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TRIUNFA LA LEGALIDAD; PIERDEN «LÓPEZ CASTRO» Y EXDIPUTADOS

TRIUNFA LA LEGALIDAD; PIERDEN «LÓPEZ CASTRO» Y EXDIPUTADOS

Nov 29, 2014

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El riesgo inminente de cárcel para los involucrados evitó que se consumara el fraude por 58 millones de pesos que el Congreso del Estado estaba obligado a pagar a la firma «López Castro», por asesoría en tributación y recuperación de impuestos.

De manera intempestiva, Víctor Samaniego Martínez, administrador general de la firma López Castro, declaró ante un notario público y ratificó ante la Jueza del Quinto Juzgado de Distrito en Materia Civil la decisión de declinar a toda acción legal en favor de su representado y con ello le condona la millonaria deuda al Congreso del Estado.

Dijo que se desistía del cobro de manera libre y voluntaria, que no había recibido presión alguna y que sólo le movió la conciencia el ver las notas en los medios de comunicación, en donde se hablaba de que el pago y por tanto la consumación del fraude, era inminente.

Sin embargo, también reconoció haber sentido temor de pisar la cárcel, porque dice que él no cometió ningún ilícito y sólo cumplió con la tarea de realizar un análisis de la revisión de impuestos y de las declaraciones preparadas para las compensaciones, para supuestamente obtener los beneficios fiscales.

El desistimiento legal se presenta cuando todo estaba listo para realizar el primero de tres pagos, uno por 14 millones de pesos que se realizaría el último viernes de noviembre, otro de una cantidad similar se haría el último de diciembre y los 30 millones de pesos restantes se saldarían en la primera quincena de febrero.

Pero el vuelco que tuvo el tema en sólo 72 horas (de martes a jueves), fue producto de la coincidencia de objetivos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; desde el primero se instruyó al Fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera, a que agilizara las denuncias penales pendientes y el segundo conformó una comisión especial de seguimiento en la que se designó como presidente al diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.

«EL ROBO AL PUEBLO»

El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, había señalado el pasado 14 de noviembre, que si bien el Gobierno del Estado aportaría el dinero al Congreso del Estado para que cumpliera la orden judicial «y no puedan caer en desacato», pero sentenció que su gobierno iría hasta las últimas consecuencias para evitar que se perpetrara «el robo al pueblo».

«Este es un caso que ya pasó a un orden judicial, no podemos caer en desacato. Quiero decirles que me encuentro también indignado por cómo se ha manejado este proceso. Debe haber responsables. Los diputados han solicitado una ampliación al presupuesto, el presupuesto llegará al Congreso y el gobierno de Jalisco estará actuando en torno a la solicitud de un poder público que es autónomo», expresó el gobernador de Jalisco.

«Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias con quienes estén involucrados y sean responsables de este desfalco, por omisión o por acción. Tenemos que hacer justicia porque esto no va a quedar en el limbo, en realidad esto, como lo manifesté desde un inicio de nuestra administración, es un robo al pueblo. Nos ponen en una encrucijada, en un momento donde el Juzgado Federal le está pidiendo al Congreso que pague, nos hace una solicitud y nosotros, de acuerdo a las facultades, tenemos que responder», puntualizó el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco.

LA VOZ DEL EJECUTIVO

La suma de esfuerzos de los poderes Ejecutivo y Legislativo rindió frutos, gana la legalidad y pierde la querella la empresa consultora López Castro y los exdiputados que la contrataron.

Roberto López Lara, secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, confirmó el pasado jueves que la empresa consultora López Castro se desistió de cobrar los 58 millones de pesos que había ordenado una jueza federal que se pagaran.

Se informó en rueda de prensa que con esa resolución queda concluido el juicio, luego de que el apoderado general judicial de la firma Consultora López Castro S.A. de C.V., presentó el pasado martes 26 de noviembre el desistimiento de la acción de amparo que da por concluido el juicio, renunciando a cualquier posible demanda por daños y prejuicios o responsabilidad civil.

El secretario general agregó que el Gobierno del Estado no tuvo acercamiento con nadie de la firma para llegar a este punto, y aseguró que las investigaciones por el denominado «robo al pueblo» continuarán.

«Nosotros no pactamos con nadie», sentenció el funcionario estatal y ratificó que la indicación del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, es que el presupuesto no sea mal utilizado.

SEGUIMIENTO POR LA VÍA PENAL

Para el presidente de la Comisión Especial, conformada en la LX Legislatura, Víctor Manuel Sánchez Orosco, con el desistimiento sólo se agotó la investigación desde el punto de vista civil, sin embargo queda pendiente el tema penal, desde donde se insistirá en castigar a quienes maquinaron el fraude y desde la vía mercantil, desde donde se buscará recuperar incluso el medio millón de pesos que se entregó a la firma López Castro desde el momento en el que se firmó el contrato.

El legislador apuntó: «Este asunto se concluye aquí, este tipo de fraude se fraguó entre personas de alto nivel, exdiputados, exsecretarios del Congreso y el autor intelectual Rafael López Martínez, que incluso no aparece en los documentos, pero a raíz de las investigaciones ha ido apareciendo ese nombre y por tanto se tiene que buscar la acción de la justicia contra esos primeros niveles».

Celebró lo que llamó un cambio de actitud en el Poder Ejecutivo, concretamente en la Fiscalía General del Estado, donde hubo un seguimiento y una celeridad en estos últimos días, que ayudó con la insistencia de que se pagaría por este fraude, por lo que invitó al Fiscal a que no quede en amenaza, que se vaya hasta las últimas consecuencias.

Sánchez Orozco agradeció el apoyo de la ciudadanía a través de los medios de comunicación, «porque ustedes saben que hace dos años que llegamos, denunciamos y cada que pudimos estuvimos dando seguimiento a las investigaciones, pero no nos secundaba absolutamente nadie.

«Todavía hace tres semanas parecía que el pago era inminente, todas las voces decían, no hay otra más que pagar y fue el hecho de que haya habido una gran respuesta de la gente exigiendo que esto no se pagara».

Explicó que se acabó este caso una vez que revisó el acuerdo de la Jueza, en el que dice que el asunto está concluido, que se terminó el objeto de la ejecución de esta sentencia y en definitiva este asunto se acabó en esta vía.

Pero aseguró el diputado local que hay dos vías abiertas, la penal, en la cual insistirá que se haga el trabajo a profundidad, que no se politice el tema sino que se actúe conforme a derecho.

Mientras que en la acción que se presentó de nulidad ante el juez mercantil, se analizarán sus consecuencias porque tal vez quede sin efecto por el desistimiento, porque la idea de ese otro juicio era que se echara abajo éste, pero se buscará recuperar para el Congreso del Estado los 500 mil pesos que se pagaron a la empresa consultora desde el momento de la firma del contrato.

LOS LEGISLADORES IRRESPONSABLES

Recordó el diputado Sánchez Orozco que los exlegisladores señalados en la denuncia penal se asienta que la comisión de Administración que ordenó este contrato fue la que presidía en la LVIII Legislatura el hoy alcalde de Tonalá Jorge Arana Arana y como vocales estaban los diputados Samuel Romero Valle, Alfredo Zárate, Lorenzo Moschia, Angélica Aguirre Varela y Manuel Vélez Fregoso.

Ellos le ordenan al exsecretario general del Congreso Alfredo Argüelles Basave que haga este contrato; luego pasa a la siguiente legislatura y se hace un convenio judicial completamente cuestionable y lo firman el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Aubry, Patricia Retamoza, Gustavo Macías y lo ratifica la Comisión de Administración presidida por Raúl Vargas López, Omar Hernández, Enrique Aubry e Isaías Cortés Berumen.

Para el legislador, a través de la Fiscalía, se debe perseguir delitos como simulación de actos jurídicos, fraude, peculado, abuso de autoridad y otros ilícitos que podrían también configurarse en contra de los exlegisladores.

EL FRAUDE QUE VIENE

Para el diputado Víctor Sánchez, entrevistado a la salida del Juzgado Quinto de Distrito en materia Civil en la Ciudad Judicial Federal, el ilícito está dado y los autores merecen sanción penal.

Pero alertó que lo más grave es que el caso «López Castro» desde la pasada legislatura sólo ha servido para desviar la atención, ya que los asuntos más graves están en el desvío que hubo en el Fideicomiso por 25 millones, el caso de la contratación de las empresas Compañía Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos Empresariales (SAE), donde se pagaron más de 80 millones de pesos y que tiene que ser el siguiente objetivo, buscar cómo recuperar ese dinero que de manera ilícita salió del Congreso del Estado.

Insistió en que los exlegisladores no cometieron el fraude una sola vez, «lo hicieron varias veces, según información del secretario general, en el 2007 se pagaron por concepto de impuestos entre 50 y 60 millones de pesos, en el 2008 igual, pero en este año dejaron de pagar algunas cantidades, ya en el 2009 que se hizo el contrato con López Castro no pagaron un peso y de ahí sucesivamente hasta que llegó esta legislatura y se logró hacer un convenio para que no nos cobraran ya los más de 300 millones de pesos que se debían».

Y apuntó: «Desde la Legislatura LVIII se ideó cómo fraudar al Congreso por esta vía, porque hay muchas otras; y los que llegaron en la LIX mentira que ellos buscaron cómo defender, ahorrar o no cometer los mismos ilícitos. Los cometieron, e incluso los maximizaron con los casos SAE y OLA, en los que tenemos que ir a profundidad».

LA ANGUSTIA DE SAMANIEGO

Visiblemente preocupado, dio la cara a los representantes de los medios de comunicación Víctor Samaniego, contador público, que fue representante legal de la consultora López Castro desde 2010, participó en la elaboración del trabajo preliminar, pero desde hace año y medio le perdió la pista a su patrón. «Por los medios de comunicación me di cuenta de lo que estaba sucediendo, acudí con el diputado Víctor porque sé que es el presidente de la comisión y me preocupaba cómo se estaban manejando las cosas».

«Yo firmé el convenio en la pasada legislatura como representante legal, pero ya no tengo ninguna comunicación con la empresa, pero que yo sepa no se me ha revocado el nombramiento. Reflexioné sobre la situación por lo que presentaron los medios de comunicación de lo que está sucediendo y me preocupé», dijo el contador con el rostro compungido.

Recordó que hace un año hizo su declaración ante la Fiscalía General del Estado creyendo que con eso ya estaba libre de la responsabilidad, «pero ahora estoy viendo cómo están pasando las cosas y acudo con el diputado para asesorarme».

Con respuestas cortas y en voz baja, Samaniego Martínez refirió: «Se hizo la labor, a mí se me contrató para dar una opinión de la propuesta que se había hecho, hicimos la propuesta, se prepararon hasta donde yo vi las cosas, ya si se entregaron o no se entregaron, si sucedieron o seguimiento, ya no lo vi yo; yo entregué el análisis de la revisión de impuestos y supuestamente las declaraciones preparadas para las compensaciones y con eso iban supuestamente a obtener los beneficios fiscales».

Reconoció que su relación con Rafael López Martínez, dueño de la firma López Castro y considerado el autor intelectual del fraude, solamente fue laboral, «él es el dueño de la empresa que estaba en Jardines del Bosque sobre la calle la Luna, no recuerdo el número exacto».

Y tibiamente abundó: «La última tarea fue entregar la opinión y ellos deberían haber entregado la documentación, hasta ahí llegué y no se me pagó nada, hasta ahorita no he recibido ni un centavo; no hablamos de porcentaje o pago, porque supuestamente era de lo que se iba a recuperar».

Dijo no haber recibido ninguna presión para desistirse. «No, definitivamente, en lo absoluto, de nadie, yo vine personalmente con el licenciado Víctor, a raíz de lo que vi en los medios, nunca platiqué con nadie más».

Reconoce que tiene temor de una acción penal en su contra y expone por qué toma la determinación de desistirse del cobro: «Principalmente porque veo que no están las cosas como eran inicialmente, entonces no quiero yo que se haga un pago que no corresponde o que penalmente tenga consecuencias, veo que las cosas no se hicieron de manera legal, aunque no me consta».


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