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Elección de auditor podría aprobarse hasta próximo año

Elección de auditor podría aprobarse hasta próximo año

Dic 10, 2016

El proceso de elección del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, plantea un escenario inédito donde hasta ahora el tradicional reparto de cuotas partidistas, tiene a los diputados en la incertidumbre.

PMC con 14 diputados y PRI con 13, requieren de sumar 26 votos para imponer al auditor. El problema para los tricolores es que incluso llegando a una negociación con los 12 restantes, donde están el independiente, el de Nueva Alianza, los dos del PRD, los tres del PVEM y los cinco del PAN, solo alcanzaría 25 votos.

Y los del PMC tendrían que convencer a esos 12 de origen tan disímbolo, para alcanzar los 26 que se requieren para elegir al nuevo auditor, quien ejercería el cargo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2023.

PAN y PRD ya tienen anunciado que harán alianzas en 2018, en tanto que el PMC recientemente adelantó que buscará formar parte de esa alianza nacional. Incluso en 2013, PMC y PRD se aliaron para repartir por cuotas las direcciones y plazas en el Congreso del Estado.

Pero aun convenciendo a los anteriores, el PMC tendría que negociar el voto del independiente Pedro Kumamoto, aprovechando la identidad de egresados del ITESO que tiene con Alfaro. Además tendría que sumar los votos de Nueva Alianza y del PVEM, los cuales serán más difíciles o costosos en reparto de cuotas para el PMC.

Y es muy posible, como ya lo han advertido otras voces, que al 31 de diciembre no se haya llegado a un acuerdo para impulsar un candidato común entre el PMC y el PRI, por lo cual la convocatoria se declararía desierta y entraría como encargado del despacho el Director Técnico y en ausencia de este el Auditor Especial de mayor antigüedad, como lo establece el Artículo 32 de la Ley correspondiente.

TRANSFERIR LA DECISIÓN A 2017

Si el trámite de elección lo transfieren los diputados a 2018, es de esperar que no lanzarán una nueva convocatoria hasta tener un acuerdo previo entre PRI y PMC, ambas corrientes dependen de la decisión personal del gobernador del estado y del presidente municipal tapatío respectivamente.

Como ambos políticos tienen el mismo gen priista, sería extraordinario si llegaran a un acuerdo a través del cual se impulsara a un auditor verdaderamente independiente, tanto en lo político como en conciencia, como lo establecen los lineamientos de las normas de fiscalización.

En este proceso todavía en curso, se presentaron acciones burdas e ilógicas, como la del examen practicado durante tres horas a los 30 aspirantes, para al concluir y antes de que pasara una hora, anunciar que solo cuatro habían aprobado.

Como si el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, tuviera listo un ejército de evaluadores que en cuestión de minutos revisaron y calificaron 3 mil preguntas y tres mil respuestas, dado que cada examen incluyó 100 interrogantes. Dato para Ripley, sin duda.

La esencia de la reforma que dio vida a las auditorías fiscalizadoras en el país, fue la independencia que deben tener estos órganos revisores, algo que por lo menos en Jalisco pervirtieron de inmediato los legisladores, jaloneando y malinterpretando la Constitución y la Ley respectiva.

El Artículo 35-Bis de la Constitución de Jalisco precisa que el Congreso del Estado se apoya para las tareas de fiscalización, «en la Auditoría Superior, que es un organismo técnico, profesional y especializado, de revisión y examen del Poder Legislativo, dotado con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de decisión, integrado por personal profesional, seleccionado por oposición, bajo el régimen de servicio profesional de carrera».

La Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco, establece que el titular de la dependencia «deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que tengan prestigio profesional, capacidad, honestidad, confiabilidad y experiencia técnica en la materia».

Se concluye de lo anterior, que el Auditor Superior debe tener garantizada su autonomía para poder desempeñar con eficiencia y eficacia el trabajo que le encomiendan, de vigilar el uso y destino de los recursos públicos.

Un proceso viciado de origen para elegir al titular, como los hemos vivido hasta la fecha, solo abona a la desconfianza social e incentiva los actos de corrupción, pues los auditores llegan cooptados por presiones partidistas o grupos de poder.

En el caso que nos ocupa, los legisladores ni siquiera hicieron públicas las fichas curriculares de los aspirantes, como si los ciudadanos no tuvieran derechos y obligación de conocer las cualidades o limitaciones que tienen los aspirantes. Y luego de la parodia del examen solo publicaron cuatro de ellos, ni siquiera el de un quinto aspirante que pidió revisar su examen y dos días después lo admiten como aprobado.

Fuera de la lista elegible, quedaron aspirantes con gran trayectoria de carrera, reprobados por un examen elaborado en 72 por ciento por los asesores legislativos y el resto por cuestionamientos enviados desde las universidades. A excepción de quienes laboran en el órgano técnico de Hacienda, los asesores poco dominan el tema.

Entre los aspirantes «reprobados», resaltan los nombres de José Mejía Urzúa, extesorero del gobierno estatal; José Luis Mercado Ibarra, exdirector de área en la ASEJ y consultor en fiscalización de larga trayectoria; Diana Gallegos Shibya, abogada y con licenciatura en contaduría pública, directora de Auditoría a Dependencias del Ejecutivo y Empresas Paraestatales en la ASEJ y única aspirante certificada por ASOFIS.

En la lista elegible solo quedaron cinco, con el subsecretario de Finanzas, Hugo Alberto Michel Uribe, quien ostenta el perfil más completo con licenciaturas en Derecho y Economía por la UdeG, así como un Doctorado en Economía por la Universidad de Barcelona. Ha sido el más cuestionado por su cargo en el área que forzosamente tendría que fiscalizar de ser elegido, además de provenir del equipo del gobernador.

Aparece Gustavo Alfredo González Pacheco, señalado como el candidato del PMC. Tiene una licenciatura en contaduría pública por la UAG y una maestría en finanzas por el TEC Milenio. Es jefe de la Unidad de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Zapopan.

El siguiente en la lista es Israel García, quien ostenta una licenciatura de abogado, maestría en derecho constitucional y amparo, así como doctorado en derecho constitucional, cursados en la Universidad de Guadalajara. Es jefe de Departamento en la Tesorería del Ayuntamiento de Zapopan.

Ulises Rafael Chávez Sánchez es licenciado en contaduría pública por la Universidad de Guadalajara; es jefe de unidad en Tesorería del Consejo de la Judicatura y fue director de Presupuestos en la SEPAF de 2014 a 2016.

Se agregó a la lista de elegibles dos días después, José Luis Castellanos González, quien desde que apareció como aspirante ha sido cuestionado en los medios de comunicación, pues al renunciar a su cargo de presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en 2008, se otorgó una liquidación cercana a los 9 millones de pesos.

Los legisladores anunciaron que será el próximo 13 de diciembre cuando sometan a votación ante el pleno la lista de elegibles para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Jalisco.