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INFLUYENTISMO Y CORRUPCIÓN: La CEDHJ investigará a perito y MP

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) revisará la actuación del perito del Instituto de Ciencias Forenses y del agente del Ministerio Público que aportaron las pruebas para fundamentar la responsabilidad de Juan Pablo Mora en el accidente registrado recientemente en la colonia Providencia y que terminó con la vida de la jovencita de 18 años, Andrea Vaca Rodríguez.

Así lo dio a conocer en el programa Conciencia al Aire el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien señaló que desde el sábado 12 de marzo a partir de las 11:00 horas, cuando recibió una llamada de la magistrada de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, se avocaron a estar atentos a este caso para evitar se cometieran atropellos contra la madre de la víctima de este lamentable suceso, Cecilia Rodríguez.

“Si no intervenimos –afirma Álvarez Cibrián– desde el mismo sábado hubieran dejado en libertad a Juan Pablo Mora, que era toda la intención. Nosotros lo tenemos documentado y vamos a revisar la conducta del perito del Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses y del propio Agente del Ministerio Público, porque no es posible que se evada a la justicia y se de impunidad en este tipo de sucesos donde hay alcohol y volante, donde los juniors y el poder económico se impongan”, precisa el defensor de los derechos humanos en Jalisco.

La CEDHJ ha emitido dos recomendaciones por casos que tiene que ver con accidentes viales y que han terminado en desenlaces fatales, en los que se acreditó la responsabilidad de agentes viales y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, ya que sus actuaciones permitieron y quedaran libres los que provocaron los accidentes por conducir en estado de ebriedad, amparados luego en el influyentismo y la corrupción, que es una realidad que mucho lastima a la sociedad, porque la justicia no se impone.

El ombudsman de Jalisco afirma que allí la CEDHJ fue enérgica y logró en el último que un servidor público de vialidad fuera destituido. “Ahora enfrentamos a este nuevo caso que se presume fue a la una de la madrugada en un sábado; nosotros tuvimos conocimiento a las 11 de la mañana y posteriormente se supo por los medios de comunicación, explica al hablar del caso de Providencia.

“Lo supe a las 11 de la mañana porque hubo una queja y debo de decir que no fue cualquier persona que presentó a quejarse a favor de la madre, cuya hija falleció. “Pretendían cambiar los hechos e involucrarla en el accidente donde su propia hija falleció (…) Fue la magistrada Miriam Cárdenas Cantú del Poder Judicial del Estado de Coahuila, somos amigos me llamó, quien fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila antes de ser magistrada”, indica Álvarez Cibrián.

“Presentamos una queja contra agentes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Mandamos inmediatamente abogados del área de guardia, mandé a llamar en su día de descanso al segundo visitador que atiende los asuntos de la Procuraduría, el maestro Javier Verlasca Chávez, una serie de abogados estuvieron presentes constantemente, dictamos medida cautelar a efecto que se aplicara el examen de alcoholemia para que se cuidara sobre la situación jurídica de la señora que estaba detenida, la señora no traía alcohol, y a su vez se estuvo dando un seguimiento puntual, se mandó médicos y psicóloga a la señora que estaba en crisis”, señala.

“Hay una queja abierta, vamos a dar seguimiento, independientemente que sabemos que hubo el perdón de la señora, pero no podemos descartar ningún tipo de situación que además pudo llegar asuntos similares a las dos recomendaciones anteriores”, agrega.

Aquí hay un problema más que es los alcances ante una negativa para practicarse un examen de alcoholemia como fue el caso de este joven en donde se le hizo un examen, médico-clínico por parte de peritos, con base a su comportamiento, aptitudes de que estaba en estado de ebriedad. Y que además representaba un peligro al volante.

Y ese dictamen por considerarse que hubo unas deficiencias en elaborar las pruebas, no se le dio el valor probatorio por parte del juez para poder considerarse que estaba en un caso de agravante como lo marca la ley, y por tanto la persona salió libre.

“No podemos entrar en el proceso penal es una de nuestros limitantes que nos marca la Constitución, pero sí para revisar las actuaciones de la Procuraduría y del Instituto de Ciencias Forenses”, concluye.