Por malos manejos en gastos de salud, pide la Contraloría Ciudadana auditoría federal a Jalisco

Por Mario Ávila //

Tras afirmar que robarse el dinero público es grave, el contralor ciudadano, Jorge Carlos Ruiz Romero, aseguró que es aún más dañino y perverso, que se roben el dinero que está destinado a la salud y sobre todo en estos momentos de contingencia por la pandemia mundial del COVID-19.

De las irregularidades que se han denunciado en el manejo de los recursos públicos y particularmente en los mil 500 millones de pesos en adjudicaciones directas y en los 3 mil 200 millones de pesos que se han invertido en la lucha contra la pandemia, habló el contralor ciudadano para los lectores del semanario Conciencia Pública.

Estas personas –dijo al referirse al mal gasto en salud-, se convierten indirectamente en asesinos, lo son cuando no les llega un tratamiento a un paciente de cáncer, cuando no les surten un medicamento para que pueda sobrevivir con un órgano recién trasplantado, ellos se convierten en asesinos indirectos, pero parece que a ellos no les importa, no les interesa, no hay moral.

Y en estos términos está también –abundó-, el caso del desfalco por la compra de las hieleras, en donde el gobierno del Estado y concretamente la Secretaría de Salud y el OPD Servicios de Salud, se robaron 20 millones de pesos del dinero destinado a la salud de los jaliscienses.

Entre el cúmulo de ejemplos de dinero público mal utilizado, se refirió al contralor ciudadano, al pago a la Universidad de Guadalajara, que se le está haciendo hasta al triple de su valor, por ejecutar pruebas del COVID-19.

Otros ejemplos son la compra de pruebas chinas a la que se le ha iniciado una investigación internacional, ya que según anticipó el contralor, se tienen evidencias de que esas pruebas venían de España en donde las desecharon simple y sencillamente porque no eran confiables, no servían. También a los mil 500 millones de pesos que se han gastado en adjudicaciones directas y a los millones y más millones que se le han dado a las empresas de los amigos del gobernador, Euzen, La Covacha e Indacom, sobre todo proveniente de recursos del sector salud.

De ahí que el presidente y fundador de la Contraloría Ciudadana, Jorge Carlos Ruiz Romero, clama por la presencia lo antes posible de funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, “para que empiecen a rodar cabezas en Jalisco, de gente irresponsable que ha desviado el dinero público”.

Y por si esto fuera poco, está también la opción de denunciar un delito electoral, “porque el gobernador es sabido, quiere ser candidato a presidente de la República, pero somos los jaliscienses los que estamos pagando su precampaña. Y también en eso seguramente la Auditoría Superior de la Federación ya no tarda en darse cuenta de todo el cochinero que está sucediendo en Jalisco. El dinero se está desviando para las campañas políticas del 2021 y 2024, pero lo que no recuerdan es que la ley cambió y ahora ya es un delito grave y pueden caer muchas personas que están siendo utilizadas para triangular las operaciones. La ley es muy clara y hasta prisión oficiosa tienen este tipo de delitos”.

Y Ruiz Romero remató: “Nosotros estamos valorando adicionalmente poner una denuncia en la Fiscalía General de la República, porque al ser recursos federales, el presunto delito de desvío de recursos públicos, justamente ahí se atendería”.

NEGOCIO CON PRUEBAS DEL COVID-19

Detalló en casos concretos como el ansia mostrada por el Gobierno del Estado en comprar y hacer pruebas para el COVID-19 y explica: “Le hacen el pedimento a ISA Farmacéutica S.A. de C.V. y luego dicen que no le contestan, en estos momentos tengo información de que le siguen llegando medicamentos e insumos justamente de esa misma empresa”.

“Pero no queda eso ahí es una burla lo que le hizo el gobernador a la ciudadanía, creen que no tenemos información. Estamos rastreando en estos momentos y participando en una investigación internacional, en la que se presume que estas pruebas son las que llegaron de otros países en donde las desecharon porque no servían, se trata de pruebas chinas que en particular el gobierno español había retirado del mercado por la falta de efectividad. No lo podemos confirmar cabalmente, pero en ese rumbo estamos de la investigación.

“Y cuando dice el gobernador que Isa Farmacéutica no le contesta, encontramos que Someco, Soluciones Médicas y de Curación, S.A. de C.V. es la empresa hermana, tienen al mismo apoderado legal y el mismo gerente, ahora les vende los trajes de protección para los médicos y enfermeras, ¿entonces? Por qué nos mienten una y otra vez.

“Eso es ya un delito grande y grave el que se está cometiendo en el estado y se sigue tolerando. Yo ruego porque la autoridad federal, por haber sido recurso de este origen, algunos del Insabi, en los siguientes meses empiecen a rodar cabezas en el estado de Jalisco y que terminen en donde deben estar estos delincuentes”, expuso el contralor ciudadano, Jorge Carlos Ruiz Romero.

Sobre las pruebas del COVID-19 que hace la UdeG, que por cierto se pagan tres veces más del valor comercial en el mercado, con el argumento de que el CUCS es un ente que está prestando un servicio subrogado, Ruiz Romero explica que ya la misma denuncia de las primeras pruebas debe llegar a fondo y de ahí se desprenderán el resto de las anomalías como ésta a la que se hace referencia.

Yo amo a mi alma mater –dijo-, que me dio la oportunidad de estudiar, pero desgraciadamente las personas que están llevando a cabo este tipo de movimientos, creo que están con mucha presión por parte del Gobierno del Estado.

Con relación a la figura de la subrogación, el contralor ciudadano planteó: “Pues mira nada más, los gobiernos que se dicen ser ciudadanos, desde que llegaron se han dado a la tarea de privatizar los servicios, las unidades deportivas, el alumbrado, etcétera, cómo es como sacan el dinero, ahí tenemos el caso del programa con el que se inauguró esta administración, el programa “A Toda Máquina”, una maquinaria que se pudo haber comprado y se le pudo haber dado mantenimiento fácilmente en sus talleres, prefieren adquirirla mediante otra figura porque así les dejaba las ganancias que ellos pretendían, por eso optaron por el esquema del arrendamiento”.

LA OPACIDAD REINA EN EL ITEI

Sobre el manejo de la herramienta de la transparencia y el acceso a la información, que debería ser una gran arma en favor de los ciudadanos, el presidente y fundador de la Contraloría Ciudadana aseguró: “Mira, al ITEI y todos los órganos de transparencia en las dependencias públicas, le quitaron los términos en estos tiempos de contingencia, pero no están trabajando.

“Desgraciadamente tenemos un ITEI en donde la presidenta ha actuado muy a modo del gobernador y hay que decirlo claro, estamos en una dictadura gubernamental en Jalisco desde el Poder Ejecutivo, en donde ya se absorbieron todos los poderes, el Legislativo, el Judicial y también este tipo de órganos que debe de darle certeza de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

“Nosotros ya hemos presentado varios recursos de revisión y siempre como vulgarmente dicen, nos han dado ‘palo’; es bien sabido que la presidenta del ITEI Cynthia Cantero, está con su actuación ganándose esa magistratura que ha estado peleando y hay que ser muy claro que esta situación es real, lo decimos con toda la certeza.

“Lo que es muy cierto es que la magistratura no se la está ganando por capacidad, sino por servicios de favoritismo al gobierno que ha trabajado de manera autoritaria, en este y en el anterior sexenio”, expuso.

Y anticipó: “Pero ya se viene algo muy importante y lamentable, del que en breve se darán detalles, pero que tiene que ver con la falta de transparencia con la que se manejan los recursos en la Secretaría de Salud y en el OPD Servicios de Salud Jalisco”.