Después del incendio en Los Laureles replantean ambientalistas sus nexos con Alfaro

Por Mario Ávila //

Los miembros de la agrupación ambientalista Un Salto de Vida A. C., habían aceptado ser parte de un proceso de construcción conjunta con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pensando en que iban a cambiar las cosas de manera seria y en beneficio del medio ambiente, pero a raíz del tratamiento que se le ha dado al incendio del basurero de Los Laureles y a la negativa del mandatario a cerrar el vertedero, hoy la relación se replantea.

De ello habla Alan Carmona Gutiérrez, licenciado en Economía en Gestión Ambiental por la UdeG y miembro de la agrupación ambientalista nacida en las comunidades de los municipios de El Salto y Juanacatlán, quien lamenta que los dos temas que más les interesan, el saneamiento del Río Santiago, el más contaminado de México y el cierre del tiradero de Los Laureles, no se atiendan con eficacia.

Lo primero que les inquietó fue ver la actitud del Gobierno del Estado, principalmente a través de la Secretaría del Medio Ambiente “con la opacidad, al no dar información oportuna y con las declaraciones del gobernador haciendo declaraciones adelantadas de que no se va a cerrar el basurero, creemos que no está habiendo seriedad al momento de plantear una estrategia para recuperar el medio ambiente”.

De ahí que se adelantan y advierten que la siguiente acción será una denuncia penal a nivel federal por las afectaciones que ha dejado el basurero a lo largo de los años, así como también por la contaminación del agua, “ya que no tienen un buen control de sus lixiviados y por la parte trasera que da hacia la barranca y hacia el Río Santiago hay escurrimientos permanentes de los jugos de la basura que son bastante tóxicos, porque llevan cromo, mercurio, níquel, incrementan el ph del río y aumentan los sólidos suspendidos. Todo eso ya está documentado debidamente”.

En concreto sobre el proyecto de saneamiento para el Río Santiago, Alan Carmona expuso que han cuestionado bastante este proyecto. “Hemos participado en algunas mesas de trabajo con la Secretaría del Medio Ambiente que son algunos de los responsables de la estrategia y les hemos dicho de las grandes lagunas que tiene su proyecto; ellos han estado supuestamente abiertos, pero el tema de los basureros no lo han querido tocar. Cómo puede ser que quieran recuperar el Río Santiago cuando no solo Los Laureles, sino Picachos tienen escurrimientos de lixiviados que van directamente al Río Santiago, aquí a través del arroyo de Los Laureles y en el caso de Zapopan mediante el río Milpillas”.

Por ello creemos -dijo-, que no hay seriedad de su parte al no querer entrar de lleno ni con el tema de los basureros ni con las empresas del corredor industrial de El Salto, ellos se están enfocando en el tema de las descargas agropecuarias, que claro que son muy importantes y hay que atenderlas, eso lo reconocemos, pero sobre los más grandes contaminadores no hay nada claro, nos están presumiendo que hay ahí unas nuevas sanciones por parte de PROEPA, pero a cuerpos de agua estatales y el río Santiago es un cuerpo de agua nacional.

“Hay avances, está bien, lo reconocemos, pero también hay muchas trampas y no se le está queriendo entrar a fondo con las empresas grandes sobre todo”, expuso Alan Carmona, integrante desde el 2012 de la asociación civil Un Salto de Vida.

Un Salto de Vida, A. C. nace en el año 2006 justamente para demandar el cierre del tiradero de Los Laureles, postura en la que fueron apoyados por la entonces secretaria del Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro y el saneamiento de las aguas de la cuenca del Río Santiago.

Y abunda Carmona Gutiérrez: “Somos pobladores de los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que decidimos organizarnos tratando de encontrar respuestas a la depredación ambiental impuesta que sufrimos; por acción u omisión de las empresas y los gobiernos. Apostamos a la economía social, es decir somos una agrupación sin ánimo de lucro y sin jefes. Es ‘asociativa’ porque tiene socios comprometidos que colaboran con trabajo, dinero o en especie. Practicamos el ecologismo de los pobres; estamos en esto por solo limpiar el hábitat, conservar la vida, y vivir en paz. A la par trabajamos en gestionar la autonomía para nuestras vidas y comunidades, es decir sin partidos políticos, gobiernos, empresas o instituciones”.

Y DESPUÉS DE UN INCENDIO…

Tras el incendio en el tiradero de basura de Los Laureles, a decir de Alan Carmona lo que debió haberse dado era una clausura total o cuando menos parcial y así lo fundamenta: “La Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco en su artículo 86 habla de contingencias y daños graves al medio ambiente y dice que para empezar, se deben detener las actividades que se llevan a cabo en el lugar de la contingencia y no lo hicieron, es decir violaron la ley ya que siguieron tirando basura mientras se mantenía el incendio en el vertedero, y eso lo pueden comprobar todas las personas que estuvieron ahí”.

“En segunda instancia lo que debieron de hacer es una clausura ya sea provisional, temporal, parcial o total, eso dependía de los resultados de la investigación, pero debieron haber clausurado y no lo hicieron. Y lo que es peor, a Enrique Alfaro cuando se le cuestiona si se van a cerrar Los Laureles, él tajantemente dice que no se va a cerrar, cuando ni siquiera se han cubierto los procedimientos de investigación por parte de la Procuraduría”, explica Alan Carmona, licenciado en Economía en Gestión Ambiental por la Universidad de Guadalajara.

Refiere que este incendio es mucho más preocupante que el de La Primavera en términos de salud y en daño a la calidad del aire, “porque es basura, porque ni idea tenemos de qué es todo lo que hay ahí, lo que sale de nuestras casas, lo que llega de las empresas privadas y de algunas industrias; todo incendiándose y la Secretaría del Medio Ambiente no tiene aparatos para medir el daño al aire, Sergio Graf se comunicó con nosotros para decirnos que iba a hacer lo posible por conseguir algunas estaciones de medición; es ridículo que no cuente con tecnología para tener claro, con un monitoreo preciso para saber de qué tamaño fue el impacto a la calidad del aire durante el incendio. Hicieron una petición a la Universidad de Guadalajara para ver si le podría prestar algunos aparatos que midieran lo que se estaba generando del incendio, pero la UdeG los tiene en uso y en otras partes del Estado”.

Carmona Gutiérrez, miembro de la asociación civil Un Salto de Vida, recuerda que las quejas que ya están presentadas, son ante a CEDHJ y se acompañó de más de 3 mil firmas de vecinos del tiradero de Los Laureles, que se recabaron en solo 2 días “y nos dijeron que como había hechos que le corresponden al ámbito federal, ahí mismo nos ayudaron para hacer también otra queja ante la Comisión Nacional, que por cierto ya quedó presentada”.

Una queja más que se interpuso fue ante Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), aunque de momento sólo vía telefónica el mismo día del incendio del vertedero Los Laureles, al día siguiente se hizo llegar por escrito, pero solo a través de un correo electrónico, porque el personal de la dependencia estatal está de vacaciones y se reintegran hasta el 29 de abril.

“Lo que nosotros necesitamos -dijo-, son los resultados inmediatos de la investigación y del peritaje que supuestamente se está llevando a cabo en la empresa, para ver qué fue lo que ocasionó el incendio, cuál fue la magnitud del siniestro y quiénes son los responsables. Lo que nos preocupa más, es que el gobernador da por hecho que no va a cerrar el basurero porque Guadalajara no tiene en dónde echar su basura más que en Los Laureles”.

Y abunda: “Este basurero, la gente debe saber que cumplió su vida útil hace 11 años en el 2008, pero por recursos y amparos que hizo la empresa se extendieron sus convenios con los ayuntamientos hasta el año 2033, pero de manera ilegal porque nunca han presentado un estudio técnico que determine cuál es su verdadera vida útil. Lo que hicieron en el 2015 fue intentar expandirse y se les negó el permiso en el 2016 con una respuesta contundente de la Procuraduría del Medio Ambiente en el gobierno de Aristóteles Sandoval, donde además se les explicó que ya estaban encima de las casas y la norma 083 dice que no pueden estar a menos de 500 metros y por eso se les negó el permiso de expansión y pese a eso, Enrique Alfaro en su calidad de alcalde de Guadalajara les firmó un contrato de extensión de los servicios por 15 años más para cederles el manejo del predio y para que siguiera recolectando la basura de la capital jalisciense”.
 

GOBIERNO FEDERAL, ALIADO O VERDUGO

Finalmente, Alan Carmona Gutiérrez expuso que dado que las instancias a las que habrán de recurrir en sus demandas son federales, no saben si el Gobierno Federal será su aliado o su verdugo, “y tenemos dudas porque también han evitado pronunciarse en temas vitales como el Río Santiago, que es el más contaminado del país y a 5 meses de iniciado su gobierno no le ha entrado al tema”.

Y en el caso de la recolección de basura, planteó: “No puede ser que la segunda ciudad más importante del país que presume de modernidad, de inversiones extranjeras, cuente con un modelo de gestión de residuos tan arcaico y obsoleto; Caabsa ha sido el gran responsable que ha presionado a los gobiernos, que los tiene maniatados con sus contratos mañosos y que no permiten que haya una gestión integral y sustentable en el manejo de los residuos sólidos”.

Esa debe ser la discusión -dijo-, no se trata de un hecho aislado, Los Laureles son el cuarto incendio en lo que va del año de basureros en el Estado, ya ocurrió en Degollado, en Ocotlán, en Zapopan y ahora en Los Laureles. Estamos hablando de un modelo insostenible que debe de cambiar si o sí.

Y finalmente -apuntó-, las soluciones que han ofrecido desde Caabsa, la construcción de más celdas ampliación de hectáreas en Los Laureles solo agravaría problema y es lo que ellos quieren hacer, aunque sea ilegal. El municipio de Tonalá no había entregado un permiso de uso de suelo porque los predios que compró Caabsa ya estaban contemplados en los planes parciales de desarrollo urbano, entonces cualquier modificación que hagan va a ser en contra de la legalidad, en contra del medio ambiente y principalmente en contra de nosotros, los vecinos y nosotros vamos a impugnar cualquier decisión que tomen.