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“DEBEMOS PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS”: ALVAREZ CIBRIÁN

“DEBEMOS PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS”: ALVAREZ CIBRIÁN

Sep 17, 2011

Que se tomen en cuenta los tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, así como la creación de organismo que atiendan el problema de drogadicción en menores de edad es lo que señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, antes de que se apruebe cualquier reforma a la Ley Para la Protección responsable de la salud y de la seguridad.

 

Además, el presidente del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián pide se someta a análisis y debate la reforma el trabajo legislativo.

El organismo refiere que la reciente reforma obliga a todas las autoridades a tomar en cuenta en la construcción o reforma de leyes los principios de legalidad, universalidad, interdependencia, progresividad, pro homine y de interpretación conforme.

 

El ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián precisa y pugna porque el sistema jurídico local esté armonizado con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. “Para el caso particular que nos ocupa, adquiere un rango prevalente jurídico la Convención de los Derechos del Niño y por tanto obliga a todas las autoridades, incluyendo al Poder Legislativo, a realizar ejercicios de convencionalidad para lograr dicha armonización”, explica en un documento en el que presenta a detalle la postura del organismo.

 

Sin embargo, Álvarez Cibrián expresa y reconoce la autonomía del Congreso Local sobre la creación de reformas y leyes. Además, urge y exhorta a que se someta a debate y análisis la necesidad de legislar para proteger y garantizar que la niñez esté libre del consumo de drogas y estupefacientes. Pues esto también es un derecho que tiene su fundamente en el artículo 33 de la Convención de los Derechos del Niño y que anuncia:

 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.” El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también menciona que el organismo que preside no ha recibido el documento de la iniciativa anunciada. Destaca también la importancia de que el trabajo legislativo garantice la dignidad de la persona:

 

“Es por ello que, como vigilantes del respeto a los derechos humanos en nuestro estado, este organismo asume una postura responsable, objetiva, constructiva y orientadora”. La Comisión Estatal de Derechos Humanos puntualiza lineamientos concretos que deben ser tomados en cuenta para dicha reforma. Señalamientos que se proponen para abordar el problema de manera más profunda e integral:

 

Primero. Que el ejercicio legislativo sirva para dejar en claro las  responsabilidades y obligaciones del  Estado en la protección y garantía de los derechos humanos de los menores de edad en problemas con el consumo de drogas. No existe la infraestructura ni personal profesional especializado y suficiente desde la función pública para rehabilitar a este sector vulnerable. Lo mismo sucede  con la niñez en problemas de salud mental, a quienes tampoco se les garantiza en forma plena su derecho a recibir un tratamiento integral que concluya en su plena recuperación, lo cual se traduce en una permanente violación de derechos por parte del Estado. Por lo que la propuesta de ley debe ir más allá, de acuerdo a la CEDHJ es por esta razón que se debe  considerar la creación de estructuras burocráticas eficaces que garanticen a la infancia este derecho a la salud física, psíquica y social.

 

Segundo. Además, se pide se dé cumplimiento a lo que ordena el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que ninguno será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. Esto se traduce en no poner al menor de edad en una situación vulnerable en la que se convierta en motivo de señalamiento o sea marginado.

“De ahí se deriva la necesidad de contar invariablemente con la autorización informada y libre de sus padres o de quien legalmente pueda otorgarla. Se deben intensificar esfuerzos  para promover el respeto a las opiniones de las niñas y niños, y facilitar su participación en todos los asuntos que les afecten”. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 12 de la misma Convención, el cual establece que al menor de edad que esté en condiciones de formarse un juicio propio se le debe respetar su derecho de opinar libremente, en función de su edad y madurez.

 

Tercero. La Comisión pide  no se den decisiones ilegales en la vida privada ni ataques contra la reputación del menor, por lo que precisa que es necesario establecer mecanismos que garanticen la plena confidencialidad y manejo responsable de la información, así como que  se establezcan mecanismos jurídicos para que no se afecte la dignidad o se exponga la integridad física y moral del menor. Y sugiere que en caso de no cumplir, se prevea la imposición de sanciones al servidor público responsable.

 

Cuarto. En otro aspecto, se exhorta a que no se autoricen exámenes que puedan implicar la introducción de objetos peligrosos o extraños en el cuerpo del menor de edad, tampoco exámenes que puedan poner en riesgo su integridad.

 

Quinto. Ante un posible debate legislativo o discusión sobre dos derechos colisionados o confrontados de todo menor de edad que haya caído en el consumo de drogas, como pueden ser, por un lado, su derecho a la privacidad, honra y dignidad, y por otro, su derecho a la salud, es pertinente hacer una valoración adecuada en la que el interés superior de la niñez se coloque en un primer plano y que tienda a garantizar sus derechos humanos con la mayor amplitud posible.

 

Sexto. La comisión precisa que el ejercicio legislativo asuma como punto de partida la garantía y protección por parte del Estado de todos los derechos de la niñez que se encuentra en problemas de consumo de drogas, como el de la educación, que no debe condicionarse a la imposición de ningún tipo de examen y tampoco tener una visión sancionadora, como podría ser la expulsión de la escuela, en razón de que esto representaría someterlo a una doble situación de víctima, después de serlo del narcotráfico.

 

Séptimo. Para definir la edad o etapa educativa a partir de la cual se pretendan aplicar medidas con el fin de garantizar sus derechos humanos, se tomen en cuenta los lineamientos y criterios, respecto de la madurez física y psicológica de la niñez establecidas en los instrumentos internacionales y por sus correspondientes organismos de garantía y control.

 

Octavo. Acorde con el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en sus puntos dirigidos a México para cumplir con la Convención de los Derechos Del Niño, el ejercicio legislativo no debe obviar medidas estratégicas y claras enfocadas a prevenir la utilización de drogas y otras sustancias en el estado, así como a derivar más obligaciones a las autoridades competentes y especializadas para orientar a la niñez sobre las consecuencias de su consumo, pero al mismo tiempo definir las responsabilidades y obligaciones que tienen los padres en esta delicada tarea.