Evasión de criminales desde el Estado

Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //

“El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra.”
MAQUIAVELO

El quehacer de gobierno está supeditado al principio de legalidad que se explica como un parámetro para su ejercicio y, aunque la ley casi nunca estable límites expresos, es un hecho que nadie tiene facultades extremas.

Recuerdo el día en que Mariano Azuela, años después presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dijo, como maestro de Derecho Positivo Mexicano en el Centro Universitario México: “El servidor público solo puede hacer aquello que la ley le manda”, a lo que Luis Donaldo Colosio Murrieta agregó “… solo puede hacer aquello que la ley le manda, ni más ni menos”.

El Código Penal Federal, en su artículo 150, al referirse al delito de evasión de presos estable que “al que favoreciere la evasión de un detenido por narcotráfico se le impondrán de siete a quince años de prisión. Si quien propicie la evasión fuere servidor público, se aumentarán las penas en una tercera parte”.

La determinación del consejo de seguridad del gobierno federal de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, más allá de la explicación dada por su titular Alfonso Durazo y avalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe llevar a una controversia constitucional promovida por quienes están facultados por mandato de ley y, tras su resolución, actuar.

Si los legisladores o los partidos políticos se quedan solo en el debate mediático es tanto o más irresponsable que la liberación de Ovidio Guzmán. Si el Estado mexicano fue trastocado, las acciones deben ser de alto impacto.

La determinación debilitó al Estado mexicano. A partir del pasado jueves ya nada será igual para México porque el país ya no es igual. Según algunos de los críticos de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, México, como Estado-nación soberano dejó de existir; el gobierno ya no decide, obedece, pero no al pueblo de quien dimana el poder sino a los cárteles del narcotráfico.

Ello nos invita a preguntarnos para qué queremos un gabinete de seguridad si las fuerzas armadas han quedado de rodillas ante los delincuentes; si el Presidente se ha postrado ante ellos. ¿Acaso el Ejército y la Marina Armada de México estarán sólo para tareas de protección civil en casos de desastres por fenómenos naturales o para construir aeropuertos y terminales petroleras que no cumplen con todos los requisitos de ley bajo el pretexto de ser asuntos de seguridad nacional? ¿Desde cuándo a acá un aeropuerto civil es motivo de seguridad nacional?

Hasta ayer, yo no alcanzaba a comprender el trasfondo del por qué Andrés Manuel López Obrador lamentó, como presidente de la República y jefe del Estado mexicano, la sentencia de cadena perpetua que recibió, de un tribunal norteamericano, Joaquín Guzmán Loera por asociación delictuosa para cometer homicidio y de narcotráfico, calificando la resolución judicial de dura, hostil e inhumana.

¿Qué coincidencias unen a los lamentos del presidente López Obrador por la condena de por vida al Chapo Guzmán en la cárcel Florence ADMAX de Colorado con la resolución del consejo de “seguridad nacional” de poner en libertad a Ovidio Guzmán? ¿Quién debe algo al Chapo que le paga con prestigio desde el gobierno? ¿Cómo y con qué más le pagará? Sin embargo, no quiero caer en el enojo irreflexivo por lo sucedido; prefiero darme la oportunidad de esperar a que el tiempo dimensione lo sucedido sin suponer que López Obrador o Durazo fueron o son promotores del mal o que han resuelto permitir que el crimen crezca.

Lo sucedido debe ser analizado desde distintos ángulos. Hoy, a botepronto, ofrezco mi parecer desde el llamado Efecto Lucifer, desarrollado por Philip Zimbardo a partir de su experiencia con el experimento de la prisión de Stanford. Para Zimbardo hay dos explicaciones extremas del comportamiento malvado: de los factores disposicionales y de los efectos situacionales de tales conductas. Coincido en que la deseada dilucidación se encuentra en un punto intermedio que no necesariamente equidistante.

Si fuese verdad que para todos nosotros los abrazos son mejores que los balazos, el gobierno debe trabajar en los mecanismos que afirman la identidad de los delincuentes, en las formas o formulaciones de los mensajes que determinan sus visiones del mundo, a fin de minimizar sus influencias negativas, desterrando la creencia de invulnerabilidad que les lleva a cometer crímenes que –muy seguramente- quedarán impunes.

Lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, este jueves, no camina hacia ese propósito y por ello debe reconocerse como de craso error desde su planeación e implementación hasta sus efectos: se puso en peligro la vida de miles de ciudadanos debido a la torpeza del gobierno; esto debe reconocerse para evitar que se repita. Todos debemos aprender a ser responsables de nuestras conductas, dirigiéndolas hacia resultados positivos y desdeñando la influencia de sistemas perversos que podrían afectarnos. La permisividad social total con que hoy se viste a la libertad personal en nada abona hacia esa sociedad bien cohesionada.

Pregunto cuál es la postura de quienes promueven el consumo de la marihuana por razones lúdicas de gente como los Guzmán que la producen, transportan y comercializan. ¿Son sus aliados o también piden su detención, enjuiciamiento y condena? Resolvamos esto y entonces actuemos.