REPORTAJES
Detrás de la aparente inconformidad ven boicot y sabotaje contra el INSABI: Juan Ferrer
Por Mario Ávila //
Para Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI, queda claro que con el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se brindarán servicios de salud en los 32 estados de la República, siempre y cuando se adhieran los estados de manera voluntaria a esta modificación a la Ley General de Salud, es decir nunca será una adhesión obligatoria.
Pero hay confianza en el funcionario federal: “A partir de que entró en vigor el Insabi me reuní con los 32 secretarios de Salud y con su equipo y platicamos todo sobre el nuevo modelo de salud y del esquema de financiamiento. Los 32 secretarios vieron que el modelo y el esquema de financiamiento es muy bueno para que se implemente en México, como una opción del modelo de salud nacional”.
No obstante, admitió que hay ciertas expresiones de molestia, pero puntualizó que a su juicio “detrás de toda esta aparente inconformidad, hay un boicot de quienes surten los medicamentos y que se ven perjudicados; hay también una campaña de desinformación como un acto de sabotaje en contra del gobierno”.
“Vimos -dijo-, que los medicamentos estaban empleándose en el país, aunque no todos, tenían un precio desmedido, no era un precio justo y lo que hizo el presidente fue ordenarle a la Secretaría de Hacienda que dirigiera los concursos de compra consolidada, con lo que claro que benefició el porcentaje de abasto de los medicamentos en favor de la gente”.
Y abundó: “Un dato más, cuando acusan de que no hay presupuesto, les digo que estamos manejando 72 mil millones de pesos, cada estado de este país aporta entre 4 mil a 6 mil millones de pesos y este año el presidente ordenó recursos adicionales de 40 mil millones de pesos más, es decir ya se cuenta con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y nos dicen que no hay dinero, pues porque ese dinero iba a parar a la iniciativa privada o un alto porcentaje en lugar de ir a la gente, iba a las empresas privadas”.
“Y hoy, el gran cambio es que estamos privilegiando que participe la iniciativa privada, sí, pero con precio justo y con producto de calidad. Y para eso está interviniendo la Cofepris, para que vigile que todo lo que se compra, las vacunas y los medicamentos, sean con la calidad requerida. No hay simulación, si la hubiera simplemente hubiéramos dejado que se siguiera haciendo lo que siempre habían hecho, estafar en todos los rubros el dinero de los mexicanos”, expuso el titular del Insabi.
En entrevista a través de Radio Fórmula, el funcionario federal respondió a quienes acusan de que el Insabi carece de sustento normativo, financiero y operativo: “Ya el Insabi está creado por la Ley General de Salud, hay instrumentos jurídicos como el estatuto orgánico que tiene 60 días para crearse, la Junta de Gobierno por ley tiene 30 días para instalarse, las reglas de operación se emiten a través del Fondo de Salud y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que se va a modificar, cuenta con 180 días y lo que hemos estado haciendo por instrucción del presidente, es acortar esos tiempos”.
“Se va a cumplir la palabra del presidente, se va a cumplir el artículo cuarto de la Constitución, se va a cumplir el artículo 77 bis de la Ley General de Salud que estable que tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, toda persona que se encuentre en el país y que no cuente con seguridad social.
“Hay una Ley de los Institutos Nacionales de Salud que en el artículo 54 se reformó el 26 de mayo del año 2000 para que se implementaran los cobros en la atención de ciertos padecimientos. A qué presidente (Vicente Fox Quezada) se le ocurrió cobrarle a las personas que no tenían seguridad social”, se preguntó.
Y precisó: “Lo que estamos cambiando fue lo que hicieron ellos mal, hoy salen a denostar y a decir que todo está mal, hoy estamos cambiando en favor de la gente, en favor de 69 millones de mexicanos que carecen de seguridad social. Ahora sí coincidimos con los conservadores de que la salud es un derecho humano de las personas y que nadie debe cobrar, así que les vamos a demostrar que la palabra de López Obrador se cumple, no vamos a cobrar por los servicios de salud a las personas sin seguridad social.
“La misma ley en el artículo 77 bis segundo párrafo, establece que las condiciones que permitan bridar el acceso gratuito, van a ser efectivo, oportuno, de calidad y progresivo, es decir, los que quieran ver que un modelo de salud tan desastroso como era el de este país, fragmentado en 32 entidades de la República, se componga en 14 días, deben tener claro que nadie lo hace, el mismo Seguro Popular que inventaron esos señores debió haber iniciado en 1994 y en el 2005 se adhiere el último estado y nace oficialmente el Seguro Popular, esto quiere decir que pasaron más de 10 años para que estos suscribieran los convenios de descentralización y hoy quieren que en 15 días esto ya esté instrumentado”, planteó.
Sobre la propuesta que anunciaron harán los gobernadores del PAN, Ferrer Aguilar, anticipó: “Escucharemos las propuestas, aunque ya me reuní con los 32 secretarios de salud de los estados, los oí y los temé en cuenta, estamos para ver que funcione el modelo de salud en favor de los mexicanos y si en algo tienen que aportar, se va a tomar en consideración, pero lo que sí puedo decir es que el modelo que estaban utilizando, es un modelo que no funcionaba, no es por ahí.
“Y doy ejemplos, cómo me dicen que el Seguro Popular funcionaba cuando en el 2014 que era su mejor momento, por cada mil niños nacidos vivos, se morían 36.6 mujeres, es decir que en ese año fallecieron 872 mujeres y de ellas 495 estaban inscritas en el Seguro Popular, lo que quiere decir que más del 56.8% estaban afiliadas al Seguro Popular y eso no lo digo yo, lo dice el Coneval en su indicador denominado ‘razón de mortalidad materna’.
“No es posible que estemos viviendo todo esto y digamos que estaba muy bien el modelo de salud en el pasado; el abastecimiento de medicamento en todo el país era del 60% como un máximo; no hay doctores y pasan hasta 5 o 6 meses para programar una intervención quirúrgica”, planteó el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.
NEGROS ANTECEDENTES DEL SEGURO POPULAR
Dentro de los negros antecedentes del Seguro Popular destacan las 36 denuncias penales en contra funcionarios en 18 estados de la República, entre ellos Jalisco, por un desfalco de más de 83 mil millones de pesos, que tendrían que ser destinados para servicios médicos de la población que carece de seguridad social.
El daño a las finanzas públicas del Seguro Popular, asciende puntualmente a 83 mil 250 millones 576 mil 40 pesos e involucra a funcionarios de 18 estados de la República, de acuerdo con las 22 denuncias interpuestas por ciudadanos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieron nuevas por corrupción en el manejo de recursos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 a 2016, con lo que suman 36 denuncias interpuestas contra funcionarios y exfuncionarios de estas entidades.
La última serie de demandas interpuestas ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular son por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.
Entre las irregularidades detectadas en los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron la base para las denuncias, se encuentran: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.
Esta es la segunda ola de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular por parte de Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. El martes 16 de octubre, interpusieron 14 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y Salud, así como tesoreros de siete estados: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En esta primera demanda, la cantidad demandada por irregularidades alcanzaba los 47 mil 345 millones 794 mil 169 pesos.
Y para tener una referencia del impacto global del dinero malversado, vale la pena recordar que en 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional y de acuerdo al anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno presentado por Enrique Peña Nieto, el gobierno federal reportó que en 2017 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud ejerció un total de 54 mil 046 millones de pesos que se transfirieron a las 32 entidades federativas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
JALISCO
Mensaje del gobernador en el Informe de Quirino: «Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro»
– Por Redacción Conciencia Pública
Mensaje del Gobernador Pablo Lemus en el Informe del Presidente Municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez.
Agradezco la oportunidad de estar aquí en Tlajomulco, un municipio que ha vivido una transformación notable gracias al trabajo de varias administraciones.
Quiero reconocer especialmente al presidente municipal, Quirino Velázquez, por su compromiso, capacidad de coordinación y respeto hacia lo que se ha construido en el pasado, proyectándolo hacia el futuro. Esto me llena de orgullo.
APOYO ANTE CONTINGENCIAS
Ayer enfrentamos fuertes lluvias en la región, similares a las que afectaron previamente a Tlajomulco. Gracias al trabajo preventivo de Protección Civil estatal y municipal, así como de las fuerzas de seguridad, logramos mitigar los daños.
Hasta esta mañana, se reportan 50 viviendas afectadas. He instruido al secretario general de gobierno, Salvador Zamora, un conocido y querido tlajomulquense, para que, a través del fondo estatal, se atienda a las familias afectadas con el apoyo necesario para superar esta inundación. No están solas.
Seguridad y coordinación intermunicipal
Hoy viajaré a la Ciudad de México para reunirme con la presidenta, el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad Pública. Invitaremos a Tlajomulco y Zapopan a participar en la mesa de seguridad nacional, junto con otros municipios clave como San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Esta coordinación nos permitirá seguir mejorando los índices de seguridad en Jalisco.
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
En materia de infraestructura, destaco los siguientes proyectos:
- Educación y universidad: Me entusiasma la propuesta de la Universidad de la Ciénega, presentada por la rectora. Este proyecto, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Tlajomulco, será una universidad técnica especializada. El terreno será donado por el ejido de El Zapote, y trabajaremos de la mano con la universidad para hacerlo realidad. Este es un compromiso claro para fortalecer la educación en el municipio.
- Transporte público y conectividad: Estamos avanzando en un sistema de transporte público intermunicipal. La carretera a Chapala se integrará al sistema de transporte masivo con un puente elevado que conectará con el Macrobús y permitirá llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, al centro histórico de la ciudad y a otros puntos clave. Este sistema incluirá 12 líneas de transporte público continuo, con estaciones estratégicas para facilitar la movilidad. Iniciaremos pruebas en agosto de 2026, con recursos federales de aproximadamente 3 mil millones de pesos, para conectar desde el aeropuerto hasta El Salto y otros municipios.
- Línea 4 del Tren Ligero: La construcción de la Línea 4, que conectará Tlajomulco con Guadalajara, está en marcha. Aunque hubo retrasos por la aportación federal y la renegociación de la concesión de la carretera, trabajamos con el Instituto Nacional de Movilidad para que esté operativa entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Inicialmente, funcionará con bandereros para regular el tráfico, pero estará al 100% de su capacidad para septiembre de 2026. Este es un compromiso firme.
- Carretera a Chapala y Camino Real a Colima: Estamos rehabilitando la carretera a Chapala con tres carriles por sentido, banquetas, ciclovías, luminarias y arbolado, para convertirla en una vía de primer mundo. De igual forma, el Camino Real a Colima recibirá una inversión de 200 millones de pesos para mejorar banquetas, alumbrado y vegetación, descongestionando el tráfico y mejorando la calidad de vida.
- Acceso al nuevo hospital del IMSS: Facilitaremos la conectividad al nuevo hospital regional del IMSS en Tlajomulco, con accesos viales y transporte público desde la Línea 4, para que los pacientes de cinco estados puedan llegar cómodamente.
- Aeropuerto Internacional de Guadalajara: Estamos trabajando con el presidente municipal de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional para crear un nuevo ingreso desde Arroyo Seco hasta Las Pintas, mejorando la conectividad y reduciendo la saturación en la carretera a Chapala.
COMPROMISO CON TLAJOMULCO
Quirino, reconozco tu trabajo y el de tu equipo. Tlajomulco es un ejemplo de coordinación y visión de futuro. Agradezco también a tu familia y a la comunidad por su apoyo. Seguiremos trabajando juntos para que Tlajomulco siga creciendo con infraestructura, seguridad y oportunidades para todos.
Muchas gracias.
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
