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Reformar la Ley Salvavidas: Magistrado Celso Rodríguez

¿Cómo enfrentar la impunidad y la corrupción de funcionarios del Gobierno para hacer justicia a las víctimas de la violencia vial?–Le preguntó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, magistrado, Celso Rodríguez González–. Me responde: “Fui juez penal durante ocho años y considero que no solamente se puede hacer un peritaje cuando se extrae sangre. Hay otras reglas que utilizan los mismos peritos, que son auxiliares de la justicia, y que son expertos en la materia”.

“Los jueces no tienen la capacidad para resolver cuestiones científicas, técnicas (…) Los peritos nos hacen ese tipo de pruebas que son dictámenes”. Celso explica que de acuerdo a la ley son cuatro formas de establecer el grado de intoxicación por alcohol de un conductor que se ve inmerso en un accidente vial y que provoca resultados funestos: la prueba del alcoholímetro; la prueba de sangre; el estudio clínico-médico y la cuarta que no se ha mencionado, la prueba de orina.

Las dos primeras –alcoholímetro y examen de sangre– se pueden negar los conductores a que se los apliquen y no se les puede obligar, acepta el presidente del STJ del Estado, porque la Constitución misma los protege. La entrevista se realiza en su oficina, donde destaca la pintura del jurista jalisciense Mariano Otero. Otros ex presidentes quedan en la plástica para la posteridad y son testigos silenciosos del diálogo periodista-presidente del Poder Judicial. Candente es el tema en la sociedad sobre la llamada Ley Salvavidas o “Ley Antoborrachos”, que otros la han denominado.

Fresco está el caso del joven Pablo Mora, quien por conducir alcoholizado vive la tragedia de su vida, como el haber provocado que la jovencita Andrea Vaca Rodríguez, ya no esté en esta vida. Acudo ante el Presidente del Poder Judicial de Jalisco para que nos clarifique sobre el tema de la impunidad y que protege a los victimarios que se convierten en asesinos por imprudentes e irresponsables al conducir en estado de ebriedad. Mucho es el dolor que dejan en las familias jaliscienses, así como contar con su opinión respecto a la Ley Salvavidas que ha sido atropellada por la impunidad. La consecuencia es que se vuelvan a disparar los accidentes y las muertes por la combinación alcohol y volante, vuelvan a aparecer como epidemia, dejando luto y dolor a cientos de familias, como ha estado aconteciendo.

REFORMAR LA LEY

El magistrado Celos Rodríguez, señala que el Poder Legislativo se avoca a hacerle reformas a la Ley Salvavidas, precisamente para evitar las lagunas que existen actualmente y que ha dado pie a que los culpables de estos accidentes no sean castigados con la privación de su libertad. Presenta como ejemplo lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito del problema de la paternidad, normalmente hijos fuera de matrimonio y que llegan a los juzgados familiares, donde se tenían esos problemas de demostrar si era o no el padre cuando la persona señalada lo niega.

“Ellos se resistían a que les practicaran la prueba de sangre, amparados en la Constitución General de la República”. El dilema era cómo comprobarles si estaban mintiendo.

“Afortunadamente este problema ya no lo tenemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cuando esto aconteciera, entonces se entenderá que el señor sí es el padre y le favorecería, salvo prueba en contrario.

“Esto trae como consecuencia que la prueba para el encausado y consecuentemente se da por válida la prueba y él tiene que demostrar y destruir esa prueba que está en su contra para efecto de tener éxito en el proceso. “Creo que aquí se pudiera aplicar en forma similar, porque es un caso muy idéntico al de la paternidad, es decir, ya te hicimos un examen, no te extrajimos sangre, hicimos el estudio de verte caminar, ver tu vista, ver también tu respiración, y consecuentemente hacer un examen que el señor se encuentra en intoxicación alcohólica y él tendrá que destruir esa prueba”.

A propósito del caso Pablo Mora, hecho que se ha criticado por la forma como la Procuraduría de Justicia del Estado armó la averiguación acusatoria y que luego ante la falta de pruebas contundentes el Juez Segundo de lo Penal lo dejó en libertad, aduciendo de que la prueba clínico-médica no establecía el grado de intoxicación por alcohol en la sangre.

“Al aceptar el rechazo de la persona a que le realicen el examen de sangre, pues entonces cada persona que se encuentre en este problema bastaría que no se quisiera realizar el estudio de sangre y consecuentemente la autoridad no está en posibilidades de hacerlo porque violaría sus garantías y sus derechos humanos”.

El presidente del STJE considera que la reforma a la Ley Salvavidas debe establecer que la prueba quede a cargo del procesado el demostrar que no estaba en ese grado de intoxicación alcohólica. “Los peritos lo pueden hacer, sería muy importante pero también habría que hacer esa reforma para que quien se negara a la prueba, prácticamente se asentara su estado de intoxicación alcohólica, sobre todo con esa prueba que te menciono, porque la sangre no es la única, puede ser la orina, la vista, su respiración…”, apunta.

¿Y LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS?

Otro problema que se ha florecido en este tipo de accidentes viales es el problema de la corrupción de funcionarios que participan en la aplicación de la ley, así como en la procuración y administración de justicia, como se presume sucedió con el caso Pablo Mora, por lo que ha trascendido a la opinión pública, en concreto la actuación del perito del Instituto de Ciencias Forenses que redactó mal el dictamen y que favoreció al inculpado, así como la participación del Agente del Ministerio Público, quien no le dio cumplimiento al artículo 125 del Código de Procedimientos Penales de Jalisco.

De entrada opina que cuando se habla de una orden de aprehensión o de un acto de formal prisión, las pruebas deben ser suficientes y bastantes. “Así lo dice la ley”, subraya.

Cita que son varios los casos que han llegado a los Juzgados Penales del STJE de accidentes viales en los que personas que le quitan la vida a otra son familiares o gente cercana a personajes importantes de la política o del Gobierno.

“Como Gobierno tenemos que responderle a los jaliscienses, porque no podemos estar imposibilitados para aplicar la ley y dejar de sancionar a quien comete delitos, por eso es la obligación del Legislativo reformar la ley”, asienta. Recuerda que aquí el Gobierno está dividido en los tres poderes y cada uno tiene una responsabilidad en el ámbito de que la justicia y la ley imperen.

LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS

Conciencia Pública. ¿Y en el caso de estos servidores públicos, el perito del Instituto de Ciencias Forenses que no redactó bien su dictamen pericial y el AMP que no hizo su tarea?

Magistrado Celso Rodríguez. La Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y el mismo Código Penal, sobre todo para los peritos que dolosamente cambian los peritajes o las conclusiones del dictamen que están haciendo para favorecer a alguien. Eso está en la ley y podrían aplicársele sanciones a quienes cometen estas irregularidades pero tendríamos que seguir el procedimiento adecuado para no violentar garantías.

Siento que nuestra labor más importante de todos los que estamos en el proceso penal, desde el Ministerio Público hasta los jueces tienen que recibir una sanción cuando incumplen la aplicación de la ley. Porque estamos aportando a que le impunidad se de en Jalisco; pero no sólo en Jalisco, si hacemos algo ejemplar también se puede ir a otros estados y así nacionalmente estamos nosotros aportando algo.

El magistrado Celso Rodríguez explica que en el caso del perito del Instituto de Ciencias Forenses, si actuó indebidamente y se le comprueba, se le puede aplicar un procedimiento administrativo. En el caso del Agente del Ministerio Público si actuó con negligencia o si su conducta fue intencional o dolosa, la Procuraduría General de Justicia por medio de su Dirección de Visitaduría debe sancionar a sus funcionarios que no dignifican a las instituciones con sus actuaciones y entorpecen la justicia.

“El espíritu de la ley fue garantizar a la población que determinadas conductas irregulares fueran sancionadas para que no trasgredan los intereses de la misma sociedad. Estas se deben cumplir y quien no lo haga debe recibir sanciones penales y administrativas, donde éstos se puedan llevar a cabo”, precisa el responsable de coordinar al Poder Judicial de Jalisco.

LA REGIDORA INFLUYENTE DE ZAPOPAN

Y tocando el tema de influyentes, se le recuerda el caso en que se ha visto inmersa la regidora panista de Zapopan, Milagro López Barriga, a quien se acusa de haber protegido a un homicida ebrio que provocó un accidente vial el pasado 29 de enero en la colonia La Estancia y que terminó con la vida de César Augusto de la Huerta de 22 años de edad.

Presuntamente el homicida había estado bebiendo en una fiesta con el hijo y en la casa de la regidora señalada, quienes a la hora del accidente lo protegieron para que el brazo de la justicia no lo alcanzara.

El sujeto huyó del lugar y semanas después apareció ante la Procuraduría General de Justicia amparado para rendir su declaración. Las autoridades judiciales establecieron que el amigo de la familia de la regidora Milagros López Barriga, pagará los gastos funerarios y los daños materiales, pero no va a pisar la cárcel, porque no se le acreditó que condujera su auto en estado de ebriedad. Aquí lo procedente es que se investigue si realmente la regidora hizo uso de su influencia para ayudar que el sujeto escapara. Si es así incurre en responsabilidad y puede ser enjuiciada, plantea. “Si algún funcionario o servidor público que tiene influencia ayuda a evitar que se sancione el delito, lo debe alcanzar la sanción”, puntualiza.