OPINIÓN
El dilema para Ricardo Suro: No controversia o reelección
Por Mario Ávila //
Un argumento importante pone en duda la posibilidad de que el Poder Judicial interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las reformas legales que lo agravian y esa duda tiene que ver exclusivamente con la posibilidad de que se dé, o no, la reelección del presidente del STJJ, Ricardo Suro Esteves cuyo periodo concluye en diciembre del 2020.
Eso explica por qué el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, se ha mostrado sumiso ante los embates del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que para justificar la ineficiencia de la Fiscalía y para lucir en el panorama nacional, en donde ya le dieron la encomienda de encabezar la lucha contra la corrupción entre jueces y magistrados, ha bajado la cabeza en casos de evidentes errores del Ejecutivo, como fueron los casos de la liberación del líder del CJNG en Lagos de Moreno y el homicidio de una pareja de recién casados, por parte del futbolista Joao Maleck que manejaba en evidente estado de ebriedad y a exceso de velocidad.
El gobernador se ha llenado de insultos y acusaciones para el Poder Judicial en Jalisco, sin que se escuche una réplica frontal por parte del representante de los impartidores de justicia y ello obedece, según lo admiten un par de magistrados consultados por Conciencia Pública, a que en junio de 2021 se le vence el nombramiento de
Ricardo Suro y en ese momento buscaría reelegirse por diez años como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
Sin embargo, para ese entonces el Partido Movimiento Ciudadano aún tendría el control como fracción parlamentara mayoritaria, del Congreso del Estado y muy seguramente pendería de un hilo su reelección, de ahí que Suro Esteves le da rodeos a la posibilidad de interponer una controversia constitucional.
Revelan las fuentes consultadas que Suro Esteves aprovecha para mantener su posición tibia, la división de opiniones que hay al interior del STJJ en donde prácticamente la mitad de sus integrantes quieren anticipar los tiempos para la defensa en bloque y de manera institucional del Poder Judicial, mientras que la otra mitad llama a la prudencia y propone que sea hasta después del 9 de julio cuando se publiquen las reformas en e Periódico Oficial del Estado de jJalisco, cuando se empiecen a tomar las determinaciones que sean necesarias.
Al interior del pleno del STJJ bien se pueden identificar varios grupos, de acuerdo a su origen, al sexenio en el que ingresaron, a sus filiaciones político-partidista o bien a la fidelidad hacia algún personaje o agrupación a la que le deben su nombramiento.
Entre los que destacan los magistrados impuestos por exgobernadores, los del PRI, los del PAN, los disciplinados a Raúl Padilla López y los que le deben el cargo al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y/o a su papá el exmagistrado Leonel Sandoval.
Y es justamente eso lo que los tiene divididos en dos grandes bloques, los que quieren defender la dignidad del Poder Judicial y evitar la intromisión directa del gobernador en turno y los que anteponen la posibilidad de continuar en su carrera garantizando su reelección disciplinándose a la intención de control del Poder Judicial, por parte de Enrique Alfaro.
Lamentan los magistrados consultados por el semanario Conciencia Pública, que unos quieran mantener sus privilegios económicos y otros busquen dócilmente garantizar trabajo por muchos años más; hay unos a los que no les importa el peso político del gobernador Enrique Alfaro y otros que creen que con su decisión estarían poniendo en riesgo su carrera y por ello están dispuestos a disciplinarse a las exigencias del Ejecutivo en turno, sin que ninguno de los dos grupos anteponga el tema de la correcta impartición de justicia.
Con relación a esta división de intereses y compromisos al interior del Poder Judicial, el columnista Pedro Mellado ha hecho recientemente esta importante aportación: “Son 32 magistrados que actualmente integran el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco -deben ser 34, hay actualmente dos vacantes-, de los cuales 11 estarían en el ámbito de influencia y control de exgobernadores o exfuncionarios priistas; 8 más estarían bajo la influencia del cacique de la UdeG, Raúl Padilla López, y sus aliados; la influencia del PAN sería clara sobre 7 magistrados más; el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y su padre el exmagistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa pesan en la voluntad de otros 5 magistrados, en tanto que Movimiento Ciudadano -del actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez- tendría que conformarse con considerar como propia de su partido una sola posición en la máxima instancia de justicia de la entidad”.
Vale la pena mencionar que en el cas de que se vayan los magistrados a la controversia constitucional, su suerte estaría echada ya que la reacción del Ejecutivo sería evitar las reelecciones y esa postura seguramente no le desagradaría a las fracciones parlamentarias del PAN y hasta de Morena, que tendrían la posibilidad de beneficiarse y sacar algún provecho en el nuevo reparto de las vacantes, entre ellas la de la posición del presidente del STJJ y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro Esteves.
