LUCHAS SOCIALES /// Participar es derecho y obligación

Por Mónica Ortiz ///

El gobernador de Jalisco anuncia nueva Ley de Participación Ciudadana y de Gobernanza, enviada como preferente al Poder Legislativo, es indiscutible que la participación ciudadana es un derecho y permite la socialización de las políticas públicas empoderando al ciudadano en la toma de decisiones de los gobiernos, también son herramientas que definitivamente incentivan a la sociedad civil en la lucha o defensa de los intereses reales y de los grupos vulnerables frente al gobierno.

En este sentido, es cierto que Jalisco debe contar con los mecanismos necesarios y reales de una legislación adecuada para forjar una efectiva participación ciudadana, podría ser un acierto siempre y cuando no venga infectada de simulación y reglamentación, el exceso de ordenación impide el ejercicio libre y la capacidad de participación, son básicamente herramientas de empoderamiento civil, bajo derechos fundamentales y humanos que deben contemplarse en las constituciones para evitar su desestimación, sin embargo cabe la duda y las preguntas técnicas: ¿El gobierno debe regular, las acciones de la sociedad civil en el tema de participación?, o ¿son derechos de libre ejercicio?

De las herramientas de participación ciudadana que esta democracia ampara como medios de acreditación y de toma de decisiones conjunta, el freno puede ser la norma, la cual no justifique y respete el derecho que tiene la sociedad de ser participante de los gobiernos electos y abiertos, siempre quedará corta cualquier normativa junto a la capacidad que tiene la sociedad civil para autogenerase participación y hacerse escuchar de manera rotunda en tiempo electoral.

El problema de regular los derechos de participación ciudadana, es que se convierten en obligaciones limitantes de un efectivo y real ejercicio ciudadano, sobre todo cuando no se respeta la jerarquía constitucional y al parecer en Jalisco es común minimizarla

Por otro lado el poder legislativo está claramente subordinado al ejecutivo, pasó a ser una secretaría más de creación de normas y regulaciones a modo, sin que exista respeto por la autonomía y división de poderes, bajo el argumento de una mayoría aplastante, pero sin convicción del ejercicio de representación y del legislativo, aunque no es muy diferente en el ámbito federal, si es poco convincente el ejercicio legislativo de auténtica representación social.

En este contexto, el problema de nuestros nuevos gobiernos es la posible simulación de ejercicio político y gubernamental efectivo en la que caen cuando intentan que la sociedad crea en el cumplimiento de promesas de campaña y realidades de gobierno bajo ciertas políticas públicas que se ejercen, en este supuesto la certeza social de haber hecho una correcta elección, se va inclinando a la premisa en la que todos los políticos son iguales en campaña e iguales en ejercicio gubernamental, la realidad de la sociedad no es ni parecida ni acercada a la de las ruedas de prensa ni los titulares de los medios de comunicación.

Aunque se venda en voz alta la participación ciudadana y su ejercicio, en la práctica es solo para una elite cerrada de la sociedad que es cien por ciento empática con el gobierno en curso y de no ser así, viene la desacreditación, es por eso que sirve de poco o de nada que se anuncie participación ciudadana legislada a modo, hecha para los partidarios y fuera del contexto federal.

La razón es suficiente para que el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no contemple la prueba de la revocación de mandato por dos razones básicas, nunca se adelantará al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, quizás porque de él depende que las herramientas de participación se conviertan en constitucionales en algún momento, además de que mide sus pasos conforme a los que da el presidente, no se expondrá a resultados adversos antes de observar el comportamiento de la sociedad con respecto al ejecutivo federal en un ejercicio de revocación de mandato, la otra razón es más técnica menos política, la ley contemplará la organización de ciertas herramientas de participación ciudadana a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco) por lo que el riesgo de que la sociedad participe emitiendo desaprobación es alto, no es lo mismo organizarlas desde casa.