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FALTAN RECURSOS PARA ATERRIZAR JUICIOS ORALES

FALTAN RECURSOS PARA ATERRIZAR JUICIOS ORALES

Ene 11, 2014

Por Juan Pablo Casillas —-

Un costal lleno de retos enfrenta este año el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, pero todos sintetizados en la falta de recursos económicos para aterrizar las reformas constitucionales, entre las que sobresale la implementación de los juicios orales o sistema acusatorio adversarial.

Y es que entre los cinco órganos que conforman dicho poder, apenas recibirán el 1.38% del total del Presupuesto de Egresos 2014, muy lejos del 3% que como mínimo se recomienda para hacer frente a las necesidades más apremiantes.

De manera pronunciada, el déficit afectará a los empleados del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, pues no solamente tienen que resolver tres mil expedientes anuales en promedio por juzgado, sino también actualizar sus conocimientos para aterrizar por lo menos cinco reformas constitucionales.

Aunque el Poder Judicial aparece en la Constitución como uno de los pilares fundamentales del Estado democrático, en la realidad, al no tener asignado un presupuesto constitucional, está sujeto a los vaivenes políticos y a los chantajes de funcionarios y legisladores, que piden espacios a cambio de canalizar recursos.

Si bien es cierto que al iniciar su gobierno Aristóteles Sandoval asumió el compromiso de acabar con los rezagos del Poder Judicial y de inmediato se cancelaron amenazas de parálisis, algunos de sus colaboradores parecen no estar en esa sintonía.

De entrada los responsables de planeación del Poder Ejecutivo no tomaron en cuenta la solicitud presupuestal enviada por el Poder Judicial para 2014, pues en la propuesta que hicieron llegar al Poder Legislativo, asignaron una cantidad menor en 64 millones de pesos a la ejercida en 2013, que fue de mil 69 millones de pesos. El titular de la Sepaf sólo admitió que había “un error”.

Tras subsanar el “error”, el presupuesto del Poder Judicial quedó en mil 177 millones 389 mil 129 pesos, como aparece en el Periódico Oficial. Sin embargo, al sumar las cantidades asignadas al Supremo Tribunal de Justicia, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral, Tribunal de lo Administrativo y del Instituto de Justicia Alternativa, el resultado es de 20 millones menos.

Otro factor que influye en el escenario, es el “extravío” de mil 900 millones de pesos correspondientes a la Hacienda Judicial, la cual le fue retirada a este Poder por el entonces gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y esta semana se divulgó que ese dinero no está en la Secretaría de Finanzas.

La esperanza del presidente Vega Pámanes, que se esfumó, era aplicar los rendimientos de esos depósitos para financiar servicios de vigilancia en la Ciudad Judicial, entre otros requerimientos.

CIUDAD JUDICIAL

En el Presupuesto 2014, tampoco se asignaron recursos para la operación de la Ciudad Judicial o para las plantas de tratamiento de aguas residuales, ni para contratar personal de aseo en el edificio.

El panorama no es halagador, a pesar que desde el Gobierno Federal enviaron señales de que se asignarán recursos para implementar la más importante de las reformas, que son los juicios orales.

La única opción que tiene el Poder Judicial para solventar sus necesidades más urgentes, es sensibilizar al gobernador y a los legisladores, para que asignen partidas extraordinarias y avanzar para cumplir con la reforma penal que tiene como plazo fatal el 17 de junio de 2016.

El asunto no es menor, pues tan sólo en 2013 se recibieron en los juzgados del Poder Judicial 137 mil 788 expedientes, de los cuales el 67% se resolvieron en sentencia. Cada juzgado de Jalisco, recibió en expedientes el equivalente al 120% de lo que reciben en otras entidades.

Como se consignó al principio, el problema de fondo es económico, aunado a la parálisis legislativa. El artículo Séptimo transitorio de la reforma penal de 2008, obligaba a las entidades para que aprobaran las leyes respectivas para los juicios orales, en un plazo de seis meses.

El ex gobernador Emilio González en su tiempo nunca impulsó esa reforma y fue hasta finales de 2013 que el Congreso del Estado la aprobó, pero actualmente está congelada por falta de recursos, según explicaron en el Poder Ejecutivo, y eso retrasa aún más la implementación de los juicios orales.

La Hacienda Judicial, se afirmó por parte del Ejecutivo y del presidente de la Comisión de Justicia, que se reintegrará al Poder Judicial en breve, pero partirá de ceros. Es decir, los mil 900 millones de pesos que manejaron y extraviaron los gobernadores panistas, no los encontraron.

Sin duda, el Poder Judicial registró avances en 2013. Se canceló la deuda con el SAT, se resolvieron las controversias que sólo desgastaban a los Poderes y se privilegió la conciliación entre los actores. Pero este año los pendientes son aterrizar a plenitud la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, iniciar con la reforma penal federal, la Ley Contra el Narcomenudeo, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Ejecución de Penas y el Código de Comercio.

Pero si no se resuelven las necesidades más apremiantes en lo económico, y eso sólo puede ordenarlo el gobernador y aprobarlo los legisladores, los dirigentes sindicales ya advirtieron que recurrirán a los paros de labores y por el momento, trabajan bajo protesta sus agremiados. Y para todo se necesita dinero.