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CÉSAR COLL, DETENIDO

CÉSAR COLL, DETENIDO

Oct 24, 2015

Antes de convertirse en el segundo pez gordo detenido por la actual administración priista, el exalcalde de Guadalajara, César Coll Carabias, libró desde juicios políticos en su contra, por observaciones a su cuenta pública, hasta recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ofender a un manifestante que se oponía a la construcción de la presa El Zapotillo.

Recibió señalamientos por millonarios autofiniquitos en la Comisión Estatal del Agua para sus colaboradores más cercanos y amigos de siempre como Salvador Rosas Pelayo y vivió en una constante agresión contra medios de comunicación a través de su primer tesorero, Óscar García Manzano y contra los reporteros en específico, cuyos colaboradores cercanos etiquetaban como «chayoteros».

El fin de semana César Coll durmió tras las rejas y sigue los pasos de Rodolfo Ocampo, detenido el siete de junio de 2013, otro de los funcionarios de peso de la pasada administración panista, a la que señalan por el desvío de siete mil millones de pesos, de acuerdo a datos de la Contraloría del Estado.

Al primer mes de su llegada, Coll Carabias recurrió a la policía y al escuadrón canino para atacar a un grupo de comerciantes encabezados por Salvador Caro Cabrera que se oponían a un programa de banquetas limpias y a los reporteros que cubrían la nota.

Fue descubierto utilizando recursos públicos para trasladar pasto de Parques y Jardines de Guadalajara a su casa de la avenida Naciones Unidas, en Zapopan, de donde salió por última vez el pasado viernes para llegar esposado al reclusorio preventivo.

Han pasado 20 años desde su llegada a la presidencia con la promesa de «con honestidad se hace más» y un programa de reingeniería administrativa para no tratar asuntos con los trabajadores sino sólo con los secretarios de área y que terminó por salir más caro porque le puso un piso más a la burocracia tapatía.

 

De la reingeniería a la corrupción

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En los primeros días de administración, César Coll «había descubierto una erogación de 2 millones de pesos para pagar un pavimento que nunca se había puesto. El flamante alcalde, que así prefirió llamarse por el sabor hispano del término, se erigía en campeón de la lucha contra la corrupción», dijo el historiador José María Muriá en su colaboración del periódico «La Jornada» del 23 de mayo de este año.

«Pero hete aquí que hubo un detalle que no había considerado antes de soltar a su jauría: ¿quién expidió la factura contra la cual el tesorero hizo el cheque? No se lo podían haber imaginado: fue un honrado empresario, panista de primer orden», explica.

Asegura Muriá que

«la tempestad se acabó de repente y no se habló más del asunto. Supe de buena fuente que, mutatis mutandi, la fórmula se repitió varias veces y se consagró la frase de que por cada funcionario corrupto que recibía mordida había un honrado empresario que se la daba, obviamente a cambio de una pingüe operación en favor de éste.

«A lo largo de los 18 años de honrados gobiernos del PAN en Jalisco resultó que hasta se mordían alegremente unos a otros, y todos salían ganando. Así llegamos al tercer trienio en que la corrupción alcanzó los niveles más altos de que hemos tenido noticia. No sé si porque robaron realmente más o lo hicieron de manera más descarada. Lo cierto es que diversos empresarios apolíticos declararon que nunca les habían hincado tanto el diente».

Los escándalos mediáticos de César Coll se sintetizan en tres, la prohibición del uso de las minifaldas, los anuncios espectaculares de brassieres y la oposición a la marcha gay, o si pudiera contarse el impulso a un reglamento que impedía a los cargadores del mercado de Abastos decir lo que él consideraba «malas palabras».

 

Una tumba de agua

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César Coll terminó su administración como alcalde en 1997, pero prolongó su actividad en la administración pública y terminó como director de la Comisión Estatal del Agua hasta el viernes pasado que

«la Fiscalía General cumplimentó dos órdenes de aprehensión, ambas por el delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades», dice el boletín de prensa.

«De acuerdo a las averiguaciones previas que existen en contra de Coll Carabias, el delito se efectuó dentro de su administración como titular de la CEA, cuando éste contrató dos empresas a las cuales les asignó de manera indebida diversos proyectos», especifica. La primer

a orden de aprehensión fue girada por el juez doce en materia penal y la segunda por el juez primero de lo Penal, por montos de 335 mil 634 pesos, y 2 millones 827 mil 412

pesos, respectivamente.

Dentro de nuestra legislación el delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades está contemplado en el artículo 152 del Código Penal del Estado de Jalisco.

«Estas acciones refrendan nuestro compromiso como Fiscalía General del Estado para llevar con las debidas investigaciones ante la justicia a quienes no respeten la ley, sin distinción de personas», completa el boletín de la Fiscalía General del Estado.

 

Los autifiniquitos

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Antes de ser detenido, César Coll Carabias había librado varias observaciones y señalamientos, como la autorización de finiquitos por 3 millones 199 mil pesos para sus directivos, cantidad que equivalía a más del 60 por ciento de la nómina quincenal del organismo.

El 27 de febrero, dos días antes de que concluyera la Administración del gobernador panista Emilio González Márquez, la CEA giró los cheques a favor de sus directores y gerentes, como el director de apoyo a municipios, Salvador Rosas Pelayo, quien recibió un finiquito de 286 mil pesos.Coll no recibió finiquito, pero sí un cheque por 72 mil pesos por la parte proporcional de aguinaldo y prestaciones; sin embargo, incluyó, en los pagos autorizados a los directivos, una indemnización de 150 mil pesos a su chofer y de 117 mil pesos a su secretaria.

En condiciones similares estuvieron Manuel Oses Pérez, director de Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, quien se llevó 274 mil pesos; Juan Mejía Jiménez, gerente jurídico, también con 274 mil pesos; y Héctor Castañeda, director de Cuencas, que recibió el cheque 18304 por un total de 266 mil pesos, entre otros.

 

Juicio político

Presa El Zapotillo

Presa El Zapotillo

El once de septiembre del 2013, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado dio entrada a una solicitud para iniciar tres juicios políticos, uno de ellos en contra del exalcalde César Coll Carabias y otro en contra del entonces secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, Tomás Vázquez Vigil, interpuesto, por cierto, por la esposa de Coll Carabias, Maribel Alfeirán, por permitir el ambulantaje en el centro histórico de la ciudad.

En contra del exdirector de Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, lo interpuso Rafael de la Torre Flores quien lo acusó de un supuesto daño patrimonial al perderse recursos por proponer un esquema de trabajo que elevaría la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros cuando la obra quedaría en 80 metros.

La Comisión de Responsabilidades, encabezada por Juan Carlos Márquez, desechó las peticiones posteriormente.

 

Observaciones de la auditoría

Un mes después, el Congreso del Estado llevó otro caso al Pleno: la petición de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) para fincar responsabilidades por «inconsistencias» correspondientes al año 2008, por 706 millones 449 mil 978 pesos, donde se señala a César Coll como consejero del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El informe llegó al Congreso desde el 2 de mayo de este 2015, el Congreso contaba con un plazo de nueve meses para dictaminar si eran correctas las aseveraciones y lo señalado para entregar documentos que probaran lo contrario.

Las cuentas siguen pendientes debido al cúmulo de trabajo, pero el proceso a seguir, posterior a que el Congreso finque cargos formalmente, será la entrega, por medio de Auditoría, de una notificación para iniciar el procedimiento de cobro de esas inconsistencias.

 

Su estilo personal

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El estilo personal de César Coll en la función pública fue de confrontación permanente, calificaba a quienes lo criticaban como «chayoteros» y en un acto fallido presentó facturas de pago a los periódicos como si fueran pagos a los reporteros, la principal señalada era la panista Macrina Paredes Arciga, de familia panista.

El conducto fue el entonces tesorero Óscar García Manzano y su jefe de prensa, Federico Torres, cuyo último cargo en el CODE le permitía ofrecer boletos para los eventos de los Juegos Panamericanos «sólo» a los amigos.

El 3 de junio de 2011, durante una entrevista en una estación de radio, Coll Carabias calificó al activista defensor de derechos humanos como alborotador, lo que motivó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) le ofreciera una disculpa pública el 24 de agosto del 2012.

Como garantía de no repetición del hecho, el organismo pidió al funcionario que estableciera por escrito el compromiso de que en lo sucesivo, en el ejercicio de la función pública, se abstuviera de expresar palabras que pudieran causar demérito en la reputación de las personas.

También pasaron por sus decisiones unipersonales el relator de Naciones Unidas para el Derecho de una Alimentación Adecuada, Oliver de Schutter, quien consideró como inadecuada la reubicación de los pobladores de Temacapulín.

El titular de la CEA criticó al funcionario de la ONU porque «se la pasó «bla, bla, bla», y que «si bien es cierto la tierra en la que se erige Talicoyunque no es apta para la agricultura, esto no significa que se les afecte en su economía, ya que no es posible que alguien se dedique a la agricultura con el patio de su casa se siembre algo o que haya una huertita atrás de tu casa», justificó en ese momento.

Insistió César Coll que el gobierno hará buenas compensaciones e indemnizaciones a los afectados, aunque habrá cosas imposibles «como la pared que hizo el abuelo».

 

Cuestiones de familia

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César Coll Carabias está casado con Maribel Isabel Alfeirán, quien se dio a conocer como «Estrellita», una cuentacuentos que tenía un programa en televisión pero que también tuvo su paso por la administración pública y desde 1997 estuvo cerca de su esposo.

En esa primera administración panista, Maribel fungió como presidente del DIF Guadalajara, donde la auditoría interna del Ayuntamiento de Guadalajara estableció que

«visitó repetidamente Tierra Santa en compañía de sus amigas y pagando con el dinero público que se debería haber destinado a las familias desprotegidas y en condiciones de miseria, a los niños abandonados, a las madres solteras, a los discapacitados, en fin, a las personas que sobreviven en condiciones apremiantes», según publicó el semanario Conciencia Pública.

Una auditoría interna puso al descubierto que en esa administración hubo un desvío de recursos por 64 millones de pesos, tan sólo en el DIF Guadalajara.

La auditoría llegó al Congreso del Estado con cargos millonarios, se dictaminaron los desvíos, se rechazó la cuenta pública, pero finalmente se intercambiaron favores de protección entre diputados de distintos partidos y el delito se quedó sin castigo.

La lucha fue de Maribel contra el trío de diputados que integraban el entonces priista (luego brincaría al PRD), Samuel Romero Valle, el perredista Miguel León Corrales y el panista Manuel Castelazo. El entonces diputado Raúl Padilla López fue clave para que el delito cometido por la señora Alfeirán quedara impune.

Maribel Alfeirán volvió a ocupar un cargo de elección como regidora en la administración tapatía en el pasado trienio y buscó ser diputada por el distrito once en las elecciones del once de junio, un distrito muy lejano a la condición social que les permitió estar en las primeras filas de las visitas papales.

 

La noche de los perros

César Coll Carabias no se quedaba en los señalamientos de corrupción contra los reporteros, un viernes por la noche aprovechó una manifestación de comerciantes para encerrar parejo a comerciantes y reporteros.

Ante el acoso de las autoridades municipales tapatías del primer alcalde panista, en 1996 alcalde de Guadalajara (me llaman alcalde, no presidente, les pidió), los comerciantes semifijos se organizaron, realizaron protestas y se apoderaron de las calles. En aquel tiempo lo que sobraban eran manifestaciones en un día que rompieron todos los récords de la historia.

Y uno de esos días de enero los comerciantes se metieron al Palacio Municipal de Guadalajara a retar al gobierno del cambio, ese que prometía ser diferente, que decía tener el respaldo ciudadano y que por eso todo le perdonarían.

La inesperada aparición de los comerciantes en los pasillos del edificio de gobierno provocó una rápida movilización policíaca cuando iniciaba la tarde, un grupo de elementos cerró las puertas del inmueble y otro, con perros, se apostó fuera de la oficina del alcalde, en línea de ataque e iniciaron un operativo pausado de desalojo. Paso a paso y con toda la calma del mundo, comenzaron a ganar terreno.

Pudieron bajar a todos los comerciantes que ocupaban los pasillos del segundo nivel, de la escalera hasta que llegaron a la mitad del patio en donde en línea siempre y con sus perros, se estacionaron cuando la noche había caído, encajonando a los inconformes prácticamente en el ingreso al Palacio Municipal.

Afuera, un grupo de comerciantes comenzó a gritar y trató de entrar al edificio, lo que fue un distractor suficiente para que tolete en mano y azuzando a los perros, los policías cargaran a golpes contra los comerciantes y todos los que estaban en medio. Periodistas, fotógrafos, gente que había quedado atrapada en el edificio y los comerciantes. Todos la pagaron y fue tal la violencia, que los perros mismos salían huyendo espantados.

Los policías fueron sobre Salvador Cabrera y a golpes lo arrastraron hasta el sótano, en donde le dieron una paliza para que no olvidara quién mandaba: César Coll y arriba, todos sometidos, sólo les quedaba sobarse los golpes.

Así narra la historia Abel Hernández, uno de los periodistas golpeados aquella noche de perros.