El derecho a aprender y la cobertura universal

Columna Educación, por Isabel Venegas Salazar //

Cada 31 de mayo se celebra el “día del matemático”, fecha que se estableció en conmemoración al fallecimiento del gran Évariste Galois. Cuando murió tenía tan solo 21 años, pero por su talento y tal vez por el hecho de coincidir en el tiempo y el espacio con otras mentes también gigantescas, hicieron que sus aportaciones fueran consideradas un parteaguas en la ciencia.

Su historia es tan triste como fantástica, no me quiero desviar mucho pero te voy a decir que fue revolucionario, liberal, matemático, y que murió en un duelo, un duelo entre amigos, ya que por cierto, el otro contendiente también era republicano; al morir dijo a su hermano «Ne pleure pas, Alfred! J’ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans!» («¡No llores, Alfredo! ¡Necesito de todo mi coraje para morir a los veinte años!»)

En fin, volvamos al tema, debido a la celebración compartí en mis redes sociales un fragmento de su biografía:

Galois decidió en cambio presentarse al examen de ingreso en la École Polytechnique con un año de anticipación y sin el curso de preparación matemática habitual. Careciendo de formación fundamental, fue rechazado. Galois consideró su fracaso como una injusticia, y ello endureció su rechazo a la autoridad. No obstante, continuó progresando rápidamente en matemáticas, matriculándose en el curso superior de esta ciencia en el Louis-de-Grand, impartido por el profesor Louis-Paul-Émile Richard, quien se percató inmediatamente de las dotes de Galois, solicitando que fuera admitido sin examen previo en la École Polytechnique. Aunque su recomendación no fue atendida, el estímulo de Richard produjo en Galois resultados espectaculares.

Casi de manera natural, los comentarios fueron en el sentido de criticar a una escuela por haber rechazado a una de las mentes más brillantes de todos los tiempos con un simple examen, a la vez que imploraban la posibilidad de que todos pudieran tener acceso a la educación profesional.

Veamos algunas cifras: En el 2017 la numeralia decía que tan solo el 17% de la población en México tenía estudios a nivel superior. La estadística también indica que 7 de cada 10 jóvenes que quieren ingresar, no logran conseguir un lugar; son aproximadamente 420,000 jóvenes los rechazados.

Ante esta necesidad, y ya desde sus propuestas de campaña, el Presidente de la República, Andrés Manuel López, había hablado de la posibilidad de operar universidades que no requirieran examen de admisión. En aquel entonces, los candidatos contrarios tachaban la propuesta como pura demagogia. Se advertía del serio riesgo que significaba perder los estándares de calidad, al no poder establecer parámetros y candados para el control de ingreso.

Hoy el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional es una realidad, y con él sus propuestas siguen yendo hacia adelante; al parecer se van a gastar más o menos 1,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de este 2019 para el proyecto que pretende operar 100 planteles en 31 estados de la República Mexicana. A este momento hay una controversia con el reconocimiento de la validez a los planes de estudio que propone el nuevo gobierno para que sean impartidos en dichos planteles, así que hoy por hoy, no están los edificios ni están los contenidos.

Entregar el “Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios” (REVOE), significa cuidar desde las instalaciones, las medidas de seguridad, los planes de estudio, los mecanismos de evaluación, la certificación de sus profesores, el seguimiento a egresados, con un largo etcétera; ese es un gasto importante en el proceso de acreditación, que debería dar certeza a la ciudadanía al momento de elegir una casa universitaria.

Coincidentemente este fin de semana se aplica el examen de admisión para la Universidad de Guadalajara. Las filas kilométricas de automóviles, evidencian la magnitud de la preocupación de los padres que han llevado a sus hijos a la evaluación, y pronostican un mal augurio cuando sabemos de los porcentajes publicados por la misma UdG. Para el calendario 2017–B hubo 46 mil 966 aspirantes a licenciatura, de los cuales ingresaron 16 mil 994; para el 2018–B fueron 53 mil 470 solicitudes, pero se admitió a 18 mil 21, un 6.04 por ciento más que el ciclo anterior.

Eso significa que a pesar de la inversión por aumentar la matrícula muchos jóvenes, junto con sus padres, van a sufrir cuando vean frustradas las ilusiones de poder acceder a un lugar. Los conflictos viales que vimos este sábado alrededor de cada centro universitario, son una manifestación de este asunto, que a medir por el avance de un 6% en el incremento, tardaría mucho tiempo y dinero para llegar a ser del 100.

Cierto es que, además de los problemas de ingreso, en el tema del seguimiento a los procesos de formación se observa un nivel de deserción que reduce la matrícula a casi el 50% en los primero 3 semestres. Las razones pueden ser desde la necesidad económica, porque descubrió que esa no era la carrera que quería estudiar, o por una carencia del andamiaje cognitivo suficiente, es decir, el alumno a veces no entiende lo que le están hablando porque carece de la estructura de conocimientos para “soportar” un aprendizaje avanzado (a pesar de lo que dijo el examen de admisión).

Para eso deberían ser los filtros, para asegurarnos que los alumnos tienen los elementos suficientes para tal o cual carrera. Ahí coincido en que debería haber un mecanismo que permitiera asegurar a la universidad el “valor” de invertir en la formación de un joven de manera efectiva. Más que una prueba, debería ser un proceso de selección, ubicación y acompañamiento, lo cual representa un gasto mayor, sí, pero al parecer estamos desperdiciando muchos más recursos con los formatos actuales.

Las universidades públicas deben justificar el gasto de operación mediante a sus niveles de egreso, pero por ahora vemos escuelas que han abordado el problema de la reprobación-deserción aplicando remediales, implementando cursos inter-semestrales, con más extraordinarios, o ya de plano invitando a los profesores a “maquillar” las calificaciones. Al final de cuentas, están teniendo generaciones de muy pocos graduados, de los cuales un porcentaje significativo no va a ejercer la profesión.

Hablemos entonces de una verdadera reingeniería administrativa, una que nos permita saber que los jóvenes están ingresando al nivel superior motivados por aprender, por crecer, por realizarse, y no simplemente por tener un mecanismo que les “asegure” un mejor futuro económico, porque si esa no es su vocación, y si no la estudian con pasión, el mercado no lo estará esperando para compensar las carencias que no lograron superar con la facultad.

Espero de todo corazón que les vaya bien a todos los chicos que hicieron el examen de admisión, pero no podemos quedarnos con los buenos deseos, mirando como muchos de ellos apuestan su vida a esos intentos, y a partir de ahí se apropian de un estigma de fracaso, cuando en realidad la infraestructura no da para recibir a muchos de ellos a pesar de demostrar talento y capacidad; como tampoco podemos pensar que con borrar el examen de admisión se logra la cobertura universal y se resuelven los temas de formación. Se nos olvida esa base Darwiniana de selección, y creemos que nos rige más el romanticismo y la buena voluntad, que la lógica.

Una propuesta para dar acceso universal a la formación profesional, es la de aprovechar las tecnologías de la información. Cada vez más veremos las acreditaciones alternativas, y contrario a lo que muchos piensan, los jóvenes tendrán que ir descubriendo que la formación a distancia no es tan fácil como parece, y los obliga a desarrollar autodisciplina, gestión y organización, volviendo esa modalidad tan valiosa como la presencial, sin descuidar la convivencia y la dimensión social.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail: isa_venegas@hotmail.com