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Senador José María Martínez – «es el empresario el gran corruptor»

Senador José María Martínez – «es el empresario el gran corruptor»

May 7, 2016

Como una afrenta a más de 600 mil ciudadanos que respaldaron con su firma la iniciativa para que los servidores públicos de primer nivel presentaran de manera pública sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, puede considerarse el desdén en el Senado para posponer la dictaminación de la Ley 3 de 3 hasta después de la elección de junio.

La iniciativa presentada que nació impulsada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), así como avalada por órganos empresariales y organismos no gubernamentales, desde donde se consiguió la firma de más de medio millón de mexicanos para que se presentara como una iniciativa popular, resultaba vital dentro del paquete de siete iniciativas que se analizan en la Cámara Alta para combatir la corrupción.

Sin embargo fue la «3 de 3» la manzana de la discordia y el factor que terminó dividiendo y por tanto deteniendo el proceso legislativo para la dictaminación del paquete de leyes Anticorrupción, en el cual había el compromiso de sacarla antes de que concluyera el mes de abril.

Y previo a la fecha fatal del 30 de abril, fecha en el que concluyó el período ordinario de sesiones ya había quedado listo el paquete de dictámenes de 4 leyes que la fracción del PRI puso sobre la mesa: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

Sin embargo, la quinta, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, resultó una versión descafeinada de la «3 de 3» que restringía la información accesible al público de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

Esas cinco leyes, más las reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se convertían en el paquete de 7 nuevas leyes para combatir la corrupción en el país.

Es decir, los senadores del PRI y el PVEM, así como algunos del PAN y otros más del PRD, estaban dispuestos a rendir sus declaraciones de hacienda, patrimonial y de intereses, pero no estaban dispuestos que se hiciera pública la información.

 

La verdad oculta

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Sin embargo, al parecer ese no fue el tema principal por el que no se aprobó el paquete de la Ley Anticorrupción, sino que la verdad es que los legisladores plantearon a los promoventes de la iniciativa, la necesidad de que a la «Ley 3 de 3» le entraran también los empresarios, los que sin ser servidores públicos se han enriquecido con el dinero del erario público.

Y ahí fue donde el planteamiento se atoró.

 

El empresario, el gran corruptor

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Sobre el tema habló el senador José María Martínez, de la fracción parlamentaria del PAN, quien defiende esta postura con el argumento de que el gran agente corrupto de un sistema burocrático público es el empresario, el particular que pone la «zanahoria» para que el servidor público se corrompa.

Seguramente —dijo—, habrá servidores públicos oficiosos, pero que yo recuerde no tengo antecedentes de que ningún servidor público publique en un aviso de ocasión que se hacen trámites o gestorías burlando la ley. Sino que llega alguien y le dice «oye, vengo para una notificación y te voy a dar una lana»; «oye, qué te parece si nos entendemos con respecto a un proceso de licitación» y ahí va el empresario.

El senador panista José María Martínez abundó: «Por ejemplo, los promoventes, el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) con Juan Pardinas a la cabeza, presentaron un estudio muy interesante el año pasado que realizó María Amparo Casals y que se denominó «Anatomía de la corrupción», y aquí una cosa muy grave, se planteó que el empresariado mexicano destina al año el 2% de su presupuesto particular y privado, para la corrupción».

«Eso es gravísimo, ya partimos de una premisa cierta de que el empresario tiene claro el procedimiento para hacerse más rico, corrompiendo a las instituciones e incluso ya hasta lo presupuesta desde sus egresos anuales. Y esos empresarios no están en el dictamen de la Ley Anticorrupción. Por eso yo creo que es fundamental que el empresario que haga negocios con el gobierno, también se ponga transparente y de modo para que los ciudadanos sepan con qué vecinos están conviviendo.

«Que todos los empresarios como el Grupo HIGA, un empresario que patrocina a un candidato que a la postre se vuelve presidente y nos dimos cuenta que hay una Casa Blanca, hay otra casa para el secretario de Hacienda y otra más para el secretario de Gobernación… y no pasa nada, y sigue siendo el gran constructor de México».

El legislador albiazul recordó que para bailar un tango «se necesitan dos, el servidor público no debe llevar toda la carga de la prueba, esa es una premisa perversa, si se parte de que el servidor público es el corrupto, nos debemos preguntar quién lo corrompe; ahí rompemos la cadena de la conducta, por ello debemos entrar a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al tema del “3 de 3” también los empresarios o los particulares que hagan negocios con el gobierno».

Los proveedores, constructores, los que viven del recurso público, de la lana que pagamos todos los mexicanos.

Denunció que desde el IMCO hay una gran contradicción, «estos neoprogresistas del Imco de Juan Pardinas, no entienden que se trata también que sean serios y que la propuesta que hicieron en materia de combate a la corrupción abarque todo el esquema y no solo al servidor público; estos señores del IMCO se dedican solo a venderle ideas a las empresas y muchos de ellos están en el relajo, están en el gobierno, de ahí viven».

Para cerrar esta parte del tema, el senador jalisciense expuso que esta iniciativa «nosotros no la vemos con dedicatoria para los ricos que han llegado ricos a un cargo público, o para los que han llegado pobres y se han enriquecido en el servicio público, el tema es general y plantea fundamentalmente una premisa de combate a la corrupción a partir de dos aristas: 1.- El tema de la transparencia y 2.- La declaración, no sólo la hacendaria, sino la de intereses y la de su patrimonio.

 

La entrada en vigor hasta el 2018

A la pregunta de si el hecho de posponer la aprobación de la Ley Anticorrupción hasta después del proceso electoral del mes de junio, era con la intención de que los que tuvieran dificultades armonizaran sus declaraciones, el senador del PAN, José María Martínez sentenció: «No, porque de hecho el planteamiento fundamental que se ha estado haciendo para las siete leyes es su entrada en vigor hasta el 2018».

Y ahí es donde ustedes, los que construyen la opinión pública a través de los medios, deben estar muy atentos de lo que va a contener este dictamen, no solo en cuanto a los alcances, sino con la entrada en vigor. La entrada en vigor normalmente es de inmediato en forma posterior a su publicación y en el caso no se estaría hablando de un lapso de al menos un año en todo este paquete de leyes que van a regular el proceso, lo que deja en claro que la entrada en vigencia de esta ley habrá de ser muy posterior a la aprobación.

Es decir, ni el periodo ordinario ni el extraordinario hubiesen resuelto esta demanda que plantearon los mexicanos en primer orden que es el de combatir la corrupción. Ahí es donde me parece que ustedes nos pueden ayudar observando esto, vigilando y exhibiendo a quienes están realizando esta negociación y este acuerdo.

Dejó en claro el senador representante de lo que en el 2012 fue la segunda fuerza política de Jalisco, que el régimen transitorio que plantea el PRI, por ejemplo de las cinco leyes en las que ya adelantó que está de acuerdo, plantea una entrada en vigor hasta el 2018.

 

Marihuana y Mando Mixto

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Sobre el trámite dado a la Ley Anticorrupción una vez que concluye el periodo ordinario de sesiones, el senador por Jalisco, José María Martínez, expuso que ya se estableció la ruta a través de la Junta de Coordinación Política, en concreto a través de cuatro partidos el PRI, el PVEM, el PAN y el PRD, una ruta que inicia el lunes 10 de mayo con la reunión con las juntas directivas de las comisiones legislativas involucradas, en los dictámenes, tanto de la Ley Anticorrupción, como la de la Marihuana y también la del Mando Único.

De esta última reveló para los lectores del semanario Conciencia Pública que ya hay un acuerdo, para que en lugar de Mando Único quede convertido en un Mando Mixto, «ya estamos todos en común sintonía en este tema», confesó.

Sobre el tercer gran tema que quedó pendiente de resolver en el Senado, Martínez Martínez planteó que aún está en duda el tema de la marihuana, en donde hay dos predictámenes. Uno que establece solo el uso médico terapéutico y para fines de investigación científica y otro que es la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto que aún no tiene el consenso general de todos los senadores, por lo que esto también estará a discusión en comisiones y se valorará la posibilidad de someter los dos dictámenes a la consideración final del pleno.

Y en el caso de la Ley Anticorrupción «no hubo acuerdo particularmente porque el PRI no tiene la anuencia para establecer una ruta que nos permita arribar a todos a un consenso con respeto a las 7 leyes que se están discutiendo, entre ellas reformas al Código Penal para endurecer las sanciones en materia de corrupción y en la que el PAN ha insistido sobremanera que es la Ley que habrá de regular la Fiscalía Anticorrupción para que nazca con dientes y con fuerza».

«Hasta ahorita no ha habido consenso, sin embargo ya hay un avance en cuanto a la ruta, se estarían reuniendo el lunes y el miércoles ya estarían junto con los coordinadores, dando cuenta de hasta dónde se pudo generar un consenso o no; yo estimo que el periodo extraordinario que se está pretendiendo, no creo que se lleve a cabo en mayo, por lo que veo, por lo que sé y por lo que conozco, y tomando en cuenta las posiciones de los grupos parlamentarios», planteó el senador jalisciense.

A la pregunta de si hizo ruido, la elección de junio para poder legislar sobre estos tres temas importantes, José María Martínez expuso: «Mucho, particularmente estos tres temas, la marihuana para efectos de algunos partidos y el tema anticorrupción para efectos del PRI».

También habló sobre la alusión lanzada por el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien para evitar que responsabilizaran a su partido del fracaso en la aprobación, dejó en claro que solos PAN y PRD son mayoría y podrían haber sacado adelante la Ley Anticorrupción.

Y dijo: «Sobre esta afirmación que hace Emilio Gamboa comentando que PRD y PAN tienen mayoría en la cámara, en efecto, sin embargo la parte procedimental que de acuerdo al reglamento debe haber un dictamen que se discuta y finalmente se sancione por el pleno, y este dictamen no le corresponde solamente a las comisiones presididas por el PAN y el PRD, sino también y principalmente a la del PRI y el PVEM».

«Pablo Escudero, del PVEM, es quien preside la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, que analiza el tema anticorrupción y es la comisión convocante y le coadyuvan Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos II, de estas cuatro comisiones dos las preside el PRI, Anticorrupción y Gobernación; el PAN preside Justicia y el PRD la de Estudios Legislativos II. Es decir, está amarrada la parte del proceso parlamentario entre una mayoría que domina el proceso a la luz de quien encabeza la comisión que se necesita que dictamine».

 

El dato

PAN y PRD culpan al PRI y al PVEM de proteger a los corruptos; el PRI reviró recordándoles que ellos, juntos, tendrían los votos para aprobar las leyes anticorrupción si quisieran. Lo cierto es que Emilio Gamboa (PRI), Raúl Cervantes (PRI), Pablo Escudero (PVEM), Roberto Gil (PAN), Ernesto Cordero (PAN), Miguel Barbosa (PRD) y Armando Ríos (PRD), ninguno ha presentado su 3 de 3.