Portal informativo de análisis político y social

LEY ANTICORRUPCIÓN | DESMANTELAR REDES, MÁS QUE SANCIONAR FUNCIONARIOS

LEY ANTICORRUPCIÓN | DESMANTELAR REDES, MÁS QUE SANCIONAR FUNCIONARIOS

Jul 2, 2016

Para uno de los creadores de la iniciativa 3 de 3 y director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, el nuevo objetivo de la Ley Anticorrupción ya no debe ser buscar y sancionar funcionarios corruptos, en donde en muchas de las ocasiones pagan solo los «chivos expiatorios», sino desmantelar redes de corrupción en las que normalmente hay más de 5 personas.

En lo que fue su tercera visita a Jalisco prácticamente en una sola semana, Eduardo Bohórquez asegura que tras un hecho de corrupción, es necesario hacer pagar a todos los involucrados, ya que regularmente hay más de 5 personas, entre ellas un servidor público, un empresario, un notario y un contador.

El director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien dictó la conferencia «La participación social y las herramientas anticorrupción», en las instalaciones de la Canaco y en el marco de las jornadas de análisis a las que convocó el Congreso del Estado a través de la Comisión de Responsabilidades, que preside la diputada María del Pilar Pérez Chavira.

En ese foro dijo que en todo el país hay un clamor social por hacer realidad la Ley 3 de 3 presentada con el apoyo de más de 600 mil firmas a la consideración del Congreso de la Unión, pero reconoció ante los líderes empresariales de la localidad, que este clamor se escucha con mayor fuerza desde Jalisco.

Incluso discrepó con el presidente de Coparmex Jalisco, José Medina Mora, en el sentido de que lográndose este objetivo de control anticorrupción desde la sociedad y ya no desde la Presidencia como ocurrió siempre, en un lapso de 10 años se estarán viendo resultados tangibles, mientras que el líder patronal en un tono más pesimista hablaba de hasta tres décadas.

Puntualizó que es genuino el interés ciudadano que se está registrando desde todos los rincones del país, en el sentido de revisar el artículo 32, de los más de 700 articulados que comprende el paquete de leyes que tiene que ver con el combate a la corrupción en el país y que consiste en la obligación para todo funcionario de primer nivel, de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, de forma periódica y pública.

 

Hasta hoy la corrupción no se combate

Corrupción en el gobierno

Eduardo Bohórquez hizo un recorrido por la historia para explicar cómo se ejercía un control oficial sobre las investigaciones de supuestos actos de corrupción, lo mismo desde las oficina de Contraloría Interna, que nunca fueron diseñadas para detectar ni mucho menos sancionar actos de corrupción, que desde la Secretaría de la Función Pública.

En México —dijo— nunca hemos tenido un zar anticorrupción, nunca lo fue, nunca el contralor interno será un zar anticorrupción, su función es el justamente llevar solo un simple control interno, en el que al final de un procedimiento se le da al funcionario público un triple jalón de orejas, como fue en el caso del 65% de las sanciones decretadas en los últimos años por la instancia fiscalizadora de la conducta de los servidores públicos, desde donde se concluían las indagatorias con graves sentencias de «amonestaciones verbales públicas».

Insistió en que las oficinas de Auditoría, Contraloría o como se les pueda denominar en cualquiera de los tres niveles de gobierno, no están diseñadas en la investigación para detectar la corrupción. «Las auditorías no detectan corrupción, esa no es la herramienta correcta; incluso con el nuevo modelo de ley anticorrupción, la Función Pública ya no sancionará las faltas, será otro órgano el que se encargue de la aplicación de las sanciones».

Otro órgano del que analizó sus funciones Eduardo Bohórquez en su ponencia, fue del Auditor del Congreso, del que dijo que de por sí ya la dependencia política desde el nombramiento se presta a la politización y se convierte en un instrumento de muy poca confianza para la sociedad.

Incluso habló de lo que ocurre cada año que por ley se debe revisar el ejercicio del gasto público y dijo: «Este no es un mecanismo que ayude a la nación a ejercer bien el gasto; es más, ya es un simple rito, se habla de 80 mil millones de pesos que se observan en las cuentas públicas, durante una semana se habla en los medios de comunicación de las entidades en donde se cometieron las infracciones en el ejercicio del gasto, pero luego se les concede un tiempo de gracia y se solventan más o menos el 95% de las observaciones y no pasa nada, al año siguiente se repite la operación como si fuera ya una rutina en la que también han caído los medios de comunicación».

Refirió que solo en algún caso extremo el auditor se presenta con denuncias ante el fiscal para que sean investigadas algunas acciones, pero luego las procuradurías no actuaban y hasta ahí, no pasa nada y luego empieza de nuevo el mismo ciclo de perversidad.

 

Ejemplos claros de impunidad: Línea 12 y la Extinción de Dominio

Linea 3

Puso como un ejemplo claro de corrupción la construcción de la Línea 12 del Metro, «en donde no se sabía nada hasta antes de que se rompiera el pacto político y medio millón de personas todos los días tuvieron que quedarse sin servicio por estas irregularidades, es decir, medio millón de personas diarias fueron las víctimas de la corrupción en este solo caso; de ahí que una determinación importante es que las auditorías se hagan durante el ejercicio del gasto y durante la administración, no ya cuando se fueron de sus funciones los servidores públicos».

También mencionó como ejemplo el caso de la Procuraduría General de la República, en donde al llegar su nueva titular mencionó que había más de 600 indagatorias en contra de 600 funcionarios de la dependencia, «pero eso no importa, lo que realmente nos debe de interesar es cuál fue la eficiencia terminal de esas averiguaciones».

E insistió en que con la nueva estrategia anticorrupción:

«ya no se busca solo sancionar funcionarios corruptos, en donde lo más que puede ocurrir es que lleguen a pisar la cárcel solo un «chivo expiatorio», sino que se habrá de buscar desmantelar redes de corrupción, a un notario, un contador, un empresario y un funcionario público, cuando menos 5 personas son las que participan en un hecho».

Desmantelar redes es el objetivo —abundó—, no importa ya cuántos procedimientos de responsabilidades se inició, ni cuántas auditorías se realizaron.

«No nos vaya a pasar lo que con el tema de la extinción de dominio, una gran herramienta que data de hace 4 años y que fue anunciada de manera rimbombante para combatir al crimen organizado. Resulta que mil capos del narcotráfico se capturaron en un año, por lo tanto debería haber mil procesos de extinción de dominio; pues no, resulta que de los mil, se activó el mecanismo en solo 60 casos y de ellos sólo 11 llegaron a consignación, en ellos superaron la consignación en 10 de los casos y solo en un caso, dice la Procuraduría General de la República, se recuperó un monto de 745 mil 670 pesos. Ese fue el costo de la extinción de dominio, pues así deben estar realmente muy preocupados los narcotraficantes con nuestras nuevas leyes, verdad», se preguntó Eduardo Bohórquez.

Y remató:

«En Colombia con el procedimiento de Extinción de Dominio cada año se recuperan miles de millones de pesos; en Estados Unidos con el uso de esta herramienta la recuperación anual es de billones de dólares… y en México lo que recuperamos en un año por esta vía, lo que le pudimos arrebatar a los criminales es solo 745 mil 670 pesos».

Se congratuló, por ejemplo, del caso de Nuevo León, en donde se llevan ya 108 procesos penales en contra de exfuncionarios, lo que significa que va por una red, esa cifra son más que los procesos que en toda su historia llevaba la Procuraduría de Nuevo León.

Finalmente Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana reveló que a Jalisco le hace falta un marco constitucional, como el que tiene Nuevo León y Sonora, en donde también van contra Padrés con el apoyo y con acceso a la información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por ejemplo.