Portal informativo de análisis político y social

DULCE ENVENENADO; MODIFICAR FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS

DULCE ENVENENADO; MODIFICAR FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS

Nov 21, 2015

La propuesta del presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, para que los partidos políticos puedan comprar nuevamente spots en medios electrónicos «es un dulce envenenado», con puntos altamente vulnerables.

A decir del académico Jaime Preciado Coronado, modificar el esquema de financiamiento a los partidos «en una situación como la nuestra», donde fallan los esquemas de fiscalización, existen prácticas de «lavado de dinero» y negociaciones en lo oscurito es más riesgoso aunque reconoce que la tendencia mundial es a la privatización.

En el año que termina, los partidos políticos se llevaron más de cinco mil millones de pesos para gastarlos en actividades ordinarias, actividades específicas y actividades tendentes a la obtención del voto.

El próximo año, para organizar doce elecciones estatales, doce de ellas para gobernador, se pagarán cuatro mil millones de pesos, de los más de quince mil que gastará en total el Instituto Nacional Electoral.

En Jalisco, para el próximo año que no es electoral, se llevarán el doble del gasto operativo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, quien se lleva las críticas y 128 millones de pesos pero el dinero se queda con los partidos, con un gasto programado de casi 261 millones de pesos.

¿Tenemos partidos caros?

«Muy caros, dice Jaime Preciado Coronado, y es que ahí hay otros problemas técnicos, por ejemplo la fórmula más adecuada es que el dinero se repartiera en función de los votos obtenidos, de alguna manera premiar el que llames al voto y que hagas que un militante acuda a la casilla. Pero por muy caros que sean, los órganos electorales no pueden modificar sus partidas debido a que el artículo 31 de la Ley General de Procedimientos Electorales «el Instituto no podrá alterar el cálculo para la determinación del financiamiento público de los Partidos Políticos, ni los montos que del mismo resulten, en razón de que los recursos presupuestarios destinados para este fin, no forman parte del patrimonio del Instituto».

 

La tendencia mundial

JAIME Preciado

Actualmente, en nuestro país, el 90 por ciento de los ingresos de los partidos políticos deben ser públicos, otorgados por el estado, y el restante diez por ciento podrá ser privado, pero no podrá rebasar ese monto.

«A mí me parece que las tendencias en el mundo son a liberalizar al máximo lo que tiene que ver con los partidos políticos y tenemos el caso más extremo en Estados Unidos que hace un par de años, con Barack Obama en el gobierno, se abrió prácticamente como una empresa más del mercado.

«Los partidos son, para decirlo junto con un autor muy importante que se llama Wolin Sheldon, Democracia, Sociedad Anónima. Creo que esa es la tendencia dominante con interpretaciones diferentes de dos públicos porque mientras las posiciones más liberales, mercantiles, dicen que es una cortapisa y se frena la capacidad para difundir sus ideas pero hay otros más preocupados por gestiones, regulaciones, por parte del sector público que sí me parecen mucho más atinadas y que no dejan en manos del mercado una cuestión que es de asuntos públicos y se tiene que asegurar por medios regulados que haya equidad en el proceso electoral».

Asegura por ello que «la liberalización total es negativa y la cuestión pública con tanta predominancia como tiene en México me parece también que tiene sus limitantes porque nos obliga a quienes pagamos impuestos, los contribuyentes, a que sostengamos una vara muy alta en relación con la proporción del financiamiento a los partidos políticos, pero por otra parte yo creo que en alguna medida también hay que, en alguna medida, responsabilizar y garantizar que eso sea transparente, porque además de la mercantilización está ese problema, si es en lo oscurito, y si es con cuentas poco claras, “lavado de dinero”, en una situación como la nuestra esos son puntos muy vulnerables».

¿Tendría que ir amarrado de la fiscalización?

«Totalmente, sí, que se hiciera de a de veras, porque está marcada en la ley y sin embargo, por las complicidades que hay con el Poder Legislativo, es como una serpiente que se muerde la cola y nunca deja de moverse en ese sentido de manera que no hay posibilidad de deslindar responsabilidades».

Si se abre el financiamiento, ¿no se impone la mercadotecnia a las ideas?

«Por supuesto».

¿No es riesgoso?

«La mercadotecnia electoral ya la tenemos muy metida, con el financiamiento que se da de fondos públicos se contratan trabajos privados, o sea la privatización de los partidos políticos ya está operando y el problema es que dentro de lo público no hay posibilidades que se pueda regular».

¿Los partidos políticos van rumbo a la privatización?

«Sí, porque aunque el dinero es público, los medios con los que se trabaja son privados, entran al mercado electoral con lo cual todo el dinero para oficinas de encuestas, mercadotecnia electoral, formación de candidatos, todo eso es producto de una relación mercantil, qué podemos salvar de aquí, ciertamente es importante que la inmensa mayoría del financiamiento sea público para evitar que haya esa entronización de poderes fácticos, de poderes del crimen organizado, ante lo cual se supone que es más fácil fiscalizar ese dinero, pero el 10 por ciento restante también es importante fiscalizarlo pero en eso ha habido mucha laxitud de las autoridades electorales».

¿Qué regulamos, los porcentajes o la fiscalización?

«Creo que hay que hacer ambas cosas.

Entrevistado en sus oficinas del Centro Universitario de Ciencias sociales y Humanidades, el investigador recibe una llamada y cuando regresa, recapitula: “la tendencia mundial es a que los partidos dependan menos de los recursos públicos, pero en países como los nuestros, en donde hay la influencia de poderes fácticos tanto de parte de los medios como del crimen organizado, eso hace muy vulnerables que el financiamiento privado sea el principal, entonces creo que debemos de mantener una fórmula que sea predominantemente pública y ambos, tanto lo privado como lo público, requieren de una fiscalización muy cuidadosa.

El problema es que para la fiscalización de lo público, mientras no haya independencia y autonomía de poderes y mientras se sigan estableciendo las cuotas para la participación de los partidos en las comisiones de Hacienda y las que tienen que ver con las contralorías y todo lo demás, vamos a seguir en la simulación y en la complicidad».

Advierte que un buen principio sería darles el financiamiento a partir de los votos que lleven a las urnas y no con base en el padrón de electores multiplicado por un porcentaje del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

De la bolsa total a repartir, «el 70 por ciento se destina para los partidos principales y el 30 por ciento en una bolsa de compensación y eso quizá deberíamos mantenerlo para lograr una mayor equidad pero fundamentalmente creo que lo que hace falta es empoderar el voto para que nosotros como ciudadanos sepamos que sí nuestro voto cuenta y se cuenta vamos a insistir en la fiscalización y la transparencia de los recursos públicos».

¿La idea de Manlio es liberar la privatización de los spots?

«La propuesta es tramposa porque cómo calculas tú lo que cuestan los spots cuando es un tiempo de concesión de espacio radioeléctrico que las empresas están obligadas a dar para el Estado, eso no se puede mercantilizar, entonces es tramposo decir ya no vamos a tener spots y entonces tendremos qué recurrir al financiamiento y, claro, imagínate los poderes de Televisa, de TV Azteca y conexos, por supuesto que estarían encantados con esa propuesta, sin embargo me parece un dulce envenenado.

Es cierto que castra en algún sentido la publicidad que hacen en los spots porque los spots implican una mera difusión y no una comunicación, tú no puedes decir bájenle o quiten ese contenido tan chafa, no estén dando lata con esas canciones de banda que ya nos tienen hasta el copete, porque eso impone un modelo de los medios de comunicación que es vertical, que no está abierto a la interpelación y menos a la participación en la realización de esos spots.

«Yo ahí lo que veo es que es importantísimo definir que esa concesión vaya al Estado y que el Estado lo administre correctamente, pero con un ingrediente que me parece clave y que es la calidad de los spots, es decir, ya no podemos pensar en eso simplemente de la arbitrariedad del mensaje sino en mensajes no censurados pero sí que metodológicamente contemplen una mayor permeabilidad con la población a la que está dirigida la publicidad.

 

La propuesta de Manlio

 

Beltrones Fb

Los legisladores del PRI, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, anunciaron que propondrán regresar al financiamiento privado en materia de spots con el argumento de que los partidos políticos están usando sus spots para promocionar la imagen de un aspirante a la Presidencia de la República.

Los partidos que fueron mencionados fueron Acción Nacional, el cual promociona la imagen de Ricardo Anaya, actual dirigente nacional del blanquiazul. Además de López Obrador, debido a que no hay spot del Partido MORENA donde él no salga.Actualmente, hay programados un millón 300 mil spots, entre los cuales se gasta por aspirante a alguna candidatura alrededor de 500 millones de pesos.

Antes de la reforma de 2006 que prohibió la compra de espacios en medios de comunicación, los partidos políticos gastaban el setenta por ciento de sus ingresos en medios electrónicos, ya sea televisión o radio.

Tras la reforma, están obligados a usar los tiempos oficiales que el Estado les asigne, pero «en lugar de usarlos institucionalmente, los usan como modelo de promoción de una figura», reclamó en días pasados Manlio Fabio Beltrones, llamando esto un engaño y un fraude a la ley.El dirigente nacional del PRI acusó a López Obrador de saber

«perfectamente bien que se está aprovechando de un vacío legal», por lo que los legisladores del tricolor comenzaron a impulsar el cambio en la ley para los spots, regresando a que cada uno de los partidos o aspirantes financien sus propios tiempos en medios de comunicación, con base en los precios que pongan las empresas.

En caso de que se apruebe este financiamiento privado, se espera que se aplique para las próximas elecciones estatales de 2016, y por supuesto, las presidenciales de 2018.