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LOS TACOS DE LENGUA DE LOS OPOSITODO

LOS TACOS DE LENGUA DE LOS OPOSITODO

Feb 15, 2014

Por Cayetano Frías Frías —-

De manera burda, legisladores de Movimiento Ciudadano y del PAN, han hecho señalamientos de manera genérica hacia los magistrados del TAE, insisten en la necesidad de remplazar a la mayoría, pero en el fondo parecen estar peleando por colocar en los tribunales a sus afines.

A finales de abril de 2013, colonos de Providencia, Pablo Neruda, Las Cumbres y Chapultepec entre otros afectados, acusaron a los presidentes de la cuarta y sexta sala del Tribunal de lo Administrativo, de incurrir en irregularidades en sus funciones.

“Violan de manera sistemática los derechos de los residentes de las áreas afectadas, al no llamarnos a juicio como terceros perjudicados, no obstante tener elementos suficientes para llamarnos”, advirtió uno de los líderes.

Eso ocurría siete meses antes de que iniciara en el Congreso del Estado, el trámite para relevar a la mayoría de los magistrados del TAE, pero ninguno de los legisladores que en las últimas semanas han estado cuestionando el procedimiento, fue a recabar pruebas para descalificarlos.

De manera burda, legisladores de Movimiento Ciudadano y del PAN, han hecho señalamientos de manera genérica hacia los magistrados del TAE, insisten en la necesidad de remplazar a la mayoría, pero en el fondo parecen estar peleando por colocar en los tribunales a sus afines.

En el discurso aseguran que están de acuerdo en fortalecer la autonomía del Poder Judicial, pero en los hechos no hacen absolutamente nada para conseguirlo.

Hablan de renovar en los cargos a los actuales magistrados, pero no citan una sola palabra para promover que el Poder Judicial tenga un presupuesto constitucional, como ya lo tienen por ejemplo en el Estado de México.

Mientras el Poder Judicial no sea independiente en lo financiero, siempre estará supeditado a los vaivenes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para lograr la asignación de recursos.

Y darle autonomía financiera al Poder Judicial, no parece estar en la agenda de los diputados del PAN, ni los de Movimiento Ciudadano. Sólo hay que recordar la mezquindad del ex gobernador Alberto Cárdenas, que le quitó la hacienda judicial y desvió solo él y sus funcionarios saben a dónde, casi dos mil millones de pesos.

Saben los legisladores que si el Poder Judicial tuviera presupuesto constitucional, no tendría que mendigar cada fin de año que se le destinen recursos, y entonces podría encaminarse a tener verdadera independencia. Por eso incluso, siguen regateando el reintegrarle la hacienda judicial, porque es parte de los elementos de presión.

Y en esa dirección se mueven casi todos los legisladores, incluyendo los que afirman que se debe fortalecer al Poder Judicial. A los magistrados del TAE les achacaron otorgar licencias para gasolinerías en zonas residenciales, autorizaciones de giros restringidos o para desarrollos inmobiliarios fuera de norma.

Todo de manera general, sin presentar casos sólidos ni señalar con precisión la responsabilidad en que presuntamente incurrieron. Al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Antonio Fierros, ni siquiera lo cuestionaron y simplemente desecharon su nombramiento por línea de todas las fracciones partidistas.

EL PROCESO SE JUDICIALIZÓ

Ante la simulación y el abuso cometido por los diputados, el magistrado Antonio Fierros Ramírez fue respaldado por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para presentar una controversia constitucional, además de que en lo particular acudió a demandar el apoyo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Ambas instancias le concedieron la suspensión provisional y podrá seguir en el cargo, en tanto se resuelven de fondo estos procesos. Los diputados por su parte, están siendo exhibidos por su desaseo en el procedimiento ante las autoridades judiciales federales.

A las mismas instancias podrían recurrir los magistrados del TAE cuyos nombramientos por otros diez años fueron desechados en el Congreso del Estado, situación que no es remota y podrían conseguir también la suspensión provisional.

En la suspensión emitida dentro de la controversia 17/2014 por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se previene tanto al Congreso para que mantenga la situación en el estado en que se encuentra hasta que se resuelva de fondo, además de informar a la Procuraduría General de la República, por si se registrara algún desacato.

En resumen, todo parece indicar que los diputados se equivocaron en la estrategia para relevar a los magistrados. Extraña porque en la Comisión de Justicia aparece como secretario técnico José Herminio Jasso, alguien que durante décadas ha desempeñado cargos de responsabilidad y se esperaría que no cometiera errores como este.

En los dictámenes aprobados en la Comisión de Justicia, los aspirantes y en particular Antonio Fierros, fueron llenados de elogios y reconocimientos. Esos mismos textos fueron enviados al pleno, donde la mayoría seguramente ni por enterados se dieron del contenido y aprobaron y rechazaron, según la línea de su fracción.

Y si los legisladores que insisten en que no hay calidad en el trabajo de los magistrados tienen pruebas, pueden aprovechar los meses de la suspensión para documentar lo que afirman y entonces sí, presentar información y argumentos de calidad, en tiempo y forma, no como ahora que lo hacen a destiempo y sin precisión.

Por lo pronto la iniciativa ya se las ganó un despacho de abogados, que anunció promoverá un juicio de amparo indirecto para anular el nombramiento por 10 años de cinco de los integrantes del TAE.

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UNA BROMA CRUEL

Lo menos que se podría decir es que fue una broma cruel. Lo peor, que los diputados de la actual legislatura no tienen el mínimo respeto por el Poder Judicial.

Los documentos enviados a las instancias federales por el Congreso del Estado, relativos a la elección y no ratificación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo, reflejan una total falta de seriedad en el procedimiento.

En una estrategia que podría interpretarse como burla, los diputados simularon una votación en el tablero electrónico donde supuestamente ratificaron por mayoría a los ochos magistrados.

Pero en la votación “secreta” por cédula, desecharon las propuestas para ratificar a tres de ellos, con resultados completamente opuestos a lo visto en la pantalla con identificación de nombre y fracción de cada legislador.

Varios de los diputados ni siquiera se tomaron la molestia de votar por cédula, como en las papeletas para Patricia Campos y Antonio Fierros sólo aparecieron 32 y 33 respectivamente, con la omisión de siete y seis de los presentes.

Y esas contradicciones evidentes, son algunos de los elementos que analizarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Sin contar la falta de fundamentación para justificar la no ratificación, así como de una evaluación profesional sobre el desempeño de los magistrados, sobre lo cual nunca presentaron argumentos serios.