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Ley de Participación Ciudadana frena democracia participativa

En un sistema de partidos como el actual sólo se estimula la partidocracia centralista y limita a los ciudadanos para expresarse, lo que indica también tiene que ver con la ausencia de candidaturas independientes. “En Jalisco es más fácil registrar un partido político que juntar las firmas necesarias para promover un plebiscito y es una de las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos que desean hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana”, argumenta el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor Jaime Tamayo Rodríguez.

 

A 14 años de la reforma política en Jalisco que se materializó en 1997 como consecuencia de la reforma impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo a nivel federal “no rindió los frutos esperados”. “Si tenemos tantos años con la figura del referéndum y del plebiscito y no tenemos prácticamente ninguno, entonces vamos pensando que algo no funciona, no se trata de quitarlo de la ley.

 

Si en otros países o estados funciona, ¿qué hace que no funcione aquí? Se supone que estamos en uno de los estados con mayor nivel educativo, con mayor urbanización, entonces ¿cómo es que no hay una ciudadanía activa? Quiere decir que la ley está entorpeciendo la participación”.

 

En entrevista con Conciencia Pública, el académico recuerda que en Jalisco se incorporaron con la reforma política de 1997 figuras que impulsaron “la participación ciudadana” y que fueron aparentemente “muy avanzadas porque no se estaban haciendo a nivel nacional” y en pocos estados estaban contemplando estas figuras, que ya habían existido a nivel federal y fueron eliminadas después, como el referéndum, el plebiscitito y la iniciativa popular.

 

“El problema es que esto que parecía que impulsaba la democracia participativa en realidad ha sido bastante limitado, porque pone una serie de candados que hacen prácticamente imposible al ciudadano ejercerla”, precisa el académico.

 

Menciona que son demasiadas las firmas que se requieren para hacer procedente un plebiscito o un referéndum. Por lo que afirma: “En el caso del plebiscitito o referéndum prácticamente está prohibido, porque resulta más fácil registrar un partido político y eso les va a dar recursos, prerrogativas que no van a tener los ciudadanos que se organicen para pedir un plebiscito o un referéndum, eso es un absurdo de la ley”. Destaca que entre las figuras de participación ciudadana, es la iniciativa popular.

 

“En el caso de la iniciativa popular se necesita el 0.5 por ciento que es lo único que ha prosperado porque es un porcentaje medianamente manejable, aunque aun así es alto porque hay que tomar en cuenta que el padrón de Jalisco es bastante grande”. Tamayo, también lamenta que la iniciativa popular sea prácticamente “entregada al clero”.

 

Con lo que insiste en que los ciudadanos siguen siendo excluidos, toda vez que cuando una de las figuras como es la iniciativa popular, la más accesible para ellos tiene alguna posibilidad de salir adelante, entra la mano de la Iglesia o en otro caso como fue el caso de la iniciativa popular de los estudiantes en referencia a la alza de las tarifas del camión, pareciera que el Instituto Electoral puso la mayor cantidad de trabas posibles por presiones del Ejecutivo. Es decir, otra vez no se actuó con la independencia que requiere el órgano electoral para proceder en ese sentido.

 

En este contexto, Tamayo Rodríguez precisa que es necesario crear espacios de expresión y participación ciudadana que no se limiten únicamente a los partidos nacionales y sugiere retomar la figura de los partidos regionales o municipales.

 

Recuerda que en Jalisco en la época del estado autoritario la ley electoral, por lo menos en términos legales, establecía que podían existir los partidos municipales, en la que para establecer un partido estatal se requerían cinco mil firmas; para uno municipal bastaba con mil firmas, finalmente las estructuras del estado autoritario no permitieron que se diera. Explica que esta medida existe en estados como Veracruz y Baja California y que en Jalisco existió con el partido de El Barzón.

 

“En estados nuevos o con poca identidad regional existen partidos regionales, cuando no existen se limita al ciudadano a que pudiera tener una opción más propia más tapatía o jalisciense de expresarse o municipal o estatalmente, porque está prácticamente cautivo de las opciones federales”, explica.

En un sistema de partidos como el actual sólo se estimula la partidocracia centralista y limita a los ciudadanos para expresarse, lo que indica también tiene que ver con la ausencia de candidaturas independientes.

 

¿Y qué cambios se requieren contra el cerrojo impuesto por la partidocracia?

El doctor Tamayo Rodríguez responde: “Si se facilitan los partidos regionales y municipales, si se facilitan las candidaturas independientes, si se facilita la participación ciudadana a través del referéndum, plebiscito o iniciativas populares con requisitos mucho más sencillos, entonces vamos a tener de hecho una fuerte vacuna contra la partidocracia y lo que podríamos expresar como el sistema proteccionista de partidos que es con el que entre ellos se protegen”.

 

Lo que indica traería como resultado una sociedad más activa en política porque tendría más zonas donde expresarse y movilizarse por vías institucionales. Aunque reconoce que ya están sucediendo diversas cosas en la materia: “Tenemos una sociedad que empieza, que participa de manera importante en organizaciones de la sociedad civil para asuntos más específicos. Cada vez se organiza más sobre todo en zonas urbanas y en algunas comunidades rurales que se ven afectadas por asuntos muy específicos”.

 

Al abrir la posibilidad para que este tipo de agrupaciones se expresen de manera más orgánica y con un impacto mayor, “tendríamos una sociedad más participativa, vamos a tener un control social más fuerte sobre los espacios públicos, lo que va a permitir reposicionar a la política en una posición más prestigiada”.

 

En segundo lugar, añade que habría una respuesta de la sociedad a las problemáticas de acuerdo a lo que “la misma sociedad percibe como soluciones y no solamente las soluciones que se pretenden dar desde el poder público o desde la negociación que se da dentro de los partidos”.

 

Y en tercer lugar destaca que esto también obligaría a los partidos a actuar con mayor pulcritud y con una mayor identificación con los ciudadanos, precisamente para no perder la posibilidad de la representación ciudadana.

 

SIN EVOLUCIÓN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

Desde que se creó la Ley de Participación Ciudadana en Jalisco, en tiempos del ex gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, ésta no ha sufrido cambios significativos. “No ha evolucionado. Yo diría que ha venido involucionando, la mejor prueba es que no hay ningún referéndum que haya procedido o un referéndum importante que haya tenido alguna trascendencia.

 

“La sociedad no se está expresando porque se encuentra bastante limitada por la propia ley y eso no se cambió cuando se hizo el Código, se dejó una serie de requisitos muy altos”, subraya Tamayo Rodríguez. El académico también señala que agregar la figura como la revocación de mandato contribuiría a ampliar la participación ciudadana y obligaría a los partidos a ser más comprometidos con sus “clientes electorales o representados”.

 

“Establecer la revocación de mandato que es una figura que entraría a través de un referéndum o un plebiscito revocatorio para efectos del funcionario electo. Esta es una iniciativa que ya había sido presentada y prácticamente fue detenida por los callistas cuando Zuno trató de sacar la revocación del mandado. Es decir, no se está descubriendo el hilo negro, de hecho existe en muchos países.

 

Además, amarraría de manos a gobiernos para hacer una serie de barbaridades que cínicamente se cometen y saben que no pasa nada porque saben que están electos por tres o seis años”. Lo que se vería reflejado en las mejoras de las condiciones políticas del estado, sin embargo lamenta que esto no haya sido contemplado en reformas a la ley.

 

Para Jaime Tamayo, dicha ley sigue estática sin aportar a la ciudadanía y su participación: “No se metió la revocación del mandato, no se redujeron las condiciones para la figuras de participación ciudadana”, critica.

 

Otro obstáculo que advierte Tamayo para la participación ciudadana, son las trabas legales e instituciones poco institucionales. “Es decir que no se ajustan a lo que les ordena le ley sino que responden a intereses políticos en muchas ocasiones y hablo del Instituto Electoral con respecto a la participación ciudadana.

“Los ciudadanos, a diferencia de los partidos no son los que van a nombrar a los consejeros electorales o al presidente, no son los que pueden castigar al organismo electoral con la reducción de recursos u otro tipo de situaciones, entonces no hay necesidad de quedar bien con ellos (con los ciudadanos)”.

 

UN IEPC, LIMITADO A LAS ELECCIONES

 

La actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no ha incidido de manera significativa en Jalisco para promover una sociedad más activa.

“Una de las funciones que tiene el IEPC es el impulso a la educación cívica y la formación ciudadana, pero en realidad esto no se ha visto ni se ha concretado en acciones que nos permitan pensar que hemos construido una ciudadanía más participativa”, afirma.

 

Tamayo Rodríguez asegura que por desgracia el organismo electoral se ha limitado a trabajar sólo en los procesos electorales y que “…de ninguna manera ha tenido un papel importante en el impulso de los valores de la democracia y en la construcción del concepto de ciudadanía de la sociedad para que la misma sociedad se asuma como ciudadanos con derechos y obligaciones, con compromisos sociales y políticos en su comunidad más allá de los partidos”.

 

Agrega que los resultados de la labor del IEPC no son palpables. “Eso no se ve por ningún lado y los resultados los tenemos en esta sociedad tan apática, poco participativa que últimamente ha comenzado a organizarse más, a verse más activa pero no es producto de lo que ha hecho el IEPC, es producto de que sectores ilustrados se ven afectados en sus intereses”.

 

“Han sido movimientos espontáneos de los ciudadanos que se han organizado para exigir el cumplimiento y respeto de sus derechos por parte de la autoridad o reivindicar demandas sobre cuestiones que ellos consideran que están siendo afectados”, precisa.

 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS LEGISLADORES

Por otra parte Jaime Tamayo, refiere que son los creadores de las leyes (los diputados) quienes deben asumir el compromiso de facilitar de inmediato la participación ciudadana, lo que implicaría reducir los requisitos para las formas de participación ciudadana. Además de contemplar darle facilidades a los ciudadanos para organizarse en partidos municipales y regionales.

 

“Lo que habría qué hacer es modificar la ley abriendo nuevas formas de participación ciudadana y reduciendo las limitaciones que tiene la ley para que se de esta participación”. Plantea que podrían crear la figura de la revocación de mandato y facilitar las candidaturas independientes. “Con todos estos elementos tendríamos un bagaje muy importante para la participación ciudadana. Tendrías un paquete de instituciones que les permitirían a los ciudadanos actuar y a que a los otros partidos les serviría como una especie de vacuna contra la burocracia, el aislamiento de la sociedad y contra la misma corrupción”.

 

Cuestiona: “Si tenemos tantos años con la figura del referéndum y del plebiscito y no tenemos prácticamente ninguno, entonces vamos pensando que algo no funciona, no se trata de quitarlo de la ley. Si en otros países o estados funciona, ¿qué hace que no funcione aquí? Se supone que estamos en uno de los estados con mayor nivel educativo, con mayor urbanización, entonces ¿cómo es que no hay una ciudadanía activa? Quiere decir que la ley está entorpeciendo la participación”.

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA INHIBE EL AUTORITARISMO

De acuerdo a Tamayo Rodríguez, actualmente vivimos todavía en una sociedad apática como consecuencia de un estado autoritario. “Hoy tenemos un Estado que tiene formalmente una democracia en términos electorales, pero que muchas de sus prácticas se han mantenido”.

Considera que actualmente la sociedad vive en otra forma de autoritarismo lo que hace que ésta tienda a ser poco participativa. “Es decir, un Estado mucho más abierto y tolerante crea condiciones favorables para que una sociedad sea más activa y viceversa. Una sociedad más activa obliga a un Estado a limitar su autoritarismo”.

 

Puntualiza: “En los funcionarios y los gobiernos la tentación autoritaria siempre está presente. Una ciudadanía activa impide el autoritarismo y un Estado más tolerante permite una sociedad más activa. Una ciudadanía apática favorece a un Estado autoritario”.