Curitas para la inseguridad

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, propone una reforma en materia de seguridad pública respecto a la responsabilidad de las instituciones bancarias y algunos comercios al contratar su propia seguridad privada; si bien es cierto los asaltos a clientes bancarios y consumidores son violentos y engruesan excesivamente las estadísticas de inseguridad en el Estado, también lo es que antes de reformar habrá que evaluar y analizar esas políticas públicas en materia de seguridad que se proponen como parte de una estrategia gubernamental de abordar la inseguridad y la violencia en el Estado.

En este sentido, el Ejecutivo del Estado propone una modificación a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, para que sean las instituciones bancarias y comercios de ciertos giros los que se responsabilicen de la seguridad de su clientela, mediante la contratación de empresas de seguridad privada, debido a la insuficiencia de las municipalidades para resguardar y prevenir en materia policial, el sentido de la propuesta no suena del todo descabellada hablando de una corresponsabilidad, sin embargo habrá entonces que considerar la forma en que operan las empresas de seguridad privada en el Estado, para concluir si es un deslinde parcial de responsabilidad, una solución o una ilusión gubernamental.

Las empresas de seguridad privada en Jalisco operan bajo estándares de calidad bajos en todos los sentidos, desde derechos laboral inexistentes y contratación de personal con requisitos mínimos (necesidad económica), estas compañías no cuentan con esquemas de responsabilidad ni a nivel empresarial, ni social y sólo aquellas que están perfectamente reguladas son de acceso difícil para que los comercios las contraten pues sus costos son elevados; es sencillo hacer una búsqueda sin mucho esfuerzo, para poder darse cuenta que los requisitos de contratación son mínimos y la capacitación en materia de seguridad es nula, por desgracia platicar con un guardia de seguridad privada nos lleva inmediatamente a conocer que tienen nulos derechos laborales, seguridad social, sobre explotación, así como cargas de horario fuera de normas laborales, para este tipo de empleados es muy complicado demandar en materia laboral sus derechos, sus contrataciones son itinerantes y bajo outsourcing dudosos para evadir responsabilidades laborales, seguridad social y fiscales, tiene exceso problemas para acreditar en materia de seguridad social los casos de riesgo de trabajo, son personas que no encuentran trabajo por su edad, falta de estudios, enfermedades etcétera, es por eso que para empresas de seguridad privada son personas de fácil explotación.

Lo cierto es que para que una política pública funcione y logre un objetivo social, su estudio debe ser a fondo y a conciencia, sobre todo si de la seguridad de los habitantes del Estado se trata, por lo que de base la reforma propuesta muestra únicamente una salida fácil y discursiva, conveniente de lo público a lo privado, pero en realidad después de la puerta de cualquier establecimiento o institución bancaria, la seguridad de todas las personas en vía pública le compete al Estado en sus distintas y coordinadas jerarquías policiales, la mayoría de los hechos violentos suceden cruzando las puestas de los establecimientos, nuestro problema son las calles.

En este contexto, la reforma propuesta por el ejecutivo podría resultar solamente una curita a la herida de inseguridad y violencia que sufre Jalisco, incitando a la proliferación de empresas de seguridad privada fuera de norma y con permiso temporal para poder sobre llevar la carga de contrataciones de comercios y bancos por el deslinde del Estado; con guardias de seguridad (civiles) sin condiciones adecuadas de preparación básica, escenarios laborales insufribles, viviendo el riesgo constante igual que cualquier ciudadano y contratado por empresas que no tiene la capacidad real de hacerle frente a contingencias de su propio personal y que al final seguirán siendo más civiles en inseguridad.

En conclusión, una reforma que no deberá ser aprobada por el Legislativo, sin el estudio propio de lo que generaría al convertirse en una política pública aplicable en materia de seguridad para la disminución de los índices de violencia en el Estado, es también solo otra medida de tipo recaudatorio al imponer multas a quienes no cuentes con su propia seguridad, además de evadir parte de la clara responsabilidad de la calle en materia de prevención e incurrir en una proliferación de este tipo de empresas de seguridad privada, contratando adultos mayores, amas de casa y ciudadanos vulnerables por un salario, horario y riesgo inhumano, para hacer la chamba del Estado.