El edén convertido en infierno

Columna Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Un viernes violento, un día de terror, reflexión y decepción vivimos los jaliscienses este 21 de junio del 2019, increíblemente estamos inmersos en el tema de la inseguridad y cada vez más nuestras preocupaciones se vuelcan instintivamente en recomendar a nuestros núcleos sociales, no exponerse y dejar de realizar las actividades cotidianas para salvaguardar la vida o la integridad física, nuestro pensamiento disocia selectivamente que el Estado tiene una obligación y que esta se incumple de la manera más irresponsable y evidente.

Un impresionante despliegue de fuerzas policiales en el fraccionamiento el Edén en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, se combatió durante horas a un grupo delictivo que había asesinado a un elemento de la fiscalía del Estado al interior de dicha zona habitacional, es lo que se dice y se lee en medios de comunicación y redes sociales; sin embargo, el asunto es más profundo y complejo que solo los hechos de los que se derivaron las acciones policiales, durante más de tres horas un fraccionamiento habitado y lleno de familias jaliscienses, vivieron el miedo y el terror que indiscutiblemente provocó un gran enfrentamiento, además de todos los sucesos colaterales provenientes de este mismo episodio violento, existió un riesgo constante de civiles en el fuego cruzado y la descarada resistencia de los perpetradores de los actos, todo esto deja al descubierto una triste y evidente realidad, no puede el Estado garantizar la seguridad de la sociedad ni de los suyos.

En este sentido, habrá que sensibilizarnos a fondo, porque estamos a punto de acostumbrarnos justificando la falta de compromiso de nuestras autoridades y gobernantes; llegamos a tolerar un terrible insulto social, con la pronunciación de los hechos por el titular del Ejecutivo Estatal, de nueva cuenta nuestro Gobernador Enrique Alfaro Ramírez no se encontraba en el Estado y quizás no es estar, sino atender o regresar al Estado para la intención prioritaria de una situación muy delicada, pareciera que los gobiernos actúan fuera del entendimiento y la comprensión de proteger la vida como derecho humano y fundamental o es que vivimos un realidad alterna de gobiernos mediáticos y politiquerías

El recuento del menoscabo es amplio y transversal, no sólo serán irreparables las bajas de cuerpos policíacos, los perjuicios a bienes muebles e inmuebles, también se atentó de manera imperdonable con la estabilidad y la paz de las personas, durante horas los habitantes del lugar de los hechos y en la zona metropolitana, temieron por su vida y la de los suyos, vivieron una cantidad de estrés indeseable, eso es un daño de imposible reparación a cargo de los gobernantes, existen responsables y son los gobiernos los que deben atender a una situación inminente peligrosa de amplia alarma que no dará para menos que la reparación del daño de familias del coto habitacional, por tan terrorífico acto sucedido el viernes 21 de junio en Jalisco, no valemos seguir pobremente pensando que la descomposición social es la raíz de esta terrible falta de gobernabilidad, ni que el tiempo convertirá a nuestros gobiernos en la razón de nuestro bienestar y desarrollo general, menos aún auto convencernos de que escenarios como estos, no dejan afectación a nuestra esfera social y cotidiana, es inadmisible y es legal que el Estado asuma su responsabilidad mediante la reparación del daño.

Dice la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios “son daños y perjuicios que constituyen la lesión patrimonial, reclamada incluidos los personales y morales, habrán de ser ciertos, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y desproporcionados a los que pudieran afectar al común de la población.”

Estos nuevos gobiernos de ideas amplias basadas en la democracia y la participación social, nos hacen corresponsables entre regaños y peticiones de colaboración, supuestamente preocupados de las necesidades sociales, hoy deberemos entender que cuando un gobierno el que sea, no cumple con su obligación o bien falla en generar seguridad y estrategia preventiva o policial, nos ponen en peligro, porque no tenemos obligación jurídica de soportalo, entonces su presupuesto debe disminuir y gastarse en la reparación del perjuicio material, moral y social de cada habitante de las zonas en las que una evidente descoordinación no permitió la gobernabilidad y el estado de derecho, estamos sumergidos en una sociedad política de cambio muy deseada pero no está resultando operativamente.

En materia de delincuencia organizada el que falle desaparece de la faz de la tierra, en materia de gobierno el que fracase, debe pagar sus consecuencias y compensar los daños que ocasionó su incapacidad, para procurar lo prioritario y asegurar lo más importante, ¡La vida; solo la vida!