Portal informativo de análisis político y social

SE QUEJA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN

SE QUEJA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN

Sep 19, 2015

En lo que se considera un «madruguete legislativo», la LX Legislatura sacó la nueva Ley de Transparencia elaborada en Palacio de Gobierno y por lo tanto en la medida de lo posible adecuada a los intereses del partido en el poder; desdeñando el trabajo previo que se había hecho en las comisiones parlamentarias, con la participación de expertos, de académicos y representantes de la sociedad civil.

Por este hecho se inconformó la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Jalisco, que preside José Bernardo Masini Aguilera, quien hizo pública una carta abierta dirigida justamente al gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval, así como al presidente del Congreso del Estado, diputado Juan Manuel Alatorre Franco (PRI), así como a la opinión pública en general.

En la carta se expone una docena de argumentos por los que se rechaza de manera contundente la nueva Ley de Transparencia, con la que Jalisco pierde la posición de vanguardia que había tenido en el contexto nacional en materia de transparencia desde que nació la primera ley hace ya 13 años.

Denuncian también que con esta nueva legislación el Ejecutivo vulneró la autonomía del Congreso de Jalisco, «pues al imponerle sus criterios con respecto a una nueva Ley de Transparencia, falta al respeto a la representación popular, con el agravante de que no realizó un proceso de consulta abierto y amplio, en el que se hubiese involucrado a la sociedad», dijo el doctor Bernardo Masini.

Ante ello son tres las alternativas que se encuentran en el escenario inmediato para revertir los efectos de la nueva Ley de Transparencia que sobre las rodillas y por instrucción desde el Ejecutivo, hizo la agónica LX Legislatura.

La más conveniente, pero poco viable, sería que el gobernador ejerza su derecho al veto y deje de publicar la nueva ley, para dar tiempo a enriquecer la propuesta sometiéndola al escrutinio y al consenso de los expertos.

La segunda opción es recurrir a través del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) a una Controversia Constitucional, un litigio que terminaría hasta el máximo nivel de la justicia en el país, es decir, se podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ello requeriría de un camino de meses y muy probablemente hasta de años.

Y la tercera opción es sondear la disposición de los integrantes de la nueva Legislatura del Estado que inicia en funciones a partir del 1 de noviembre, con ello se buscaría ver si realmente una nueva composición en términos de los partidos políticos que la van a integrar, se trabajará de una manera distinta al Congreso saliente y se les podría plantear la necesidad de realizar una contrarreforma que enmiende los errores que se plasmaron en la Ley de Transparencia.

La entrevista

bernardo

Por la relevancia del tema, Conciencia Pública entrevistó al Dr. José Bernardo Masini Aguilera, presidente del Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

¿Percibe usted temor del Ejecutivo a la conformación de la nueva Legislatura?

—«Más que temor, creo que lo que no quieren es perder el control sobre los términos en los que pudo haber quedado la Ley de Transparencia si no hubiera sido votada por un Congreso con la fracción priista como mayoritaria; yo creo que eso sí les preocupó e intentaron dejarlo en la medida de lo posible amarrado por ellos».

¿Qué tan dañina es la nueva ley?

—«En los hechos se va a obstaculizar el ejercicio de la transparencia, va a ser más difícil para el ciudadano poder hacer preguntas, poder recibir información veraz y expedita, y por consiguiente va a ser más difícil poder identificar casos de corrupción».

La Amedi ya se había pronunciado públicamente en contra de las decisiones del gobierno de Aristóteles Sandoval, como cuando C-7 se marginó de la información político-electoral. ¿El mandatario los podrá «batear» de nueva cuenta?

—«Hasta ahora la interlocución con el gobernador ha sido la menos fluida que hemos tenido comparada con otros sexenios, en donde habíamos podido dialogar prácticamente con todas las personas de todos los partidos a las que se había buscado, pero en el caso concreto de Aristóteles Sandoval, la calidad de esa comunicación ha sido mucho menor. Ha habido muchas evasivas de él y de su gabinete. En el caso de C-7 durante el proceso electoral, por supuesto que lo buscamos a él directamente, de hecho la solicitud que le hicimos para que diera una explicación pública de la negativa del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de transmitir información sobre las elecciones, él la canalizó a la Secretaría de Cultura el 26 de junio, le dio un plazo de 30 días para que nos contestara, ese plazo caducó el 26 de julio y a dos meses de distancia es hora que la secretaria no nos ha atendido y no ha tenido ni siquiera la cortesía de acusar de recibido del encargo que recibió del gobernador».

¿Con la nueva Ley de Transparencia hubo un madruguete legislativo?

—«Las condiciones del envío y la aprobación de la nueva Ley de Transparencia destacaron por su celeridad y paradójicamente por su poca transparencia; lo envían muy rápido sin que haya consultas de por medio y sobre todo desatendiendo todo el proceso de consulta que ya había hecho el Poder Legislativo con organismos de la sociedad civil y con especialistas en la materia. Dos foros en los que estuvimos participando opinando junto con expertos y ya estaban dándole forma un borrador que ya existía sobre por dónde tendrían que ser las reformas y que fue desestimado».

¿Y por qué cree que el ITEI no ha reaccionado ante este agravio?

—«Creo que en el ITEI aún hay muchos sentimientos encontrados, ya que no todo lo que incluyó la reforma a la Ley de Transparencia son retrocesos o pasos hacia atrás, hay algunas cosas que creo que el ITEI tiene la obligación institucional de reconocer como avances lo que lo tiene en una situación un tanto comprometida porque por un lado tiene que reconocer lo que sí se logra, como el incremento en las sanciones para los funcionarios opacos y la ampliación del catálogo de sujetos obligados. He percibido que hay mucho debate al interior del ITEI, vamos, los tres consejeros están discutiendo entre sí qué conviene más, y eso los tiene un poco sacudidos, analizando, de hecho estamos convocados para seguir analizando el tema para ver qué vamos a hacer con la reforma. Creo que de parte del Instituto no se ha dicho aún la última palabra de una postura definitiva y en la medida de lo posible vamos a tratar de estar muy cerca de ellos, para que no se trate de que gane o pierda el ITEI o ganen o pierdan los sujetos obligados, sino lo que en realidad nos importa es que la ciudadanía pueda ejercer cabalmente su derecho».

¿No considera que es ingenuo pensar en la posibilidad del veto?

—«Formulamos la posibilidad del veto porque creemos que es la posibilidad más práctica, la más expedita de todas, la que todavía está al alcance del gobernador que tiene la atribución para detener la publicación de la reforma legal. La manera más sencilla de resolver este entuerto sería no publicarla, volver el tema a la agenda del Legislativo y retomar todo lo que ya se había discutido de manera colegiada entre el Congreso, especialistas y la sociedad civil. Creemos que esa es la forma más rápida de resolverlo, por eso lo sugerimos, porque otras posibilidades que también se han discutido, como estudiar la posibilidad de dar lugar a una acción de inconstitucionalidad, judicializa un poco el proceso y se involucraría hasta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso podría demorarse meses o años en algo que probablemente con un poco de voluntad política podría resolverse en unos cuantos días».

¿Cargar el costo de las fotocopias a los solicitantes es de los principales agravios?

—«Claro, considerando como ejemplo el caso de los solicitantes de la información puntual del proyecto de la Línea 3 del Tren Ligero quienes tendrían que pagar más de 2 millones de pesos para recibir la información…

El cobro de las copias fotostáticas ya se perfilaba como un servicio y a precio del mercado, desde la reforma del 2013. Pero hay aspectos todavía más graves, como la negación de que los Notarios Públicos sean sujetos obligados; la desaparición oficiosa de los datos personales, de manera que cuando uno sienta que sus datos personales deban ser ocultados, uno tiene que presentarse directamente en el ITEI para pedir que así sea, eso debería ser más expedito. Y no se diga el asunto de las cuentas públicas, eso de que no las podemos conocer hasta que no las haya dictaminado el Congreso, es quizá el asunto más grave de todos porque probablemente no vamos a poder conocer las cuentas públicas hasta pasados dos o tres años, del año en el que se ejercieron los presupuestos, cuando los asuntos probablemente ya no interesan, quedaron olvidados o incluso ya fueron maquillados dentro de la misma revisión que se hizo».

¿Y con relación a los subejercicios presupuestales, que nos puede decir?

—«Necesitamos mantener los mecanismos expeditos para poder conocer tan detalladamente como sea posible todo el asunto de qué se gasta, pero también qué se deja de gastar, por ello cobra relevancia el tema de los subejercicios presupuestales; vamos, se trata de hacer eficiente la administración pública y uno de los indicadores más importantes para ello es por supuesto el asunto de redistribuir cuando es necesario el dinero público, y cuando hay subejercicios hay que asegurarnos de que eso se pueda reetiquetar y no necesariamente que se preserve en oficinas que con menos dinero podrían ejercer sus funciones, pero que retienen dinero que después gastan discrecionalmente».

¿Cheques sí; documentación de soporte ya no?

—«Hasta ahora en los términos de cómo se aprobó la última reforma a la ley en tiempos de Emilio González, cada cheque que se expide es un documento con información de cómo se gasta el dinero, pero además de escanear o publicar el cheque, también tenía que hacerse lo propio con el documento en el que se explica para qué concepto fue expedido ese cheque. Y en los términos en los que se aprobó la reforma, eso desaparece, ya no estará disponible ese otro documento, el que avala y explica cómo se utilizó el cheque».

¿Jalisco perdió esa vanguardia nacional en el tema de transparencia?

—«Sí, claro, esto nos hace perder ese papel que habíamos jugado a nivel nacional, incluso de las 4 o ahora 5 leyes que hemos tenido en materia de transparencia, dos por lo menos habían sido mejores que sus correlatos federales y esta era una oportunidad para que nuestra ley siguiera siendo mejor ahora que la Ley General, en donde por cierto uno de sus principios es un exhorto a ejercer esta transparencia proactiva, estableciendo que lo que dice la Ley de aplicación nacional, es sólo el piso, es decir, la misma Ley General dispone que todas las de los Estados sean mejores. Y todo lo que quede por debajo de ese rango, que no se apegue a los principios como los de máxima publicidad y mínima formalidad que establece la Ley General, de hecho infringe las disposiciones de ley y podría venirnos una especie de recomendación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)».

¿Ante este panorama la opción más viable es una contrarreforma de la nueva Legislatura?

—«Yo sí tengo esa expectativa, tenemos que acercarnos a los nuevos diputados y tenemos que seguir estudiando cuál es la manera más expedita para resolver esto; yo insisto que el escenario mejor hubiera sido el veto, pero si somos realistas el veto es poco probable porque no es lo que le interesa al gobernador y tan no es, que fue él quien remitió una iniciativa en términos distintos a los que veníamos discutiendo con los diputados. El siguiente paso podría ser sondear la disposición del nuevo Congreso, ver si realmente una nueva composición en términos de los partidos políticos que la van a integrar, vamos, si van a trabajar de una manera distinta al Congreso saliente, lo vamos a saber muy pronto y este tema de la transparencia va a ser un indicador diáfano para saberlo».

¿Quién gana y quién pierde con esta nueva Ley?

—«Cuando hablamos de transparencia estamos hablando de una garantía constitucional que está consagrada en el artículo 6° Constitucional, estamos hablando de algo muy serio que en la medida que se burocratiza o se vuelve complicado de ejercer, el perjudicado en realidad es el ciudadano, entonces lo que queremos es asegurarnos de que el ciudadano pueda ejercer su derecho de la manera más práctica y completa posible».

Las pifias de la nueva Ley de Transparencia:

1. El documento en que se basó la discusión fue una propuesta del Ejecutivo estatal, que se superpuso al trabajo previo que el propio Congreso venía realizando desde mayo pasado en diálogo con diversos actores de la sociedad civil y especialistas en la materia. Lo anterior constituye una contradicción a la lógica de funcionamiento del gobierno abierto que retóricamente pregona el Ejecutivo, y que supone el trabajo colegiado entre funcionarios públicos y la ciudadanía organizada en materia de transparencia.

2. El tiempo transcurrido entre el envío de la propuesta del Ejecutivo y la programación de su votación en el pleno del Congreso no permitió su estudio cabal para un eventual perfeccionamiento de la iniciativa. Antes bien, la celeridad del proceso fomentó la opacidad del mismo.

3. Si bien la iniciativa contempla precisiones oportunas en lo referente a la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos en su gasto corriente y en escenarios de precampañas o campañas electorales, también presenta preocupantes retrocesos, entre ellos:

3.1. La reserva de la información sobre cuentas públicas hasta que estas hayan sido aprobadas por el Congreso;

3.2. La eliminación del plazo para documentar procesos relativos a la toma de decisiones, que por la vía de los hechos abre la posibilidad de que dicha documentación no ocurra en ningún momento.

3.3 La desaparición del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco de la lista de sujetos obligados.

3.4 No se tomó en cuenta la simplificación del proceso de acceso a la información y notificación presentada por el ITEI.

3.5 Se establecen para las asociaciones civiles que apoyan candidaturas independientes requisitos similares a los de los partidos políticos, sin considerar las diferencias en cuanto a su naturaleza y recursos humanos y financieros.

3.6 Los subejercicios presupuestales dejan de ser información fundamental, por lo que no hay obligación de reportarlos, lo que obstaculiza la evaluación ciudadana de la eficiencia en el gasto de las instancias públicas.

3.7 La evaluación de los sujetos obligados deviene aleatoria, lo que abre espacios considerables a la discrecionalidad.

3.8 El cumplimiento de la transparencia focalizada, elemento novedoso de la Ley General, se formula como mera recomendación, lo que hace no vinculantes las resoluciones que el ITEI emita al respecto.

3.9 Se elimina la obligatoriedad de publicar la documentación que da soporte al gasto público relacionado con pólizas de cheques, lo que es contrario a la noción de gobierno abierto que el propio Gobierno Estatal ha formulado retóricamente en los últimos meses.