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GRUPO MÉXICO DEPREDA, CONTAMINA Y EXPLOTA PARAÍSO MINERO DE SONORA

GRUPO MÉXICO DEPREDA, CONTAMINA Y EXPLOTA PARAÍSO MINERO DE SONORA

Ago 30, 2014

Por Gerardo Moreno y Rigo Gutiérrez (Cortesía del Semanario Primera Plana)

Sonora es el principal productor minero del país, esta actividad representa casi 72.5 mil millones de pesos y ha tenido gran crecimiento en los últimos años llegando a abarcar más del 30% de la geografía estatal. Sin embargo, bajo la promesa de desarrollo existe un indiscriminado manejo de las políticas ambientales de las empresas ocasionando una incalculable afectación al medio ambiente y un daño irreparable para comunidades enteras.

Según datos del informe “Panorama Minero del Estado de Sonora” realizado por el Servicio Geológico Mexicano (dependiente de la Secretaría de Economía), la producción minera tuvo un valor de producción en el 2012 de 72 mil 462 millones de pesos, sólo de cobre fueron más de 40 mil millones.

Al segundo trimestre del 2013 se reportó una superficie concesionada para mineras de 5 millones 705 mil 711 hectáreas, con 5 mil 390 títulos tanto a empresas nacionales como extranjeras, lo que representa el 30.26% de la superficie total del estado.

En medio de esta fiesta de producción y extracción de minerales, los afectados siempre han sido los habitantes de los poblados cercanos a estas minas que operan sin el menor escrúpulo al afectar al medio ambiente y la salud de los pobladores.

ECOCIDIO DOCUMENTADO

Primera Plana ha documentado varios casos donde una empresa minera transnacional llega a una comunidad vendiendo la esperanza de prosperidad y desarrollo, les arrebata sus tierras, da empleos miserables o simplemente trae trabajadores de otros estados, contamina el ambiente, las fuentes de agua y termina por comerse al pueblo.

El 30 de julio del 2010 este semanario publicó (en su edición 2025) cómo mina La Caridad, ubicada en Nacozari, con engaños y falsas promesas despojó a los ejidatarios de sus tierras y los envió a vivir a orillas de los cerros, sin posibilidad de seguir con la producción ganadera.

Los ejidatarios denunciaron que la mina concesionada a Grupo México, sin importarle protocolos del medio ambiente, instaló el represo de “jales”, donde llegaba todo el material tóxico a través de un río, en el mismo ejido de alrededor de 1,750 hectáreas, convirtiéndolo en un pantano, afectando la salud de los pobladores y provocando la muerte de al menos dos mil cabezas de ganado al año.

El 19 de abril del 2013 (edición 2158) Primera Plana expuso sobre la contaminación causada esta vez por malos manejos de la mina Luz del Cobre de la empresa Zaruma Resources Inc., en el Ejido de San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa. Aquí las lluvias provocaron que una de las válvulas de la tubería reventara (estas tuberías conducen el agua que después se mezcla con cianuro y otros químicos para separar el oro, mineral que extraen). El depósito de jales desbordó.

Todo el material fue a caer a un represo natural ubicado justo frente al pueblo, después avanzó por dos arroyos que atraviesan la comunidad y finalmente alcanzó el río Yaqui. Los pobladores temen consumir agua de los pozos pues aseguran está contaminada.

El 25 de octubre del 2013 (edición 2185) se publicó cómo la mina La Colorada de Argonaut Gold Inc. (en el municipio La Colorada), realizaba sus trabajos de explotación y voladura del cerro sin los mínimos cuidados al medio ambiente, ocasionando que el pueblo fuera cubierto en las mañanas y durante las tardes por una nube de polvo tóxico, dañando la salud de sus habitantes; además las explosiones provocaban daños estructurales en las casas e inmuebles de la comunidad incluida la escuela y la iglesia.

Y hasta ahora el caso más grave es el ocasionado al río Sonora tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados, por negligencia de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México. Resultaron afectados más de 22 mil habitantes en siete municipios, dejando graves daños al ecosistema, salud y estabilidad económica de la región.

MINA MULATOS DEPREDA AL PUEBLO

El caso más reciente denunciado es en la mina de oro “Mulatos” de la empresa “Minas de Oro Nacional SA de CV”. Está ubicada a unos metros de la comunidad con el mismo nombre en el municipio de Sahuaripa.

Aquí la minera literalmente se está comiendo al pueblo. Sus habitantes no hallan qué hacer ante las afectaciones por el fino polvo tóxico que vuela en el aire, un extraño líquido filtrándose en los arroyos cercanos y las constantes explosiones sacudiendo las viviendas.

El presidente del Partido Verde Ecologista en Sonora, César Augusto Marcor, (junto a los habitantes de Mulatos) explicó con fotografías que la comunidad se encuentra en un valle donde la empresa minera se instaló a menos de 50 metros del lugar y están haciendo sus exploraciones en los cerros aledaños, resquebrajándolos y consumiendo al pueblo.

Raúl Ruiz Sierra y Martín Heras Gil, habitantes afectados de la comunidad, sienten que han sido engañados por la empresa. “La vida de nosotros ha cambiado. Se ha deteriorado en cuestión económica, teníamos nuestro negocios, ellos (la mina) emplearon gente del pueblo pero la mal pagaban, entonces muchos decidieron irse y muchos negocios de nosotros fracasaron”, comentó Heras Gil.

A la gente de Mulatos le habían ofrecido por lo menos 600 empleos, hoy sólo seis del pueblo trabajan ahí. La comunidad que antes era ganadera se ha visto disminuida; sólo hay alrededor de 150 habitantes y la mina sigue comprando los terrenos y casas alrededor del pueblo.

Las viviendas están deterioradas, las paredes van rajándose cada vez más por las explosiones que hacen durante las 24 horas del día, incluso la escuela ya está fuertemente afectada.

Por su parte, Raúl Ruiz narró que en Mulatos se percibe el olor a tóxico, entra por la nariz y queda flotando por todo el pueblo. Platicó que una de las tuberías de los químicos que utilizan para extraer el oro ya se está filtrando a los arroyos y llegan al Río Mulatos, el cual desemboca en el Río Yaqui.

Con coraje en los ojos, Raúl platicó que el comprar un tomate es una tarea titánica pues las pocas tiendas que existen a veces no tienen o no abren, y además el litro de gasolina les cuesta hasta 18 pesos.

Explicó que mucha gente está enferma de diabetes u otras enfermedades, pero desconocen si es efecto de la mina, pues nadie les ha hecho un estudio serio. La empresa les da un doctor que los “atiende por encima” y sólo atina a recetarles complejo B.

Lo peor, recordó el señor Raúl, es que en una ocasión se manifestaron cerrando la entrada de la mina pero mandaron alrededor de 80 policías estatales que los esposaron y se los llevaron “amarrados” a Sahuaripa.

El presidente del Partido Verde exhortó a las autoridades —federales, estatales y Comisión Estatal de Derechos Humanos— para que analicen las actividades de la minera y finquen responsabilidades en caso de que haya afectaciones al agua y al medio ambiente.

REVISIÓN INTEGRAL A LAS LEYES

Para la diputada federal del PRD, Lorenia Valles, no se puede estar sacrificando el agua, el medio ambiente y la salud de las personas para que trabaje una mina.

La también integrante de la Comisión Especial para darle seguimiento a la problemática provocada por el derrame de contaminantes en el Río Sonora, recordó que la actividad minera, y ahora la extracción de petróleo con la Reforma Energética, son actividades preponderantes en nuestro país, es decir, que están por encima de cualquier otra actividad, así transnacionales llegan y saquean los recursos del país, llevándose las ganancias y dejando una ola de contaminación, pobreza y muerte.

“Cuando hablamos de oponernos a la Reforma Energética no es oponernos simplemente por un asunto automático, sino porque hay severas consecuencias en nuestra economía, pero también severas consecuencias para nuestro medio ambiente”, dijo.

Lorenia Valles explicó que uno de los objetivos de crear esa Comisión Especial en el Congreso es analizar cuáles son los vacíos en la ley que permiten operar este tipo de empresas, como Buenavista del Cobre de Cananea, sin una supervisión férrea y sin una revisión que realmente garantice evitar tragedias a los afectados.

DIPUTADOS VISITARÁN ZONA DE DERRAME EN RÍO SONORA

La legisladora explicó que la Comisión Especial se formó el 20 de agosto con diputados de todas los partidos políticos y el 26 tuvieron la primera reunión donde aprobaron el plan de trabajo que incluye, primero, un diagnóstico real sobre las acciones para atender la contingencia del derrame, pero también el análisis de cómo operaba la mina antes del desastre.

La idea, dijo, es ir a fondo en la operación de la mina como de las autoridades federales o estatales que debieron vigilar y supervisar a la empresa para que cumpliera los protocolos necesarios para evitar el desastre.

“Se tiene que reparar el daño y tiene que haber sanciones ejemplares que eviten que se acabe la impunidad que permite que estos hechos sucedan”, apuntó.

Recalcó que el problema debe ser atendido de manera integral en ese sentido, la próxima semana los diputados visitarán la zona afectada para ver la situación real de los habitantes del río.

IMPUNIDAD Y OPACIDAD, PRINCIPAL AMENAZA

Sinaí Guevara, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace México, expresó que la impunidad imperante en los desastres ecológicos y la opacidad con que se manejan las autoridades en estos temas es uno de los principales problemas para que haya consecuencias fuertes por el derrame de 40 mil metros cúbicos de material tóxico sobre el Río Sonora por la empresa Buenavista de Cobre.

La ambientalista explicó a Primera Plana que los más de 22 mil afectados ya están viviendo una de

las consecuencias más graves del derrame que es la falta de agua para sus actividades diarias y combinado con el estancamiento de sus actividades productivas, como agricultura y ganadería.

Sinaí Guevara aseguró que la impunidad es el común denominador en todos los desastres ambientales en México, donde se prioriza el desarrollo económico sobre la protección a la población y la naturaleza, que es la fuente de toda materia prima para dicho desarrollo.

Además que la opacidad con la que trabaja el gobierno no ayuda a que la ciudadanía sepa a qué instancias acudir y reclamar con información verídica.

En este contexto, resaltó Guevara, la población afectada debe exigir datos claros y total transparencia en cuanto a los resultados de los muestreos y el manejo de los recursos destinados a la reparación de los daños.

“Se debe exigir la adopción de un enfoque preventivo en éste y otros casos, para ello se puede apoyar en la Ley General de Aguas de iniciativa ciudadana que promueve el Derecho Humano al

Agua y Saneamiento de todos los mexicanos y que sólo podría llegar a discutirse y aprobarse con la participación de 120 mil ciudadanos que la firmen”.

Se puede conocer esa ley aquí en http://aguaparatodossiempre.org/ 

La integrante de Greenpeace México advirtió sobre las posibles consecuencias y afectaciones a la

salud que observan como son los altos niveles de metales pesados en el agua, que generan problemas en el sistema nervioso, daños hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos; que propician enfermedades como el Alzheimer, mal de Parkinson, saturnismo, hepatitis, cáncer, hemocromatosis o algunos más graves como el caso del cadmio que provoca la sustitución del calcio en los huesos causando su fragilidad o el arsénico que puede ser fatal.

TRAGEDIAS SEGUIDAS

Por Francisco Ruiz Quirrín

De ninguna manera podemos sentir orgullo los sonorenses por contar con dos registros históricos de hechos que nos han exhibido ante el mundo, pero que también han destapado “cloacas” del sistema político mexicano, sobre todo en lo referente a corrupción e impunidad.

Tenemos el registro de la tragedia infantil más grande de todos los tiempos, la de la Guardería ABC, donde fallecieron 49 inocentes y decenas más viven su vida con secuelas de aquel horrible incendio.

Como sucede en México de manera recurrente, existe una versión popular de aquel acontecimiento de 2009, relacionado inclusive con la política, porque se dio en plena campaña por la gubernatura de Sonora.

Cinco años y casi tres meses han pasado y el dolor vive no sólo en los familiares de las víctimas, sino en miles de sonorenses, convencidos todos de que hubo responsables entre las altas autoridades gubernamentales, pero que ninguno de ellos ha sido llamado a rendir

cuentas.

No sólo eso. A la vista de todos quedó exhibido el sistema en su ineficiencia e ineficacia para brindar un servicio relacionado con las estancias infantiles y también quedó a la luz el tráfico

de influencias como triunfante dentro de la desgracia.

El novedoso registro histórico lo tenemos en la contaminación del Río Sonora, donde aparece como responsable único el Grupo México y su filial “Buenavista del Cobre” que opera el mineral de Cananea.

El Gobierno Federal, a través de sus principales voceros en el ramo, estableció que “es el peor desastre ecológico en la historia de la industria minera en México”.

Pero, una vez más, lamentablemente y a pesar de contar con pruebas suficientes para obligar a Germán Larrea Mota-Velasco (propietario de Grupo México) a responder por todas las consecuencias que ha generado este envenenamiento del Río Sonora y el desastre para los habitantes de siete municipios de la región, podemos advertir que la impunidad y el tráfico de influencias están ganando la pelea, por encima de los intereses de personas y el medio ambiente sonorenses.

Grupo México debe limpiar el río, debe indemnizar a todos los productores de la región que han sufrido un menoscabo en sus ingresos por la contaminación, debe surtir de agua potable a todos los moradores, debe poner en práctica un programa de remediación del lugar con monitoreos del agua cuando menos los próximos cinco años, porque en realidad no se sabe con exactitud

qué tipo de consecuencias en la salud de las personas, los animales y las plantas se observarán en los años por venir.

Inclusive, voceros de GM buscaron evadir su responsabilidad cuando aseguraron que el desastre fue causado por las lluvias, atípicas en este año. Es decir, se defenderán férreamente en tribunales.

Pero además tienen su influencia política. Dicen que Larrea ha financiado campañas políticas tanto del PAN como del PRI.

Sin embargo, los sonorenses observamos que con nuestros impuestos, es decir, con dinero público del Gobierno de Sonora, se invertirán hasta cien millones de pesos para aliviar en algo la situación que priva en el lugar.

Desde el inicio de los derrames de los metales en el río “por un descuido de la empresa”, según estableció luego de estudiar la situación CONAGUA, algunas autoridades locales, conjuntamente con funcionarios de “Buenavista del Cobre”, han tratado de minimizar la gravedad del asunto.

Eso ha llevado a pensar que fue una “gran casualidad” a favor del Acueducto Independencia promovido por el Gobierno de Sonora, la contaminación del Río y hay quienes son muy malpensados y aseguran que ese desastre pudo haber sido provocado en aras de garantizar la operatividad de ese acueducto, independientemente de su controversia en tribunales. Es algo que se antoja espeluznante, pero no imposible.

La realidad es una en estos momentos: El acueducto de El Molinito a Hermosillo (sistema tradicional de abastecimiento de agua a la ciudad capital del estado) permanece cancelado por la contaminación y eso asegura la llegada de agua de la presa El Novillo.

Otra razón poderosa es el hecho de que hace apenas tres días el Gobierno del Estado emprendió una estrategia en medios de comunicación a la que dio en llamar “Salvemos al Río” y fue cuando el Gobernador, (de manera muy tardía, a 20 días de iniciados los derrames), se presentó en el lugar de los hechos, anunciando que mientras los tribunales resuelven las cosas, él determinó tomar dinero del erario estatal (entre 80 y 100 millones, dijo) para tratar de resolver lo que Grupo México debió hacer desde el primer día.

No deja de ser sorprendente el que pueda disponer de ese dinero, cuando es pública la información del grave deterioro en las finanzas estatales, lo que tiene en un predicamento al Congreso del Estado, organizaciones para apoyo de grupos vulnerables y cientos de proveedores, entre otros, situación que el mismo gobernador admite.

Como lo podemos observar, la tragedia de la Guardería ABC y la contaminación del Río Sonora tienen como denominador común la presencia en los hechos de personas poderosas económica y políticamente y donde la impunidad y el tráfico de influencias cabalgan como seguros vencedores de estas tragedias.

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