Metástasis: Pretenden exterminar corruptos

Por Flavio Mendoza //

En sesión extraordinaria el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó diversas disposiciones a leyes en el estado, entre ellas las que tienen como objetivo dar muerte política a los corruptos, dichas modificaciones fueron a los artículos 21, 54 y 144 del Código Penal del Estado de Jalisco, además a los artículos 52 y 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios el Estado de Jalisco y sus municipios, además al artículo 56 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, con lo que se pretende inhabilitar temporal o perpetuamente de la función pública a los corruptos.

Dicha iniciativa fue aprobada prácticamente por la totalidad del Congreso, por unanimidad, además fue presentada por la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, sin embargo pidieron suscribirse a la iniciativa 37 de los 38 diputados del Legislativo Local, una iniciativa que acompaña al discurso político para la Refundación del Estado, que como objetivo en uno de sus ejes rectores va tras los corruptos, pero no sólo de los políticos, incluso inhabilitarán a las empresas que estén involucradas en casos de corrupción donde se involucre recurso público del estado, impidiendo que puedan ser acreedores de contratos con el Gobierno del Estado y sus municipios.

Para el caso de los funcionarios que incurran en la comisión del delito de corrupción se inhabilitará 10 años para quienes cuando el monto de la afectación no exceda 200 veces el monto de la Unidad de Medida y Actualización, un poco menos de los 17 mil pesos, y para quienes excedan este monto se aplicará desde 30 años hasta la inhabilitación de manera perpetua, lo que significaría la muerte política para los funcionarios. Para el caso de las empresas involucradas en la comisión de dichos delitos, se les impondrá la inhabilitación para poder participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, además se establece como impedimento para presentar cotizaciones y propuestas en las licitaciones a las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas o que cuente con capitales previamente inhabilitados.

Esta ley incluso se podrá aplicar para todos aquellos que aún no reciben sentencia pero que tienen carpeta abierta por posible comisión del delito de corrupción, cabe mencionar que en los casos de la Secretaría de Educación recientemente se ventiló un escándalo por corrupción y fraude, por montos en millones de pesos por la venta de plazas, así como en la Secretaría del Trabajo, recientemente en la Secretaría de Salud e incluso en el Instituto de Pensiones del Estado, quizá este proyecto de decreto tiene una dedicatoria, para quienes ya están en el ojo del huracán, incluyendo los objetivos políticos, que tendrán que responder por los actos que se les imputan.

En el caso de Jalisco, hay diversos funcionarios a los que el Congreso del Estado ha aplicado como sanción la inhabilitación, por ejemplo en 2014 los diputados aprobaron la destitución como regidora a la priista Elisa Ayón, así como la inhabilitación por 10 años, incluso de sus plazas como directora de escuela primaria para Educación Jalisco; el más reciente el caso de Luis Carlos Vega Pámanes, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a quien el año pasado el Congreso Local lo inhabilitó, por 9 años para desempeñar algún cargo o función pública. La intención de dicha Reforma es imponer castigo ejemplar y literal terminar con los políticos y/o empresas que cometan actos de corrupción, pero no solo deben estar preocupadas las pasadas administraciones, sino que todos lo que actualmente cumplen con una función pública o cargo de elección.

La inhabilitación es un buen ejercicio que debería reproducirse a nivel nacional y abarcar a más sectores y organismos, desde el ámbito federal, como un elemento más en la importante lucha contra la corrupción.

@FlavioMendoza_