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Después de la caída de Vega Pámanes, se necesita una limpia en el poder judicial

Después de la caída de Vega Pámanes, se necesita una limpia en el poder judicial

Oct 30, 2016

Después de la caída de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, un suceso que sacudió a la estructura del Estado, las condiciones están dadas para reformar en forma integral el Poder Judicial de Jalisco.

La corrupción y nepotismo son dos factores que estrangulan al Poder Judicial en Jalisco, en donde se debe aprovechar la oportunidad de que el presidente Luis Carlos Vega Pámanes solicitó licencia para dejar el cargo, para barrer y sanear a la dependencia, como las escaleras, de arriba hacia abajo.

 

LOS DIPUTADOS TIENEN LA PALABRA

Precisamente dos de los principales problemas que inspiraron la iniciativa de reforma integral al Poder Judicial, presentada por el diputado Ismael del Toro Castro, ante el pleno de la LXI Legislatura, son la corrupción y el nepotismo que lo han estrangulado y que se pueden identificar como sus grandes problemas, a los que se les puede sumar la nula rendición de cuentas a los ciudadanos.

Esta iniciativa fue presentada hace dos meses, mucho antes que se registrara el «affaire Vega Pámanes» y sucedió lo inimaginable: que fuera obligado a dejar la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia por el escándalo en que se vio involucrado y que golpeó severamente la imagen del Poder Judicial del Estado.

 

El diagnóstico, punto de partida

El diagnóstico del que partió el legislador que coordina al grupo mayoritario en el Congreso del Estado, habla de la injerencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en las decisiones y el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial.

Se habla de la obsolescencia de los procedimientos a consecuencia de la limitada modernización tecnológica; falta de transparencia y profesionalismo en la designación de los más altos funcionarios, particularmente jueces y magistrados y la inexistencia de una política judicial orientada a mejorar la impartición de justicia.

Sin embargo, también se admite en este punto de partida, que uno de los principales problemas es el rezago presupuestal que padecen en el Poder Judicial y que se refleja lo mismo en temas de infraestructura, como en el del equipamiento.

De ahí que para mitigar este rezago, las dos propuestas más relevantes que aliviarán las limitaciones económicas con las que se ha trabajado, serán la creación del Presupuesto Constitucional, al que se asignará por ley cada año el 2% del total del Presupuesto de Egresos que ejerza el Gobierno del Estado de Jalisco.

Esto significa un incremento de aproximadamente 500 millones de pesos anuales, luego de que en el presente año habrá de ejercer el Poder Judicial un presupuesto de alrededor de los mil 298 millones de pesos.

La segunda de las determinaciones relevantes consiste en regresarle al Poder Judicial, después de más de 20 años, la administración de los recursos de la Hacienda Judicial, que durante este lapso estuvieron prácticamente «secuestrados» por el Poder Ejecutivo y que hoy volverían a su lugar de origen, con la única condición de que sean invertidos en acciones de infraestructura y equipamiento y estaría prohibido inyectarlos en la nómina, bonos, compensaciones o gasto corriente.

Vale la pena recordar que la Hacienda Judicial se conforma con los recursos que generan con motivo de la función judicial, como son las sanciones económicas, cauciones, intereses de garantías o depósitos y derechos por copias certificadas.

Y aunque la captación de los recursos económicos seguirá estando a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la propuesta consiste en que la partida sea administrada por el Consejo de la Judicatura a través de un fideicomiso creado ex profeso_.

 

Autonomía e independencia

Uno de los propósitos de esta propuesta de reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial emanada de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, obedece a la necesidad de dotar de autonomía financiera al Poder judicial, para que con ello poco a poco vaya adquiriendo una auténtica autonomía y una independencia real, al dejar de depender del presupuesto que cada año le asigne el Poder Ejecutivo y le apruebe el Poder Legislativo.

Con ello también se lograría abatir el rezago en infraestructura y equipamiento, así como modernizar los procedimientos para brindar mayor cobertura y celeridad a la impartición de justicia.

Para lograr hacer real esta autonomía y esta independencia, la propuesta habla de una nueva integración del Consejo de la Judicatura, que estaría presidido por el presidente del STJJ, por un magistrado electo en votación secreta entre sus pares, un juez de primera instancia electo de manera secreta por sus pares y dos consejeros ciudadanos electos por dos terceras parte de los integrantes del Congreso del Estado.

Sin embargo, se proponen cambios en los procedimientos de la designación de los Consejeros Ciudadanos, en donde por ley se habrán de someter a un procedimiento de evaluación, a una comparecencia pública, se habrá de ejecutar el proceso con mayor transparencia y los resultados de ello habrán de ser públicos.

Para ellos se eliminaría el requisito de ser abogado y solo quedaría la exigencia de contar con un título profesional de nivel licenciatura con antigüedad mínima de 5 años, en virtud de que uno de los consejeros ciudadanos se responsabilizaría de la administración de los recursos y el otro de la vigilancia y la disciplina interna.

 

Elección de jueces y magistrados

La propuesta de reforma también habla de enmiendas a la designación de jueces y magistrados, que deberá ser por medio de concursos de oposición que contemplen la evaluación de conocimientos y capacidades técnicas, logros académicos, trayectoria profesional en el ámbito judicial, comparecencia pública, mayor transparencia y publicidad de los resultados; se plantea además limitar su vigencia a un año, de las listas de jueces para cubrir vacantes.

Esto con el fin de garantizar la calidad de los perfiles que integran el Poder Judicial, transparentar los procesos de designación para evitar corrupción y nepotismo y con el fin de establecer incentivos basados en el mérito y la preparación profesional.

 

Juicios en línea

Con relación a la modernización institucional, el objetivo sería transitar de la digitalización de los expedientes judiciales, a los juicios en línea. Sin embargo, también se propone la implementación de un sistema informático que permita registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar los procedimientos judiciales de primera y segunda instancia.

Con ello se lograría tener acceso total a la justicia vía internet las 24 horas del día y los 365 días del año, y en tiempo real, se agilizarían los trámites procesales y se lograría un ahorro sustancial en tiempo, dinero y papel.

En el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, la propuesta de reforma integral al Poder Judicial habla de la creación del Consejo Estatal para la Evaluación de la Política Judicial, que consistiría en un organismo técnico, profesional y especializado para la revisión y evaluación de la política judicial y la eficiencia en la función jurisdiccional.

Este Consejo estaría dotado de autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio; estaría integrado por seis investigadores académicos designados por las dos terceras partes del Congreso del Estado; serían propuestos por las universidades o bien por los organismos de la sociedad civil y entre sus atribuciones estarían la de realizar estudios, evaluaciones, revisiones, análisis técnicos y mediciones de la función jurisdiccional y la política judicial, así como emitir recomendaciones respecto a la implementación de programas y proyectos para la mejora de la política Judicial.

Es decir, en sus manos estaría el establecimiento de parámetros y lineamientos sobre los cuales el Consejo de la Judicatura evaluará el desempeño de jueces, magistrados y funcionarios judiciales.

 

¡Fuera manos!

La propuesta de reforma integral al Poder judicial presentada por el diputado coordinador de la fracción mayoritaria del Congreso del Estado, Ismael del Toro Castro, habla de la necesidad de que los partidos políticos, las fracciones parlamentarias y los poderes Ejecutivo y Legislativo respeten la independencia y la autonomía del Poder Judicial.

Hoy el Poder Judicial es la «patita chueca» del trípode en el que se debe sostener el Estado de Jalisco; hoy la autonomía y la independencia del Poder Judicial son mera utopía; hoy los partidos políticos meten mano a discreción en la designación de jueces y magistrados.

Bajo este retrato de la realidad, el diputado Ismael del Toro Castro, coordinador de la bancada naranja en la LXI Legislatura local presentó una iniciativa de reforma integral al Poder Judicial, en la que se plantea no solo la enmienda cabal a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino reformas sustanciales a la Constitución Política del Estado de Jalisco, a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.