Desaparición forzada, herida abierta de Jalisco y México

-Hay más de 40 mil desaparecidos en el país

Por Mario Ávila //

Al fin los familiares de 7 mil 117 personas desaparecidas en Jalisco, ya cuentan con el respaldo oficial de los gobiernos estatal y federal, para la localización, poniendo con ello fin a una política que consistía en ocultar, eludir y mentir, lo que propiciaba el reinado de la impunidad.

Poco después de que se cumplieran los 100 primeros días del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, se dio a conocer la Estrategia integral para la atención a las víctimas de desaparición, en una primera etapa, en la que de entrada el presupuesto crece de 17.2 a los 84.4 millones de pesos, en concreto para la ampliación de la capacidad operativa.

La desaparición forzada de personas, según lo estableció el mandatario estatal, Enrique Alfaro, es uno de los temas más difíciles que enfrentamos como sociedad, en Jalisco y en todo México; y para enfrentarlo, lo primero que hay que hacer es dejar de negar la realidad, visibilizar y dimensionar el problema.

“Entendemos que esto se trata -dijo-, de un problema doble, en el que todas las partes involucradas son afectadas, tanto las víctimas directas como sus seres queridos, y que hasta ahora, las dependencias involucradas en la búsqueda, identificación y atención a víctimas no han estado a la altura, no garantizan una atención oportuna y digna para quienes denuncian una desaparición. Esto no puede seguir así, debemos replantear la manera en la que se le hace frente a este desafío”.

“Nuestro compromiso con esta agenda -abundó-, va en serio, por eso no solo pasaremos a ser el estado del país con más presupuesto destinado al tema, también presentamos una estrategia integral para la Atención a Víctimas de este delito y parte de dos principios:

El tema de desaparecidos no volverá a ser un secreto, al contrario, será público y estará al centro de la agenda de gobierno. Sabemos que la única ruta de consolidar una estrategia para combatir este problema solo es posible si le entramos juntos, sociedad, especialistas, autoridades de todos los niveles de gobierno”.

Y remató: “Estos son solo los primeros pasos, no hay varita mágica, pero sí hay voluntad y compromiso, hay un nuevo diseño constitucional, hay recursos para hacer el trabajo de coordinación efectiva con todas las instancias y de mi parte, un compromiso público de que no vamos a desatender este tema. Vamos a probar con hechos, que no vamos a fallar y que sabremos manejar este tema como nos exige el pueblo de Jalisco”.

La gravedad del problema la puso en evidencia también el propio gobernador de Jalisco, quien en la presentación del programa se acompañó Alejandro Encinas Rodríguez, Sub Secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; las activistas de los colectivos Por Amor a Ellas y Fundej, Esperanza Chávez y Guadalupe Aguilar; Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda; Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH; los titulares de los poderes Legislativo y Judicial y los rectores de la UdeG y el ITESO, Miguel Ángel Navarro y Luis Arriaga Valenzuela, respectivamente

Dos son los compromisos que de entrada asumió Alfaro Ramírez fueron: Hablar con la verdad y actuar con responsabilidad. Y en el primero de los casos hizo saber que a partir del lunes 25 de marzo estará disponible el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición y aunque como lo marca la ley, se resguardarán los datos personales de las víctimas, en Jalisco la información sobre este tema no volverá a estar oculta.

Y como una muestra de que la transparencia será una realidad, dio a conocer que del 2006 a la fecha en Jalisco se han reportado 29 mil 772 personas desaparecidas, de las cuales 21 mil 400 (71.9%) fueron localizadas vivas; 1 mil 255 (4.22%) fueron localizadas sin vida y 7 mil 117 personas (23.8%) están pendientes de localizar.

“La desaparición forzada de las personas -dijo-, es una herida abierta en Jalisco y en todo el país, un problema que ha rebasado a nuestra sociedad y uno de los retos más grandes al que debemos hacerle frente todos juntos: no podemos solos”.

Detalló que el presupuesto anual para la Fiscalía Especializada en Personas desaparecidas habrá de incrementarse para ampliar la plantilla, instalar una nueva sede, adquirir equipamiento, contratar personal y asesoría. Por ello el incremento se está dando para este año de 5 a 30 millones de pesos

También se incrementó el presupuesto para fortalecimiento de asesoría jurídica y atención psicológica, pasando en este año de 10.3 a 19.4 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del orden del 69%.

LA JUSTICIA, EN EL CENTRO DE LA AGENDA

En lo que fue el acto de presentación de la primera etapa de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas, explicó Alfaro Ramírez que empiezan por un rediseño institucional con la justicia al centro de la agenda, que vaya con los intereses de las familias por delante, “y como muestra de que vamos en serio, le vamos a inyectar más presupuesto que ningún otro estado en la historia a las instancias involucradas”.

Explicó que después de un ejercicio de diálogo con familiares, representados en los colectivos Fundej y Por Amor a Ellxs, se han identificado algunos detalles relevantes: Baja confianza en las dependencias involucradas; rezago presupuestal de las dependencias; bajo nivel de maduración y capacidad institucional para atender las disposiciones legales en materia de desaparición en sus distintas modalidades y capacidades limitadas de coordinación interinstitucional, sin que exista una cadena de procesos eficiente y ágil para atender a víctimas.

Por ello se anunciaron una serie de acciones al interior de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en donde entre otras tareas se anuncia la creación del área de atención temprana, la creación del Registro de Familiares Afectados, el mapeo de zonas de mayor incidencia para fortalecer la prevención a través de patrullajes continuos, el fortalecimiento de capacidades y recursos humanos y materiales a centros regionales, el reforzamiento del equipamiento del grupo de reacción inmediata de la policía investigadora y la integración de enfoque de género y el principio de interés superior de la niñez.

En el seno de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, se habrán de dar las siguientes tareas: Seguimiento a los trabajos de coordinación entre dependencias involucradas en el proceso de búsqueda, acompañando la atención a víctimas y los procesos de búsqueda; desarrollo de herramientas tecnológicas para eficientar procesos; contratación y capacitación de personal y adecuación de nuevas instalaciones, accesibles y con espacios apropiados para la atención a víctimas

En tanto en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, las acciones inmediatas serán: Creación de área especializada en atención a víctimas en materia de personas desaparecidas; contratación de personal para garantizar la atención en los doce distritos judiciales de la entidad; capacitación a personal para la atención específica; socialización de información sobre derechos de las víctimas; apoyo directo a familiares en procesos de búsqueda, así como proceder, en su caso, a la reparación integral del daño, agilizando los procedimientos a los que se refiere la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

Por lo que toca al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el anuncio de las estrategias consistió en: Ampliación y equipamiento de infraestructura para refrigeración; elaboración de base de datos interna: capacitación a personal en materia de identificación de personas desaparecidas; obtención de datos Post Mortem (PM); elaboración de fichas de cotejo de información AM-PM y colaboración con Fiscalía Especializada en Comité de Inhumaciones.

REPLANTEAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

En su mensaje detallado, el mandatario jalisciense expuso que una estrategia para hacer frente a un fenómeno como éste, no puede establecerse por decreto. “Es necesario hacer un análisis técnico de todos los procesos que siguen las dependencias involucradas para identificar aquellos puntos que debemos mejorar mediante mecanismos de coordinación”.

“Se debe de hacer una revisión exhaustiva de la legislación de la mano de la sociedad, así como actualizar y crear nuevos protocolos. Es indispensable fortalecer la coordinación con el gobierno federal y los municipios, capacitar a las y los funcionarios, así como desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación”.

“En síntesis: tenemos que replantear de raíz la manera en la que se atiende a las víctimas para garantizar la atención integral; el acompañamiento y el respeto a los derechos humanos de las víctimas; sincronizar los protocolos de búsqueda y atención a víctimas; mejorar las condiciones de participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos relacionados a la búsqueda de personas; diseñar herramientas de coordinación interinstitucional para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas o no localizadas; generar diagnósticos interdisciplinarios que permitan el diseño de políticas públicas e implementar un mecanismo de gestión de datos interconectado.

SE ACABÓ LA DEMAGOGIA

Para Alejandro Encinas Rodríguez, Sub Secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el reto es responsabilidad del Estado, “y a diferencia del pasado donde se quiso minimizar, ocultar y hasta eludir el compromiso, hoy se hace frente a esta responsabilidad”.

“Se acabó la demagogia -dijo-, la simulación, los engaños y la complicidad de las autoridades del Estado y muestras de ello son casos como el pasado 3 de diciembre cuando para investigar el caso Ayotzinapa asumimos la responsabilidad; también hicimos frente en Tamaulipas a las malas conductas de los Marinos que hoy están a la espera de la investigación y se inicie un proceso penal por el caso de violaciones a los derechos humanos de civiles; el 10 de enero también dimos la cara por agravios a la periodista Lidia Cacho y apenas ayer en el Tec de Monterrey en el noveno aniversario de la ejecución extrajudicial de dos estudiantes por elementos del Ejército, nos disculpamos públicamente e informamos que ya hay detenidos, hay dos prófugos y unos desparecidos. Se acabó la simulación y se acabó la impunidad”.

Abundó que no es solo suma de esfuerzos y compromisos y voluntades, recursos, sino que la principal medida será la reparación del daño haciendo justicia, “es decir, el fin de la impunidad no solo reparar el agravio”, planteó el funcionario federal en su visita a Jalisco.

También hizo alusión a la intensidad con la que se ha venido trabajando, al grado de que la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, tomó posesión mientras laboraban la semana antepasada en las fosas de Tecomán, Colima. Recordó además que después de un año que se emitió la Ley General en materia de Desaparición Forzada, en menos de 100 días en el gobierno ya se cuenta con un plan para su implementación.

GOBIERNO FEDERAL DA PASOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

En la presentación de la primera parte de la estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición en Jalisco, el rector del ITESO, Luis Arriaga Valenzuela, integrante de la Compañía de Jesús, lamentó que el problema supere ya los 40 mil desparecidos en el país.

Dijo que las obligaciones del estado incluyen no solo respetar los derechos humanos, sino proteger, garantizar y prevenir, “por eso todas las desapariciones, aun las cometidas por particulares, incumben al Estado”.

Comentó que a su juicio el gobierno federal ha venido dando algunos pasos en la dirección correcta, en la búsqueda de la verdad y la justicia, como por ejemplo en el caso Ayotzinapa; destacó el nuevo sistema nacional de búsqueda y dijo que causa esperanza el anuncio de que habrá una política integral para hacer frente a las desapariciones y un mecanismos extraordinario en el manejo de restos humanos en el servicio médico forense.

Admitió que en Jalisco se ha dado ya una epidemia de desapariciones, en una década el crecimiento ha sido constante y pronunciado, “tenemos el penoso tercer nacional, solo atrás de Tamaulipas y el Estado de México”.