Se asoma la censura en la 4T

Metástasis, por Flavio Mendoza //

Un Gobierno progresista está obligado a promover la libertad de expresión, no ha censurarla. Entre la crisis del Insabi y un avión presidencial que ha servido de campaña política para el proceso electoral y para mantener los niveles de popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca una serie de documentos que circularon en redes, atribuidos principalmente a la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de borradores que integrarán el paquete de Reformas al Poder Judicial.

La pretensión de un nuevo Sistema de Justicia implica por ejemplo tener un Código Penal único para toda la nación y eliminar los de cada Estado. El Código de Procedimientos penales, por ejemplo, plantea eliminar las restricciones al arraigo, lo que pone en entre dicho la presunción de inocencia de los ciudadanos, pues esta medida se aplica principalmente para poner a disposición del Ministerio Público a un sospechosos hasta por 40 días de arraigo, mientras se reúnen pruebas en su contra, esta medida se aplicaba sólo para aquellos posibles integrantes de la llamada Delincuencia Organizada. También entre los cambios está darle mayor autonomía a la FGR, principalmente en materia financiera y de operación, con alcances dentro de la recién creada Guardia Nacional.

En el paquete de Reformas también se encuentra el retomar la Difamación dentro del esquema Penal, de nuevo este concepto sería incorporado a la justicia penal para castigar a quienes ilegalmente comuniquen a una o mas personas, la imputación que se haga a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponer a cualquiera al desprecio de alguien desde 6 meses hasta 6 años de prisión y multa de veinticinco mil veces el valor diario del UMA, tipificado en le Art. 468, fracción V del borrador del Código Penal Nacional.

Volver a incorporar al esquema penal la difamación representa sin duda un gran riesgo a las libertades de expresión, basta con recordar, entre lo más reciente, la demanda que hiciera el ex gobernador Humberto Moreira al periodista Sergio Aguayo en junio de 2006 y que de acuerdo a una instancia en lo civil el año pasado Aguayo estaría condenado a publicar, en los mismos medios donde circuló una columna de enero de 2006, la sentencia condenatoria a su costa, así como a pagar 10 millones de pesos por dañar el honor del ex gobernador, quien fuera vinculado por su cercanía a otro símbolo de la corrupción, la profesora Elba Esther Gordillo, a quien la justicia mexicana tampoco le pudo probar el enriquecimiento inexplicable y otros excesos evidentes para la sociedad e incomprobables para el poder judicial. Este caso del académico y periodista Aguayo nos permite reflexionar, si se llegara a presentar el 1 de febrero este paquete de Reformas, sobre el futuro de la opinión y los medios de comunicación quienes estarán impedidos de opinar principalmente sobre los funcionarios, el gobierno centralista de Obrador pudiera sustituir el chayote por la amenaza y persecución, ambos con grandes y regresivos daños en libertades de expresión.

Se vendrá un debate público sobre la Reforma al Sistema Judicial, que de acuerdo a las primeras declaraciones del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, se tienen que hacer “porque si no, nos pasa que los que roba un país pueden andar en la calle, y los que roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel”, muy a tono con la narrativa del dueño de la 4T, quien se atreve incluso a justificar y recompensar el robo de combustible por ejemplo, pero que tampoco se anima a enjuiciar a expresidentes, pese a las imputaciones que él hace todos los días a sus antecesores.

Twitter: @FlavioMendozaMx