación y que dotarán a las unidades de medicina familiar de equipos de hemodiálisis y unidades de laboratorio especializada, entre otras acciones que ofreció la autoridad estatal, con la condición de que levantaran el bloqueo que por 4 horas efectuaron en las principales calles del centro de Guadalajara, cerca de 500 trabajadores jubilados y pensionados que laboraron en su vida activa para alguna dependencia del Gobierno del Estado, para algún municipio o para algún organismo público descentralizado.
Este compendio de promesas, fueron anunciadas por Juan Flores Vázquez, integrante del Movimiento 19 de Abril de Jubilados y Pensionados de IPEJAL, una vez que terminó la reunión en Palacio de Gobierno con las autoridades estatales.
Señaló con júbilo que se consiguieron respuestas a la mayoría de los 14 puntos del pliego petitorio que le entregaron a los representantes del Poder Ejecutivo, en la persona del secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, en un encuentro en el que también estuvo el Subsecretario de Asuntos del Interior, José Manuel Romo Parra y el director general del IPËJAL, Iván Argüelles Sánchez, entre otros.
Montado en la escalinata del kiosco de la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, Juan Flores mencionó: “Acordamos que van a ver la posibilidad de que se nos dé un bono en forma retroactiva, intentando resarcir ese 3.32% que fue la diferencia al índice de inflación anual; y que si no podían resolverlo en un mes, se pagará en enero próximo, pero el bono es un hecho que se acuerda”, explicó con cierto tono de orgullo.
“Una de las demandas que nosotros habíamos planteado desde el año pasado al gobierno era un incremento al monto que se nos había asignado el año pasado, que se nos asignó como el 3.38 cuando el índice inflacionario fue arriba de 6%, entonces esa fue la demanda que empezó a promover este movimiento, en ese sentido estuvimos discutiendo cuál va a ser la opción y acordamos que van a estudiar la posibilidad de que se nos dé un bono con retroactividad, intentando resarcir ese 3.32% que fue menor a lo que nosotros demandamos que tendríamos que tener asignado de acuerdo con la ley”, expresó.
MOVILIZACIÓN PRODEFENSA DEL PATRIMONIO DE IPEJAL
Todo empezó la mañana del pasado martes a las 9 horas, cuando los integrantes del Colectivo ProDefensa del Patrimonio de IPEJAL se empezaron a concentrar en el Parque de La Revolución, para después bajarse al arroyo de la calle Federalismo, bloqueando los cruces de esa importante arteria, con Juárez, Pedro Moreno, Morelos e Hidalgo.
Llegó después una ruidosa banda y al filo de las 11 de la mañana determinaron enfilarse al centro de Guadalajara en sentido contrario por la avenida Juárez, hasta llegar a la calle Corona y de ahí a Palacio de Gobierno, pero la avenida Juárez permaneció cerrada desde la Calzada Independencia a Federalismo, hasta que terminó la negociación al filo de las 14 horas.
Previamente a la manifestación, el Colectivo había tenido contacto con algunas fracciones parlamentarias del Congreso del Estado y habían acordado algunas acciones, que ese día se convirtieron en iniciativas. En concreto plantearon: Que se proponga un comité de riesgos financieros, mismo que deberá estar integrado con personal que tenga perfil en el ámbito financiero, expertos en negocios internacionales, que tengan una amplia experiencia tanto en las finanzas públicas como en la iniciativa privada. Para evitar inversiones riesgosas.
Que la ley contemple, el castigo que se aplicará a los funcionarios del IPEJAL, que violen la ley o caigan en actos de corrupción; que se contemple la representación de los jubilados en el Consejo Directivo, son 35 mil jubilados y no se tiene una representación real y que se estimule cada año, con 45 días de sueldo, a los trabajadores que teniendo derecho a la jubilación, decidan permanecer activos.
Y una vez que el caos vial se había agudizado, una comisión de las organizaciones manifestantes, fueron recibidos por el secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza; el Sub Secretario de Asuntos del Interior, José Manuel Romo Parra; el director de IPEJAL, Iván Argüelles Sánchez y los diputados locales, Javier Romo Mendoza e Ismael Espanta Tejada.
Y tras la entrega de un pliego petitorio que enlista 14 puntos que comprende sus demandas y propuestas en relación al IPEJAL, se inició la discusión y dos horas más tarde llegaron los acuerdos:
1.- Se otorgará un bono para resarcir el adeudo obtenido en el 2018, mismo que se analiza si es posible la entrega durante este año, por lo cual con fecha 16 de agosto se informará de dicha posibilidad, de lo contrario se otorgará el bono en el 2020. El incremento del próximo año se realizará en base al índice inflacionario más un punto porcentual.
2.- Se acordó llevar a cabo una reunión dentro de los próximos 13 días en conjunto con el IPEJAL y Congreso del Estado, Auditoría Superior del Estado, para informar y analizar los avances que presente la auditoría externa que se está desarrollando.
3.- Se informará del procedimiento de las investigaciones de las denuncias referentes a los manejos financieros del IPEJAL, así como se llevarán a cabo acciones para proceder a aplicar la nulidad de los convenios y contratos que están afectando las finanzas del Instituto.
4.- Se iniciará un programa gradual para satisfacer la demanda en materia de servicios médicos, así como abrir espacios como clínicas y hospitales para brindar la atención. Por igual se dotarán a las UNIMEF con equipos de hemodiálisis y unidades de laboratorio especializadas. A más tardar el día 30 de julio se invertirán 200 millones de pesos para la compra de medicamentos.
5.- Se incrementará el alcance para el préstamo hipotecario a partir del 1 de agosto, del préstamo de liquidez se incrementará de 5 a 7 años y se utilizará un solo crédito para el préstamo hipotecario con mayor alcance y plazo.
6.- Disminución de las tasas de interés de los créditos hipotecarios de por lo menos el 1% más barato que la oferta comercial sobre el CAT, para que sean competitivas con el mercado.
7.- Se creará una partida especial a partir de próximo presupuesto donde podrá ser identificado el uso y montos del Fondo de Garantía, con transparencia, rendición de cuentas y sus resultados.
8.- Se dará la aplicación de un incentivo económico anual para favorecer la permanencia de los afiliados en activo, que se aplicará a partir de septiembre de este año, mismo que se entregará al término del año cumplido de antigüedad. La propuesta es que sea de un mes de sueldo.
9.- Se consultará con el Consejo Directivo de IPEJAL la posible integración de un observador del Colectivo, a las reuniones del Consejo Directivo de IPEJAL y el 16 de agosto se dará respuesta a esta solicitud.
10.- Se subirán las minutas de acuerdo independientemente de la firma de las actas del Consejo, al término de las mismas y demás documentos que transparenten y brinden cuentas de las diferentes áreas de IPEJAL.
11.- Se realizarán en el Congreso del Estado foros incluyentes para el análisis y reforma a la Ley y el Reglamento de IPEJAL, con la concurrencia del Ejecutivo, Legislativo y afiliados activos y jubilados.
12.- Se mantendrá una mesa de trabajo permanente, dirigida por la Subsecretaría de Asuntos del interior, con representación del Poder Legislativo. Directivos de IPEJAL y el Colectivo en Pro de la Defensa del Patrimonio de IPEJAL, cuyos acuerdos serán suscritos por el secretario general de Gobierno.
13.- Se realizará la próxima reunión de las entidades con el Colectivo, el miércoles 14 de agosto del 2019.
LA OTRA LISTA DE DEMANDAS QUE SE OMITIÓ
Sin embargo, en el camino de Federalismo a Palacio de Gobierno los manifestantes plantearon otra serie de inconformidades que no tuvieron cabida en el pliego petitorio y de las que los representantes del Colectivo no rindieron cuentas.
Entre ellas destaca el dar marcha atrás a la determinación de Iván Argüelles. de inflar la nómina, creando nuevas plazas y otorgando aumentos de sueldo a los mandos altos del IPEJAL que llegaron hasta el 76%.
También se planteó revertir la pensión de quien fuera líder de la sección 47 del SNTE, Arnoldo Rubio Contreras, que de 104 mil pesos al mes creció a 156 mil pesos mensuales, gracias a la intervención de su hijo, Arnoldo Rubio Cárdenas, que participó proponiendo y aprobando el incremento de su padre, en su calidad de representante del gremio magisterial.
Tampoco se dio seguimiento a la propuesta de que los 35 mil jubilados tuvieran un asiento que los representara en el Consejo de Administración de IPEJAL y ya adentro de la reunión nunca se mencionaron los nombres que en la calle fueron satanizados y contra los que se exigía cárcel inmediata, entre ellos los exgobernadores Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, el expresidente del Consejo de Administración, Francisco Ayón López y los representantes de los trabajadores, Arnoldo Rubio Cárdenas y Juan Pelayo Ruelas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 811: Jalisco ante el desafío judicial: ¿Diálogo o revanchismo político?
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/


Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
JALISCO
Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público

– Por Francisco Junco
La reciente sesión extraordinaria del Congreso del Estado para abordar la Reforma Judicial en Jalisco ha puesto bajo la lupa a los legisladores, donde universidades, organismos académicos y actores sociales y los propios representantes legislativos coinciden en la necesidad de un debate abierto, transparente y técnicamente sólido.
Académicos, periodistas e instituciones coinciden en que cualquier cambio al Poder Judicial en Jalisco debe construirse con participación amplia y con respeto al pluralismo que define al estado.
Las universidades han subrayado que la reforma judicial no puede limitarse a una maniobra legislativa, por ejemplo la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) expresó su preocupación por la falta de un debate público y amplio, y exhortó a que los legisladores escuchen a la sociedad civil y a expertos académicos antes de aprobar cambios transcendentes.
Por su parte, académicos de la Universidad Panamericana (UP) señalaron que varias recomendaciones técnicas quedaron fuera del dictamen, y enfatizaron que los procesos de selección de jueces deben incluir criterios de transparencia, profesionalización y participación ciudadana.
Para profundizar en estas apreciaciones, el periodista y académico Gabriel Torres aseguró que lo ocurrido en el Congreso del Estado, no es sólo un episodio legislativo, sino un reflejo de un modo de gobernar que ha renunciado a la política como arte de la negociación.
Desde su visión, el Ejecutivo ha asumido que “el Congreso es un accesorio irrelevante, un espacio al que basta con convocar para solamente levantar la mano y convalidar lo ya decidido”.
Gabriel Torres subrayó que la reforma “retrata la ausencia de interlocutores políticos capaces de leer el contexto de pluralismo expresado en las pasadas elecciones, y construir los puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”.
El periodista observó que, paradójicamente, la falta de operación política del oficialismo propició la convergencia de rivales históricos. “Cuando al fin voltearon a buscar a la oposición, descubrieron que no llegaba… porque ya estaba ahí, hecho bloque, aguardando en silencio su turno en la reforma”, señaló, describiendo la estrategia pasiva de la oposición como respuesta al desdén del partido en el poder.
Para él, la torpeza en la operación política fue “el pegamento de esa alianza inédita” entre PAN, PRI y Morena, además sostuvo que el resultado de la sesión fue contrario a lo esperado por el oficialismo.
“Frente a la imposición, la oposición decidió ejercer lo que la Constitución les confiere, retomar su condición de legisladores de Jalisco, su función de contrapeso constitucional del poder”.
En su análisis, la reforma judicial no solo es un asunto técnico, sino una prueba de la salud de la democracia local y de la capacidad de diálogo entre poderes.
Y es que el pasado 7 de octubre los legisladores fueron convocados para la sesión extraordinaria, convocada para la primera lectura del dictamen previamente aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.
El Pleno recibió las siete iniciativas relacionadas con la reforma, entre ellas la presentada por el gobernador, los grupos parlamentarios y el propio Poder Judicial. La sesión permitió que todos los legisladores conocieran el contenido del dictamen y remitieran sus comentarios a la Comisión de Seguridad y Justicia.
Durante la sesión, Movimiento Ciudadano denunció un “madruguete”, cuestionando la rapidez del trámite y la supuesta falta de parlamento abierto.
Por su parte, las fracciones de Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro defendieron que el procedimiento cumplía con la normativa interna, y destacaron que Jalisco llevaba un retraso significativo en la armonización de su reforma judicial respecto a otras entidades federativas.
El bloque opositor hizo notar la importancia de la negociación y la construcción de consensos, recordando que la mayoría relativa no garantiza hegemonía política.
Las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, pero marcaron distancia respecto al modo en que se había gestionado la convocatoria y el debate.
Un elemento destacado fue el documento conjunto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, donde los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, subrayaron la necesidad de diálogo directo y respetuoso con todas las fuerzas políticas.
En el texto, se precisa que los presidentes de los Grupos Parlamentarios suscribientes “manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un Poder Judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del Estado de derecho”.
El documento recuerda que el Congreso recibió siete iniciativas y que el dictamen se encuentra en la etapa final del proceso legislativo, por lo que cualquier discusión sobre su contenido debe canalizarse entre la primera y segunda lectura, respetando la división de poderes y el conducto formal de la Jucopo.
Durante los días posteriores, los partidos mantuvieron posiciones diferenciadas. Movimiento Ciudadano insistió en que la reforma no podía aprobarse sin un parlamento abierto y sin consultas técnicas adicionales. PAN, PRI, PT, Morena, Hagamos y Futuro defendieron que el dictamen es resultado de consensos previos en comisiones y que el procedimiento cumple con los plazos legales, aunque admitieron que la discusión pública sigue siendo relevante para legitimar el proceso.
Las universidades continuaron con sus llamados. La UP enfatizó que ciertos mecanismos como la “3 de 3” para jueces no estaban contemplados, mientras que la UNIVA reiteró la importancia de foros académicos que permitan debatir las reformas en términos de transparencia y participación ciudadana.
La UdeG aportó análisis comparativos con buenas prácticas nacionales e internacionales, insistiendo en la profesionalización y evaluación de quienes imparten justicia.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus respondió formalmente a los coordinadores de Jucopo, señalando que el Congreso es el conducto del diálogo y que cualquier propuesta será analizada entre la primera y segunda lectura.
En su comunicación, subrayó que Jalisco debe contar con un Poder Judicial que atienda demandas sociales y refuerce el Estado de derecho, y se muestra dispuesto a acudir al Palacio Legislativo para continuar las conversaciones.
“Quiero lanzar un mensaje muy claro a todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Abrir una mesa de diálogo con su servidor…e iniciar una especie de parlamento público de discusión en torno al Poder Judicial…que no solamente estén incluidos el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, sino también la sociedad en general, las universidades y los colegios de abogados”, señaló el mandatario.
Y agregó que una de sus propuestas es que “las universidades públicas y privadas de nuestro estado puedan evaluar y aplicar el examen a las y los candidatos, y que obtengan una calificación mínima de ocho”.
Organismos como Coparmex Jalisco y Jalisco Cómo Vamos han insistido en que el debate debe ser transparente, técnico y participativo. Han señalado que la reforma debe fortalecer la independencia judicial y la profesionalización, evitando tintes políticos que puedan minar la confianza ciudadana.
Lo cierto es que la reforma judicial en Jalisco enfrenta una encrucijada, avanzar con rapidez en un escenario político plural, o retrasar el trámite para garantizar la legitimidad y la participación de todos los actores. La convergencia inédita de partidos históricos refleja que la política de oposición puede emerger como contrapeso cuando la operación política oficial falla.
La soberbia del partido en el gobierno, señaló Gabriel Torres, de los operadores que no le ayudan en absoluto al gobernador, “terminó por revitalizar a sus adversarios. Y que, al final, un Congreso tratado como accesorio decidió, saludablemente, recordarle al Ejecutivo que sigue siendo un poder constitucional independiente y con la facultad de resolver, sin tutelas externas, una reforma que ya acusa atraso importante en Jalisco”.
Las universidades, los organismos civiles y los partidos esperan que la discusión no se limite a maniobras políticas, sino que sea un ejercicio de construcción colectiva de justicia.
MUNDO
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez

– Por Raúl Cantú
Oaxaca, Oaxaca. Octubre 12. En el marco del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras, Alma Chávez Guth, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y de Víctimas de Violencia Vial AC, lanzó un emotivo llamado a la acción contra lo que describió como una «pandemia» silenciosa que azota a miles de familias en México y la región.
Fundadora de varias organizaciones clave en movilidad segura, Chávez Guth enfatizó el costo humano de los siniestros viales, recordando que detrás de las cifras hay vidas irreparables y un dolor que une a víctimas de todo el continente.
Alma Chávez Guth, quien asumió la presidencia de FICVI en mayo de 2023, es una figura central en el activismo vial mexicano. Miembro fundador de los Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Transporte de Jalisco, presidenta de Reacción por la Vida y parte de la Coalición Movilidad Segura –que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial–, ha dedicado su labor a visibilizar a las víctimas.
«La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren cada año miles de familias en nuestro país y en este estado. Es una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo de las instituciones», afirmó ante autoridades, especialistas y familias afectadas reunidas en Oaxaca.
Fundada en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, FICVI agrupa a organizaciones de toda Iberoamérica unidas por el dolor compartido. Chávez Guth destacó la presencia virtual y presencial de aliados como PIDO Urgente (Brasil), Fundación de Miles (Chile), A Convivir (Costa Rica), ESTOS Accidentes (España), Pacífico Guatemala, Fundación Mónica Nicola y Reconocer (Panamá), RED de Unión (Uruguay), Mano Vive (Perú), Gabi Bici Blanca (Oaxaca), Víctimas de Violencia Vial (Jalisco), y nuevas incorporaciones como Gabi (Paraguay), Ángel Río (Colombia), Karina Winfield y Alejandro (Argentina), entre otros.
«En distancia estamos unidos, pero estos eventos son importantísimos», expresó, rindiendo homenaje a Jean Picard, fundadora española que, tras perder a su hijo Santiago, «quiso abrazarnos hace 15 años y formarnos esa guía de esperanza: si bien nuestros seres queridos no regresan, sí podemos evitar el sufrimiento en otras familias».
El impacto de los siniestros viales es devastador, según datos citados por la presidenta: más de 110,000 muertes anuales en América Latina y el Caribe, cinco millones de lesionados –muchos con discapacidades permanentes–, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y segunda en jóvenes adultos. En México, representa el 2.6% del PIB.
«Cada número en la estadística representa una vida, una historia, un ser humano querido. Detrás de la cifra están las personas, nuestra memoria. Las familias quedan rotas y con los brazos vacíos; no podemos abrazar más a nuestros hijos, padres o hermanos», lamentó, reconociendo la labor de colaboradores como Héctor de Agostina (consultor y padre víctima) y su equipo técnico.
«En medio de la adversidad hay una fuerza inquebrantable que nos impulsa a buscar soluciones y luchar por un cambio real», concluyó Chávez Guth, invitando a convivir en el dolor y el amor colectivo. «Nadie sufre en paz lo que hemos vivido.
Los abrazamos desde el FICVI del corazón». Su mensaje resuena como un urgente recordatorio para instituciones y gobiernos: la movilidad segura no es opcional, sino un derecho humano que exige solidaridad inmediata para prevenir más tragedias.
En el mismo evento, Esther Soto, vicepresidenta de FICVI y coordinadora del Colectivo Gabi Bici Blanca –víctima directa tras perder a su hermana Gabriela en 2020–, agradeció el apoyo de Fundación Mapfre, Semovi Oaxaca y la Fiscalía local, enfatizando la invisibilización histórica de las víctimas y el compromiso cívico para redesignar ciudades más humanas.
El foro, organizado por Gabi Bici Blanca, busca propuestas concretas hacia una «Visión Cero» en muertes viales, alineada con agendas globales de sostenibilidad.
PATRICIA MERCADO
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en los últimos siete años le ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil por la movilidad segura, y como parte de ellas, con víctimas de siniestros viales.
“Con un modelo de diálogo permanente con autoridades, grupos parlamentarios, organismos expertos, logramos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahora ese modelo ayuda a ir por nuevos objetivos, como quedó claro en el 8vo Foro iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial, realizado en Oaxaca”, publicó Patricia Mercado en sus redes.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
En la apertura del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial hacia Ciudades mas Seguras y Humanas organizado por el colectivo Gabi Bici Blanca, miembro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, se abrió el foro internacional con un llamado a reflexionar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y justicia para víctimas de siniestros.
Autoridades, especialistas y familias se reunieron para proponer acciones que salven vidas y humanicen las calles.
EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN MAPFRE EN MÉXICO
La moderadora presentó a Mónica Aguirre, representante de Fundación Mapfre en México –licenciada en administración de empresas, con 13 años en la institución y experta en iniciativas sociales– quien enfatizó el compromiso compartido.
En su mensaje destacado, Mónica Aguirre expresó: «Es un honor representar a Fundación Mapfre, donde compartimos el objetivo de una movilidad más segura, justa y sostenible. Hemos trabajado con firme compromiso social para prevenir siniestros viales mediante programas educativos, campañas de concienciación y herramientas innovadoras”.
“Nuestro labor se centra en formación, comunicación, cooperación e innovación. Creemos que la educación vial debe iniciar en la infancia con propuestas didácticas sencillas que simulen situaciones reales, formando ciudadanos seguros y responsables desde temprana edad. Gracias por incluirnos en este foro.»
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN OAXACA
Jesenia Nolasco Ramírez, titular de Semovi Oaxaca, saludó en el foro a aliados como Patricia Mercado y Fundación Gabi Bici Blanca, agradeciendo la invitación y reconociendo el espacio para reflexionar sobre movilidad sustentable y ciudades seguras.
Desde el gobierno de Salomón Jara Cruz, enfatizó la movilidad multimodal como sistema integrador (peatonal, ciclista, público y motorizado) seguro y accesible. En Oaxaca, impulsan el Sistema Integrado de Transporte BinniBus (7 rutas operativas de 35, beneficiando 24,000 usuarios, culminando en enero); Senderos de Paz (manual para 570 municipios); Oaxaca Camina (calles peatonales en centro histórico); y Calles para la Paz, fomentando vialidades humanas.
«Que este encuentro promueva diálogo iberoamericano y provecho para todos; disfruten Oaxaca», puntualizó.
MENSAJE DE ESTHER SOTO: “LA VIOLENCIA VIAL ES EVITABLE, NO ES UN ACCIDENTE”
Esther Soto, creadora del Colectivo Gabi Bici Blanca, presentó un mensaje muy emotivo al iniciar los trabajos del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras.
“En la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y en Gabi Bici Blanca, trabajamos desde la experiencia más dura: la pérdida. Yo estoy segura que cada persona que hoy nos acompaña de alguna manera ha conocido de cerca el dolor de ver una vida apagada en segundos, y sé también de la lucha diaria para que esa historia no se repita.
Hoy estamos aquí porque compartimos una certeza: la violencia vial es evitable. No es un “accidente”, no es una casualidad. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— que se toman cada día en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, en las oficinas donde se diseñan las calles… y también en nuestras manos, como sociedad.
Este foro nace inspirado en la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que este año se celebró del 12 al 18 de mayo de 2025 bajo el lema «#CaminaSeguramente #CiclismoSeguro», centrándose en la creación de calles seguras para peatones y ciclistas.
Hoy damos continuidad a esa semana, no solo con un nombre, sino con un compromiso: que nuestras calles sean más seguras, más justas y más humanas.
Y antes de comenzar con la jornada de trabajo, quiero que nos detengamos un momento para recordar por qué estamos aquí: Estamos aquí por cada hijo, hija, hermana, madre, padre, amigo o amiga que salió de su casa y nunca regresó a causa de la violencia vial. Sus vidas importaron, y siguen importando. Su alegría, sus sueños, sus luchas, hoy son también nuestras.
Y porque la memoria no debe ser silencio, sino fuerza y energía, les invito a que honremos a todas las víctimas con lo que ellas mismas nos dieron en vida: alegría, amor y esperanza.
Les pido ponernos de pie y regalarles un fuerte aplauso, para que el eco de sus nombres siga vivo en este foro, y para que nunca olvidemos que su ausencia es nuestro mayor motivo de acción.
(— Minuto de aplausos —)
Gracias.
Comencemos la jornada de trabajo que nos convoca a todas y todos: víctimas, familiares, activistas, académicos, autoridades y ciudadanía. Aquí no hay jerarquías más importantes que la vida misma. Aquí, lo que nos une es una sola convicción: ninguna muerte vial es aceptable, ninguna familia debería pasar por este dolor. Por eso este foro es un llamado urgente a la acción. Queremos calles que no sean trampas mortales, queremos gobiernos que pongan la vida en el centro de cada decisión, queremos una sociedad que entienda que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano.
Con esa fuerza, con esa esperanza y con esa memoria que se hace acción, queda inaugurado el 8º Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial.
NACIONALES
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto

– Por Raúl Cantú
Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.
La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.
Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.
El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.
La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.
UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL
La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.
El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.
Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.
Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.
En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.
El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.
Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.
Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.
HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO
La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.
Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.
Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.
Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.
La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.
MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”
La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.
Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.
A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.
A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.
Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.
Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.
Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia
A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.
A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.
A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.
A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.
A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.
A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho
A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.
Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.