Opinión: Pretender controlar el Poder Judicial

Por Héctor Romero Fierro //

Parece que tanto el ejecutivo federal como el estatal tienen la intención, cada uno en su ámbito, de controlar su respectivo Poder Judicial, el cual siempre debe ser autónomo e independiente. Ya vimos cómo a nivel federal se operó para meter ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo del presidente y ahora Enrique Alfaro, por conducto de su incondicional operador político en el Congreso del Estado, Salvador Caro, presento una iniciativa tendiente a que el Ejecutivo tenga nuevamente injerencia en el nombramiento de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quitándole la facultad que actualmente tiene el Consejo de la Judicatura de emitir la convocatoria respectiva pasándola al gobernador, pero además proponiendo que sea posible, mas no obligatorio, efectuar una evaluación, la cual no será vinculante, y permitiendo que sea el ejecutivo quien presente la terna al Congreso y sí este no resuelve el nombramiento, por mayoría calificada, en un término de treinta días (supongo hábiles) el cargo será ocupado por quien designe el gobernador de entre los integrantes de la terna. Misma situación si el Congreso le rechaza dos veces la terna. Además, para servirse con la cuchara grande pretende que el nombramiento sea por diez años y no por siete como está actualmente. Hay también una iniciativa con mejor contenido presentada por la fracción del PRI.

Recordemos que a fin de eliminar la discrecionalidad, corrupción y cuotas, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción SNA, desde 2018, aprobó una recomendación a los Congresos estatales para la elección de jueces y magistrados, en la que exhorta que la designación de este tipo de funcionarios se realice a través de concursos o exámenes de oposición en los que se privilegie la independencia, aptitud, capacidad, profesionalización y excelencia, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte en la tesis del Pleno P. XV/2006, sin embargo esa importante recomendación pocos estados la han implementado, en Jalisco se recibió y se turnó desde el 20 de febrero de 2018 a la “Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción” donde permanece congelada.

Lo que urge es eliminar, la corrupción, improvisación, nepotismo y el reparto de cuotas, mas no solo transferirlo al ejecutivo como pretende Caro en su iniciativa. La reforma no debe parar ahí, por ello los Colegios de Abogados más importantes del país, por conducto de sus capítulos en el Estado de Jalisco, esto es: La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE); Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), emitieron un importantísimo posicionamiento conjunto, solicitando un amplio debate en relación a este tema, con el objeto de que se cumplan los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, los cuales debe privilegiar cualquier juzgador.

Ya vivimos el sexenio pasado un grave y nefasto tráfico de influencias desde la Secretaria General de Gobierno, que no se debe, por ningún motivo repetir. Además estos importantes Colegios recomiendan que la Oficialía de Partes sea transparente en su manejo y que no sea posible dirigir los asuntos con algún juez en particular; que se privilegie la carrera judicial; seguimiento patrimonial, tal y como se debe hacer con cualquier funcionario público y cuya implementación es parte del Sistema Nacional Anticorrupción (iniciando con la 3 de 3); transparencia y difusión pública de las sentencias; digitalización de expedientes; establecimiento de Códigos de Ética y de Mejores Prácticas al interior del Poder Judicial; La creación de un Órgano Interno de Control (OIC) conformado por ciudadanos calificados e independientes; presupuesto constitucional, ya que la independencia económica de los otros poderes es un requisito necesario para su independencia, tema ya avanzado por el diputado Héctor Pizano quien señalaba la necesidad de que le fuera entregado un porcentaje fijo del presupuesto de ingresos al Poder Judicial; equidad de género, importantísima y que no se ha respetado, yo conozco abogadas, compañeras de los estudios del doctorado, con carrera judicial, que nunca han podido acceder a una magistratura solo por ser mujeres; junto con otras recomendaciones igual de importantes.

Yo adicionaría un punto más, que genera y alienta una gran corrupción en el sistema judicial, el tráfico de peritos oficiales, donde en muchas ocasiones hay un enorme contubernio entre el funcionario que los nombra y el perito, donde según dicen, se tiene que compartir hasta el cincuenta por ciento de los honorarios para ser nombrados, y en la gran mayoría de casos, se obliga a las partes a pagar el perito tercero desde la integración de la prueba, si no se depositan los honorarios “se pierde” la prueba completa, recordando que el diestro solo debería ser necesario en caso de que los peritos de las partes fueren notoriamente diferentes, por ello se debe implementar un sistema electrónico de asignación de peritos sin intervención humana, evitando con esto manejos irregulares. Si el Congreso revisa las estadísticas fácilmente podrá apreciar que hay peritos en todas las materias, favorecidos reiteradamente por los mismos jueces y al contrario, peritos muy capaces que nunca son nombrados, a lo mejor porque como dicen en mi rancho, ¿no se mochan?

El actual presidente del Supremo Tribunal es gente honesta y dispuesta al cambio, sí de verdad el grupo de Movimiento Ciudadano (MC), en el poder le interesa mejorar el sistema y no solo controlar a los magistrados entrantes, debe rechazar la propuesta de Caro y convocar urgentemente a una gran reforma del sistema judicial que cumpla al menos con lo ya comentado. Basta de corrupción y cuotas de poder. Dicha reforma debe ser impulsada en forma conjunta e incluyente por los tres poderes.

Por cierto, se les ordenó a los jueces que se abstuvieran de otorgar medidas cautelares después del escándalo donde un abogado se quejaba de su uso cuando él era el primero en utilizarlas ilegalmente. El Consejo se refería a esas ilegales de las que luego lloran y no a todas en general, ahora los jueces no quieren concederlas sin importar la aplicación del derecho, denles un curso de procesal, porque muchas son necesarias.