Cuando el destino nos alcance

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Enfrascada como ha estado la discusión pública sobre las acciones de gobierno de la llamada 4T, respecto a los trenes, aeropuertos y refinerías, políticas sobre energía eléctrica y el crecimiento económico, se ha desviado la atención sobre un tema que tiene años estando ahí, como un elefante en la sala al que nadie quiere ver.

México es un país con un creciente número de adultos mayores, y una base demográfica que previene sobre un crecimiento exponencial de esta masa poblacional que tiende a ser vulnerable por un muy deficiente sistema de pensiones.

Somos 126 millones de mexicanos, de los cuales la población económicamente activa se sitúa en 56 millones, el 59.8 % de la población total. De ellos, se desempeñan en el sector informal 30.6 millones de personas según datos del INEGI hasta el tercer trimestre del 2018, es decir que ninguno de estos 36 millones cotiza al seguro social y no necesariamente tiene una cuenta individual para el retiro. Añadamos a esto, que el 40.2 % de la población no es activa económicamente y podemos concluir fácilmente que de no revertir esta situación seremos un país de viejos sin pensión y sin seguridad social. Es aritmética simple.

Adicionalmente, el actual sistema de pensiones no garantiza un ingreso, para aquellos que hayan trabajado en el sector formal, que le permita tener una vida digna o siquiera de subsistencia. Después de la reforma de 1997, la generación afore no habrá logrado tener las semanas suficientes de cotización para acceder a una pensión y los que sí lo logren solo tendrán derecho a la pensión garantizada, tres salarios mínimos. Se estima que solo un 30 por ciento de los que alcancen derecho a pensión tendrá un ingreso superior.

La única pensión universal existente es la que otorga el gobierno federal a los mayores de 68 años y consta de 2,550 pesos bimestrales y su aplicación aún está en proceso de ajuste pues no todos la reciben.

Hasta ahí el panorama, que puede resumirse en un alto porcentaje en la informalidad sin derecho a pensión y otros con pensión insuficiente u obligados a trabajar hasta los 75 años para alcanzar la pensión, es decir hasta su muerte pues el promedio de vida se sitúa en 75.4 años.

Por el lado gubernamental está el problema del sostenimiento de este sistema que implica una carga presupuestal creciente, y la aparente incapacidad de incrementar el ingreso fiscal que solo registra aumentos en los impuestos al consumo como el IEPS y el IVA, mientras el ISR solo registra aumentos menores. El gobierno ha hablado de su intención de mantener en cero o reducir el déficit fiscal, lo que se antoja imposible ante el crecimiento de los programas asistenciales y la falta de crecimiento de la economía nacional.

En la época dorada de la economía norteamericana, a finales de los años noventa, se provocó que llegara al año dos mil con el superávit más abultado desde 1948, como lo narra Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos desde 1987, en su libro “La era de las turbulencias” ediciones B 2008. En dicho texto comenta que el problema para ellos en ese momento era administrar ese superávit y dominar las intenciones del Congreso estadounidense de gastarlo y/o utilizarlo para reducir la carga impositiva a los contribuyentes.

La solución que encontraron los asesores de Bill Clinton, que mantenía una actitud conservadora, fue dedicar cualquier superávit a reforzar el sistema de la seguridad social y a reducir la deuda para darle sustentabilidad de cara al siglo XXI.

A la distancia esa sensata decisión mantiene sana la seguridad social, aunque otros regímenes sucesivos se encargaron de aumentar la deuda hasta niveles alarmantes, que es el elefante en la sala del vecino país.

En el caso mexicano, tenemos una alta deuda, haya sido de quien haya sido la culpa, y un déficit inocultable en las finanzas públicas, aunado a un lento o casi nulo crecimiento económico. Parece una tormenta perfecta para nuestro imperfecto régimen de pensiones que actualmente sujeta su supervivencia a la habilidad especulativa de las afores, mismas que ofrecen un rendimiento de solo el 6 por ciento en promedio y las pensiones respaldadas por el gobierno no encuentran un soporte real, ya que la masa de aportantes se reduce por el adelgazamiento de la estructura gubernamental y la de pensionados crece por la presión demográfica.

Existe en un cajón del Congreso, una iniciativa para reformar una vez más la ley de pensiones, que propone aumentar la aportación del trabajador a 10 % y aumentar la edad de jubilación. Propuesta insuficiente pues no ataca la insuficiencia presupuestal.

Sin una política económica sensata, sin ocurrencias ni predominancia de la ideología sobre la lógica de la economía global, poco habrá de faltar para que el destino nos alcance.