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JALISCO A LA COLA EN MODERNIZACIÓN DE JUSTICIA: ALFONSO PARTIDA

JALISCO A LA COLA EN MODERNIZACIÓN DE JUSTICIA: ALFONSO PARTIDA

Ene 25, 2014

Por Alfonso Partida Caballero —-

A casi seis años de la puesta en marcha del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral, Jalisco se encuentra rezagado en su adecuada implementación por falta de una visión de Estado de los Gobiernos Federal y estatal, lo cual como consecuencia nos ha dejado un desorden en el Sistema Penal y de Seguridad Pública.

Así, tenemos policías sin preparación adecuada, una Fiscalía que no da respuesta puntual a las necesidades sociales y un Poder Judicial con seis Reformas Constitucionales que ahogan su actuar, por no contar con recursos materiales y económicos suficientes para implementarlas.

Por si lo anterior fuera poco, la intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial, han minado la asignación presupuestal, con un órgano facultado para aterrizar la reforma penal, pero al que no le asignan presupuesto, además de que se excluye al Consejo de la Judicatura en la toma de las decisiones, a pesar de que serán los jueces quienes aplicarán la justicia oral de manera directa.

Los poderes Legislativo y Ejecutivo parecen desconocer la magnitud de las necesidades, pero sobre todo de los alcances de la renovación.

La situación ahondó su rezago, porque las administraciones del Ejecutivo y Judicial recientes, encabezadas por Emilio González y Celso Rodríguez, descuidaron el proceso de reforma y sumieron a la administración de justicia en el deterioro, al no permitir avanzar correctamente y cancelando el beneficio social.

Estados como Michoacán, han pagado los retrasos y no obstante su situación de inseguridad, han avanzado más que Jalisco. Es lastimoso y vergonzoso que los indicadores ubiquen a nuestro sistema de justicia como el último del país en la implementación de la reforma penal.

Es un hecho lamentable que la sociedad jalisciense esté sufriendo ya el desequilibrio por la falta de esa visión de Estado que debe actuar para resolver problemas. Nadie en su sano juicio puede negar que los sistemas Penal y de Seguridad Pública en Jalisco, por su ineficacia, desorden y sobre todo por un 98% de impunidad en la lucha contra el crimen, están frenando la competitividad, la inversión, además de perturbar la paz y el orden público.

Sin duda que al crimen hay que atacarlo con toda la fuerza del Estado, pero esta lucha debe ser con orden y coherencia, particularmente con eficacia, respetando los derechos humanos y el debido proceso, que permitan y generen un resultado justo, equitativo e imparcial.

En esta lucha, la administración de justicia debe estar representada por el juez en todas las audiencias, que se vigile la reparación del daño y se les indemnice a las víctimas. En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se deben implementar y fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de controversias.

La visión del Consejo de la Judicatura, es adoptar un sistema de impartición y administración de justicia más efectivo, basado en la oralidad, transparencia y accesibilidad, en la eficacia e imparcialidad.

Esta Reforma es histórica, pues desde 1917 no se había realizado la promulgación de una norma que buscara los principios de oralidad.
Consideramos que la Reforma denominada de los “Juicios Orales” es de tal importancia que está a la altura de la Reforma Energética, Educativa o Fiscal, ya que está de por medio la vida de las personas, los bienes, la paz y el orden público.

El objetivo es garantizar a la población civil, el mantenimiento y desarrollo de la adecuada convivencia social dentro del marco normativo de orden constitucional, de leyes secundarias y disposiciones reglamentarias, que regulen la actividad comunitaria con probado respeto a los Derechos Humanos y Sociales.

El sistema actual en Jalisco no garantiza estos principios de paz y tranquilidad social, ya que se encuentra en un estado de corrupción, ineficiencia y burocracia, generando un claro descontento social por falta de eficacia, y por consecuencia ha provocado incertidumbre ante el crecimiento de la delincuencia y los delitos.

Para responder a la sociedad, debemos implementar la reforma con trabajo, con talento, que busquen crear orden en la sociedad y fortalecer al Estado, buscando además generar confianza y certidumbre que nos permitan garantizar el proceso civilizatorio.

INDICADORES DE AVANCE EN LA REFORMA PENAL

La semana pasada tuvimos una reunión con los integrantes de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Federal (SETEC), donde nos confirmaron que Jalisco está en el último lugar de las 32 entidades en ese proceso.

El único rubro en que presentamos avances importantes luego de casi seis años de haber sido promulgada la reforma, es en el de Planeación, en tanto que en Infraestructura, Reorganización Institucional y Tecnologías de la Información, estamos en el mínimo.

En la responsabilidad del Congreso del Estado y del Ejecutivo para adecuar 13 normas, en una escala de 100 puntos, vergonzosamente hemos avanzado cuatro puntos, pues tan sólo se ha aprobado la Ley de Extinción de Dominio.

Es preocupante el rubro de Capacitación, pues el Poder Judicial es el más avanzado con 30%; Defensoría de Oficio aparece con un 25%, en tanto que la Fiscalía General aparece con un 10%, y más alarmante Seguridad Pública con un 5%.

En Tecnologías de la Información, el Poder Judicial tiene avance del 8%, la Fiscalía General del 4%, en tanto que Defensoría de Oficio y Seguridad Pública están en 0%.

De acuerdo al documento que presentó la SETEC, a partir de 2010 y hasta 2013 el Gobierno Federal canalizó 50.8 millones de pesos a Jalisco para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Al igual que los gastos en Ciudad Judicial y el “extravío” de los recursos de la Hacienda Judicial, el destino de ese dinero no está claro.

Según las autoridades federales, la implementación de la reforma tendrá un costo de 407.7 millones de pesos, un estimado irreal si se toma en cuenta que en el Estado de México que tiene una estructura similar a Jalisco, se han invertido más de tres mil millones de pesos, más de siete veces esa cantidad.

Con ese escenario nada halagüeño, Jalisco deberá enfrentar los retos de esta importantísima reforma, con tan solo 29 millones de pesos que provendrán del Gobierno Federal, más las partidas extraordinarias que se otorguen a través del Fondo de Seguridad Pública y lo que aporte el Gobierno del Estado.

Faltan tan solo 29 meses para que venza el plazo contemplado en la Constitución. Partir del último lugar, será una tarea que solamente con el compromiso de todos los sectores de la sociedad, pero particularmente de los gobiernos federal y estatal, así como de los legisladores jaliscienses, podremos remontar.

* Es consejero de la Judicatura del Estado

One comment

  1. Gonzalo Macedo Martin del Camp /

    Sin desdeñar las capacidades y conocimientos de quienes forman parte del poder judicial, también faltan los recursos humanos adecuados que tengan los conocimientos y aptitudes pertinentes para hacer funcionar el nuevo sistema. Además, las generaciones de abogados, egresados y aun en formación, de los diferentes programas curriculares de leyes del estado deben tornar su interés hacia el nuevo sistema y no volverse obsoletos. Para lo anterior las instituciones de educación superior, especialmente la Universidad de Guadalajara, por ser las máxima Casa de Estudio del Estado, deben crear y ofertar las nivelaciones pertinentes así como actualizar sus planes de estudios en la materia para que estos sean um reflejo de la realidad y no una foto del pasado. Felicidades por tan atinada intervención y visión Mtro. Partida Caballero