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En la lucha por los colomos, primer round para el gobierno estatal

En la lucha por los colomos, primer round para el gobierno estatal

Ene 30, 2016

Con las firmas de 22 mil ciudadanos como apoyo, el gobierno del estado asumió la defensa del Bosque de Los Colomos, luego de que una sentencia del Tribunal Administrativo autorizara a un particular para construir en el predio denominado El Chuchucate, con tres mil metros cuadrados, a pesar de considerarse un área natural protegida.

En la lucha involucraron a quince dependencias, desde los técnicos como ciencias forenses, el SIAPA, Conagua, o temas registrales como Registro Público de la Propiedad, Archivo de Instrumentos Públicos o la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.

El origen del conflicto, «a alguien se le hizo muy sencillo desprender dos hojas» donde se encontraban los registros que amparaban la propiedad.

El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y el procurador social, Carlos Trejo, encabezaron la defensa del bosque, sin descartar la expropiación como recurso. Los sedicentes dueños quieren vender a 20 mil pesos el metro cuadrado, la respuesta es cuánto vale un terreno donde no se puede construir, nada, dice el procurador social.

El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, fue firme desde el principio para realizar la defensa en los tribunales por las vías administrativa, civil y penal para proteger con «toda la fuerza del Estado» sin violentar ningún derecho porque todos tienen derecho a ser escuchados».

Los primeros resultados se dieron el fin de semana.

Estamos actuando, estamos haciendo actos de gobierno, no son mediáticos, es nuestra defensa del bosque, no podemos hacerlo mediático, es un tema que es de todos, nos incumbe a todos, a la sociedad y gobierno, dice López Lara.

Como consecuencia, el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo concedió la suspensión provisional de la sentencia del TAE, por lo que no puede realizarse edificación o modificación alguna al status actual que hasta que concluyan los procesos judiciales, de acuerdo a la cuenta de tweeter del gobernador del estado el fin de semana.

«Estamos haciendo peritajes de las escrituras que se tienen para hacer las pruebas jurídicas de lo que es propiedad del estado. Vamos a fondo, vamos a dejar el piso firme para que esto se gane, que sea el bosque de todos».

—¿Por qué no solicitar juicio político contra los magistrados del TAE?

—El Gobierno del Estado es respetuoso de los poderes, pero si en la revisión que estamos haciendo merecen juicio político hasta el propio secretario general se tiene que ir, así sea el TAE, sea quien sea, el Estado de Derecho debe prevalecer siempre y es la parte que estamos trabajando, responde el secretario general de gobierno.

—¿Cuál es la trascendencia de las firmas?

—Nuestro sistema jurídico mexicano está basado en los derechos fundamentales, una reforma constitucional que dio un cambio que nos dijo que las instituciones quedan de lado frente a la necesidad de respetar los derechos humanos, por eso las firmas deben tener un peso específico relevante, importante para entrar al asunto, pero independientemente estamos trabajando con quince dependencias involucradas en encontrar los caminos adecuados para poder defender Los Colomos, responde Carlos Trejo.

Y es que en la lucha por el bosque se habla de falsificación de firmas, por lo que se sigue la vía penal; de robo de documentos, por lo que se sigue la vía administrativa, y la afectación a la zona metropolitana, todo en un mazacote que se fue armando con el paso de los años.

Un bosque se hace grandote y se hace chiquito

La historia de considerar al Bosque de Los Colomos como un recurso natural digno de ser protegido, comenzó en el siglo XIX, casi a finales, cuando el entonces gobernador de Jalisco, Luis del Carmen Curiel decidió comprar una parte de este ahora importante pulmón para Guadalajara, debido a que era la fuente de recarga y abastecimiento de agua para la ciudad.

Y 120 años después de eso (noviembre de 2015), el Gobierno de Jalisco la designa área protegida, intentando cuidar lo poco que nos queda de bosque, por su importancia ambiental, la que ahora es amenazada por urbanizadores que quieren convertir el área verde en un nuevo coto residencial.

El llamado Bosque de Los Colomos no es nada de lo que fue a finales del siglo XIX, cuando fue adquirida una parte por el gobernador en turno, quien entonces aprovechaba que una fábrica textil dejaba la zona para moverse a La Experiencia y adquiría una parte del bosque, aproximadamente unas 251 hectáreas que en 1895 pasaban a ser parte del patrimonio del millón 115 mil habitantes que se asentaban entonces en estas tierras jaliscienses.

Las escrituras de aquellos tiempos hablaban de terrenos que formaban parte de los polígonos conocidos como Colomo Grande, Los Colomos, Lomas del Colomo, El Chuchucate, La Coronilla, La Campaña y Loma de Coyotes, predios localizados en los límites de Guadalajara y Zapopan, parte de un gran sistema boscoso que con el paso del tiempo se fue perdiendo hasta la actualidad, cuando estamos defendiendo solamente 92 hectáreas que contienen una masa forestal de 32,000 árboles entre Pino Michoacano, Catarina, Eucalipto, Cedro y otras especies.

La defensa que se hace del predio es contra una constructora que pretende convertir al Bosque de Los Colomos, en un fraccionamiento de lujo, pero debe destacarse que los constructores agrupados en una fiduciaria de Banamex, han integrado completamente el expediente necesario para levantar las edificaciones que pretenden.

Este terreno forma parte de la Cuenca Hidrológica de Los Colomos, cuya delimitación realizada en 2005 contempla 116 hectáreas que corresponden a Guadalajara, más 81 localizadas ya en los dominios zapopanos, con un grave problema, no existen escrituras que protejan adecuadamente la propiedad pública, pues conforme a las compras realizadas en 1895, la realidad es que lo adquirido por Luis del Carmen Curiel pudieran no ser más de 25 hectáreas.

Las medidas se encuentran en las escrituras 20 y 19, la primera del 7 de junio de 1898 y la segunda fechada el 5 de junio de 1900. Las compras indican que el primero de los predios se adquirió a María Gil Romero y se describen en el documento, nada más que «seis fanegas», lo que traducido a nuestras medidas actuales se convierten en apenas 21 hectáreas; la segunda escritura, la 19, es una compra a Mercedes Torres de Rosales, aunque con esta operación se generan complicaciones impresionantes, pues si bien ya se había salido de aclaraciones en la primera compra (la vendedora no sabía convertir fanegas a hectáreas y quería vender el doble), para el segundo de los casos resultó que la superficie que compraba el Estado estaba ya considerada en la primera operación.

El caso era sencillo, María Gil Romero tenía una demanda de Mercedes Torres Rosales, perdió y se le adjudica en propiedad el predio que peleaba pero que para entonces ya había sido vendido al Estado. La solución fue comprarlo nuevamente, pagando dos mil pesos.

Entonces, el Estado no tuvo más tierra, sólo la compró más cara y hasta donde se ha revisado el caso, se trata de la superficie cercana a la ahora Av. Acueducto a la que se suma —para llegar al bosque de ahora—, un comodato entregado en 1983 a Zapopan, 32 hectáreas y nueve más que colindan con la Av. Patria, consideradas propiedad de la Compañía Industrial de Guadalajara.

Las delimitaciones que se han hecho de la zona a través de las áreas de control a la urbanización del Estado delimitaron más de esa superficie realmente en propiedad del gobierno y son los predios conocidos como «Los Tareyes» y «El Tepopotal», también propiedad de la Compañía Industrial de Guadalajara, entregados en préstamo al gobierno mediante contrato sancionado por el Congreso del Estado, el 25 de septiembre de 1900.

Doce años después se hicieron algunas precisiones en la superficie a préstamo al Estado, pues la compañía indicó que los lienzos de su propiedad eran los predios conocidos como «Tareyes», «El Tepopotal», «Los Barrenos» y el famoso «Chuchucate» y el préstamo se debía a la importancia estratégica de los dos primeros predios, ya que era donde se tenían los manantiales que alimentaban una gran parte de la ciudad.

Al paso del tiempo se han confundido lotes y límites y ahora el Estado reclama tierras que no son de su propiedad y permitió la construcción de fraccionamientos como Pontevedra y Zotogrande, incluso la torre «La Reserva», en tierras que sí son parte de los lotes adquiridos en el siglo XIX.

Esto ha generado litigios sobre 50 hectáreas en donde se encuentra el lienzo conocido como «El Chuchucate».

Incluso la declaratoria de «Área Natural Protegida» (207.9 hectáreas) para Los Colomos, no ha procedido debido a que hay amparos de particulares que han impedido su instrumentación, pues los que se asumen dueños de la tierra interpusieron un amparo que frenó toda acción en la zona.

Los juicios en proceso son por los predios conocidos como «La Campana», donde se encuentra el llamado Bosque Pedagógico del Agua; «El Arroyo», donde se quiere fraccionar igual que «El Chuchucate», una de las zonas de manantiales más importantes, pues genera 200 de los 400 litros de agua por segundo que producen Los Colomos.

 

El pleito

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El Tribunal Administrativo del Estado dictó una sentencia a favor del particular que pelea «El Chuchucate» y quien tiene ya todo listo para fraccionar, incluyendo los documentos que se lo permiten:

— Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Favorable desde 2006.

— Factibilidad del SIAPA.

— Autorización de la Conagua.

— Factibilidad de la Semarnat.

— Factibilidad de la CFE.

— Dictamen de NO Afectación a los mantos freáticos.

— Autorización para entubar el río que cruza «El Chuchucate».

— Construcción de una vialidad primaria sobre el cauce de dicho río.

— Estudios y planos del proyecto presentados al Ayuntamiento de Guadalajara en el año 2013.

— Solicitud de construcción de 35 viviendas sobre tres hectáreas de bosque.

El expediente fue integrado y presentado vía una fiduciaria de Banamex, a la que no le dieron contestación a su solicitud en tiempo y forma, por lo que se aplica la «afirmativa ficta» de parte del Tribunal Administrativo del Estado y con ello, la obligación de la autoridad para expedir los permisos de construcción y urbanización.

La zona boscosa es administrada por un «Patronato Bosque Los Colomos», Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento de Guadalajara, con personalidad jurídica y patrimonio propios, según el decreto 17137 expedido por el Congreso del Estado.