«Vive México la fórmula perfecta, corrupción e impunidad»: Lucía Almaraz, presidenta del Sistema Anticorrupción de Jalisco

Por Diego Morales //

Bajo la premisa que abatir la problemática le corresponde a todos, no genera falsa expectativa sobre los resultados que puedan otorgar. No están diseñados para las grandes detenciones ni los reflectores, sino para dar seguimiento y tener una incidencia con la sociedad, así lo expresa Lucía Almaraz, Presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco.

Consciente que al hablar del Sistema Estatal Anticorrupción la sociedad se enfoca en el fiscal, Lucía Almaraz resalta la estructura que se tiene, en donde son diversos actores quienes trabajan coordinadamente en cada uno de los procesos.

“Es importante que la ciudadanía conozca cómo se conforma, qué realiza el sistema y además qué alcances tiene, porque hay una gran confusión o expectativas que no se van a cumplir solo con la creación del sistema estatal. Cuenta con un diseño institucional que resulta complicado, por ejemplo, explicar el comité coordinador, qué realiza el comité de participación social, cuándo se convierte en órgano de gobierno, cuándo actuamos como comisión ejecutiva, la verdad sí es una estructura complicada para el ciudadano”.

Agrega: “El Comité de Participación Social no es otra cosa más que está conformado por cinco ciudadanos que fueron elegidos por la comisión de selección, que fue elegida por el Congreso, entonces se abre convocatoria, se eligen a los ciudadanos, el comité es el encargado de ser el vínculo entre la sociedad civil y la autoridad, somos ese puente”.

Entrevistada en el programa de radio “En Tela de Juicio”, expresó que una las facultades más importantes de este comité es darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción y tener una incidencia social.

“Dentro de nuestras facultades más importantes encontramos el darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción y tener una incidencia totalmente social. El comité coordinador está conformado por siete personas, la contralora del Estado, el auditor, el presidente del Tribunal de Justicia Alternativa, el Consejo de la Judicatura a través de Ricardo Suro, el ITAI a través de la presidenta Cynthia Cantero, el fiscal anticorrupción y quien funja como presidenta del Comité de Participación Social, me convierto también en presienta del comité coordinador”.

Subraya: “Entramos en diferentes momentos, sabemos que el fiscal especializado anticorrupción es de reciente creación, entonces ya se les están lanzando al fiscal todos los delitos considerados como corrupción. También el código penal se ha reformado en este sentido, se encontraban los delitos en otros capítulos, ahora se reforma, los hechos tendrá que conocerlos el fiscal, ahora de manera coordinada se atienden sobre todo acciones de prevención y algunas enfocadas al área reactiva, ya hay comunicación entre ellos, diálogo. El sistema es joven, apenas tiene dos años, la corrupción nos tiene décadas de ventaja”.

LA ENTREVISTA

Pregunta. ¿Están alineados con el sistema nacional anticorrupción?

Respuesta. Tenemos que estar alineados a la nacional, esperamos un poco a eso, ya estamos trabajando en eso a través de otro ente que es la Comisión Ejecutiva, que la conforman cuatro ciudadanos del Comité de Participación Social que no son presidentes y la secretaría técnica, surgen los insumos técnicos, uno de ellos será la propuesta de política estatal anticorrupción.

P. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y un servidor público?

R No formamos parte de una institución, no formamos parte del OPD que sería la Secretaría Ejecutiva, pero sí estamos sujetos a todas las responsabilidades de los servidores públicos, esto fue como una figura muy híbrida, muy atípica que al menos yo no conozco a nivel jurídico en otro ente, no somos servidores públicos porque no formamos parte de una institución, estamos bajo un contrato de honorarios, pero sí estamos sujetos a todas las responsabilidades de un servidor público. Si nos convertimos en servidores públicos tendríamos que tener un jefe, como el ejecutivo y podríamos marcar esa línea.

P. ¿No tienen un jefe?

R. No, el comité es un órgano ciudadano, en la que los colegiados a través de sesiones tanto ordinarias y extraordinarias tomamos decisiones. Tenemos responsabilidades que nos marca la ley general de responsabilidades o la ley local con las responsabilidades del servidor público pero no formamos parte de una institución.

P. Ya existe el andamiaje, ¿llegará el momento en que las tarjetas amarillas y rojas se saquen al momento y no esperar años para que se castigue?

R. Es un buen momento para que la ciudadanía conozca los alcances, qué podemos esperar del sistema. Cada una de las instituciones que forman parte del comité coordinador entran en diferentes momentos en un asunto, cuando se trata de servidores públicos entra la Contraloría con su investigación, cuando se trata de instituciones y servidores públicos, cuando determinan que hay una falta administrativa grave se activa el Tribunal de Justicia Administrativa quien determinará la sanción, si la Contraloría ubica un delito informa a través de una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, si el fiscal determina que hay elementos suficientes judicializa la carpeta de investigación. Debemos comprender que las leyes así se establecen, no esperemos que todo el sistema en un solo caso salgamos a hacer un pronunciamiento, porque cada uno tiene sus términos procesales, ahora sí nos comunicamos como instituciones, pero la parte de investigación está en etapas que la propia ley nos marca.

P. Se da la lucha de poder, quieren imponer funcionarios. ¿Cómo ve la situación que puede frenar los propósitos u orientar la justicia a otros objetivos?

R. Creo que toda institución, sobre todo hablando de un sistema, tiene sus problemáticas internas. En este nacimiento del sistema, tenemos que realizar rutinas administrativas o institucionales, todavía no termina de conformarse la secretaría ejecutiva, lo que respecta al comité de participación social hemos señalado algunos procesos que han sido abiertos, pero bajo el esquema de la facultad que me gusta, nos permite entrar a señalar alguna situación que observamos. En este último proceso para nombrar directores, entramos a la sugerencia solo tres miembros, el órgano decide cancelar el proceso por cuestiones presupuestales, no tener la certidumbre de una suspensión. Lo que ya definimos es que ya salga ese proceso, que se nombre pero que sea bien, no es un tema que como tema me interese arrastrar todo el año, nos enfrascamos en la parte interna y no vemos lo sustancial, esa es mi postura, sacar el tema, que no estemos arrastrando cuestiones internas cuando la ciudadanía nos pide resultados tangibles.

P. ¿No será repartición de cuotas la solución?

R. No tendría que ser así, tendría que ser un proceso con convocatoria pública, a través de instrumentos de evaluación, que todo mundo interesado acuda a la convocatoria, esto no sucede en otro estado, creo que Jalisco en este sentido ha ido más adelante en otras entidades federativas, somos un referente nacional, nos hemos abierto.

P. ¿Algún día podríamos decir en México que no necesitamos ningún ente que señale casos de corrupción?

R. Eso sería lo idea, ningún país del mundo tiene cero por ciento de corrupción, hasta los más avanzados en el tema lo padecen. Creo que en México tenemos una fórmula perfecta que es corrupción e impunidad, en otros países hay corrupción pero se castiga, en otros hay impunidad pero la corrupción está controlada. Ahora, es importante que el único indicador que observamos son personas privadas por la libertad por corrupción, tenemos la experiencia en otras entidades donde ex gobernadores están en la cárcel y no terminó la corrupción en la entidad, no es el único indicador”.