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SUSPENSIONES CONTRA LEY SALVAVIDAS: EL JUEZ DETERMINARÁ QUIÉN TIENE LA RAZÓN

SUSPENSIONES CONTRA LEY SALVAVIDAS: EL JUEZ DETERMINARÁ QUIÉN TIENE LA RAZÓN

Nov 23, 2013

 

Por Mario Ávila —-

Abogados y cibernautas indolentes han puesto en duda el éxito del programa “Salvando Vidas”, mediante el que se sanciona con multa económica o cárcel a los conductores que manejen en estado de ebriedad, en apego a la nueva Ley de Movilidad del Estado de Jalisco.

En lo que fue la primera quincena de la implementación de la CURVA (Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría), ha quedado en claro que los cibernautas se han convertido en un escollo para que el programa logre sus objetivos cabalmente. Esto a raíz de que más de 50 mil usuarios del Internet en la Zona Metropolitana de Guadalajara, desde el primer día de los operativos le sacaron provecho a la tecnología y se lanzaron alertas en las redes sociales, principalmente Twitter, Facebook y WhatsApp, informando de los puntos donde se instalaron los módulos de revisión, para evitar caer en la CURVA.

También en las dos primeras semanas de operación del programa ha quedado en claro que un enemigo contra el que se habrá de luchar de manera permanente, son los abogados que de manera huizachera buscarán en todo momento encontrar resquicios legales para conseguir el amparo y la protección de la justicia federal, a fin de evadir el pago de la multa y el arresto hasta por 36 horas para los conductores ebrios.

Lo cierto es que la misma Ley de Amparo en su última reforma establece que cuando se trate de campañas contra el alcoholismo o contra la drogadicción, no prospera el amparo. “Que no canten victoria, que no canten victoria”, les pidió a los poseedores de los tres amparos (suspensión provisional) concedidos a los infractores, el doctor Rafael de la Cruz Ruvalcaba, investigador y catedrático de la facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y de la maestría en Derecho, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, ya que esto no prueba y no es garantía de que se les concederá también el amparo definitivo.

Para ello se tendrán que esperar un promedio de tres meses, que es lo que duran los juicios en esta materia y de resultarle adverso al demandante, no nada más gastará lo que le cobró el abogado en el procedimiento, sino que habrá de pagar la multa impuesta o bien habrá de regresar a la cárcel a cumplir con el arresto que se le endilgó.

Sin embargo, para equilibrar su comentario, el abogado Cruz Ruvalcaba también pidió a las autoridades de la Secretaría de Movilidad que moderaran su optimismo sobre lo que ellos llaman una inminente dictaminación de improcedencia en la sentencia definitiva de los juicios de amparo en la materia.

Admite que el caso del Distrito Federal en donde han sufrido un revés los amparos solicitados para evadir el Torito, las autoridades viales de Jalisco tienen la razón parcialmente, “si, efectivamente hay una jurisprudencia del pleno de la SCJN en la que anteponen el bien mayor que es el bien común de la causa que se persigue (en este caso salvar vidas) sobre los intereses de un particular”.

Incluso se precisa en la misma Ley de Amparo en su última reforma establece que cuando se trate de campañas contra el alcoholismo o contra la drogadicción, no prospera el amparo, “pero estaríamos hablando de dos situaciones distintas porque aquí depende de cómo se lleve a cabo la detención, esa ya es la cuestión de fondo”.

Lo que sí dejó en claro que no serán las partes involucradas en la disputa legal, es decir no será el juicio que impere el de los abogados de los ebrios sancionados o el de la autoridad que los multó o los arrestó. “A final de cuentas la opinión que se deberá imperar es la opinión del juez que determine cada asunto en lo particular”.

“Habrá que ver cada caso en concreto –insistió–, si lo que se denuncia es que se hizo a través de volantas o retenes, si es que se le confirmó la flagrancia, si es que la prueba de alcoholemia es válida, si se violó la libertad al libre tránsito, si hubo una segunda prueba que confirme la falta administrativa o si no hay evidencias de que los aparatos pudieron estar manipulados para dar un resultado específico, entre muchas otras hipótesis que se pudieran estar planteando en cada caso en lo particular”.

Y en aras de plantear un punto de vista más académico, expuso: “El amparo se puede ir contra leyes, contra multas, en contra de los actos y omisiones, dependiendo de cada caso en concreto, en donde se deberá probar la violación a algún precepto constitucional, para que forzosamente el amparo deba proceder”.

Planteó el experto en temas de derecho constitucional que el amparo es un medio de control constitucional y legal de los actos de autoridad, entre los que están las leyes del Congreso de la Unión y las leyes de los Estados, que es el caso de la implementación de la nueva Ley de Movilidad en Jalisco.

Dijo además que el objetivo central del amparo es evitar que se contravengan los principios constitucionales que están en el Capítulo Primero del Título Primero de la Constitución denominado “De los derechos de los derechos humanos y sus garantías”.

Puntualizó que uno de los puntos que se podrían combatir es el de las sanciones económicas, ya que en las multas administrativas, cuando se trate de asalariados deben ser de un día de trabajo y de no asalariados, se establecerá en relación a lo que ganen, es decir podría ser hasta menos. “Y desde el momento en que se establece ya una cantidad como mínimo de 100 veces el salario mínimo, para mí ya desde ese momento es inconstitucional la propia Ley”, planteó el catedrático universitario.