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“Quieren convertir al magistrado Beto Barba en el Duarte de Jalisco”: Juan Carlos Soto, abogado defensor de Alberto Barba

“Quieren convertir al magistrado Beto Barba en el Duarte de Jalisco”: Juan Carlos Soto, abogado defensor de Alberto Barba

Abr 28, 2017

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Por Mario Ávila //

Puede pensarse que la defensa del magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba, le va ganando la partida al Congreso del Estado, y es cierto. Tan es así que por los amparos concedidos por la justicia federal al considerado «amo y señor de afirmativa ficta», el tiempo podría escaparse y la Legislatura LXI podría llegar a su fin antes de que se resuelva el fondo de la querella.

Esto significa que los diputados podrían quedarse con las ganas de sentar en el banquillo de los acusados al magistrado Alberto Barba, al que acusan de haber abusado la figura jurídica de la «afirmativa ficta», para beneficiar a los constructores que violando reglamentos municipales han provocado un caos urbano de crecimiento vertical en Guadalajara y Zapopan.

La única satisfacción que han tenido los legisladores es haberse instaurado en Jurado de Procedencia y haber declarado en el pleno la incoación del juicio político, sin embargo, muy lejos están de llegar a consumar propósito de erigirse en Jurado de Sentencia, sentar en el banquillo de los acusados a Alberto Barba y declararlo culpable en el procedimiento de juicio político que se le sigue, así como endilgarle una inhabilitación de cierta cantidad de años, para desempeñar un cargo público.

Son dos los factores que hasta el momento se han conjugado para que Alberto Barba haya puesto en jaque, hasta el momento, al Poder Legislativo. 1.- Los graves errores de procedimiento de los legisladores y de parte de los acusadores y 2.- Los aciertos de la defensa del magistrado del TAE, un equipo multidisciplinario encabezado por el abogado Juan Carlos Soto Rodríguez, experto en temas de justicia federal.

Para conocer justamente la otra parte del juicio, es decir, desde la óptica del acusado, entrevistamos al abogado defensor del magistrado Alberto Barba, Juan Carlos Soto Rodríguez, quien lejos de echar las campanas al vuelo, sabe que no han ganado nada hasta el momento, más que una simple batalla en esta guerra jurídica a la que todavía le faltan muchos capítulos.

Sin embargo, admite haber encontrado en la justicia federal un resquicio legal mediante el que se pudo evitar en principio, «lo que algunos políticos del PRI y de PMC querían, un linchamiento político al puro estilo del circo romano, en donde el pueblo quiere sangre, ante las abundantes muestras de corrupción e impunidad que hay en todo el país».

Esto lo dijo el abogado defensor de Alberto Barba, quien dice tener de su lado una gran baraja de opciones para esgrimir en tribunales: No se probó el cohecho ni la mala fe, requisitos indispensables para someter a un funcionario a juicio político; acusan de los daños que han causado las afirmativas fictas, pero ocultan el porqué se causaron, es decir, cuál fue la omisión de la autoridad para que se tuviera que recurrir a ellas; se recurre de manera desesperada a un Juicio de Procedencia para despojar del fuero al magistrado y separarlo del cargo, cuando la protección del fuero había sido previamente extinguida jurídicamente, es decir, se pretende utilizar las leyes de manera retroactiva y finalmente la inmensa mayoría de los diputados han realizados expresiones públicas sobre su opinión del juicio y tendrían que abstenerse en la votación cuando el pleno del Congreso del Estado tenga que convertirse en Jurado de Sentencia para sancionar o absolver la conducta del magistrado.

Para conocer con mayor detalle en qué situación se encuentran los cuatro juicios políticos y el juicio de procedencia que se le sigue al magistrado Alberto Barba, Conciencia Pública platicó con el abogado Juan Carlos Soto Rodríguez:

QUIEREN CONVERTIRLO EN EL «DUARTE» DE JALISCO

Conciencia Pública.- ¿Van ganando la batalla legal?

Juan Carlos Soto. En este momento no es que llevemos ganado  el procedimiento, lo que está diciendo el juez federal es «voy a revisar la actuación del Congreso» y la actuación del Congreso desde nuestro punto de vista está irregular porque no está suficientemente soportada; lo que decimos es que aquí no vamos a poder hacer valer nuestros argumentos, porque estos señores no van a resolver en legalidad, estos señores (diputados) van a resolver como si estuviéramos en la Roma de antes, el pueblo quiere sangre por este hartazgo que tenemos de tanta corrupción.

Conciencia Pública.- Pero la justicia les ha dado en primera instancia la razón…

Juan Carlos Soto. No es que nos haya dado la razón, el punto fundamental es que en materia de juicio político y de desafuero, el magistrado va cuesta arriba en su defensa, porque las decisiones finales, en ambos casos, son inimpugnables, es decir, si se dictan ya no tienes ninguna opción de defensa. Cualquier medio de defensa ante ellos es improcedente, por eso en este momento lo que sí son impugnables son los inicios de los procedimientos. Me explico, en todo nuestro sistema jurídico para poderte quitar un derecho, debe de haber un procedimiento previo y ese procedimiento previo, en el caso de los magistrados, inicia con un oficio de emplazamiento en donde le dicen que se advierten algunas irregularidades, te doy tu derecho de audiencia, yo considero que pueden constituir violaciones a la ley, te lo notifico y tú dentro de 15 días me tienes que venir a presentar tus pruebas, tus alegatos, tus argumentaciones para venir a tratar de desvirtuar cada una de las imputaciones. Luego después de esto viene el periodo de desahogo de pruebas, la parte de los alegatos y ya se cierra todo esto y el Congreso se erige en Jurado de Sentencia, todos los diputados se vuelven un juez, se hace un órgano colegiado, ahí va estar Alberto Barba como acusado con su abogado y después de escuchar al órgano de acusación que es la Comisión de Responsabilidades, si determina acusar como es el caso, luego escuchas al magistrado, lo retiran y los diputados deliberan y toman una decisión.

Conciencia Pública.- Pero ustedes ya truncaron este procedimiento, al menos ya no será tan ágil como lo mencionas…

Juan Carlos Soto. Lo que hizo el magistrado es, primero, advertir que se trataba de un linchamiento político, una estrategia mediática para denostarle, se ve una lucha de MC y el PRI para hacer ver como que estaban dando una lucha frontal contra la corrupción. Beto vendía todo, era el símbolo de la corrupción, era el «Javier Duarte» de Jalisco. El TAE ya estaba satanizado y ahí tenemos a juzgadores que no pueden salir a defenderse ante la opinión pública por el perfil que deben manejar, por las normas que los rigen y por una serie de impedimentos que tienen, como el que si mencionan siquiera el contenido de un expediente pueden violar la ley y de esto se aprovechan ciertos actores que a lo mejor hoy ya están en precampaña o pretenden posicionarse electoralmente y qué pasa, satanizas a una institución y en el caso concreto del magistrado Alberto Barba, que ya fue juzgado ante la opinión pública y a través de los medios de comunicación.

Conciencia Pública.- ¿Es entonces a su juicio una estrategia electorera, partidista?

Juan Carlos Soto. Mira, todo se acelera el año pasado con una resolución de marzo con el tema de Colomos, que está muy vinculado, se convierte en el detonante, luego de las voces de Pablo Lemus, a la par sale Roberto López Lara para no quedarse atrás electoralmente, se ponen en el papel de víctimas y se van en contra del magistrado junto con Enrique Alfaro y otros más porque ni uno ni otro se quería quedar atrás.

EVITAN EL LINCHAMIENTO POLÍTICO

Conciencia Pública.- ¿Y en qué momento deciden recurrir a la justicia federal?

Juan Carlos Soto. Decidimos que cuando sale la resolución de la incoación del juicio político es la única resolución dentro del procedimiento en la cual te puedes ir al Juicio de Amparo, en donde se alega que de lo que se le acusa no es una conducta que deba ser conocida a través de un juicio político, se fueron los términos y hubo una serie de argumentaciones, pero en este ínter el juez dice primero habremos de revisar la legalidad de esta resolución del procedimiento, pero mientras tanto nadie se mueve y las cosas quedan en el estado que se encuentran. Continúan los procedimientos, pero no van a poder resolver y eso es lo que está sucediendo actualmente, por lo tanto no es que llevemos una ligera ventaja o ya llevemos un triunfo en esta batalla legal, lo que sí es un triunfo es haber evitado de momento el linchamiento como se quería hacer con el magistrado Alberto Barba, esto no va a suceder aquí, ya traemos una estrategia muy dialogada en la trinchera de la defensa de Alberto Barba, en donde estamos definiendo paso a paso lo que vamos a hacer, una vez que analizamos toda la documentación.

Magistrado Alberto Barba

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DENUNCIAN SIN LLEVAR PRUEBAS

Conciencia Pública.- ¿Qué anomalías vieron en las acusaciones?

Juan Carlos Soto. Físicamente el expediente tiene bastantes irregularidades, lo más grave Bárbara Casillas, la síndica de Guadalajara no sé si engañó a Enrique Alfaro, pero presentan su denuncia y no llevan pruebas, las deficiencias van a ese extremo. La fallas por las cuales se declaraban las afirmativas fictas vuelven a repetirse en el juicio político, no llevan pruebas, el que te tiene que acusar es el Ministerio Público, el que te tiene que comprobar es el Ministerio Público, bajo un principio de legalidad el Estado es el que tiene que comprobar que tú hiciste una irregularidad, «ni modo que yo agarre las pruebas para meterlas al procedimiento, yo no voy a rencausar esto, son deficiencias de forma muy graves, pero probablemente intencionales, porque de fondo a lo que van es a un linchamiento, no tanto apuntan a que se conozca la verdad, sino solo a tratar de posicionarse electoralmente para venderse como los paladines del cumplimiento de la ley. Y lo que quedará en evidencia es que, si tu obligación es denunciar, pues no denunciaste bien y no estás cumpliendo con tu trabajo.

Conciencia Pública.- ¿Junto al magistrado se tenía que haber denunciado a los supuestos cómplices?

Juan Carlos Soto. En el fondo están hablando de resoluciones irregulares, primero que no acompañan, pero bueno, suponiendo que las acompañaban, totalmente son discutibles, no se mencionan, por ejemplo, las omisiones que se cometieron por parte de las mismas autoridades municipales, o sea, si se dictó una afirmativa ficta es porque hubo una omisión de la autoridad municipal, pero aclaro que esta omisión pudo haber sido con o sin voluntad. «… ah, sabes qué, yo no me la quiero aventar porque yo voy de gobernador ahora que viene el proceso, pero mira, omite la resolución, al cabo el TAE nos va a dar en la torre y de quién será la responsabilidad, mediáticamente del TAE», pero en el fondo la responsabilidad en casos como ese, es del ayuntamiento.

Conciencia Pública.- ¿Cuál juicio es más preocupante: el Político o el de Procedencia?

Juan Carlos Soto. Lo que ya te dije es del juicio político, del Juicio de Procedencia es lo mismo, se sube Alfaro, se sube Lemus, el PRI a través de López Lara dice saber por dónde y optan por el desafuero, sin tomar en cuenta que se trata de una figura que fue eliminada desde agosto del año pasado, ya no existe esa norma y de manera ridícula inician un procedimiento con una norma que ya está derogada. Es decir, inician un procedimiento que legalmente no existe, que no tiene soporte, que es un recuerdo del México del pasado, no puedes iniciar un procedimiento con normas derogadas. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca que cuando un juzgador se equivoque, siempre habrá para alguna de las partes un recurso y en el fondo lo que querían hacer mediante una campaña mediática, era a sabiendas de hacia dónde iban, a destituir al magistrado y a dejarlo indefenso. Esa fue la primera anomalía que vio el juez, el haber iniciado un procedimiento con normas derogadas. 

Conciencia Pública.- ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del exmagistrado del TAE y director Jurídico del Congreso, Carlos Sepúlveda Valle?

Juan Carlos Soto.  Lo que hizo fue salir a declarar y a cometer los mismos yerros por los cuales lo corrieron del Tribunal Administrativo, la SCJN lo corrió por bocón, porque le dice que, si tiene pruebas, vaya y denuncie, pero al señor le encantaba leerse en los periódicos, siendo magistrado exhibía a sus compañeros sin seguir una conducta institucional y hoy viene a hacer justamente lo mismo. Pero lo peor de las declaraciones de Sepúlveda Valle es confesar que todas las leyes están derogadas, admite que iniciaron un procedimiento con leyes que no existen. Si ya no existe la figura del desafuero, como puede ser posible que el Congreso te someta a un procedimiento con normas derogadas, con letra muerta, jurídicamente es imposible.

Conciencia Pública.- ¿Le conviene mantenerse en el cargo pese a que casi todos los diputados lo acusan?

Juan Carlos Soto. Esa es una anomalía más, el Congreso se convertirá tarde o temprano en un Jurado de Sentencia, como tal los diputados son jueces, los diputados van a juzgar la inocencia o la culpabilidad, el juez tiene una responsabilidad y hay una figura en específico para garantizar la imparcialidad de su fallo que se llama «los impedimentos» y si tú como juez en México vas a fallar, prejuzgas o de alguna manera emites una opinión respecto de cierto asunto bajo tu conocimiento, se te genera un impedimento, y ustedes seguramente han escuchado opiniones de al menos unos diez diputados al respecto, es decir, todos ellos legalmente estarían impedidos de participar como jueces de una resolución y entre más sigan hablando, menos van a poder enjuiciar porque vamos a llegar ante un Tribunal, ante un Jurado que tiene puros diputados impedidos en los que no se puede garantizar la imparcialidad del proceso por tener ideas preconcebidas cuando no ha transcurrido todo el proceso.

Conciencia Pública.- ¿Con los amparos tiene más vida el juicio que la LXI Legislatura?

Juan Carlos Soto.  No es el objetivo, posiblemente se dé así porque los procesos no son tan rápidos como se quisiera, pero no obstante eso la idea es ganar el proceso de fondo, que se reconozca que no hay los elementos para juzgarse el caso políticamente.

SOBRE EL DEBATE AL QUE RETÓ PABLO LEMUS A BARBA

Conciencia Pública.- Finalmente, ¿Del embate de Pablo Lemus contra Alberto Barba, retándolo a un debate público y a que compruebe su enriquecimiento, qué opinión tiene?

Juan Carlos Soto. En el tema económico, el magistrado dijo estar dispuesto si la ley lo obliga a hacer su declaración 3 de 3, no se trata de un enriquecimiento inexplicable, Beto tiene una familia, un negocio, una esposa que aporta, o si tienen alguna duda cuestiónenle sobre un tema en particular o de plano le ha dicho al alcalde que inicie un procedimiento si cree que hay un bien adquirido de manera que consideren irregular, para explicarlo ante las autoridades y mediante el procedimiento legal que corresponda. Pero sobre el debate, no se puede enfrentar con un presidente municipal porque no es un político, es un juzgador y si nosotros analizamos las virtudes inherentes a un juzgador, lo menos que tiene que hacer es entrar a un debate para mencionar asuntos en curso o para ponerse con una parte de los miles de juicios, lo que significaría que Alberto Barba no podría llevar ningún solo asunto que tuviera que ver con Zapopan, por tanto, es jurídicamente inviable ir a un debate.


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