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POLÉMICA REELECCIÓN EN EL TAE

POLÉMICA REELECCIÓN EN EL TAE

Feb 8, 2014

Por Cayetano Frías Frías —-

Choca la estridencia en el Congreso del Estado que han promovido los legisladores del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y uno del Partido Acción Nacional (PAN), al protestar porque supuestamente es apresurada la decisión de ratificar a cinco magistrados del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), así como tres del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).

Aunque el coordinador de los diputados de MC, Clemente Castañeda, califica de “albazo” la ratificación de los magistrados en la Comisión de Justicia, lo cierto es que los dictámenes enviados por el TAE y el STJ al Congreso del Estado para solicitar la permanencia, fueron entregados desde el 23 de octubre y el 29 de noviembre de 2013.

Así consta en los documentos que fueron recibidos en el Congreso del Estado y de los cuales tiene copia Conciencia Pública. Y por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Pizano, declaró que entregó copias de los mismos a sus compañeros desde el 9 de diciembre.

Por lo tanto, los legisladores inconformes o sus asesores, nunca vieron los documentos para analizarlos, o en el peor de los casos, están mintiendo al decir que no tuvieron tiempo para valorar los antecedentes de los magistrados.

Otra versión peor, difundida en La Jornada Jalisco el viernes pasado, sería que los legisladores agrupados en el G-9, patalean con el objetivo de ganar un espacio de magistrado para alguno de sus incondicionales.

Esto sería paradójico, porque el coordinador de MC en el Congreso, junto con el panista Víctor Manuel Sánchez Orozco, ha cuestionado que la ratificación de los magistrados, se podría tomar como un refrendo del reparto de cuotas partidistas.

Pero en el mundo real, si los legisladores de todas las corrientes representadas en el Congreso del Estado, recibieron desde principios de diciembre los antecedentes de los aspirantes a repetir en el cargo por 10 años, por lo menos han tenido dos meses para puntualizar sus dudas.

Y el asunto es que no lo han hecho, pues no van más allá de la retórica vaga, que externa dudas sobre la honorabilidad de los magistrados, pero sin presentar hechos concretos.

La aprobación del nuevo periodo para los magistrados, debe tomarse por dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, es decir que bastarían el voto de 26 de los 39 legisladores para que el acuerdo sea legal. Los abiertamente opositores sólo suman nueve y tendrían que convencer a cinco más para llegar a 14 y bloquear la ratificación.

Pero si esto ocurriera, se presentaría un escenario catastrófico, pues el TAE quedaría con un solo magistrado, pues cinco de ellos concluyen su nombramiento el 6 de marzo próximo. Conociendo a los diputados, no les bastarían 23 días para lanzar una convocatoria, realizar los exámenes y darle curso al procedimiento en la Comisión de Justicia y en el pleno.

Un escenario también nada halagador, enfrentarían en el STJ, pues sólo la magistrada Lucía Padilla ha sido ratificada, en tanto que los otros tres dejarían mutiladas y lastrarían el trabajo en sus respectivas salas.

Para tener una estimación del daño que se causaría a los tribunales citados, basta precisar que un magistrado del TAE atiente un aproximado de 700 asuntos por año, en tanto que los del STJ resuelven más de mil cada año.

En el caso de los magistrados del STJ el problema se agrava porque cada sala se integra con tres de ellos, quienes deben resolver de manera colegiada todos los asuntos, que sumados pueden llegar hasta los cinco mil anualmente.

Y no existe explicación del porqué los legisladores inconformes califican de “albazo” al procedimiento. Los artículos 35 fracción IX, 56 primer párrafo, el 57 en su primero, segundo y tercer párrafo, así como 60, 61, 65 y 66 de la Constitución fijan las reglas.

Y algo que fingen no saber esos diputados, es que claramente se establece que “el procedimiento para la ratificación de los titulares de esos órganos jurisdiccionales iniciará tres meses antes de que concluya el periodo para el cual fue nombrado, con la emisión por parte del Pleno del Tribunal respectivo de un dictamen técnico que contendrá un análisis y la emisión de una opinión sobre la actuación y desempeño del magistrado que corresponda”.

Y eso es lo que parece no han leído los legisladores de PMC y del PAN que externan su inconformidad. Los tribunales del Poder Judicial concurrieron en tiempo y forma con tres meses de anticipación para iniciar el procedimiento.

Ningún diputado puede llamarse a engaño, porque tuvieron en sus manos los dictámenes de acuerdo a los tiempos que fija la Constitución.

¿PERO QUE CONTIENEN LOS DICTÁMENES?

En lo relativo al TAE, además de las hojas de vida de los magistrados, se incluyen estadísticas del trabajo colegiado realizado y la ausencia de sanciones.

En lo jurisdiccional, al TAE el 93.61 por ciento de los asuntos resueltos en recursos de reclamación, apelación y responsabilidad patrimonial, le fueron confirmados por los órganos de control de la legalidad que fueron revisados en los Tribunales Federales, Jueces de Distrito, Magistrados de Circuito e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un ejemplo en el trabajo de un magistrado del STJ, establece que de cuatro mil 905 asuntos resueltos, sólo 112 fueron modificados a través de juicios de amparo, es decir, un 2.2 por ciento del total de los casos.

Otro magistrado del STJ, de sus cuatro mil 681 resoluciones, tan sólo le fueron modificadas 99 a través de juicios de amparo, que equivalen al 2.1 por ciento del total.

Y como ya se apuntó líneas antes, los dictámenes enviados por el TAE y el STJ, reportan que ninguno de los magistrados ha sido sancionado o ha incurrido en actos de corrupción, por lo cual se pide su ratificación por acuerdo de los plenos de esos tribunales.

Y los legisladores que los han cuestionado de manera general, tendrían que aportar pruebas contundentes al iniciar este lunes, cuando se tiene proyectado poner los dictámenes a consideración del pleno del Congreso del Estado.

Por lo pronto, están en lista de espera los siguientes del STJ, Federico Hernández Corona, Sabás Ugarte Parra y Antonio Fierros Ramírez. Lucía Padilla Hernández ya fue ratificada por el pleno del Congreso del Estado la semana pasada.

En el TAE están pendientes de aprobación Armando García Estrada, Patricia Campos González, Alberto Barba Gómez, Víctor Manuel León Figueroa y Horacio León Hernández.