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CON BUENAS INTENCIONES BUSCAN BLINDAR PROCESO ELECTORAL DEL PRÓXIMO AÑO

CON BUENAS INTENCIONES BUSCAN BLINDAR PROCESO ELECTORAL DEL PRÓXIMO AÑO

Oct 25, 2014

Los partidos políticos pusieron sus barbas a remojar y para evitar casos como el de Iguala, Guerrero, buscan blindar el proceso electoral del próximo año, lo que para el delegado del Instituto Nacional Electoral es una irresponsabilidad porque son los únicos encargados de elegir a sus mejores hombres.

Las propuestas del blindaje iniciaron con la propuesta de que los aspirantes a puestos de elección popular sean investigados por otras instancias como la Procuraduría General de la República o instituciones como la Marina o el Ejército pero también se enfrentan con el problema de la ley de datos personales, a decir del consejero del Instituto de Transparencia, Vicente Viveros.

Pero las buenas intenciones llevaron también al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, a la mesa de los posibles acuerdos con los presidentes de los distintos partidos políticos con registro en Jalisco para difundir la recién reformada ley electoral y que tampoco se utilicen programas sociales a cambio de votos.

El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, asegura que no es tan sólo un pacto de no agresión, es un pacto que va más allá por el bien de los jaliscienses y sobre todo de la integridad de los partidos políticos» que firmarán los presidentes para evitar hechos lamentables, aunque todo quedará en buenas intenciones porque la ley electoral no puede reformarse y no podrán pedirle a sus candidatos documentos extras a los que ahora establece la ley.

La intención es que posteriormente todos los presidentes de los partidos políticos firmen un acuerdo para resguardar la estructura electoral de los partidos y evitar hechos lamentables.

LAS BUENAS INTENCIONES

El problema de los malos candidatos, a decir del delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, es responsabilidad de todos, incluidos los ciudadanos que llevan a personas de dudosa reputación a los cargos de elección popular, pero los partidos políticos pretenden patear el bote para culpar a otros de su responsabilidad porque representan la única vía para alcanzar el poder.

La historia comenzó cuando el PVEM presentó una iniciativa donde «si quieres formar parte de mi partido y competir por un espacio de elección popular, ahí mismo autorizas que la documentación se vaya a las instancias de seguridad nacional, como son Defensa Nacional, Marina, CISEN y PGR, para que se investigue a esa persona que quiere competir y se certifique si esa persona es digna de ocupar un cargo de elección popular», asegura el diputado federal Enrique Aubry de Castro Palomino.

Pero no es el único, a la propuesta de posible blindaje se han sumado el dirigente del PAN, Gustavo Macías Zambrano; del PRI, Hugo Contreras; del PMC, Hugo Luna; PRD, Juan Carlos Guerrero Fausto; MORENA, Humberto Ortiz; además de los representantes del Partido Encuentro Social y Partido Humanista.

El problema es que la ley electoral no puede reformarse porque el proceso ya arrancó desde el pasado siete de octubre y está prohibido, además pedir datos o que se investigue a otra persona debido a la ley de protección de datos personales.

Gustavo Macías Zambrano señaló que buscan «tener un instrumento para blindarnos en el tema de la delincuencia organizada. Nos debemos blindar en la elección de candidatos. Es necesario que todos los partidos hagamos un compromiso de presentar a los mejores perfiles. No queremos que sucedan cosas tan lamentables como las que ocurren en Guerrero».

El coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Hugo Luna, asegura que no es suficiente con investigar a los aspirantes antes de las campañas sino que se necesita estar vigilando a los candidatos durante el proceso electoral para que no sean condicionados por criminales.

«Nosotros celebramos la iniciativa del Gobierno del Estado y creo que hay coincidencia de todos los partidos políticos en términos de la ocupación de que tengamos un marco seguro para el proceso electoral de 2015 y que también cuidemos que los partidos políticos no se conviertan en vehículos del crimen organizado». Por su parte, Juan Carlos Guerrero Fausto, presidente del Partido de la Revolución Democrática, asegura que se busca «evitar a toda costa que no se cuele a cualquier partido el crimen organizado o que cualquier grupo ajeno o con intereses diferentes a la paz social y a nuestra estabilidad pueda infiltrar cualquiera de las candidaturas que estarán contendiendo dentro de 40 días, para eso sí hay que buscarlo porque es una responsabilidad de todos».

Gustavo Macías Zambrano, dirigente del Partido Acción Nacional, señaló al término de la reunión con el gobernador que esperan «que se blinden todos los programas sociales en bien de la sociedad. Esperamos que éste sea el inicio de algunos acuerdos y no sólo en el tema del blindaje en materia de seguridad, sino en diversos temas».

El tema es evitar repetir casos como el de Iguala, donde su alcalde José Luis Abarca, que llegó por las siglas del PRD, PR y PVM, resultó con presuntas ligas con el narcotráfico, «queremos tener un instrumento para blindarnos en el tema de la delincuencia organizada. Nos debemos blindar en la elección de candidatos. Es necesario que todos los partidos hagamos un compromiso de presentar a los mejores perfiles. No queremos que sucedan cosas tan lamentables como las que ocurren en Guerrero».

Hugo Contreras Zepeda, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, le da también su parte de responsabilidad a los ciudadanos, asegura que «somos parte del próximo proceso electoral y queremos sentar las bases para garantizar la participación de los ciudadanos en los próximos procesos electorales, hacerlos con miras de altura, de respeto y de fortalecimiento a la democracia de las instituciones públicas y sobre todo que esta reunión tiende a un acercamiento a una unidad y una comunicación entre todos los actores políticos».

Luego de la primera reunión acordaron juntarse cada quince días y posteriormente serán cada semana.

IRRESPONSABLES

Las buenas intenciones de los partidos políticos chocan con la visión del delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, quien señala que es un asunto que «debe ser tomado muy en serio», si los partidos piden ayuda a otras instancias caen en la irresponsabilidad.

«Los partidos deben de ser sumamente cuidadosos en su proceso de selección interna de candidatos, pero ¿qué es lo que ha ocurrido?, por ejemplo en el caso de Iguala, resultó electo un alcalde, en una elección del ámbito local» un alcalde perseguido por la ley.

Rodríguez Morales recuerda otro caso, como el del diputado michoacano, «que fue metido en un carro para que rindiera protesta. Y esto es inaudito y esto no debe ser permitido por la sociedad mexicana. En algunos casos han sido muy poco cuidados los partidos políticos para elegir a sus abanderados, me parece que en el afán de ganar, y esto lo han declarado algunos dirigentes de partidos políticos, han aceptado personajes con solvencia económica pero con una solvencia moral totalmente cuestionable».

Se trata del diputado federal Julio César Godoy Toscano, electo por el PRD en Michoacán, y quien contó con el apoyo de sus compañeros para entrar a la Cámara de Diputados y esconderse en el sótano del edificio «B» para esperar a rendir protesta y obtener el fuero para evitar ser detenido por las autoridades.

La propuesta de los partidos políticos es que la PGR investigue a sus candidatos, se le comenta.

—«Creo que no es la solución, incluso hubo un planteamiento al INE para que revisara antecedentes, pero esas no son facultades y atribuciones de un órgano electoral, al rato van a querer que el INE coordine las acciones contra el narco.

Esta es una responsabilidad de los partidos políticos primeramente, tienen un compromiso para elegir a sus mejores abanderados porque finalmente éstos son los canales para que los ciudadanos puedan acceder a cargos de representación popular, entonces esa es en principio una responsabilidad de ellos, absolutamente. Pedir que otras instancias lo hagan es una actitud irresponsable, hay que decirlo así, tienen que asumir plenamente su responsabilidad».

Matiza el funcionario electoral y asegura que «esta responsabilidad es compartida y también involucra a los medios de comunicación porque igualmente pueden tener información de personajes y no olvidemos que siempre atraviesa el asunto económico y el dinero deja huella. Yo diría que es también una responsabilidad de los ciudadanos, hay que estar alertas. Es responsabilidad también de los órganos del estado mexicano en sus distintos niveles».

Agrega Rodríguez Morales que «desde nuestra perspectiva vemos bien que el Ejecutivo del Estado mantenga una comunicación con los partidos políticos porque es de vital importancia y tiene esa tarea también, órganos del estado que finalmente deben tener información, supongo yo, de personajes y en su momento deben de alertar para evitar estos casos».

ASUNTO SERIO

Además del caso del diputado perredista por Michoacán, el delegado del INE dice que «tenemos presidentes municipales y otros personajes que en su momento apoyaron las campañas con mexicana alegría, por supuesto con medios económicos abundantes y que una vez que terminaron las campañas se desaparecieron porque perdieron.

Este es un asunto que debe ser tomado muy en serio, es una asunto que implica la seguridad del propio Estado mexicano, si la propia ley está considerando a los procesos electorales, o alguno de sus procesos como la custodia de la documentación electoral como un asunto de seguridad nacional, pues no se diga todo este asunto, creo que ahí están encendidas las luces no ámbar, sino rojas».

REVISAN EL DINERO

Actualmente, el Instituto Nacional Electoral cumple con su función de vigilar los gastos que también «increpa a los partidos políticos en el sentido de que tienen qué profesionalizar a sus cuadros. Si no se hace serán objeto de sanciones y esto va aparejado con las causales de nulidad de la elección. Todo aquel que se exceda en cinco por ciento los topes puede ser causal de anular la elección», advierte.

Remata: «el INE trabaja día a día en el asunto del blindaje, ¿cómo lo hace? A través de sus diversas atribuciones y distintas responsabilidades y una de ellas es la que tendrá qué intensificar sus tareas en la revisión del gasto y los ingresos de los partidos políticos. Ese es un aspecto muy sensible en el cual el INE puede trabajar para el blindaje, además de otra serie de acciones vigilantes en este sentido».

Adelanta Rodríguez Morales que el Instituto Nacional Electoral deberá adquirir un software para instalar terminales en las oficinas de los propios partidos políticos para que lleven su contabilidad en el día a día, aunque les moleste.

TRANSPARENCIA

Además de que no se pueden hacer modificaciones a la ley electoral, el consejero del Instituto de Transparencia Vicente Viveros advierte que existen otras limitantes como la Ley de Protección de Datos Personales, aunque sí es necesario inhibir estas prácticas irregulares.

«Nadie puede solicitarle a la PGR que investigue a los candidatos para ver si tienen alguna propiedad porque no viene en la legislación. Cómo pueden saberlo, preguntando en el Registro Público de la Propiedad pero como aprendí en el camino no puse nada a mi nombre. Y menos si quiero ser candidato».

«También está el derecho de la persona y la ley de la protección de sus datos personales en posesión de entes públicos o entes privados y nadie puede acceder más allá del acta de nacimiento porque son registros públicos, pero fuera de allí nadie puede checarte nada, salvo que sea por autorización expresa mía», agrega.

Asegura que si los partidos políticos quieren revisar a los candidatos que quieran contender deberán modificar la ley electoral.

¿Bastaría que el partido político obligara en sus estatutos a los candidatos?

—«El partido político no puede inhibir mis derechos político-electorales y yo puedo interponer un juicio de la defensa de mis derechos ante el tribunal porque el partido me impide algo que no viene en la legislación electoral. Me estaría pidiendo un requisito que va más allá de lo que viene en la ley y el estatuto no puede estar por encima de lo que dice la ley.

Agrega que la situación se encuentra en el nivel que «si yo fuera partido político, yo lo haría», señala Vicente Viveros.