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Se prevé nueva alianza PRI-MC para aprobar ley anticorrupción

Se prevé nueva alianza PRI-MC para aprobar ley anticorrupción

Jun 10, 2017

Por Mario Ávila //

Tal como ocurrió con la enmienda legal para disminuir el subsidio hasta en un 70% a los partidos políticos en Jalisco, un acuerdo entre el PRI y el Partido Movimiento Ciudadano podría repetirse para aprobar en el mes de julio la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

Aunque hay una gran cantidad de iniciativas que tiene que ver con el tema, llevan mano las que fueron presentadas por el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y la fracción parlamentaria del PMC a través de su coordinador, el diputado Ismael Del Toro Castro. En ambas se recurrió a un paquete de información similar para fundamentar la propuesta en la exposición de motivos y en ambas de plantean estrategias similares para el combate a la corrupción.

De ahí que seguramente este par de documentos se convertirán en la base de lo que será la nueva ley, sin descartar la posibilidad de que se admita alguna propuesta parcial del diputado independiente Pedro Kumamoto, para continuar con esa amalgama que tan buenos resultados le dio ya a la LXI Legislatura.

En el caso concreto de la propuesta tricolor, presentada para su estudio al pleno del Congreso del Estado desde el pasado 22 de mayo del 2017 y turnada a comisiones para análisis y su dictaminación, se argumenta que se trata del resultado del trabajo que se ha venido haciendo en el seno de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción en el Estado de Jalisco, conformada desde el pasado 15 de octubre del 2016 por la sociedad civil organizada y desde donde se llevaron a efecto diversas mesas de trabajo, de las que han surgido propuestas de reforma al marco constitucional legal en la materia, que permitan implementar en Jalisco un sistema anticorrupción confiable y efectivo.

Dentro de las propuestas de reforma destacan las planteadas en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se regresa a los dos años de veto, a la fecha de la conclusión de su encargo, a los consejeros, el secretario y el presidente del IEPC, para ser postulados a cargos de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista; también se crea un órgano de control interno dotado de autonomía técnica y de gestión, para que realice la fiscalización y vigilancia de los ingresos y egresos del instituto. El responsable de esta encomienda podría durar en el cargo por 6 años, con opción a 12 años, es decir con la posibilidad de una reelección.

En el caso de la Auditoría Superior del Estado, se contempla la designación de un titular y por lo menos tres auditores especiales, siendo uno de ellos el encargado de vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de este ente fiscalizador.

La propuesta del PRI habla también de que en el caso de la Fiscalía General del Estado, contará con una Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción que será la responsable de investigar y perseguir en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos en materia de corrupción establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables a la materia.

Por lo que toca a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, la iniciativa señala que durarán en su encargo diez años, sin derecho a ratificación y sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley; a la vez se contempla que el Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por una Sala Superior conformada por tres magistrados; así como de seis salas unitarias, de las cuales por lo menos dos de éstas tendrán en la primera instancia, la competencia a que se refiere el tercer párrafo del artículo 65 de esta Constitución, adicional al resto de sus competencias.

En el terreno de las sanciones, la propuesta de ley establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

En síntesis, el Sistema Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia, para lo cual se regirá bajo los principios de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, independencia, transparencia y publicidad.

 

JALISCO ES EL 8° ESTADO MÁS CORRUPTO DEL PAÍS

 

 

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental levantada por el INEGI en el 2015 dice que en Jalisco el 13% de sus habitantes han estado involucrados en actos de corrupción, concretamente hay 13 mil 41 víctimas de la corrupción registrados por cada 100 mil habitantes, de ahí que a la entidad se le ubique en el contexto nacional como una zona en donde son “muy frecuentes” las prácticas de corrupción.

De hecho en el mapa nacional de la corrupción, a Jalisco se le ubica en la posición número 8, de las 32 entidades federativas, solo debajo de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco y Colima; mientras que como las entidades menos corruptas se ubican Baja California Sur, Durango, Nayarit, Aguascalientes y Yucatán, de acuerdo a los reportes del Centro de Investigación, Docencia y Economía (CIDE).

En esta evaluación Jalisco obtuvo un índice de corrupción de 10.3, que se acerca más a los peores en la materia que registraron un índice de 17.9 y más lejos de las mejores entidades en donde el nivel más bajo se ubica en el nivel de 1.8 como índice.

De hecho en el Caso de Jalisco, lo que está ocurriendo es un repunte de los índices de corrupción, ya que a inicios del presente siglo la medición dio un índice de 11.6, tres años después bajó a 6.5; luego creció moderadamente a 7.2; aumentó después a 8.8 y en la medición más reciente se alcanzó el nivel del 10.3 como índice.

Transparencia Mexicana reportó que en el 2010 para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno se obtuvieron los siguientes datos: 1.- Se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrativos por particulares; 2.- Una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de 165 pesos; 3.- En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro.

Estos datos son los motivos suficientes para que el Congreso y el Gobierno del Estado, hoy se aboquen a dar las pinceladas finales a lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción, que quedará aprobado en el mes de julio.

La prórroga que los mismos legisladores locales se concedieron, está llegando a su fin, luego de que anularon el artículo transitorio del decreto que establecía como plazo para la entrada en vigor de la reforma complementaria en materia de anticorrupción relativa a la fiscalización, responsabilidades y justicia administrativa, el pasado día 26 de marzo de 2017.

Los coordinadores parlamentarios de la LXI Legislatura, señalaron que la reforma para el Estado de Jalisco tendrá mayores alcances que los señalados como mínimos obligatorios en el ámbito federal y por lo tanto consideraron oportuno aprovechar el plazo máximo, establecido hasta el próximo mes de julio del presente año.

OBJETIVOS Y DINERO PARA EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Según la iniciativa de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco tiene como objetivos generar Políticas Públicas, para la prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción; fomentar la cultura de la legalidad e integridad en el servicio público; procurar la cercanía del Gobierno con la Sociedad; garantizar la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de recursos y desalentar el indebido uso de facultades o influencias de quienes ostentan un cargo público.

Según la propuesta del partido naranja, el Sistema Estatal Anticorrupción será el encargado de establecer las distintas formas de evaluación de las políticas y medidas de combate a la corrupción en todo el Estado. Los indicadores deberán diseñarse con el objeto de medir tanto el fenómeno de la corrupción, así como las medidas que el Estado toma para combatirlo. Los resultados de estas evaluaciones serán públicos.

En materia de dinero para ejecutar, iniciar y arrancar el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción a diferencia de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el cual se destinaron recursos por parte de la Federación para el arranque del mismo, en la reforma Anticorrupción se establece la obligación a las entidades federativas para la implementación de los sistemas anticorrupción locales, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes y como consecuencia también las presupuestales.

Por ello el Ejecutivo deberá establecer dentro del proyecto de presupuesto respectivo, la partida necesaria para su funcionamiento y cumplir con la reforma Constitucional Federal, que obliga a todas las entidades federativas del país la creación de sistemas locales para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Una propuesta con la que se enriquece la iniciativa de la fracción del PMC en el Congreso del Estado, es la iniciativa propuesta por el sector empresarial, entregada el pasado 14 de diciembre de 2016 por la Coparmex Jalisco, y a decir del diputado coordinador, Ismael del Toro Castro, se trata de “una iniciativa que se considera invaluable por la participación de los organismos de la sociedad civil, la academia y los empresarios.

La iniciativa de la fracción parlamentaria del PMC en la LXI Legislatura local consta de V capítulos que hablan 1.- Del Objeto del Sistema Estatal Anticorrupción y las disposiciones generales; 2.- De Principios que rigen el servicio público; 3.- Del Comité de Participación Social; 4.- De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y 5.- De los Órganos Internos de Control o Contralorías. Consta además de 42 artículos y cuatro artículos transitorios.

A LA CORRUPCIÓN SE VAN 9 PUNTOS DEL PIB

El diputado Ismael del Toro estableció que de acuerdo con información del Banco Mundial, la corrupción tiene un costo de 1.5 billones de pesos, cantidad equiparable a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa la pérdida de recursos en programas que deberían combatir la pobreza, la desigualdad y que servirían para al mejoramiento de los programas de infraestructura, sociales, productivos, educativos, entre otros, que por esta situación no se llevan a cabo a cabalidad.

Además indicó que “el sistema democrático se sustenta bajo los principios de desarrollo económico-financiero, el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y la correcta relación autoridad-individuo para el cumplimiento de los fines de interés general como el desarrollo social y económico”.

No obstante, la evolución de las dinámicas actuales han generado que en la gestión pública inevitablemente se encuentren prácticas en contra de la legalidad. La corrupción es un fenómeno que se puede observar desde los aspectos tradicionalmente ligados al comportamiento de los funcionarios públicos hacia mecanismos más complejos que involucran a los particulares en lo individual o colectivo. Lo más preocupante, sin duda, es el gran impacto que ello tiene sobre la sociedad, y en particular sobre el desarrollo económico.

De ahí que la corrupción afecta al desarrollo económico ya que desalienta a la inversión extranjera, y a las pequeñas empresas nacionales les resulta imposible superar los gastos iniciales requeridos para solventar esa constante conducta”, estableció el diputado presidente del Congreso del Estado.